Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigarán la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa se reunirán por primera vez el 11 y 12 de febrero en Washington, anunció ayer el organismo.
El equipo multidisciplinario –que incluye un médico, abogados, una socióloga y una ex fiscal general–, se encontrará en la sede de la CIDH en la capital estadunidense para plantear las reglas y los procedimientos internos y adoptar un plan de acción para el cumplimiento de su misión, según un comunicado.
En la reunión el grupo también determinará las fechas de su primera visita a México.
La CIDH y el gobierno de México acordaron en noviembre pasado la creación de un grupo de expertos para asesorar a las autoridades mexicanas en el caso de los estudiantes desaparecidos, que la Procuraduría General de la República (PGR) dio esta semana por muertos.
La reconstrucción oficial indica que los normalistas fueron detenidos en Iguala y entregados por policías a sicarios del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron en un basurero de Cocula, los incineraron y arrojaron sus restos en un río.
El grupo de expertos lo integran el médico español Carlos Beristáin, los abogados Ángela Buitrago (colombiana) y Francisco Cox (chileno), el defensor de derechos humanos Alejandro Valencia (colombiano) y la ex fiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz.
Con un mitin en la comunidad de San Pedro Mártir, Tlalpan, concluyó la jornada informativa por Ayotzinapa, convocada por diversas organizaciones sociales agrupadas en las comunidades del valle de Anáhuac.
En el acto, María Inés Abraján, tía de Adán Abraján de la Cruz, uno de los jóvenes desaparecidos, insistió en que pese a la decisión del gobierno de dar a nuestros hijos por muertos, no vamos a dejar de luchar. Si el presidente Enrique Peña Nieto no quiere hacer justicia, vamos a ir a Suiza o Estados Unidos para exigirla.
La esposa de Adán Abraján insistió en que la transformación del país requiere de la participación de todos. Si queremos ser libres, tenemos que organizarnos, porque es muy triste darnos cuenta que no somos libres porque tenemos miedo de tanta injusticia. Enfatizó que se requiere el apoyo de todas las comunidades: Por favor, no nos dejen solos.
Familiares de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, durante una conferencia en la ciudad de México, el 27 de enero. Foto Xinhua
Cuernavaca, Mor. Alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa solicitaron a los pueblos de Morelos apoyarlos para continuar con su lucha hasta lograr conocer la verdad histórica de los hechos ocurridos el pasado 26 septiembre, y que se castigue a todas las autoridades de los tres niveles de gobierno que por omisión o comisión provocaron que policías de Iguala desaparecieran de manera forzada a 43 de sus compañeros.
Asimismo, los estudiantes normalistas reiteraron que la versión de la PGR, basada en dichos de presuntos sicarios, no es verdadera, porque aseguraron que no hay ninguna prueba científica de que sus compañeros fueron asesinados y quemados en el basurero de Cocula, Guerrero, por integrantes de la célula criminal Guerreros Unidos; más bien, consideraron, que el titular de la Procuraduría General de la Republica (PGR), Jesús Murillo Karam, le urge dar carpetazo al caso, para que los padres de los 43 y alumnos de Ayotzinapa, ya no exijan que se investigue a elementos del Ejército mexicano y al ex gobernador, Ángel Aguirre Rivero, para que se conozca el paradero de los jóvenes y se castigue a todos los responsables de este hecho.
“En nuestro caso, nosotros vemos que lo quieren cerrar, llevamos una lucha intensa de 4 meses junto con los padres de los 43 compañeros, creemos que quieren dar carpetazo a la situación, nosotros no creemos que los cuerpos de los compañeros hayan sido quemados en un basurero, nunca lo vamos a creer porque no hay pruebas”, dijo uno de los estudiantes que pidió omitir su nombre por la represión en su contra que hace el gobierno federal, que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, y el gobierno estatal, que encabeza, Rogelio Ortega.
Para los muchachos, es obvio que elementos del Ejército mexicano participaron en la desaparición forzada de sus 43 compañeros, porque de otra manera no se explican que no encuentren a los muchachos por ningún lado, ni siquiera sus cuerpos.
Lo ocurrido en Iguala, agregó el alumno, apenas la punta de la podredumbre en que se encuentra el Estado, por la narcoviolencia y la narcopolítica que se padece en el estado de Guerrero y el país. Por esta situación, afirmó, que allá no debe de haber elecciones, porque afirmó que los partidos políticos en ese estado, y también en el país, están infiltrados por las células criminales.
La represión y asesinatos que el gobierno ha orquestado con criminales en su contra, según el estudiante, no son de ahora, sino de varios años atrás, por “exhibir los malos y corruptos gobiernos de Guerrero y del país”. Tan sólo en los tres años que estuvo, el ex gobernador Aguirre, recordó que fueron 8 normalistas los asesinados, dos en el 2011, 2 en la costa grande, cuatro en Iguala. Además de la desaparición de 42 normalistas hasta hoy.
Los cinco estudiantes normalistas, estuvieron en la inauguración de la primera Asamblea Regional rumbo al “Congreso de los Pueblos de Morelos”, que se celebró este día en el balneario Palo Bolero, en Alpuyeca, municipio de Xochitepec.
Saúl Roque Morales, por los pueblos de Morelos, les manifestó que los pueblos de Morelos se unen a su lucha hasta que logren la verdad de los hechos y que se haga justicia, y que no permitirán que este hecho, como otros que han sucedido en el país, quede impune y en el olvido.
Recordó que en 1962, elementos del Ejército mexicano, vestidos de civil, secuestraron y ejecutaron a Rubén Jaramillo, al mismo tiempo lamentó que elementos del Ejército mexicano sigan haciendo los mismo con las personas que luchan por sus derechos, sus ideales, territorio y vida.
En la red social twitter se ha viralizado un video en donde habla uno de los estudiantes de la Normal Rural, Omar García, quien da algunas de las razones por las que el Estado mexicano le tiene miedo al movimiento de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Nosotros nos negamos a estar siempre subordinados, ese es el problema que tiene con nosotros el Gobierno, de que unos huarachudos, unos campesinos, unos chingados estudiantes que vienen del campo, que apenas y tienen para tragar, le digan en su cara que son unos corruptos, que son unos asesinos, que practican política de despojo, que venden al país y se benedician de miles de personas en México y el colmo, es que a parte de decirlo, es cuando nos matan, cuando nos asesinan, aseguró
En Suiza y Bélgica los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa comparecerán ante la octava sesión de la Organización de las Naciones Unidas, en la búsqueda con vida de sus hijos desaparecidos
Redacción Desinformémonos
Ciudad de México, 30 de enero de 2015. El próximo dos y tres de febrero los incansables padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, comparecerán ante la Octava Sesión del Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), para denunciar al Estado mexicano y al Ejército por su responsabilidad en la desaparición de sus hijos.
Estos hombres y mujeres a quienes la policía municipal de Guerrero les desapareció a sus hijos, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, han caminado durante más de cuatro meses por todos los rincones de la república buscando por sus propios medios a los 43 normalistas.
Su palabra pausada, pero firme y certera ha llevado su lucha a muchos rincones del mundo y donde millones de voces han nombrado a cada uno de los 43 estudiantes, para que la exigencia de la presentación con vida de los jóvenes futuros maestros, siga más vigente que nunca. A pesar del anuncio oficial de la Procuraduría General de la Nación (PGR) que los da por muertos para poder por fin cerrar el caso, los familiares intensifican las acciones de su lucha.
En los próximos días un comité de los padres y madres de los estudiantes partirán en caravana hacia Estados Unidos para compartir estos cuatro meses de lucha por encontrar con vida a sus hijos.
Los primero días de febrero, otro comité estará en Ginebra y Bruselas, que además de la reunión con la ONU, estarán compartiendo su palabra e informando sobre el caso de sus hijos desaparecidos hace 127 días.
l 27 de enero, a 43días de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y el asesinato de otros cuatro, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, repitió los argumentos, versiones y testimonios ya presentados el 7 de noviembre de 2014. Con un agregado: ahora los declaró verdad histórica. Con esta presentación pretende cerrar el caso, suspender toda investigación y cortar la interlocución con los familiares de las víctimas.
Con la expresión verdad histórica el procurador quiere significar que su versión de los hechos de Ayotzinapa es ya caso juzgado, aunque diga que la investigación sigue abierta para encontrar otros posibles “culpables. Con esta declaración también cierra el paso a la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, antes acordada con los padres.
Resulta sorprendente que el procurador no tenga idea de que una verdad histórica, por el hecho mismo de serlo, sólo puede ser establecida en los tiempos de la historia y con sus métodos, jamás por la voluntad, las acciones o los dichos de los protagonistas de los sucesos, en este caso la PGR con su apresurada investigación.
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El procurador reitera sus hipótesis con muy pocos fundamentos. Se basan casi exclusivamente en testimonios de los presuntos delincuentes detenidos, de cuya veracidad, propósitos y procedimientos para su obtención no nos presenta ninguna prueba o simple evidencia. El procurador dice y el dudoso y fragmentario video elaborado por la PGR ilustra su dicho. ¿Qué es esto, adónde hemos llegado? En todo proceso penal la confesión constituye el eslabón más débil de la prueba. En la historia de los procesos penales en este país el uso de métodos violentos –incluidas las amenazas y las promesas– para arrancar confesiones es proverbial y sigue vigente.
La desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa fue y sigue siendo un crimen de Estado, por la elemental razón de que fue cometido por cuerpos armados del Estado mexicano, como lo son las policías municipales, en cumplimiento de órdenes de funcionarios del Estado, como los presidentes municipales y no sólo ellos en este caso. El Estado no es tan sólo la Presidencia de la República, sino el conjunto de las instituciones en el territorio de la nación.
La pretensión de cerrar el caso Ayotzinapa y el llamado presidencial a no quedar atrapados en esa tragedia no hacen más que profundizar la crisis de esas instituciones. Actúa así como germen y estímulo de disensos y divisiones dentro del mismo aparato del gobierno federal. A nivel del territorio nacional esta crisis se hace visible en la imbricación entre fuerzas y servidores públicos, y no sólo en el estado de Guerrero, con elementos del crimen organizado; en la complicidad o encubrimiento de esos hechos por funcionarios municipales y estatales, sea por conveniencia o por legítimo temor; en la inoperancia de las instituciones de seguridad y de impartición de justicia en todos los niveles; y, por tanto, en la carencia de credibilidad y legitimidad de gobiernos y funcionarios en los tres niveles: municipal, estatal y federal. Una sola pregunta: ¿por qué no se ha llamado a declarar cuanto pueda saber al licenciado Ángel Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero en los momentos del crimen de Ayotzinapa? No es la única omisión, pero es una de las más clamorosas en la verdad histórica de la PGR.
Las manifestaciones en demanda de que se esclarezca el paradero de los 43 estudiantes no cesan y este miércoles, estudiantes de UAM-Xochimilco y padres de normalistas marcharon en el sur de la ciudad de MéxicoFoto Carlos Ramos Mamahua
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Esta crisis configura lo que en la doctrina y en la práctica se denomina una crisis de Estado. Reconocerla es premisa indispensable para superarla. Y para eso es preciso abrir todas las puertas, echar aire y luz sobre todas las investigaciones, revisar todos los archivos y documentos, o sea, lo contrario de la propuesta, la política y las acciones del gobierno federal, a través de su procurador general, en este caso.
Pues Ayotzinapa no es un caso aislado. La desaparición forzada de 43 estudiantes en una sola acción criminal llevada a cabo por policías municipales uniformados y la muerte de otros cuatro es un punto culminante de la interminable tragedia de miles y miles de desapariciones, asesinatos, feminicidios, trabajo esclavo, que viene asolando al territorio nacional en lo que va del siglo XXI y también antes. ¿Olvidamos Acteal? ¿Olvidamos San Fernando? ¿Olvidamos Ciudad Juárez y toda la frontera? ¿Olvidamos el olvido?
Establecer la verdad donde sea que tope en el caso Ayot-zinapa es abrir las puertas y las avenidas para conocer y, entonces sí, empezar a salir de esta tragedia interminable. Ayotzinapa no es un cierre, es una dolorosa e ineludible ocasión para la sociedad mexicana y también sus instituciones estatales para comenzar a ir más allá de la tragedia recurrente en que vivimos.
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La crisis y la pérdida de credibilidad de las instituciones de Estado de cara a la sociedad han hecho aparecer al gobierno federal y a su PGR como juez y parte en las investigaciones y la construcción jurídica del caso Ayotzinapa. No hay razón válida para que la aprobada e indispensable visita y tarea de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa se siga postergando. La CIDH es indispensable.
Es preciso, sin embargo, ir además más lejos. Urge a esta altura la constitución de una comisión de investigación independiente, responsable y respetada y a la cual se le abran todas las puertas: cárceles, cuarteles, campos de trabajo, plantaciones, archivos, testimonios. Todo.
Es necesaria, es indispensable ya, la conformación de una comisión de la verdad independiente de las instituciones, con integrantes probados y respetados por sus trayectorias de vida, su independencia de criterio y sus capacidades, y con la asesoría y el apoyo de los organismos de derechos humanos que en México han apoyado y enriquecido las investigaciones independientes y gozan de la confianza de los padres, madres, familiares y compañeros de los estudiantes desaparecidos.
Conocer la verdad verdadera sobre Ayotzinapa exige una comisión de la verdad con plenos poderes de acción e investigación. Es la respuesta al carpetazo oficial.
El anuncio de la Procuraduría General de la República (PGR) de que las indagatorias sobre el caso Ayotzinapa están prácticamente cerradas es un gesto ‘‘irresponsable y preocupante’’, ya que todavía hay muchos aspectos de la investigación que deberían profundizarse o no quedan totalmente claros, afirmaron diversas organizaciones internacionales de derechos humanos.
José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch (HRW), alertó que las conclusiones de la PGR no pueden ser del todo confiables tomando en cuenta que dependen de forma excesiva de las declaraciones de los inculpados y éstas pueden haber sido obtenidas bajo tortura.
Si bien admitió que la posibilidad de que los normalistas hayan sido asesinados y quemados no es impensable, tomando en cuenta los ‘‘altísimos niveles de violencia y corrupción en México’’, el especialista indicó que sería ‘‘muy irresponsable cerrar la investigación en el caso Ayotzinapa a esta altura’’, pues faltan diversos aspectos por aclararse.
‘‘Es muy difícil confiar en estas conclusiones (de la PGR), porque se basan primordialmente en confesiones, cuando en el sistema de justicia de México la tortura y los apremios para obtener confesiones e información son un problema recurrente.
‘‘Además, a pesar de que un laboratorio austriaco sólo pudo identificar los restos de una de las víctimas, la PGR extrapola sus conclusiones a todas las demás para determinar el destino de los 43, lo cual es inadmisible’’, subrayó Vivanco en entrevista vía correo electrónico.
Enfatizó que para confiar en los resultados de la procuraduría ‘‘es indispensable contar con un dictamen en el mismo sentido de especialistas independientes, como el Equipo Argentino de Antropología Forense’’ o los expertos enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Previamente, en el noticiario radiofónico de Carmen Aristegui, Vivanco indicó que las investigaciones de la PGR sobre el tema se habían llevado a cabo con ‘‘bastante negligencia’’, por lo que la versión de que los normalistas fueron asesinados ‘‘no es una verdad histórica, es una versión oficial, hasta ahora’’.
En el mismo sentido, Amnistía Internacional (AI) consideró ‘‘preocupante’’ el anuncio sobre el agotamiento de líneas de investigación, en particular la negativa a abrir otras líneas de la indagatoria, incluida la posible participación de las fuerzas armadas.
Mediante una carta enviada al procurador Jesús Murillo Karam, la directora regional de AI para las Américas, Erika Guevara Rosas, coincidió en que la teoría de la PGR ‘‘se basa sobre todo en declaraciones autoinculpatorias de personas imputadas y con un mínimo de pruebas periciales’’.
Asimismo, dijo que ‘‘cualquier investigación debe tomar en cuenta las demandas de las víctimas que, en este caso, han solicitado que se investiguen las denuncias sobre la colusión entre el crimen organizado y autoridades civiles y militares’’.
De igual forma, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) lamentó que las autoridades federales hayan dado por concluida la indagatoria.
Por su parte, Julio Hernández Barros, integrante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, señaló que este organismo garantizará a los familiares de los desaparecidos su derecho a recibir atención, independientemente de que reconozcan o no las conclusiones de la Procuraduría General de la República.
Falta buscar la verdad y conocer el destino de los estudiantes desaparecidos, señala
Antes de Tlatlaya e Iguala, la normalidad en el país era anómala y estaba asentada en la falta de responsabilidad pública de quienes propiciaron ese estado de cosas, afirma en San Lázaro
El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, flanqueado por el senador Javier Lozano Alarcón (PAN) y el diputado Silvano Aureoles Conejo (PRD), durante la entrega del informe de la CNDHFoto José Antonio López
La desaparición de 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, ‘‘no es un caso superado y no puede hablarse de que se cierre el expediente. Sigue abierto: falta buscar la verdad, ver qué dicen los jueces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los resultados periciales solicitados al extranjero y conocer el destino de los estudiantes. No debe estar cerrado, no puede hablarse de una conclusión’’, acotó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
El ombudsman presentó ayer su informe a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, y ahí afirmó que no hay manera de recuperar la normalidad que el país tenía antes de los casos Tlatlaya y Ayotzinapa, porque ésta ‘‘era anómala, estaba asentada en buena medida en la simulación, la ausencia de información pertinente, la desidia, la indolencia y la falta de responsabilidad pública de quienes propiciaron ese estado de cosas’’.
González Pérez definió que la agresión a los normalistas ‘‘es grave por su propia naturaleza, así como por su relevancia y proyección, pues hasta que no se acredite lo contrario estamos en presencia de desapariciones forzadas, entre otras violaciones a derechos humanos’’.
Un día después de que la Procuraduría General de la República (PGR) sostuvo que hay evidencias suficientes para cerrar el caso, el presidente de la CNDH señaló que ‘‘las autoridades no podrán dar por concluido este expediente hasta que todos los responsables sean juzgados y se aclare el destino de los estudiantes desaparecidos’’.
Además, dijo, se debe buscar la verdad de estos hechos a fin de que los responsables sean señalados, puestos ante la justicia y sancionados conforme a derecho.
Para el ombudsman, lo ocurrido en Iguala constituye el ejemplo más significativo de lo que está mal en la sociedad mexicana, sobre todo de la infiltración del crimen organizado en algunas estructuras del Estado, de la displicencia y omisiones.
‘‘Hay que desmontar ese entramado perverso de complicidades y colusiones cuyo trasfondo no es otro que la corrupción’’, convocó.
González Pérez defendió las movilizaciones de respaldo a las víctimas y sus familiares, porque ‘‘son una expresión de hartazgo ante la impunidad, de indignación por la complicidad entre autoridades y delincuentes, y de inconformidad ante los abusos de poder y falta de respuesta de las autoridades a las demandas por un país más justo e incluyente’’.
Expuso que la CNDH defiende el derecho a la libertad de expresión y a la protesta social, aunque definió que éstos no son absolutos y pidió que las manifestaciones se mantengan dentro de los límites de la legalidad, lo que las reviste de mayor legitimidad.
Al Congreso de la Unión le propuso discutir y aprobar una ley general de desaparición forzada, y al gobierno federal cumplir su obligación de dar cauce al descontento y generar vías adecuadas para responder efectivamente.
Al respecto, en conferencia de prensa posterior, invitó al Ejecutivo a abrir un espacio de interlocución con los padres y madres de familia y sus representantes, y señaló que la CNDH está dispuesta a colaborar en este diálogo.
Interrogado respecto de la afirmación que la víspera hizo el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, sobre que no hay ningún indicio que apunte a una presunta participación del Ejército en la agresión a los estudiantes, González Pérez dijo que la CNDH no soslayará ninguna arista en su investigación por presuntas violaciones a los derechos humanos.
Aclaró que si bien se ha solicitado información a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ‘‘debo ser enfático en que esto no implica que estemos calificando una actuación, y no nos pronunciaremos hasta agotar el expediente’’.
Resaltó que cuando se recabe toda la información de las autoridades, de la lectura de los 85 tomos de la averiguación previa de la PGR y de las entrevistas realizadas y por realizar, ‘‘podremos definir hacia dónde caminan las violaciones a los derechos humanos. Antes sería irresponsable pronunciarme’’.
Asimismo, el presidente de la CNDH propuso al Congreso una reforma para que se suprima la posibilidad de relección para el ombudsman y evitar así que su autoridad moral se debilite. La crisis de credibilidad y confianza que desató la agresión en Iguala, dijo, también afectó a la comisión.
La escritora y periodista será investida con el honoris causa de la Universidad Complutense
Es la única postura ante esos crímenes, dice la autora de La noche deTlatelolco
Distribuyen edición conmemorativa de La Jornada de Elena Poniatowska en esa casa de estudios
Elena Poniatowska, ayer, en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, donde se realizan las jornadas alrededor de la obra de la narradora mexicanaFoto Armando Tejeda
La escritora y periodista Elena Poniatowska se encuentra en la capital española, donde sus primeras palabras fueron para denunciar la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero, y hacer visible el dolor de sus familias.
Vamos a seguir indignados, pues es la única postura que se puede tener ante estos crímenes, dijo la colaboradora de La Jornada.
A sus 83 años, Poniatowska es admirada en España por su obra literaria y periodística, así como por su compromiso social y valentía, pero también es respetada por su sencillez y capacidad de escuchar y hacer propias las causas más justas.
En su primer viaje a Madrid desde que en abril del año pasado recibió el premio Cervantes, la periodista comenzó una serie de actos de homenaje antes de que el viernes sea investida con el doctorado honoris causa de la Universidad Complutense.
Ni olvido ni perdón, justicia
En la fachada de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid una pinta escrita con grandes letras ponía en evidencia la denuncia internacional del crimen contra los normalistas: Ni olvido ni perdón. Justicia para los 43 estudiantes mexicanos.
Dentro de la sede universitaria, tres grandes mamparas exponían algunas fotografías que sirvieron de soporte visual de La noche de Tlatelolco. Además de las imágenes de la revuelta estudiantil de 1968, un grupo de estudiantes mexicanos, pertenecientes al Movimiento 132, pegaron por debajo las fotografías de los 43 normalistas desaparecidos. Así ponemos en evidencia dos hechos terribles de nuestra historia, explicó Erick Guerrero, uno de los impulsores de la iniciativa.
A los responsables de esa facultad y de las jornadas en torno a Poniatowska les pareció muy adecuado en virtud del profundo y hasta peligrosocompromiso de la escritora con las causas justas y contra los abusos del poder.
Será el primero que le concede una universidad española, después de que ya recibió otros en México, Estados Unidos, Francia y Puerto Rico.
Poniatowska dijo sus primeras palabras para recordar a los estudiantes mexicanos desaparecidos: “Lo que sucede en Ayotzinapa es terrible. Son 43 estudiantes muy pobres, que viven en casitas de madera con techos de zinc. Son estudiantes que su única oportunidad en la vida es ir a esta escuela para formarse como maestros. Morelos y Guerrero son estados muy terribles por la extrema pobreza.
“Se dice que ha sido cuna de la guerrilla porque ahí estuvieron dos grandes guerrilleros, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Ellos dos y los estudiantes de Ayotzinapa reivindicaban para el México pobre derechos que nunca han tenido. En la sociedad mexicana hay un precipicio entre una clase social y otra.
“Creo que el gobierno se ha tardado mucho en la investigación. El procurador de la nación (Jesús Murillo Karam) se tardó muchísimo en resolver este problema. Es la demostración de que nuestro país es racista. Que los pobres tienen muy pocas oportunidades y los ricos las tienen todas porque hay una enorme impunidad. Lo grave del país finalmente es la impunidad.
“Una madre lo mínimo que tiene derecho a saber es donde está su hijo. Y en este caso no se puede saber todavía. Y esa es una de las monstruosidades de estos jóvenes de Guerrero; por eso es importante luchar y denunciar para cambiar la realidad política y social de nuestro país. Lo que está pasando ahora en México es que estos 43 jóvenes no se sabe donde están. No se les pueden llevar flores a ningún sitio ni nada.
“Hay versiones que dicen que los quemaron. Otras que los tiraron al río en una bolsa de plástico de la basura. Esa total ignorancia de lo que ocurre con un ser amado es lo que resulta intolerable.
Esta es una historia que tiene que ver con la indignación, con la injusticia en los países de América Latina.
Edición conmemorativa
Los estudiantes y profesores de la universidad madrileña editaron y distribuyeron una edición conmemorativa de La Jornada de Elena Poniatowska, un periódico con el mismo formato y tipografía que este diario en el que incluyeron fragmentos de sus obras.
Además, la editorial Escolar y Mayo, con apoyo de la Facultad de Filología de esa casa de estudios, publican por primera vez en España el libro La noche de Tlatelolco.
Entre las actividades en torno a Poniatowska también se efectuó una intervención en una plaza de la Universidad Complutense, en la que artistas y actores dieron vida a algunos personas y pasajes de la obra literaria de la periodista mexicana.
Martes 27 de enero de 2015, El día de hoy en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez se llevó a cabo una conferencia de prensa para responder a la información vertida hoy por la Procuraduría General de la República (PGR), acerca de su investigación sobre los normalistas víctimas de desaparición forzada los días 26 y 27 de septiembre.
A continuación se presenta el comunicado oficial que contiene la postura que se dio a conocer por los padres y madres de familia de estudiantes y el Comité Estudiantil de Ayotzinapa frente a la información dada a conocer previamente por la PGR:
CON PREMURA POLÍTICA PGR PRETENDA CERRAR LA INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS
Frente a lo dicho por la Procuraduría General de la República el día de hoy, las y los familiares de los 43 desaparecidos manifestamos:
1. Que expresamos nuestro repudio a la manera en que el Gobierno Federal ha priorizado informar a los medios de comunicación antes que a las víctimas los avances del caso. Es preciso recordar que el Presidente de la República firmó una minuta comprometiéndose a que se informaría a los familiares antes que a los medios para evitar la revictimización, lo que se ha incumplido y se ha acentuado a las últimas semanas.
2. Que la información dada a conocer el día de hoy los familiares no la conocíamos a profundidad, pues se ha incumplido el compromiso de proporcionarnos copias de todas las actuaciones que obren en los expedientes consignados, pese a que este también fue un compromiso asumido por el Presidente de la República Enrique Peña Nieto.
3. Que no puede darse por concluida la investigación sobre la desaparición forzada de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa debido a que:
a) No puede darse por concluida la investigación porque no existe plena certeza científica sobre lo ocurrido en el basurero de Co cula. La PGR dio a conocer hoy que su hipótesis se sostiene en varios dictámenes de química, biología y otros. Dado que es más que conocido que las procuradurías mexicanas son especialistas en fabricar delitos y puesto que reconocidos científicos han expresado dudas sobre esta hipótesis, no podemos aceptar esos resultados hasta en tanto no realizan esos mismos peritajes expertos independientes con las más altas calificaciones. En ese sentido, reiteramos nuestra confianza en el Equipo Argentino de antropología forense y exigimos que se remuevan todos los obstáculos para que realicen su labor en condiciones óptimas.
b) No puede darse por concluida la investigación porque la declaración de Felipe Rodríguez Salgado, contrario a lo señalado por la Procuraduría, no es determinante para esclarecer lo ocurrido en Cocula pues como se aceptó en la misma conferencia, dicha persona no declaró haber permanecido en ese lugar durante todo el tiempo que supuestamente duraron los hechos.
c) No puede darse por concluida la investigación porque la información dada a conocer por la Procuraduría depende en exceso de declaraciones efectuadas ante ministerio público, por personas que fácilmente pudieron ser coaccionadas, pues es de todos conocido que en México la tortura es recurrente. Al respecto, se ha hecho pública información sobre la posible tortura de algunos inculpados sin que hasta ahora la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haya intervenido para aclarar estas denuncias.
d) No puede darse por concluida la investigación porque la Procuraduría ni hoy ni en ninguna otra conferencia ha aclarado cómo explica en su teoría del caso el cruento homicidio de Julio César Mondragón, cuyo joven cuerpo desollado fue encontrado en las inmediaciones de donde ocurrieron los hechos. ¿Cómo explica el señor Murillo este hecho hasta hoy no esclarecido?
e) No puede darse por concluida la investigación porque el Estado mexicano, a cuatro meses de los hechos, se ha mostrado incapaz para detener a quienes según su hipótesis serían responsables. El Gobierno Federal no ha podido detener al máximo responsable de la corrupta policía de Iguala, Felipe Flores Velázquez, ni a su cómplice y subalterno Francisco Salgado Valladares. Tampoco ha sido capaz de detener a Gildardo Astudillo, alias el Cabo Gil, personaje a quien la propia PGR asigna gran relevancia en su versión de los hechos. También siguen prófugos once de las quince personas que según la procuraduría estuvieron en Cocula, lo mismo que el líder de Guerreros Unidos, Ángel Casarrubias Salgado El mochomo. Ante tanto prófugo, ¿Cómo pretende el Procurador cerrar la investigación?
f) No puede darse por concluida la investigación porque la Procuraduría no ha logrado que exista un solo juicio penal iniciado por el delito de desaparición forzada de personas, siendo que esta es la figura jurídica adecuada para encuadrar los hechos dado que como todo México ha exclamad o, fue el estado el que desapareció a nuestros hijos. En tanto los juicios no se ventilen bajo las figuras legales pertinentes, no puede cerrarse el caso.
g) No puede darse por concluida la investigación porque en el mismo expediente donde obran las declaraciones de los supuestos sicarios de Cocula, se encuentran también agregadas las declaraciones de otros sicarios de Iguala que confesaron haber atentado contra nuestros hijos no en Cocula sino en Pueblo Viejo y Cerro la Parota. ¿Cómo explica el señor Murillo que en un mismo expediente existan confesiones que se contraponen y son contradictorias entre sí?
h) No se puede cerrar la investigación porque en sentido contrario a lo dicho en la conferencia de hoy, solo hay certeza de la muerte de uno de los estudiantes desaparecidos. Esta certeza no implica certeza sobre la muerte de otros ni sobre el lugar donde esto pudo haber ocurrido. En ese sentido, es un error jurídico decir que se ha consignado por homicidio, cuando en realidad de nuevo se consignó por secuestro con la agravante de privación de la vida, lo que técnicamente implica una diferencia relevante.
i) No puede darse por concluida la investigación porque no se ha indagado la responsabilidad del Ejército, pese a que contrario a lo que hoy afirmó el Procurador, sí hay en el expediente indicios de su complicidad con la delincuencia organizada, pues el Policía Salvador Bravo Bárcenas afirmó ante el Ministerio Público que el Ejército sabía desde 2013 que los Guerreros Unidos controlaban la Policía de Cocula, pese a los cual las Fuerzas Armadas no investigaron a dichos delincuentes sino que antes bien les brindaron protección.
j) No puede darse por concluida la investigación porque ni siquiera ha empezado el deslinde de responsabilidades sobre el entorno de corrupción política que desencadenó los hechos del 26 de septiembre. Está pendiente investigar a otros alcaldes, como el de Cocula, así como a otras autoridades del gobierno del estado de Guerrero.
Ante la falta de justicia y verdad en México, los familiares acudiremos a las instancias internacionales. Por ello, en breve una delegación de nosotros irá ante el Comité sobre la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas a denunciar lo que ocurre en México.
Asimismo, no dejamos de lado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha designado un grupo de expertos que a la brevedad deberá comenzar a realizar su verificación técnica de la investigación realizada por México; esta revisión es indispensable pues sabemos que encontrarán múltiples irregularidades.
Al pueblo de México le pedimos que no nos dejen solos y que entiendan nuestra lucha. Frente a un Gobierno Federal que tiene prisa por cerrar el caso Ayotzinapa, reivindicamos nuestro derecho a dudar de autoridades que una y otra vez han fabricado expedientes para salir de crisis que muestran su ineficacia. Exigimos también respeto a nuestra dignidad pues los tiempos de las víctimas no son los tiempos de los políticos.
Hoy, en su conferencia de prensa la PGR afirmó que la desaparición de nuestros hijos era un “hecho atípico”. Pero en nuestro caminar estos cuatro meses, hemos constatado que la desaparición forzada es hoy en México una realidad generalizada a lo largo y ancho del país. Miente la Procuraduría cuando afirma que la desaparición de jóvenes y los narcogobiernos son atípicos, por el contrario hoy ese es el rostro herido de nuestra Nación. Hacia finales del año pasado, el propio Registro Nacional de Personas Desaparecidas ascendía a 26,000 personas; se trata de familias como lasd nuestras, atravedsadas por el dolor y la incertidumbre. Por eso, seguiremos luchando por justicia y verdad hasta que tengamos certeza plena sobre el paradero de nuestros hijos y hasta que transformemos México para que ninguna familia vuelva a vivir lo que nosotros estamos viviendo.
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡Ayotzinapa Vive!
El presidente de la CNDH, Luis Raúl González, rindió un informe ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso en San Lázaro. Foto: José Antonio López
La Jornada. México, DF. La desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa “no es un caso superado y no puede hablarse de que se cierre el expediente”, definió el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez.
“El expediente sigue abierto. Falta ver qué dicen los jueces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los resultados periciales solicitados al extranjero. No debe estar cerrado, no puede hablarse de una conclusión y para la CNDH sigue abierto”, dijo.
El ombudsman presentó este medio día su informe a la comisión permanente del Congreso de la Unión y solicitó a los legisladores discutir y aprobar una ley general de desaparición forzada, que indique los tiempos penales en toda la República y que recoja los estándares internacionales y que cumpla la convención suscrita por México para aceptar esa conducta en el ámbito nacional.
En conferencia de prensa posterior invitó al gobierno federal para abrir un espacio de interlocución con los padres de familia y sus representantes y señaló que la CNDH está dispuesta a colaborar en este diálogo.
Cuestionado respecto de la afirmación que la víspera hizo el procurador de la República, Jesús Murillo Karam, en cuanto a que no hay ningún indicio que apunte a una presunta participación del Ejército en la agresión de los estudiantes, González Pérez dijo que la CNDH no soslayará ninguna arista en su investigación por presuntas violaciones a los derechos humanos, y que si bien se ha solicitado información a la Secretaría de la Defensa Nacional, “debo ser enfático que esto no implica que estemos calificando una actuación y no nos pronunciaremos de nadie hasta agotar el expediente”.
Resaltó que cuando se recabe toda la información de las autoridades, de la lectura de los 85 tomos de la averiguación previa de la PGR y de las entrevistas realizadas y por realizar “podremos definir hacia dónde caminan las violaciones a los derechos humanos. Antes sería irresponsable pronunciarme”.
Asimismo, el presidente de la CNDH propuso al Congreso una reforma para que se suprima la posibilidad de reelección para el ombudsman.
“El ombudsman sustenta su actuación en su autoridad moral, en la confianza y credibilidad que logre en la sociedad. Y los procesos de reelección debilitan esa autoridad moral, al politizarse y al pretender un segundo periodo. Tenemos que fortalecer al ombudsman en su credibilidad y quitarle todo aquello que pueda influir”.
José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de HRW, en noviembre pasado. Foto: Guillermo Sologuren
México, DF. José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), consideró que ha habido "bastante negligencia" en las investigaciones por el caso Ayotzinapa y señaló que la versión de que los normalistas fueron asesinados "no es una verdad histórica, es una versión oficial hasta ahora".
En entrevista con Noticias MVS, indicó que debido a los índices de violencia y corrupción que hay en el país, lamentablemente no es inverosímil el relato que ofreció ayer el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, sobre que los alumnos fueron asesinados en el basurero de Cocula.
Sin embargo, dijo que "es difícil confiar en su palabra, en sus conclusiones, por múltiples razones; primero, porque sabemos que en México se arrancan confesiones sobre la base de apremios, tortura, irregularidades, presiones...".
Además, consideró que el procurador extrapoló los resultados de laboratorio de un normalista al resto de los estudiantes.
También calificó como de mayor gravedad, que primero se haya difundido la información en los medios de comunicación.
Elena Poniatowska visitó la Facultad de Filología de la Universidad Complutense, donde se distribuyó un ejemplar de “La Jornada de Elena Poniatowska”, con textos seleccionados por la escritora. Foto Armando G. Tejeda
La Jornada. Madrid. En su primer acto público en Madrid antes de recibir el doctorado honoris causa por la Universidad Complutense, la escritora y periodista mexicana Elena Poniatowska expresó su indignación y repulsa por los acontecimientos de Ayotzinapa. “Vamos a seguir indignados, pues es la única postura que se puede tener ante estos crímenes”, señaló la Premio Cervantes 2014.
Poniatowska recibirá el próximo viernes el primer doctorado honoris causa que le concede una universidad española. En su numeroso historia de galardones y reconocimientos ya cuenta con distinciones de este tipo de universidad mexicanas, francesas, estadunidenses y puertoriqueñas, pero hasta ahora no se lo había concedido ninguna española.
En el marco de los actos paralelos al reconocimiento, la Facultad de Filología de la Universidad Complutense organizó unas jornadas literarias de análisis y debate en torno a la obra y la figura de la autora de Flor de lis, desde su faceta estrictamente literaria como su profundo compromiso social y su defensa de las causas más justas.
En el Salón de la Actos de la Facultad de Filología, la escritora se encontró que en las paredes y en la propia mesa donde se desarrollarán los debates estaban pegadas las fotografías de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que el pasado lunes cumplieron cuatro meses desaparecidos.
Poniatowska, también articulista y fundadora de La Jornada, señaló que “lo que sucede en Ayotzinapa es terrible. Son 43 estudiantes muy pobres, que viven en casitas de madera con techos de zinc. Son estudiantes que su única oportunidad en la vida es ir a esta escuela para formarse como maestros. Morelos y Guerrero son estados muy terribles por la extrema pobreza. Se dice que han sido cuna de la guerrilla porque ahí estuvieron dos grandes guerrilleros, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Ellos dos y los estudiantes de Ayotzinapa reivindicaban para el México pobre derechos que nunca han tenido. En la sociedad mexicana hay un precipicio entre una clase social y otra”.
La figura y obra de Poniatowska se ha difundido con mayor intensidad desde la concesión del Cervantes, en cuyo discurso no sólo se enorgulleció que “siempre haber caminado al lado de los ilusos, los destartalados, los candorosos”, sino que además denunció la violación sistemática de los derechos humanos en nuestro país.
Por eso ahora volvió a alzar la voz ante la desaparición de Ayotzinapa: “Yo creo que el gobierno se ha tardado mucho en la investigación. El procurador de la nación (Jesús Murillo Karam) se tardó muchísimo en resolver este problema. Es la demostración de que nuestro país es racista. Que los pobres tienen muy pocas oportunidades y los ricos las tienen todas porque hay una enorme impunidad. Lo grave del país finalmente es la impunidad”.
Tras recordar a su amiga Rosario Ibarra y recordar sus encuentros íntimos, cuando la luchadora social no cejaba en su empeño de encontrar con vida a su hijo, desaparecido por el Estado mexicano durante la década de los setenta, Poniatowska explicó que “una madre lo mínimo que tiene derecho a saber es donde está su hijo. Y en este caso no se puede saber todavía. Y esa es una de las monstruosidades de estos jóvenes de Guerrero, por eso es importante luchar y denunciar para cambiar la realidad política y social de nuestro país. Lo que está pasando ahora en México es que estos 43 jóvenes no se sabe donde están. No se les pueden llevar flores a ningún sitio ni nada. Hay versiones que dicen que los quemaron. Otras que los tiraron al río en una bolsa de plástico de la basura. Esa total ignorancia de lo que ocurre con un ser amado es lo que resulta intolerable”.
Por eso añadió que “esta es una historia que tiene que ver con la indignación, con la injusticia en los países de América Latina. El escritor argentino Ariel Dorfman hizo un poema muy bello sobre qué pasa en la cabeza de los hombres y mujeres a los que les han llevado a sus hijos, pues esto ocurrió y dolió muchísimo en Argentina. Así que vamos a seguir indignados, pues es la única postura que se puede tener ante estos crímenes como el de los estudiantes de Ayotzinapa.”
Araceli Manjón, secretaria general de la Universidad Complutense, le dio la bienvenida a la escritora mexicana al encuentro en su honor, pero también tomó el testigo de la denuncia y desde su calidad de experto en asuntos de lucha contra la droga, cuestionó la versión oficial del crimen.
Y afirmó: “Hay que decir que en México no sólo hay que hablar de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, sino de los más de cien mil desaparecidos en los últimos años. Y eso es fruto sobre todo de la corrupción y de los gobiernos fallidos”.
La máxima autoridad de la Universidad Complutense en el acto de inauguración, y como representante personal del Rector, Santiago Carrillo, Manjón añadió que “con todo lo que está ocurriendo, ser mexicana no es fácil y mucho más en un momento tan complejo”, al tiempo que afirmó que tanto la masacre de Tlatelolco -recordada a raíz de la publicación del libro de Poniatowska- como la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa le “recuerda al PRI en estado puro. En el 68 fue un grupo paramilitar. ¿Y ahora quién ha sido”, preguntó de forma pública. Y se pregunta si esa versión oficial que se ha defendido desde el principio “no esconde en realidad una verdad aún más terrible, pues resulta muy difícil creer que la tras la quema de más de 40 cuerpos no haya quedada nada. Ni un vestigio, salvo una mínima evidencia”.
Y concluyó: “Sé, por mis investigaciones, que el narco no actúa así ni hace las cosas de esta manera. Así que vuelvo a preguntar: ¿Quién ha podido hacer una cosa así en México? Y tengo la sospecha de que aquí hay un chivo expiatorio. A mi la versión oficial no me cuadra”.
Esta semana los jóvenes completaron cuatro meses desaparecidos. Foto AFP-Getty Images.
"Fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río. En ese orden. Ésta es la verdad histórica de los hechos, que debe tener validez jurídica ante los órganos jurisdiccionales".
Con estas palabras el procurador general de México, Jesús Murillo Karam, afirmó en una larga rueda de prensa el martes que no tiene ninguna duda de que los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre en Guerrero están muertos.
Las declaraciones, sin embargo, son "repudiadas y rechazadas" por los padres de los jóvenes que pocas horas después del pronunciamiento del procurador, convocaron a su propia rueda de prensa en la que desaprobaron lo dicho por Murillo Karam.
Felipe de la Cruz, el vocero de los padres de los estudiantes, declaró que el gobierno desea cerrar a toda costa el caso.
"Repudiamos que el procurador quiera cerrar el caso de Ayotzinapa de esa manera e insista en su teoría de que los 43 normalistas fueron muertos y calcinados en el basurero de Cocula. Nosotros vamos a mantener esta lucha hasta las últimas consecuencias, hasta que no se nos demuestre, como hemos dicho, de manera científica".
Otro padre dijo que el gobierno quiere darle darle un carpetazo al caso pues se acercan elecciones.
Muchos mexicanos también han expresado su rechazo por la forma como las autoridades han manejado el caso. Y el lunes salieron a las calles de la Ciudad de México en una marcha multitudinaria para exigir el regreso con vida de los estudiantes secuestrados.
Para el procurador, sin embargo, la pieza que parece haberse convertido en una de las piedras angulares del caso es la confesión de Felipe Rodríguez Salgado alias "El Cepillo" o "El Terco", detenido el pasado 15 de enero y a quien diferentes testimonios señalan como la persona que dirigió la operación para asesinar a los jóvenes.
Según la Procuraduría, "El Terco" aceptó ser jefe de sicarios de los Guerreros Unidos en el municipio de Iguala y confesó haber organizado el asesinato y posterior incineración de los jóvenes.
Su relato, agregó el procurador, confirma lo ya confesado por otros tres sicarios que aceptaron haber ayudado a cometer el crimen.
Para el procurador, las pruebas son "contundentes".
Sin embargo, esto entra en colisión directa con la manifestado por los familiares de los estudiantes, quienes han expresado dudas sobre la versión de la Procuraduría, en especial la parte de la quema de los cuerpos de los jóvenes.
Los motivos
En la conferencia de prensa de la Procuraduría, de casi hora y media, también participó Tomás Cerón, jefe de investigaciones criminales de la PGR, quien aseveró que el móvil de la matanza fue la creencia de que los jóvenes pertenecían a "Los Rojos" grupo criminal rival de los Guerreros Unidos en el estado de Guerrero.
Según Cerón, el "26 de septiembre Felipe Rodríguez Salgado recibió una llamada en la cual le fue informado que un grupo antagónico estaba atacando a Iguala, ordenándole que se trasladara a un lugar conocido como Loma Coyotes, donde iban a entregarle unos 'paquetes', haciendo la precision que dicho sustantivo era utilizado para denominar a los enemigos cuando eran capturados".
Cerón aseveró que, con lo dicho por el "El Terco" y otros tres sicarios, "se consolida el móvil: que los estudiantes fueron señalados por los delincuentes de formar parte del grupo antagónico de la delincuencia organizada en la región".
Durante la rueda de prensa, el procurador Murillo Karam insistió, una vez más, que no hay evidencia de que alguno de los jóvenes estuviera relacionado con Los Rojos.
Los padres dicen que hasta que sus hijos no sean identificados científicamente no aceptarán sus muertes.
El Basurero de Cocula
Tanto los padres de los jóvenes como científicos mexicanos han expresado dudas sobre que en el basurero municipal de Cocula se pudiera realizar una pira de las dimensiones necesarias para incinerar 43 cuerpos.
En la rueda de prensa, Tomás Cerón dijo que se habían realizado diferentes exámenes que, según él, confirmaban que efectivamente en el sitio se había producido una enorme fogata.
Hasta el momento hay 99 detenidos y existen seis órdenes de captura más por la desaparición de los estudiantes.
Varios peritajes químicos, aseguró, muestran residuos de diesel y gasolina en el suelo del basurero de Cocula. Se hubicaron tres zonas de ceniza dentro del basurero y el punto de origen del incendio.
También se encontraron rocas con impacto y "aluminio fundido, en especial latas- por la exposición al calor intenso; fragmentos de llantas con huellas de carbonización y afectación del fuego sobre diversos restos óseos humanos".
Agregó que un dictamen biológico mostró que "las plantas fueron afectadas por el calor en la zona y registran un crecimiento de 30 días de antiguedad, lo que tiene correspondencia con la fecha del incendio".
Además, un examen entomológico de larvas determinó que la fecha del incendio "coincidía con la de los acontecimientos".
Finalmente dijo que en el lugar se encontraron elementos balísticos que confirmaron que se habían accionado armas como las que dijeron usar los sicarios.
Otra evidencia que sitúa a los jóvenes en ese lugar es la identificación de los restos de al menos uno de ellos: Alexander Mora Venancio.
En México se han realizado marchas multitudinarias reclamando el regreso con vida de los estudiantes. La última, el pasado lunes. Foto Getty Images.
Evidencia "contundente"
Según Murillo Karam, en las investigaciones se han recopilado 386 declaraciones, 487 dictámenes periciales peritajes, dos reconstrucciones de hechos y 16 cateos.
Además, se cuenta con los testimonios de otras 36 personas que participaron de una u otra manera en los hechos.
Hasta el momento hay 99 detenidos y existen seis órdenes de captura más.
"Los testimonios nos dicen quiénes fueron los que estuvieron ahí, las fechas de esto, su correlación (de los restos hallado en el basurero de Cocula) con los que están en las bolsas del río. Es una investigación que tiene un sustento científico fundamental", dijo a una pregunta de los periodistas.
Todo esto, cree, es contundente.
Los padres repudian que "el procurador quiera cerrar el caso de Ayotzinapa de esa manera".
Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto, también subrayó que el gobierno federal llevó a cabo "esfuerzos sin precedentes" en esta investigación que, según dijo en su cuenta de Twitter, "nos duele a todos".
"Es doloroso aceptarlo. Hemos pasado por momentos de profunda tristeza. Ayotzinapa nos duele a todos".
Pero los padres de los 43 jóvenes no lo ven así. El portavoz De la Cruz dijo que la lucha por conocer la verdad seguirá "hasta sus "ultimas consecuencias". El siguiente paso, dijo, será llevar el caso ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU.
