jue, 14 abr 2016 18:17
Ciudad de México. Los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde septiembre de 2014, aseguraron que buscarán que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes “se queden de manera indefinida en México hasta que concluyan las investigaciones”, y exigieron al gobierno federal que deje de espiar sus teléfonos y se concentre en la búsqueda de los estudiantes.
En conferencia de prensa al término de un encuentro con la procuradora general de la República, Arely Gómez González, y el subprocurador de Derechos Humanos, Eber Omar Betanzos Torres, los padres de familia aseguraron que el gobierno federal no logrará dividir a los familiares y sus representantes y demandaron que se detengan las campañas de difamación y desprestigio porque no funcionará su intención de separarlos.
Encabezados por el abogado Vidulfo Rosales alrededor de 35 padres de los 43 estudiantes desaparecidos, participaron en el encuentro con los funcionarios de la PGR y al respecto Felipe de la Cruz señaló que este encuentro fue “duro”, ya que se reclamó a los servidores públicos el que hubieran revelado los resultados del tercer peritaje practicado en el basurero de Cocula sin que antes informaran a los familiares de las víctimas.
“Es aberrante que el gobierno insista en ubicar el caso en el basurero de Cocula “. La investigación debe seguir abierta aunque los expertos internacionales no se queden”, señaló Felipe de la Cruz.
En ese contexto señalaron que durante el encuentro la PGR y los padres de familia llegaron a tres acuerdos: primero que la investigación se mantenga abierta y que continúe la búsqueda de los estudiantes; segundo tener un encuentro personal en el que los seis expertos en materia de fuego que participaron en el tercer peritaje en el basurero de Cocula les expliquen personalmente los procedimientos que siguieron hasta llegar a su conclusión de que en ese lugar hubo un incendio controlado.
Tercero, la PGR se comprometió a no revictimizar a los familiares y padres de los estudiantes desaparecidos y a que sean los primeros en ser informados de avances o nuevos datos en la investigación.
Los padres de familia confiaron en que “ojalá que la procuradora no los eche al cajón del olvido”, ya que, indicaron que tanto la procuradora como el subprocurador Eber Betánzos reconocieron que fue un error no haberles informado antes los resultados del tercer peritaje y por ello les ofrecieron una disculpa.
En tanto, Mario César González, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, denunció que hoy se enteran que sus teléfonos tienen un año y cinco meses intervenidos, “porqué no se usó esa técnica con los responsables” de la desaparición de los normalistas.
“Si pensaron que su criminalización nos iba a separar, no es así resultó lo contrario, estamos más unidos que nunca. Lo único que quiere el gobierno es que su verdad histórica sea lo que prevalezca”.
Vidulfo Rosales aseguró que en tanto el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos confirma que en lo sucedido en Iguala en septiembre de 2014 no fue una cuestión en la que participaran solo autoridades municipales sino diversas instancias de gobierno, y dijo que en ese contexto el ombudsman nacional les informó desde ayer el resultado de sus investigaciones por lo que ya sabían que se iba a difundir que policías federales y municipales de Huitzuco habrían estado implicados en la desaparición de los normalistas.
Vidulfo Rosales agregó en este momento no hay una verdad y que lo único real es que hay “una macrocriminalidad que debe ser investigada ya que esto es la colusión que existe entre el crimen organizado con autoridades”.
En ese contexto el abogado indicó que algunos policías del municipio de Huitzuco ya declararon ante el Ministerio Público Federal pero que supuestamente no aportaron grandes datos a la indagatoria y concluyó señalando que en el caso Iguala no hay una verdad establecida.
