dom, 24 abr 2016 12:00
Ciudad de México. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa concluyó que existe la certeza de que el ataque contra los estudiantes de esa normal rural existió una perfecta coordinación entre diferentes corporaciones policiacas y presuntos integrantes del crimen organizado con la finalidad de tender un círculo de control para evitar la salida de los autobuses (tomados por los normalistas) de Iguala.
El grupo añadió que, por el contrario, diversas policías, entre ellas la Policía Federal, dejaron pasar el quinto autobús (que de acuerdo a la hipótesis del GIEI es clave para la investigación ya que podría estar relacionado con el trasiego de estupefacientes). Esta unidad, agregaron, no se registró por parte de las autoridades como fundamental en la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos.
Al presentar su informe de trabajo tras un año y un mes de investigación sobre el caso, los cinco expertos del grupo detallaron que en los hechos también participaron elementos de la policía municipal de Huitzuco. De hecho, en uno de los testimonios que lograron recoger se asienta que un policía le dijo a otro: "Allá (en Iguala) se chingaron a un compañero y se los van a llevar a Huitzuco, que allá el patrón decidirá qué hacer con ellos".
Aunado a ello, en las indagatorias del GIEI se logró detectar que el teléfono móvil de uno de los normalistas desaparecidos en los hechos que se desarrollaron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, hizo una llamada cerca de la carretera Huitzuco-Tenango a la 1:26 de la madrugada del 27 de septiembre.
Hay otros reportes, señaló Ángela Buitrago, que muestran que otro grupo de normalistas podría haber sido conducido a la comandancia de Iguala.
Agregó que, de acuerdo con la perita que analizó el llamado quinto autobús que se les entregó, no corresponde con el que aparece en las cámaras del C4. Por ello, dijo, esa línea de investigación es fundamental y no puede cerrarse.
Agregó que diversos testimonios indican que aun cuando muchas de las víctimas solicitaron el apoyo de los militares del 27 batallón, con sede en Iguala, los efectivos militares les contestaron que no podían brindar auxilio porque "no es nuestra jurisdicción".
La presentación del último informe de los expertos continuaba este mediodía.
Aun cuando se esperaba la presencia de funcionarios del gobierno federal, entre ellos el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, no asistieron al acto que se desarrollaba en el patio del Claustro de Sor Juana.
