El gobierno nos vio como amenaza y se opuso a que siguiéramos: GIEI

• Pretenden que responsabilidad del caso Iguala quede a escala municipal, señala al NYT
• “Pensaban que apoyaríamos la verdad histórica; continuar sería legitimar algo que no es correcto”

Pese al anuncio de que la labor del GIEI concluye este mes, familiares de los normalistas confían en que siga coadyuvando en las pesquisasFoto Víctor Camacho

De la Redacción

 

Periódico La Jornada
Domingo 24 de abril de 2016, p. 3

Debido a que han sido sometidos a una campaña sistemática de acoso, evasivas e intimidación, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) consideraron que no pueden dar una conclusión al caso de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

En una entrevista al diario estadunidense The New York Times, cuatro de los cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalaron que han sufrido ataques cuidadosamente orquestados por los medios de comunicación mexicanos, el rechazo del gobierno a entregar documentos o conceder entrevistas con figuras esenciales.

Claudia Paz y Paz, integrante del GIEI, que hoy presentará la última parte de su informe antes de concluir su encargo el próximo 30 de abril, afirmó que no existen las condiciones para realizar nuestro trabajo, y destacó que la prueba es que el gobierno se opuso a la extensión de nuestro mandato.

A unas horas de que se conozcan las conclusiones de sus investigaciones, Francisco Cox, integrante del grupo y abogado chileno experto en derechos humanos, aseguró que esto es algo que quizá nos perseguirá por mucho tiempo, pero no tiene sentido quedarse aquí porque, de cierta manera, es darle legitimidad a algo que no es correcto.

Carlos Beristáin, otro de los expertos, consideró que estaba claro en la investigación del gobierno y en la versión oficial que existe la intención de mantener este caso a nivel municipal, en términos de responsabilidad.

Sin embargo, agregó, se reveló la presencia de agentes estatales y federales en las escenas del crimen, y su participación implica responsabilidad.

Cox señaló que después de que en septiembre pasado dieron a conocer su informe, en el que se contradice la versión del gobierno de que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, quedó claro que la relación (con la administración federal) había cambiado. Apuntó que ellos (las autoridades) pensaban que íbamos a respaldar su versión de lo que había sucedido.

Los expertos indicaron a The New York Times que las respuestas a las solicitudes de información al gobierno tardaron meses, además de que se ignoraron sus sugerencias para agilizar la investigación y comenzó una campaña mediática de difamación.

Beristáin destacó que el mensaje era claro: “Hay sectores dentro del gobierno que no quieren ser interrogados y por tanto es un intento de reforzar la ‘verdad histórica’ sin tomar en cuenta los nuevos elementos que hemos ido descubriendo”.

Consideró que estos sectores dentro del gobierno nos ven como una amenaza y endurecieron sus medidas contra nosotros, lo que refuerza la impunidad que impide que las cosas cambien en este país.

Ángela Buitrago fue una de las integrantes del GIEI contra quien, destaca el diario estadunidense, se centraron los ataques mediáticos. Señaló que era inimaginable el propósito de todo eso, que era deslegitimar la investigación, desacreditarnos y distraernos.

Avances de sus pesquisas desataron campaña en contra suya; hoy presenta su informe final

José Antonio Román y Emir Olivares Alonso

Este domingo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentará su informe final sobre los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa, suscitados en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.

El grupo concluye con ello su labor de más de un año para coadyuvar en las investigaciones de este caso, pero se irá en medio de fuertes discrepancias con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Los padres de los normalistas han manifestado que el GIEI prácticamente ha sido echado del país por la administración federal, pues consideran que el mandato que le dio origen en la CIDH, la localización de los 43 estudiantes desaparecidos, no ha concluido.

Los actores gubernamentales han argumentado que desde un inicio se acordó que la presencia del GIEI en México tendría una temporalidad, la cual se amplió a un segundo periodo de seis meses, que termina este 30 de abril.

Los expertos han concluido que no hay evidencia científica para asegurar que los 43 normalistas desaparecidos hayan sido ejecutados e incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, principal tesis de la versión oficial de la Procuraduría General de la República (PGR), considerada como verdad histórica. Meses después, tras su propio peritaje, el Equipo Argentino de Antropología Forense ratificó las conclusiones del grupo de expertos.

Pese a que el GIEI fue insistente en entrevistar a los militares destacamentados en Iguala el día de los hechos, pues sus declaraciones son esenciales para el caso, el gobierno federal nunca atendió esa solicitud. Esto se convirtió en el inicio de una serie de desencuentros.

Frente a las conclusiones de los expertos, el gobierno federal se vio obligado a solicitar un nuevo peritaje en el tiradero de Cocula. Los resultados de esta nueva diligencia –no concluyentes–, realizada por el Grupo Colegiado de Expertos en Fuego y presentados el pasado primero de abril, señalan que sí hubo un incendio controlado de grandes dimensiones en ese lugar, donde al menos 17 seres humanos adultos fueron quemados, informe difundido unilateralmente por la PGR.

Este hecho marcó aún más las discrepancias entre el GIEI y los padres de los normalistas con el gobierno federal, mismas que desataron una campaña mediática principalmente contra los expertos, en la que la administración de Peña Nieto fue complaciente, aun con las exigencias de organismos internacionales en el sentido de que frenara esos ataques y se pronunciara al respecto.

Ante estas descalificaciones, la propia CIDH emitió un pronunciamiento el 29 de marzo, en el que rechazó de manera categórica la campaña de desprestigio contra el GIEI y defendió a su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, frente a la denuncia de presunto desvío de recursos del gobierno mexicano para las investigaciones de este caso.

El gobierno federal fue terminante: ya no se ampliará el mandato del GIEI, por lo que se está a la espera de su informe final. La expresión más reciente en ese sentido la hizo el presidente Peña Nieto durante su gira de trabajo por Dinamarca, la semana pasada.

En respuesta a la posición gubernamental, el 15 de abril la CIDH señaló que al no existir las condiciones en México para la permanencia del GIEI, esta instancia se retirará del país al concluir su mandato, y en su lugar se creará un mecanismo que dé seguimiento al cumplimiento de sus recomendaciones, aún por definirse.