Responsabilizan al funcionario de obstruir la justicia
José Antonio Román
Periódico La Jornada
Viernes 29 de abril de 2016, p. 5
Viernes 29 de abril de 2016, p. 5
Los padres y madres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos exigieron al presidente Enrique Peña Nieto y a la procuradora Arely Gómez que Tomás Zerón sea separado de su cargo como director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a fin de que sea investigado por la presunta comisión de delitos relacionados con la obstrucción de la justicia.
También pidieron que el gobierno federal acepte el mecanismo de seguimiento planteado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues hasta ahora las autoridades gubernamentales han sido omisas en el tema, dijeron.
‘‘Denunciamos que a más de una semana de que dicho mecanismo se notificó y estando por concluir el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes –el próximo 30 de abril–, no hemos sido contactados por el gobierno federal para acordar esta opción’’, dicen los familiares de los jóvenes.
En un posicionamiento sobre las recientes declaraciones de Tomás Zerón, dijeron que con esta versión el titular de la AIC ha evidenciado la ‘‘ilegalidad’’ en la que ha incurrido. ‘‘Es falso que la ley le brinde facultades para excarcelar detenidos y trasladarlos a su libre arbitrio. También es mentira que el marco jurídico le permita ordenar acciones que son propias de diligencias formales que deben ser conducidas y ordenadas por el Ministerio Público’’, señalaron.
Advirtieron que la ‘‘salida obligada’’ del grupo de expertos fortalece la desconfianza en las instituciones del gobierno federal, pues los más recientes hallazgos dados a conocer por esa instancia dan cuenta de que incluso frente a una investigación supervisada internacionalmente han existido omisiones y actuaciones tendenciosas hacia la impunidad y contrarias a la verdad.
De igual forma, los familiares solicitaron que la unidad encargada del caso incorpore a la averiguación previa todos los videos y material probatorio que de forma ilegal fue recabada, y que entregue a los padres y madres de familia y a la opinión pública todos esos elementos que se desconocen.
‘‘Es indispensable continuar con la estrecha supervisión internacional sobre nuestro caso hasta que accedamos a la justicia y a la verdad’’, concluyeron los familiares.
