jue, 28 abr 2016 18:31
Ciudad de México. Los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa exigieron al presidente Enrique Peña Nieto y a la procuradora General de la República, Arely Gómez, que Tomás Zerón de Lucio sea separado de su puesto al frente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para que sea investigado por la presunta comisión de delitos relacionados con la obstrucción de la justicia.
Además, exigieron que el gobierno federal acepte el mecanismo de seguimiento que ha planteado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sobre el cual hasta ahora ha asumido una actitud de silencio.
En un posicionamiento respecto a las declaraciones que dio el funcionario de la PGR el día de ayer, señalando que su actuación del 28 de octubre a las orillas del río San Juan fue legal y transparente, los familiares señalaron que con su versión, el titular de la AIC “ha evidenciado la ilegalidad en la que ha incurrido”.
“Es falso que la ley le brinde facultades para ex carcelar detenidos y trasladarlos a su libre arbitrio. Es falso que el marco jurídico le permita ordenar acciones que son propias de diligencias formales que deben ser conducidas y ordenadas por el Ministerio Público”, señalaron.
Además, advirtieron que las “ilegalidades confesadas” por el director en jefe de la AIC confirman que el expediente de averiguación previa iniciado tras la desaparición de los estudiantes no refleja la investigación real, misma que como lo documenta el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó múltiples irregularidades y tuvo siempre un sesgo confirmatorio tendente a sostener a costa de la legalidad y los derechos humanos la llamada “verdad histórica” que todavía defiende el gobierno federal.
En este mismo sentido, afirman que la salida del GIEI por disposición del Estado mexicano fortalece la desconfianza en las instituciones del gobierno federal, pues los últimos hallazgos dados a conocer por el GIEI dan cuenta que incluso frente a una investigación supervisada internacionalmente han existido omisiones y actuaciones tendenciosas hacia la impunidad y contrarias a la verdad.
Por ello, es indispensable continuar con el estrecho monitoreo internacional sobre nuestro caso hasta que accedamos a la justicia y a la verdad.
Los familiares presentan tres exigencias:
1. Que el señor Tomás Zerón sea separado de su cargo a efectos de permitir una investigación sobre la obstrucción a la justicia en esta investigación como lo recomendó el GIEI desde su primer informe;
2. Que la AIC incorpore a la averiguación previa todos los videos y material probatorio que de forma ilegal recabó, y que entregue a los familiares y a la opinión pública esos elementos que desconocemos;
3. Vistas y documentadas las persistentes irregularidades en la investigación, exigimos al presidente Enrique Peña Nieto que el gobierno federal acepte el mecanismo especial de supervisión que ha planteado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sobre el cual el gobierno ha sido omiso en responder. Denunciamos que más de una semana de que dicho mecanismo se notificara y estando por concluir el mandato del GIEI, no hemos sido contactados por el Gobierno Federal para acordar este mecanismo.
