El presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Baruch Delgado Carvajal, aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisa la determinación emitida por los jueces de la entidad y en su caso corregirá las sentencias.
Baruch Delgado Carvajal. Foto: ArchivoToluca. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Baruch Delgado Carvajal, aseguró que si bien para la justicia estatal el caso Atenco ya está concluido éste aún no se encuentra cerrado ya que en este momento se encuentra ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revisa la determinación emitida por los jueces de la entidad.
“En principio es un tema que ya ha pasado por los jueces y las salas del Tribual del Estado de México, ya emitieron una resolución, ahorita está en manos de la Suprema Corte de justicia de la Nación el análisis y los aspectos procesales del fallo que se emitió”.
El magistrado mexiquense destacó que la resolución que se dictó en torno a este tema es definitiva para la justicia local, pero todavía los mexicanos tienen una garantía adicional que es el juicio de amparo directo, que es un mecanismo procesal para que se haga una revisión de la legalidad y constitucionalidad de los actos jurisdiccionales que emiten los poderes judiciales de las entidades federativas.
“Vivimos en un sistema de doble jurisdicción en el país y la jurisdicción local ya concluyó el análisis de estos temas con la sentencia que dictan los jueces y con la resolución del recurso de apelación que emiten las salas cuando conocen de la segunda instancia”.
Delgado Carvajal precisó que varios jueces fueron los que tuvieron conocimiento de este caso, ya que se inició en Almoloya de Juárez donde se emitieron algunas resoluciones y terminó en el juzgado primero penal de Texcoco.
De esta forma, será la SCJN quien revise si a los acusados se les dio una garantía de audiencia, si se cumplió con el debido proceso penal, si la pena que establece la ley es aplicable para los hechos que les atribuyen o si se les hizo una correcta individualización de la pena.
Por lo anterior, refirió que en caso de estimar que hubo una violación procesal se tendrían que reponer algunas de las actuaciones que la corte considere necesarias.
“Una de las obligaciones es acatar y cumplir con las determinaciones que emanen del poder judicial federal, desde luego que tendremos que cumplir de manera puntual dichas determinaciones”.
Sostuvo que normalmente el proceso de revisión dura de dos a tres meses, pero cuando se va a la Corte, como en este caso, que ha despertado interés social, puede tardar en función del cúmulo de trabajo de los magistrados.
