alejandro gutiérrez
* Unos 140 funcionarios mexicanos son acusados ante la Audiencia Nacional
Madrid, 25 de enero (apro).- La ciudadana española, Cristina Valls, presentó hoy una querella en la Audiencia Nacional de este país en contra de 140 exfuncionarios mexicanos por su presunta responsabilidad en los violentos sucesos ocurridos, en mayo de 2006, en el municipio mexiquense de San Salvador Atenco, donde decenas de personas fueron agredidas y, en algunos casos, torturadas y vejadas por las fuerzas del orden municipales, estatales y federales.
Valls, quien el día de los hechos se encontraba en ese lugar siguiendo a la delegación del Ejército Zapatista, fue abusada sexualmente, igual que otra de sus compatriotas, María Sostres, por los policías que la detuvieron, apeló al principio de “jurisdicción universal” y al precedente surgido aquí, “de los procedimientos judiciales que se iniciaron para perseguir los delitos (…) durante la dictaduras de Chile, Argentina y Guatemala”, para que la justicia española atrajera el caso.
Expulsada de México mediante un proceso sumario, junto con cuatro extranjeros más, Valls fue detenida con otras 200 simpatizantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) que fueron reprimidos por las fuerzas del orden oponerse a la construcción del nuevo aeropuerto que el gobierno del entonces presidente Vicente Fox pretendía construir en parte de sus tierras.Luego de los hechos, organismos de defensa de los derechos documentaron con profusión las vejaciones y excesos cometidos por la policía. Los tres máximos dirigentes de esa lucha, encabezados por Ignacio del Valle, purgan sentencias de más de 60 años en el penal de máxima seguridad del Altiplano, antes La Palma.
Luego de que Valls interpuso la denuncia en la Audiencia Nacional, activistas de organizaciones sociales, como Women’s Link y la Asociación Pro Derechos Humanos de España, realizaron un mitin. Algunas personas sacaron pancartas y una manta en que se leía: “Visita México. Represión, tortura, violación”.
La española, residente en Barcelona, dijo que en los choques de San Salvador Atenco “sufrimos todo tipo de abusos: desde la violencia extrema utilizada en la detención, hasta los golpes, tortura y violación. El abuso y los maltratos continuaron hasta el momento de mi expulsión de México. Ahora, espero que la Audiencia Nacional me brinde el amparo judicial que no he tenido y que persiga a los autores de estos crímenes”.
Viviana Waisman, directora de Women’s Link y quien representa jurídicamente a Valls, explicó a Apro que los 140 funcionarios mexicanos implicados abarcan desde policías hasta responsables del diseño de ese operativo.
La dirigente de la ONG no precisó los nombres de los 140 implicados en la querella, sin embargo, Apro y Proceso documentaron en su momento que los jefes de las corporaciones que participaron en esos eventos fueron Wilfredo Robledo Robles, entonces secretario de la Agencia de Seguridad Pública del gobierno de Enrique Peña Nieto, y el general Álvaro Moreno, entonces jefe de las Fuerzas Federales de Apoyo de la Policía Federal Preventiva (PFP), entre otros.
Valls fue detenida cuando se había refugiado en el interior de un domicilio en San Salvador Atenco. Sostiene que acudió al lugar en solidaridad con el movimiento de la población y que había llegado la noche previa al arribo de unos 3 mil policías federales, estatales y locales.
Recuerda que los policías allanaron viviendas y agredieron a sus moradores.En una de esas incursiones, fue detenida Cristina Valls, junto con al menos un centenar de personas que no habían participado en las manifestaciones.
Cristina dice que la mayoría de los civiles detenidos en Atenco declararon que fueron torturados durante el traslado, en autobuses, hasta el Centro de Prevención y Readaptación de Santiaguito. En el trayecto, indica, los policías “caminaban sobre los cuerpos de los detenidos que permanecían tendidos y esposados en el suelo del vehículo, mientras se sucedían los golpes, los insultos y todo tipo de vejaciones”.
En el texto de la querella, Valls destaca el excesivo tiempo que duró ese trayecto, de unas seis horas, cuando en condiciones normales el recorrido consume apenas dos horas.
“La mayoría de las mujeres que estuvieron en ese traslado han declarado que, al igual que Cristina Valls, fueron violadas y sometidas a agresiones sexuales durante el trayecto”, según refiere el comunicado de prensa que resume el contenido de la querella.Además de las dos españolas, también fueron detenidos una mujer y un hombre de nacionalidad chilena, así como una alemana.
El 5 de mayo, un día después de su detención, Cristina Valls (y María Sastres) fue expulsada de México mediante “un proceso sumarísimo”, y con el impedimento de regresar al país por cinco años.
Esa es otra de las razones por las que Cristina Valls promovió su querella ante la Audiencia Nacional.
En particular porque la prohibición de regresar a México le impide la presentación de cualquier tipo de demanda ante la justicia mexicana, así como su debida defensa. Ese impedimento “la sitúa en completa indefensión frente al gravísimo delito de que fue víctima”, explica Waisman.
Adicionalmente, la querella reclama el amparo de la Audiencia Nacional en virtud del principio de jurisdicción universal, consagrado en la legislación española por la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1985, que permite a la justicia española perseguir el delito de tortura con base en los tratados y convenios internacionales.
Argumenta que la justicia española ha hecho una interpretación moderna y avanzada del derecho penal internacional, cuenta con una jurisprudencia amplia surgida de los procedimientos judiciales que se incoaron para perseguir los delitos de violación de los derechos humanos ocurridos durante las dictaduras de Chile, Argentina y Guatemala, entre otros.
Esta competencia no la limita por el territorio en el que fue cometido el delito ni por la nacionalidad de la victima ni de los acusados, sino sólo atiende a la naturaleza y característica del ilícito cometido.
