Exige “plan gradual de desmilitarización”
De la redacción
México DF, 28 ene 08 (CIMAC).- La querella que interpuso una ciudadana española ante la Audiencia Nacional de ese país por la tortura que sufrió durante los operativos realizados en Texcoco y San Salvador Atenco en mayo de 2006 y la exoneración de 15 policías acusados por el delito de abuso de autoridad “evidencian la inefectividad de las instancias nacionales de procuración de justicia en este caso”.
Así lo señala el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en un comunicado, donde también recuerda cómo en Texcoco y Atenco se desplegó de manera excesiva e irracional la fuerza pública, lo que trajo consecuencia graves de violaciones a los derechos humanos: detenciones ilegales; allanamientos de domicilios sin mandato legal; tratos crueles y torturas en contra de los detenidos; agresiones sexuales y violaciones en contra de las mujeres detenidas.
Además, dice el Centro, 5 personas extranjeras fueron deportadas de manera irregular del país. Entre ellas la mujer que levantó la querella el pasado 25 de enero de 2008 por los “graves atentados contra su integridad física”.
Ante la Audiencia española denunció hechos de tortura susceptibles de ser conocidos por la justicia de aquel país debido al principio de jurisdicción nacional que prevalece en casos de delitos graves, sancionados por el derecho internacional.
Pese a la gravedad de los hechos, afirma el Centro Prodh, la impunidad ha prevalecido. “Los nulos resultados de los procesos iniciados en el Estado de México muestran que, como lo señalamos desde el inicio, en esa entidad federativa las instancias de procuración y administración de justicia carecen de imparcialidad e independencia pues permanecen bajo el ámbito de control del Poder Ejecutivo, encabezado por Enrique Peña Nieto”.
Y en el ámbito federal –continúa-- la situación no es distinta. Las investigaciones iniciadas por la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer (Fevim) no han sido consignadas, pese a que las mujeres denunciantes de agresiones sexuales y violación han aportado elementos suficientes para que esto ocurra. En cuanto a la investigación de los hechos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ésta aún no ha sido concluida.
En el caso Atenco, concluye el Centro Prodh, prevalece la impunidad. Pero saluda las iniciativas para explorar otros recursos, aunque lamenta que, como a menudo ocurre en los casos paradigmáticos de las violaciones a derechos humanos que continúan ocurriendo en el país, sin que la situación adquiera la prioridad que el tema debe tener en un Estado democrático de derecho, las instancias nacionales sean inefectivas para las víctimas que demandan justicia integral.
Las demandas de justicia para las víctimas y libertad para las y los presos, recuerda el Prodh, no han perdido vigencia a más de un año de distancia de los hechos; “hoy las reiteramos”.
EJÉRCITO Y DERECHOS HUMANOS
En otro comunicado sobre el tema de la seguridad pública y derechos humanos, el Centro Prodh hace patente su desacuerdo con la permanencia del Ejército en tareas de seguridad pública, luego de que fue publicado el pasado 24 de enero el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012
“Su participación en los operativos para combatir a la delincuencia organizada ha provocado violaciones notables de derechos humanos. Su permanencia durante el plazo estimado no contribuye, por otra parte, a la consolidación de las instituciones civiles responsables de la seguridad pública, como corresponde a un Estado democrático de derecho”, señala.
La participación militar en los operativos del año 2007 ha traído como consecuencia graves violaciones los derechos humanos, afirma el comunicado. Y explica que la estrategia gubernamental no debe reducirse al combate, también debe atenderse a la profesionalización de los cuerpos policiales y a la erradicación de la impunidad y la corrupción.
Recuerda cómo desde los inicios de su gestión, Felipe Calderón ha recurrido al Ejército como parte de la estrategia para fortalecer las tareas de seguridad pública. El hecho no es nuevo, en sexenios anteriores se ha empleado la misma fórmula, a pesar de lo cuestionable de los resultados.
Si bien es cierto que el problema del narcotráfico es delicado y urge atenderlo, señala el texto, “la participación de elementos militares en esta tarea no garantiza la efectividad en el combate a los problemas derivados del narcotráfico, al contrario, los riesgos para el respeto a los derechos humanos son altos”.
Casos como el de la familia Esparza Galaviz, en Sinaloa, Castaños en Coahuila, los abusos ocurridos en Nocupétaro, Huetamo, Carácuaro y Apatzingán, o el controvertido caso de Ernestina Ascencio, son una muestra de estos riesgos.
Y refiere que, en diversas ocasiones, instancias internacionales de derechos humanos han señalado la inconveniencia de la participación militar en tareas de seguridad pública. Entre otras, de manera contundente, lo ha señalado el Grupo de Alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio.
“En la acción militar se da preeminencia a la persecución, detención y sanción a los responsables de los delitos a través de la fuerza y de operativos aparatosos que buscan amedrentar y generar miedo en la sociedad, apegados siempre a una concepción rigorista de las leyes y poco acostumbrados a dar cuenta de sus actuaciones a la sociedad, sin que el respeto a los derechos humanos signifique una limitación a sus actos”, explica el texto.
Durante enero del presente año, relata, los combates en la zona fronteriza entre diversas corporaciones policiales y el ejército, por un lado, y presuntos sicarios del narcotráfico, evidencian la capacidad de fuego del crimen organizado y la carencia de estrategias adecuadas, más allá del combate frontal, para enfrentar las amenazas derivadas de los grupos delictivos.
Por ello, es indudable que se debe sancionar a quienes delinquen; sin embargo, en el caso del crimen organizado, la estrategia no debe reducirse al combate.
Otros factores que deben ser atendidos, manifiesta el Prodh, son las deficiencias de los diversos cuerpos policiales (capacitación y salarios), la alianza entre los grupos de poder (regionales, nacionales, trasnacionales) y las organizaciones delictivas, la impunidad como práctica arraigada en amplios sectores de la estructura gubernamental y la corrupción que favorece la actuación al margen de los procedimientos institucionales.
Por otra parte, apunta, al otorgarse tal protagonismo al Ejército en las tareas de seguridad pública, se está renunciando a consolidar soluciones civiles, las cuales son las únicas que tienen cabida en el marco de un Estado democrático de derecho.
Un ejemplo de esto es el comunicado emitido en Tijuana, el 16 de enero, por la Secretaría de la Defensa Nacional, en el que se invita a la población a denunciar cualquier acto criminal ante la misma Secretaría. Al actuar así, debilita aún más al Ministerio Público Federal, instancia a la que corresponde exclusivamente esta tarea.
¿CUÁNDO?
Al presentar su informe 2007, considera el centro Prodh, el presidente de la CNDH afirmó que el Ejército debe retirarse de las tareas de seguridad pública, para lo cual consideró necesaria la presentación de un calendario de retorno paulatino a los cuarteles, pero la publicación del Programa Sectorial y su aprobación de ninguna manera contemplan la exigencia común de múltiples organismos y organizaciones de derechos humanos.
Por esa razón, el Centro Prodh, expresa su desacuerdo con la permanencia del Ejército en las tareas de seguridad pública e insiste en la necesidad de presentar inmediatamente “un plan gradual de desmilitarización”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, en su informe sobre México (1998), que “la autorización estatal otorgada para que las fuerzas armadas intervengan en cuestiones de seguridad, se da confundiendo los conceptos de seguridad pública y seguridad nacional. [...] El extraordinario crecimiento del delito no puede justificar la intromisión de militares en cuestiones de seguridad interior”.
Apelamos, por lo tanto, concluye el Prodh, al gobierno mexicano a reformular la estrategia de seguridad pública, otorgando prioridad a medidas racionales que preserven en todo momento el Estado de derecho y la vigencia de los derechos humanos.
08/GG/CV
De la redacción
México DF, 28 ene 08 (CIMAC).- La querella que interpuso una ciudadana española ante la Audiencia Nacional de ese país por la tortura que sufrió durante los operativos realizados en Texcoco y San Salvador Atenco en mayo de 2006 y la exoneración de 15 policías acusados por el delito de abuso de autoridad “evidencian la inefectividad de las instancias nacionales de procuración de justicia en este caso”.
Así lo señala el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en un comunicado, donde también recuerda cómo en Texcoco y Atenco se desplegó de manera excesiva e irracional la fuerza pública, lo que trajo consecuencia graves de violaciones a los derechos humanos: detenciones ilegales; allanamientos de domicilios sin mandato legal; tratos crueles y torturas en contra de los detenidos; agresiones sexuales y violaciones en contra de las mujeres detenidas.
Además, dice el Centro, 5 personas extranjeras fueron deportadas de manera irregular del país. Entre ellas la mujer que levantó la querella el pasado 25 de enero de 2008 por los “graves atentados contra su integridad física”.
Ante la Audiencia española denunció hechos de tortura susceptibles de ser conocidos por la justicia de aquel país debido al principio de jurisdicción nacional que prevalece en casos de delitos graves, sancionados por el derecho internacional.
Pese a la gravedad de los hechos, afirma el Centro Prodh, la impunidad ha prevalecido. “Los nulos resultados de los procesos iniciados en el Estado de México muestran que, como lo señalamos desde el inicio, en esa entidad federativa las instancias de procuración y administración de justicia carecen de imparcialidad e independencia pues permanecen bajo el ámbito de control del Poder Ejecutivo, encabezado por Enrique Peña Nieto”.
Y en el ámbito federal –continúa-- la situación no es distinta. Las investigaciones iniciadas por la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer (Fevim) no han sido consignadas, pese a que las mujeres denunciantes de agresiones sexuales y violación han aportado elementos suficientes para que esto ocurra. En cuanto a la investigación de los hechos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ésta aún no ha sido concluida.
En el caso Atenco, concluye el Centro Prodh, prevalece la impunidad. Pero saluda las iniciativas para explorar otros recursos, aunque lamenta que, como a menudo ocurre en los casos paradigmáticos de las violaciones a derechos humanos que continúan ocurriendo en el país, sin que la situación adquiera la prioridad que el tema debe tener en un Estado democrático de derecho, las instancias nacionales sean inefectivas para las víctimas que demandan justicia integral.
Las demandas de justicia para las víctimas y libertad para las y los presos, recuerda el Prodh, no han perdido vigencia a más de un año de distancia de los hechos; “hoy las reiteramos”.
EJÉRCITO Y DERECHOS HUMANOS
En otro comunicado sobre el tema de la seguridad pública y derechos humanos, el Centro Prodh hace patente su desacuerdo con la permanencia del Ejército en tareas de seguridad pública, luego de que fue publicado el pasado 24 de enero el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012
“Su participación en los operativos para combatir a la delincuencia organizada ha provocado violaciones notables de derechos humanos. Su permanencia durante el plazo estimado no contribuye, por otra parte, a la consolidación de las instituciones civiles responsables de la seguridad pública, como corresponde a un Estado democrático de derecho”, señala.
La participación militar en los operativos del año 2007 ha traído como consecuencia graves violaciones los derechos humanos, afirma el comunicado. Y explica que la estrategia gubernamental no debe reducirse al combate, también debe atenderse a la profesionalización de los cuerpos policiales y a la erradicación de la impunidad y la corrupción.
Recuerda cómo desde los inicios de su gestión, Felipe Calderón ha recurrido al Ejército como parte de la estrategia para fortalecer las tareas de seguridad pública. El hecho no es nuevo, en sexenios anteriores se ha empleado la misma fórmula, a pesar de lo cuestionable de los resultados.
Si bien es cierto que el problema del narcotráfico es delicado y urge atenderlo, señala el texto, “la participación de elementos militares en esta tarea no garantiza la efectividad en el combate a los problemas derivados del narcotráfico, al contrario, los riesgos para el respeto a los derechos humanos son altos”.
Casos como el de la familia Esparza Galaviz, en Sinaloa, Castaños en Coahuila, los abusos ocurridos en Nocupétaro, Huetamo, Carácuaro y Apatzingán, o el controvertido caso de Ernestina Ascencio, son una muestra de estos riesgos.
Y refiere que, en diversas ocasiones, instancias internacionales de derechos humanos han señalado la inconveniencia de la participación militar en tareas de seguridad pública. Entre otras, de manera contundente, lo ha señalado el Grupo de Alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio.
“En la acción militar se da preeminencia a la persecución, detención y sanción a los responsables de los delitos a través de la fuerza y de operativos aparatosos que buscan amedrentar y generar miedo en la sociedad, apegados siempre a una concepción rigorista de las leyes y poco acostumbrados a dar cuenta de sus actuaciones a la sociedad, sin que el respeto a los derechos humanos signifique una limitación a sus actos”, explica el texto.
Durante enero del presente año, relata, los combates en la zona fronteriza entre diversas corporaciones policiales y el ejército, por un lado, y presuntos sicarios del narcotráfico, evidencian la capacidad de fuego del crimen organizado y la carencia de estrategias adecuadas, más allá del combate frontal, para enfrentar las amenazas derivadas de los grupos delictivos.
Por ello, es indudable que se debe sancionar a quienes delinquen; sin embargo, en el caso del crimen organizado, la estrategia no debe reducirse al combate.
Otros factores que deben ser atendidos, manifiesta el Prodh, son las deficiencias de los diversos cuerpos policiales (capacitación y salarios), la alianza entre los grupos de poder (regionales, nacionales, trasnacionales) y las organizaciones delictivas, la impunidad como práctica arraigada en amplios sectores de la estructura gubernamental y la corrupción que favorece la actuación al margen de los procedimientos institucionales.
Por otra parte, apunta, al otorgarse tal protagonismo al Ejército en las tareas de seguridad pública, se está renunciando a consolidar soluciones civiles, las cuales son las únicas que tienen cabida en el marco de un Estado democrático de derecho.
Un ejemplo de esto es el comunicado emitido en Tijuana, el 16 de enero, por la Secretaría de la Defensa Nacional, en el que se invita a la población a denunciar cualquier acto criminal ante la misma Secretaría. Al actuar así, debilita aún más al Ministerio Público Federal, instancia a la que corresponde exclusivamente esta tarea.
¿CUÁNDO?
Al presentar su informe 2007, considera el centro Prodh, el presidente de la CNDH afirmó que el Ejército debe retirarse de las tareas de seguridad pública, para lo cual consideró necesaria la presentación de un calendario de retorno paulatino a los cuarteles, pero la publicación del Programa Sectorial y su aprobación de ninguna manera contemplan la exigencia común de múltiples organismos y organizaciones de derechos humanos.
Por esa razón, el Centro Prodh, expresa su desacuerdo con la permanencia del Ejército en las tareas de seguridad pública e insiste en la necesidad de presentar inmediatamente “un plan gradual de desmilitarización”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, en su informe sobre México (1998), que “la autorización estatal otorgada para que las fuerzas armadas intervengan en cuestiones de seguridad, se da confundiendo los conceptos de seguridad pública y seguridad nacional. [...] El extraordinario crecimiento del delito no puede justificar la intromisión de militares en cuestiones de seguridad interior”.
Apelamos, por lo tanto, concluye el Prodh, al gobierno mexicano a reformular la estrategia de seguridad pública, otorgando prioridad a medidas racionales que preserven en todo momento el Estado de derecho y la vigencia de los derechos humanos.
08/GG/CV
