Gloria Leticia Díaz
MEXICO, D.F., 3 de mayo (apro).- El gobierno de Felipe Calderón no ha dado respuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pidió información sobre los abusos sexuales contra mujeres cometidos por policías federales y del estado de México en San Salvador Atenco en 2006, afirmó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh).
En el cuarto aniversario de los hechos ocurridos en Texcoco y Atenco, el Prodh dijo que, pese a que 11 de las 47 mujeres abusadas no han cejado en su búsqueda de justicia, “el Estado mexicano se ha mostrado ineficiente para procesar y sancionar a los responsables”.
Ante la falta de condiciones para esclarecer los hechos, el Prodh y esas 11 mujeres solicitaron, en abril de 2008, la intervención de la CIDH, “con la finalidad de que ese órgano declare que el Estado mexicano es responsable de las graves violaciones a los derechos humanos, consistentes en la privación ilegal de la libertad, tortura y falta de acceso a la justicia, entre otras”.
De acuerdo con documentos enviados por la CIDH a la organización no gubernamental, el secretario Ejecutivo del organismo, Santiago Cantón informó, el 10 de diciembre, que se le había dado al gobierno mexicano dos meses para que “presente sus observaciones” sobre el caso de las mujeres agredidas en Atenco; es decir, el plazo vencía el pasado 10 de febrero.
El 26 de febrero, en una nueva comunicación de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH al Prodh, se informó que el organismo concedió “una prórroga solicitada por el gobierno (de México) para responder a las partes pertinentes de la petición”.
A más de dos meses de emitido la anterior notificación, el gobierno de Calderón “ha sido omiso en presentar su informe respecto de los hechos y las violaciones alegadas en la petición”, lo que para el Prodh es una muestra del “desdén por los derechos humanos y la falta de cumplimiento de sus obligaciones internacionales”.
La abogada del Prodh, Jacqueline Sáenz Andujo, puntualizó que se tomó la decisión de acudir a la justicia internacional, toda vez que “la tendencia de las autoridades federales y estatales es mantener la impunidad en el caso”.
Además, señaló, a nivel internacional el gobierno de Calderón pretende desvirtuar los hechos.
La abogada dio copia de un escrito firmado por el embajador de México en Francia, Carlos de Icaza, en el que da “información” sobre el caso Atenco a un miembro del Senado interesado en conocer, sobre todo, las investigaciones en torno a las violaciones a derechos humanos cometidos contra mujeres.
En ocho cuartillas, sin sello de la representación diplomática mexicana en Francia, el documento descalifica a los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) llamándolos “macheteros”.
Entre los datos “equivocados”, que dice Sáenz Andujo que se incluyeron en el informe, están el que indica que en relación con las cuatro extranjeras detenidas en el operativo, el Instituto Nacional de Migración (INM) “intervino a favor de ellas”.
“Eso es mentira –dijo Sáenz Andujo--. A las extranjeras se les expulsó sin mediar procedimiento jurídico”.
Otro “dato falso”: se asegura que el 17 de febrero de 2010 “fue sentenciada Patricia Romero Hernández, la única mujer que quedaba sujeta a proceso y quien fue sentenciada a 31 años, 10 meses y 15 días de prisión por el delito de secuestro”.
“Patricia fue procesada por ultrajes contra los mandos policiales, pagó una multa y quedó libre en agosto de 2008”, informó la abogada.
Una “imprecisión” más: el gobierno mexicano reconoce a siete y no 11 las mujeres agredidas en Atenco que han decidido llegar hasta la justicia internacional, y se señala que el 10 de marzo hubo una reunión en el palacio de Gobierno del estado de México para “dar una respuesta a la CIDH”.
Sáenz Adujo explicó que las pruebas más clara de ello es que, en julio de 2009, la Fiscalía Especializada en Delitos Violentos contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) declinó su competencia a favor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).
“Hasta ahora no habido ninguna diligencia en la PGJEM aun cuando, desde octubre de 2009, los abogados del Centro Prodh que llevamos el caso presentamos un oficio ante la dependencia federal informando que nosotros llevamos la defensa jurídica de las 11 mujeres”, explicó Sáenz.
