María de la Luz González
El UniversalMéxico DF
Lunes 21 de enero de 2008
07:35
Cuando el 22 de octubre del 2001 el presidente Vicente Fox anunció la construcción de un nuevo aeropuerto en Texcoco, estado de México, no imaginó que detonaba también el surgimiento de un movimiento social que un año después le obligó a cancelar el más ambicioso proyecto de su administración.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), surgió en protesta del decreto expropiatorio que afectaba el patrimonio de 4 mil 375 familias, y estaba constituido por un pequeño grupo de ejidatarios, que se movilizó contra la expropiación por “causa de utilidad pública”, la cual, además, devaluaba el valor de la tierra, pues el gobierno federal ofrecía indemnizaciones de 7.20 pesos por cada metro cuadrado de temporal y 25 pesos en las tierras de riego.
De la superficie expropiada, 70 por ciento se ubicaba en San Salvador Atenco, 25 por ciento en Texcoco y 5 por ciento en Chimualhuacán.
En contraste con el monto de las indemnizaciones, la derrama económica que representaría la nueva terminal, según los últimos estudios técnicos elaborados por el gobierno mexiquense, ascendía a 77 mil millones de pesos, con un efecto multiplicador que elevaría el monto a 300 mil millones de pesos con la operación total del aeropuerto.
La respuesta del FPDT no se hizo esperar. El 23 de octubre, un día después de la publicación del decreto, los ejitarios inconformes encabezados ya por Ignacio del Valle, (actualmen te preso en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en Almoloya de Juárez) salieron a las calles con machetes, palos y varillas para bloquear la carretera Texcoco-Lechería.
Al mismo tiempo, por la vía legal, con la asesoría del jurista Ignacio Burgoa, decidieron promover un amparo contra el decreto presidencial, que expropiaba 5 mil 391 hectáreas de tres municipios mexiquenses.
Al tiempo que aumentaba la presión de las movilizaciones, la vía legal comenzaba a favorecer a los ejidatarios. A finales de agosto del año 2001, de los 11 amparos promovidos 5 ya habían sido aceptados y eran los de los ejidos que concentraban más de 50 por ciento de la tierra expropiada para la construcción de la nueva terminal.
Sin esos terrenos, el aeropuerto no era viable, pero el gobierno federal seguía minimizando las protestas, y el movimiento fue escalando sus acciones de rebeldía: en octubre de 2001 los inconformes bloquearon una importante vía de comunicación de la cabecera municipal de Texcoco.
En noviembre, machetes en mano, marcharon hacia el Zócalo de la ciudad de México, a donde los dejó llegar la policía capitalina para evitar un enfrentamiento. En febrero de 2002 regresaron a la ciudad de México, con el apoyo de estudiantes y obreros. Pretendían llegar a la residencia presidencial para emplazar al Presidente Fox a un debate público sobre la expropiación de sus tierras, pero la policía les cerró el paso.
En los meses siguientes, continuaron los bloqueos carreteros. A mediados del año “confiscaron” cuatro vehículos y retuvieron a once empleados de la Compañía de Luz y de otra empresa, que trabajaban en las tierras; impidieron los avalúos de sus terrenos y emplazaron d enuevo a Fox a un debate público.
El 8 de julio marcharon hacia el aeropuerto de la ciudad de México, y la Policía Federal Preventiva les impidió llegar. El 11 de julio los ejidatarios atenquenses acudían a manifestarse a un acto del gobernador del estado de México y la policía estatal les cerró el paso, registrándose un enfrentamiento con saldo de varios heridos, entre ellos un o de los ejidatarios que murió posteriormente.
La policía detuvo a los principales líderes del FPDT y la respuesta de los ejidatarios fue la destrucción de algunos vehículos y autos patrulla, además de la retención de varios funcionarios públicos en demanda de la liberación de sus compañeros, que lograron para continuar sus protestas.
Finalmente, el 1 de agosto, la Presidencia de la República dio marcha atrás al proyecto y anunció que "dada la negativa de las comunidades ejidales" a vender sus tierras, se decidió iniciar los trámites para dejar sin efecto los decretos expropiatorios.
