El obispo de Saltillo, Raúl Vera, encabezó una misa en San Salvador Atenco, a cuatro años de la represión en esa comunidadFoto Jesús Villaseca
Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Martes 4 de mayo de 2010, p. 8
El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga, informó ayer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al gobierno federal “un informe sobre los casos de las mujeres detenidas en San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006, quienes fueron violadas y torturadas por policías”.
La CIDH presentó la petición el 10 de diciembre pasado, “y dio un plazo de dos meses para su cumplimiento, que venció el 26 de febrero de este año, pero como el gobierno federal no pudo responder oportunamente pidió una prórroga, que le fue concedida por un mes más, aunque también ya venció y el Estado no entregó el informe solicitado. Con ello demuestra el desdén por los derechos humanos y su incumplimiento a los tratados y acuerdos internacionales”.
Arriaga sostuvo que han pasado cuatro años desde que ocurrió la represión policiaca en Texcoco y San Salvador Atenco, donde al menos 26 mujeres fueron violadas, torturadas, detenidas arbitraria e ilegalmente, y el Estado mexicano “se ha mostrado ineficiente para procesar y sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos”.
En conferencia de prensa, y acompañado por el director de Amnistía Internacional (AI) en México, Alberto Herrera; Claudia Hernández, una de las 26 mujeres violadas que exigen justicia y castigo para los responsables, y Jaqueline Sáenz, del área jurídica del Centro Prodh, Arriaga dijo: “Hemos demandado ante la CIDH que declare que el Estado mexicano es responsable de las graves violaciones de derechos humanos: privación ilegal de la libertad, tortura, falta de acceso a la justicia y discriminación, entre otras”.
Recordó que la incursión de las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales “dejó un saldo de graves abusos en contra de la población civil. Los policías emplearon excesiva y brutalmente la fuerza pública mediante actos diversos, como tortura sexual en agravio de las mujeres que oportunamente denunciaron”.
Claudia Hernández señaló que “en Atenco fuimos detenidas 240 personas y hubo dos asesinatos: los casos de Javier Cortés y Alexis Benhumea, sin que se hayan esclarecido y no hay sanciones para los responsables; 26 mujeres fuimos violadas y aún hay 12 presos políticos con sentencias aberrantes hasta de 112 años. Cuando nos detuvieron, en los camiones en los que nos trasladaban de Atenco a los penales, cerca de Toluca, nos violaron. Al llegar al Ministerio Público nos obligaron a firmar papeles en blanco y nos dijeron que nos acusaban de secuestro, de ataques a las vías de comunicación, entre otras cosas.
“Los responsables de esos operativos policiacos son: Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México; el ex secretario de Seguridad Pública Eduardo Medina Mora y Wilfrido Robledo”, concluyó.
Por su parte, Jaqueline Sáenz dio a conocer que el 17 de marzo de este año la embajada de México en Francia, a petición de funcionarios del gobierno de ese país, entregó un informe sobre los hechos en Atenco, en el que dice que “el 3 de mayo de 2006 varios floricultores fueron desalojados por la policía porque se instalaron sin permiso. Un grupo de pobladores de San Salvador Atenco, conocidos como los macheteros, bloqueron la carretera; la policía los desalojó y en el enfrentamiento resultaron varios policías secuestrados”.
Ésas y otras “calumnias tiene el informe” dijo la encargada del área jurídica del Prodh.
