Los 43 no fueron ejecutados ni incinerados en Cocula: GIEI

• La investigación del caso Iguala apenas comienza, aseguran
• Difícil superar pactos de silencio, coinciden dos integrantes del grupo 

Durante las investigaciones del caso Iguala se han hecho evidentes los desencuentros entre los padres de los estudiantes desaparecidos y las autoridades. Las madres de los 43 normalistas se encadenaron a las rejas de la Secretaría de Gobernación cuando se informó el fin de las labores del GIEIFoto Víctor Camacho

José Antonio Román

 

Periódico La Jornada
Viernes 22 de abril de 2016, p. 14

La investigación del caso Iguala apenas comienza, pues hay niveles de oscuridad y opacidad que no se han podido resolver y autoridades que han querido regresar, en determinados momentos, a escenarios que ya la ciencia y las pruebas han descartado totalmente, aseguró Angela María Buitrago, una de los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

A tres días de que este grupo de expertos presente el informe final de su segundo mandato como coadyuvante en las investigaciones de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, dijo que toca a la sociedad mexicana exigir que efectivamente se investiguen estos hechos y se esclarezca totalmente, ya que no son sólo 43, es un país que está en condiciones similares.

Al participar junto con Claudia Paz y Paz –otra integrante del GIEI– en el Seminario sobre Violencia y Paz, organizado en El Colegio de México, la ex fiscal colombiana señaló que en este, como en otros casos, existe un pacto de silencio que busca ocultar información de manera deliberada, por lo que resulta necesaria la intervención internacional. “Estos pactos de silencio, pueden ser dolosos –saber y callar–, ingenuos –esto no pasa aquí– o por desidia”.

El caso Iguala no creo que que se esclarezca en tres o seis meses, dijo, pero sí creo que la sociedad mexicana, lo he dicho y lo sostengo, tiene una gran virtud que extraño yo en mi país, que todavía se conmueve y se asombra frente a estos hechos. Es la sociedad mexicana a la que le compete seguir pidiendo que efectivamente se investigue, porque no son sólo 43, es un país.

En sus intervenciones, las dos integrantes del GIEI repasaron la experiencia iniciada el 3 de marzo del año pasado, cuando comenzó formalmente su trabajo de coadyuvancia en México. “Cuando llegamos al país encontramos una investigación que estaba prácticamente cerrada; se había dicho ‘esto averiguamos y aunque todavía hay personas por detener estos son los hechos’. La investigación estaba casi cerrada y había una relación difícil entre las víctimas y las autoridades”, dijo la ex fiscal guatemalteca Paz y Paz.

Señalaron que la integración de este grupo fue un mecanismo novedoso en la región, y a pesar de las limitaciones en sus facultades logró que el caso Iguala siguiera abierto, con nuevas líneas de investigación y búsqueda, además de haber contribuido al diálogo entre las autoridades y los padres de familia.

Olga Pellicer, diplomática mexicana, quien participó en la misma mesa, dijo que el trabajo del GIEI permitió abrir el espectro de la investigación en torno a tres puntos esenciales: el tema del fuego en el basurero de Cocula, la intervención de elementos del Ejército Mexicano en el caso, que tuvieron presencia en varios de los escenarios, y la hipótesis del quinto autobús para el tráfico de droga a Estados Unidos, que no apareció en el inicio del expediente.

Sin adelantar el contenido de su informe, Angela Buitrago y Claudia Paz dejaron entrever que en dicho documento se incluirán las preguntas que habrían formulado a los elementos del 27 batallón destacamentado en Iguala, si el gobierno no se hubiera negado reiteradamente a que los entrevistaran de manera directa.

Ambas sugirieron que habrá referencia a elementos de la Policía Federal y de la policía municipal de Huitzuco, corporaciones que presuntamente también intervinieron en los hechos.

Además, aseguraron que los 43 estudiantes desaparecidos no fueron ejecutados ni incinerados en el basurero de Cocula. Esta conclusión se deriva, entre otras muchas cosas, de las pruebas científicas reunidas y del análisis de las declaraciones contradictorias e incongruentes de los detenidos, quienes señalan ese lugar como destino final de los estudiantes.