jueves, septiembre 11, 2008

Plantean señalamientos de la ONU sobre derechos de los presos

Respecto de la situación de Héctor Galindo Gochicoa (atenquense), preso político y de conciencia recluido en el penal de alta seguridad del Altiplano, consideramos necesario recordar las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos aprobadas por el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas en sus resoluciones 663. C-(XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977.

Disciplina y sanciones:
27. El orden y la disciplina se mantendrán con firmeza, pero sin imponer más restricciones de las necesarias para mantener la seguridad y la buena organización de la vida en común.
30.2. Ningún recluso será sancionado sin haber sido informado de la infracción que se le atribuye y sin que se le haya permitido previamente presentar su defensa. La autoridad correspondiente procederá a un examen correspondiente del caso.
31. Las penas corporales, encierro en celda oscura, así como toda sanción cruel, inhumana o degradante quedarán completamente prohibidas como sanciones disciplinas.
36.1. Todo recluso tiene derecho a peticiones y quejas al director del penal.
37. Los reclusos estarán autorizados para comunicarse periódicamente con su familia, bajo la debida vigilancia, por correspondencia o visitas.
39. Los reclusos deben ser informados periódicamente de acontecimientos, por la lectura de diarios.
Derechos Humanos STUNAM: Francisco Castro Meléndez, Alicia Andrade Rodríguez, Máxima Castro, Guadalupe León P., Oralia Fragoso, Julieta Ramírez, Carmen Sosa García, Catalina Alvarado e Isaac Zaragoza García

Jornadas de Resistencia, Madrid, España


Les invitamos a un espacio de encuentro para hablar, desde lo cercano, de la tortura y de cómo afrontarla.

Desde la experiencia que estamos viviendo en Atenco Somos Todas, unproceso de aprendizaje colectivo, vimos la necesidad de preguntarnos sobrelos objetivos de esta estrategia de represión, de analizar sus partes ydesmontarlas, y la importancia de responderlas en colectivo, de hablarnosde cómo nos afectó y nos sigue afectando.Y aprendimos el valor de estos pasos para luchar contra la impotencia, eldolor y otros sentimientos que nos remueven al estar piel con piel con latortura.

Por eso quisimos organizar estas jornadas contando con vuestraparticipación, para seguir preguntándonos:
¿qué peligro supone para los poderosos que la población de abajo nosorganicemos?
¿qué objetivos persiguen con la tortura?
¿por qué las órdenes siempre van dirigidas a destruir cualquier experienciaorganizativa o acción que represente un ataque para el poder?
¿Qué podemos hacer para donde el poder impone el dolor y la rabia de latortura, generemos mecanismos de resistencia colectiva que nos permitanseguir avanzando en nuestras luchas?

RESISTENCIAS ANTE LA REPRESIÓN POLÍTICA Y LA TORTURA SEXUAL

26-28 Septiembre en el P.S.O.MALAYA, Madrid

VIERNES 26. 18-21h El muro de goma: la impunidad jurídica internacional. Contextualizacion jurídica de la tortura en distintos Estados.- Asociación Libre de Abogados- Tortura en el Estado Español y en el Derecho Internacional.- Mariana Selvas- Adherente de la Otra Campaña de México y superviviente de Atenco.
SÁBADO 27.Mañana 11-14h Oir, ver y callar: patriarcas y democratas, torturadores de toda la vida.Violencia contra las mujeres en México y tortura sexual en el estadoespañol.- Mariana Selvas, adherente a la Otra Campaña y superviviente a la represión de Atenco.- Torturar en Aurkako Taldea- Coordinadora de Inmigrantes de Málaga- PreSOS Galiza.
Tarde 17h-20h Escuchamos, sentimos y no callamos: comprender para resistir.Objetivos y consecuencias políticas y psicosociales de la represión.- Pau Pérez, Grupo de Acción Comunitaria- Jorge del Cura, Centro de Documentación contra la Tortura.
DOMINGO 28. 11-14h. Ni víctimas ni heroínas: Taller de herramientas parala resistencia colectiva.

Para grupos de apoyo y supervivientes de tortura (apuntarse previamentecon Atenco Somos Todas)
Exposición gráfica del 22 al 28 de Septiembre en el P.S.O. MALAYA

Habrá teatros y videos (horario aún por confirmar)

Se habilitará espacio para peques.

Mujeres libres


La última de las mujeres detenidas en Atenco recuperó su libertad, 2 años y 3 meses después de aquella represión. Una represión en la que todo el peso de siglos de agresiones machistas a mujeres en todos los rincones del mundo cayó sobre nuestros corazones. Aquellas torturas nos marcaron a todas las que, de alguna manera, estábamos cerca de la lucha por la tierra en México. Mujeres que, desde distintos puntos del planeta alzaron al viento su grito de rabia, de justicia, ante una sociedad que día tras día, en las calles, en las luchas y en la intimidad de los hogares agrede hasta la muerte a sus mujeres. Aquellas torturas nos plantaron delante un espejo que reflejaba toda esta estructura de poder machista, dentro de la cual vivimos y respiramos como podemos, y actuamos para construir otra vida.

Con aquella represión, el gobierno mexicano pretendía obligarnos a todas a aceptar la sumisión a los roles femeninos que nos asignan, a quedarnos en casa, calladas, quietas, aisladas. Pero nosotras, aquí y ahora, podemos afirmar que no lo consiguieron. Que de la rabia que acompañaba la impotencia sacamos fuerzas para agarrarnos las manos y salir a la calle de nuevo, para gritar lo que nos hicieron, para denunciarlo. Nos organizamos aquí y allá, sacamos recursos de cualquier lado, potenciando la creatividad pudimos dar la vuelta a situaciones extremas, consiguiendo capacidad de buscar soluciones en un infierno; tejimos lazos muy fuertes, y aprendimos un nivel más profundo de apoyo mutuo. El apoyo que nació del replanteamiento personal de cada una sobre nuestras vidas, nuestros miedos, nuestras debilidades; de la indignación, del sentir que nadie merecemos eso, del querer dejar de normalizarlo, y sobretodo, de los momentos en que nos atrevimos a hablarlo y compartirlo entre nosotras. Manteniéndonos juntas nos hicimos más fuertes. Y hoy, mirando hacia atrás, podemos ver los pasitos que dimos, la reparación que vamos construyendo hacia nuestros corazones. Podemos ver que la constancia de nuestra dignidad en esta denuncia social y jurídica les resulta incómoda, que les sale caro mantener mujeres de Atenco presas. Que están viendo que la resistencia de las mujeres no se vence violando nuestros cuerpos. Que no es tan fácil callarnos. Aunque nos encierren tras rejas, aunque el machismo social nos siga atacando desde afuera y adentro de nosotras mismas, tenemos una fuente de valentía que no consiguen secar. El martirio de Atenco nos echó encima siglos de historia de violencia machista. Hoy, con la libertad de la ultima de las compas mujeres detenidas en Atenco, sembramos entre todas un granito más en la historia de lucha y resistencia de las mujeres del mundo. Hoy seguimos jodidas, pero resistentes. Porque si podemos, y vamos a seguirle. Porque Atenco vive.... y nosotras también...

La raíz de la criminalidad


CARLOS GONZÁLEZ GARCÍA

La unánime palabrería de las instituciones del Estado en torno a la inseguridad pública, la criminalidad y el combate oficial de tales lacras, vale poco, pudiéramos decir nada. Los frondosos discursos que en pro del estado de derecho pronuncian inflamados nuestros gobernantes, ya sea que se acomoden a la izquierda, al centro o la derecha, valen menos.

Resulta que la violación permanente y masiva de los derechos humanos por parte de quienes tendrían que cuidar de ellos es la marca de este azulado país. Específicamente, los cientos de presos y presas políticas que llenan injustamente las cárceles de este país son la demostración plena de lo dicho.
El 21 de agosto del año en curso Ignacio del Valle Medina, campesino originario del mexiquense municipio de San Salvador Atenco y luchador social integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) que tenazmente se ha opuesto a la oprobiosa construcción de un aeropuerto en las tierras pertenecientes a diversas comunidades indígenas de la región de Texcoco, fue sentenciado en la causa penal número 58/07 por el delito, falsamente sembrado en su contra, de secuestro equiparado en la modalidad de autoría intelectual, habiendo obtenido una condena de 45 años de cárcel que, sumada a su anterior condena de 67 años y cuatro meses, da un total de 112 años y cuatro meses que absurda e injustamente habrá de pasar en la cárcel, suponiendo que viva todos esos años, si la “razón” de Estado se impone en contra de quien tiene como único “delito” haberse opuesto a las destructivas políticas neoliberales que cotidianamente aplican nuestros gobernantes.

Frente a este crimen mayúsculo, cometido desde los más altos círculos del poder establecido, pues, en la determinación judicial estarían involucrados, por lo menos, el gobierno del estado de México, el Ejecutivo Federal y el Poder Judicial de la Federación; cualquier discurso oficial en contra de la delincuencia organizada y la inseguridad carece de proporción, tamaño y valor efectivo.

Frente al omnímodo y arbitrario ejercicio del poder con la oscura finalidad de violar los derechos fundamentales de Nacho del Valle y muchos cientos y miles más, cabe preguntarse dónde podrá estar la raíz de la criminal ola que desde hace años se bate sobre el inerme pueblo mexicano.

En la causa penal en que se condenó a Ignacio del Valle también fueron sentenciados a 31 años, 11 meses y 15 días de cárcel los luchadores sociales Oscar Hernández Pacheco, Alejandro Pilón Zacate, Julio Espinosa Ramírez, Pedro Reyes Flores, Juan Carlos Estrada Cruces, Jorge Ordóñez Romero, Adán Ordóñez Romero, Narciso Arellano Hernández, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera y Eduardo Morales Reyes.

Actualmente existen 13 presos políticos y decenas de perseguidas y perseguidos políticos por los hechos acontecidos los días 3 y 4 de mayo de 2006, fecha en que una descomunal columna de policías federales y del estado de México desató una feroz represión en contra de los pobladores de San Salvador Atenco y del FPDT con la doble intención de “castigar” la osadía de éstos al haber detenido lo que pretendía ser “el” proyecto del sexenio foxista –el aeropuerto internacional de Texcoco– y de frenar la Otra Campaña impulsada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus aliados, incluido el FPDT.

Frente a la interesada cerrazón de quienes llevan las riendas de este país, únicamente la acción solidaria y organizada de los de abajo logrará abrir las cárceles donde injustamente consumen su vida Nacho del Valle, sus compañeros y tantas y tantas personas más.

miércoles, septiembre 10, 2008

Señalan acción represiva contra preso atenquense


Nos referimos al preso político Héctor Galindo Gochicoa, recluido desde 2006 en el penal del Altiplano, a partir de los hechos de represión de Estado en San Salvador Atenco. Desde el pasado 25 de agosto le fue negada la visita semanal y toda forma de comunicación con sus familiares, quienes se quejaron ante la CNDH, misma que ocultó toda información. El 4 de septiembre, el coordinador de centros federales de la SSP comunicó de manera verbal que al recluso se le había puesto un castigo de 76 días, el cual consiste en un aislamiento total, a partir de un supuesto “altercado” con un custodio, quien lo quiso obligar a firmar de recibido una correspondencia que nunca se le entregó. El día de hoy el licenciado Blas Fortino Figueroa, director general de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la SSP federal, dio a conocer, nuevamente de manera verbal, que la sanción sería revisada por el Consejo Técnico Interdisciplinario del Cefereso No 1 Altiplano, siempre y cuando los familiares “hablaran” con Héctor para inducirlo a aceptar los “hechos” que motivaron la sanción (únicamente para esto se autorizaría a Héctor una llamada).

Reprobamos esta evidente arbitrariedad y la entendemos como parte de la política represiva que los gobiernos del estado de México y federal, encubiertos por la CNDH, tienen por consigna contra los presos políticos de Atenco. Exigimos la inmediata restitución de los derechos que como recluso tiene Héctor, e insistimos en la necesidad de promulgar una ley de amnistía general para todos los presos y desaparecidos políticos.
Frente Nacional Contra la Represión, http://www.fncr.blogspot.com/

lunes, septiembre 08, 2008

Atenco Duele


El crimen se busca en la lucha social de los de Atenco,

se vuelve mensaje permanente del odio contra el pueblo...

la derecha cree imponerse por la fuerza...

inoperante, estúpida, soberbia.


El país se muere de muerte provocada,

no tan natural como el terror que nos imponen,

con tanto sardo, reglamento y policías.

Se desmantelan los derechos sociales del común,

de los de abajo

y se cobija al dueño del dinero sin vergüenza...


Nos duelen los espurios,

los agentes del imperio,

en la educación, en la justicia...

en el petroleo.


Nos duele Atenco,

duele como la más criminal herida del poder sobre la patria.


Atenco duele,

como la indolencia de la bestia ante su presa...


Atenco duele,

como la impunidad que tritura la tierna justicia que soñamos...


Atenco duele...

domingo, septiembre 07, 2008

ACCION URGENTE / Incomunicación - Héctor Galindo Gochicoa

Enviar correos solicitando al gobierno mexicano:

Tomar de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de Héctor GALINDO GOCHICOA;
Llevar a cabo una investigación inmediata, completa, exhaustiva e imparcial en torno a las circunstancias de los hechos arriba denunciados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;
Garantizar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por México.
ACCION URGENTE
MEX/01sep08-GALINDO
Situación penitenciaria
MEXICO
México a 01 de septiembre de 2008
Lic. Felipe Calderón Hinojosa
Presidente de la República
Lic. Juan Camilo Muriño
Secretario de Gobernación
Lic. José Luis Soberanes Fernández
Presidente de la CNDH
Rodrigo Esparza Cristerna
Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social
Dr. Estuardo Mario Bermúdez Molina
Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
Sr. Eric Sottas
Director de la OMCT
Souhayr Belhassen
Presidente de la FIDH
Irene Khan
Secretariado Internacional Amnistía Internacional
Santiago A. Cantón
Secretario Ejecutivo de la CIDH
Navanethem Pillay
Alta Comisionada de la ONU
Hechos:

Según información recibida el día 28 de agosto de 2008, por parte de familiares de Héctor GALINDO GOCHICOA preso de conciencia recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO #1 “Altiplano”), informan que Héctor GALINDO GOCHICOA está castigado, en aislamiento total, sin derecho a su visita familiar, la cual debió haberse realizado el día 25 de agosto del presente y sin derecho a su llamada telefónica familiar, la cual se debió haber realizado el 29 de agosto, las autoridades del penal nunca avisan de un castigo y sus causas a los familiares hasta que estos se dan cuenta debido a que no se realiza la llamada correspondiente cada 8 días y/o se niega la visita al familiar. El día 02 de septiembre es la próxima fecha de visita y el día 06 de septiembre su próxima llamada.
Los familiares de Héctor GALINDO GOCHICOA informan que: “El lunes 25 de Agosto de 2008 […] acudimos al Penal Federal de Máxima Seguridad del “Altiplano”, ya que era el día preestablecido para poder visitarlo, sin embargo, una trabajadora social nos comunicó que dicho preso tenia suspendidas sus visitas y que en lo sucesivo no acudiéramos, que esperáramos hasta que él llamara e indicara que nuevamente podría recibir visitas.
Solicitamos a la trabajadora social, que nos indicara el motivo, a partir de cuándo se impuso esa prohibición, el tiempo que durará, a lo que hasta la fecha no se nos ha dado respuesta, pedimos hablar con alguna autoridad que nos dijera que estaba sucediendo y eso tampoco se nos permitió.”
Acudieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde el Lic. José Mario Severiano, visitador adjunto les informó que acudió a entrevistar a Héctor GALINDO GOCHICOA el día 28 de agosto con motivo de la queja presentada por la suspensión de visitas, posteriormente se comunicaron vía telefónica con dicho visitador para informar de la no realización de la llamada telefónica a que tiene derecho Héctor GALINDO GOCHICOA, dicho visitador contestó que: “[Héctor GALINDO GOCHICOA] no llamaría, le preguntamos el motivo y dijo que había tenido un altercado con personal de seguridad y custodia por lo que no tenia derecho a llamadas, ni a visitas, preguntamos por cuánto tiempo y se negó a proporcionar mayor información, aduciendo que al termino de su investigación nos lo harían saber, le replicamos que no queríamos saber la respuesta institucional, que solo nos dijera lo que Hector en su entrevista le había relatado, y nuevamente dijo, que no podía dar mayor información.”
Antecedentes:
Recordamos que el 3 de mayo de 2006, durante las primeras horas de la mañana, las autoridades estatales realizaron un desalojo violento de floristas del mercado Belisario Domínguez en Texcoco, Estado de México, incumpliendo un acuerdo previo, entre los floristas, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y el gobierno estatal, de permitirles instalarse, únicamente, los días 3, 10 y 15 de mayo, una vez desalojados, los afectados y miembros del FPDT se refugiaron en una casa.
En este contexto, aproximadamente las 17:00 hrs, miembros de la PFP, policía estatal y municipal, realizaron un allanamiento de morada, vulnerando el principio de inviolabilidad del domicilio, introduciéndose arbitrariamente a un domicilio particular de donde lo sustrajeron, por la fuerza, sin orden de cateo, ni de aprehensión y propinándole una golpiza.
Entre la detención y el ingreso de Héctor GALINDO GOCHICOA al Centro Preventivo y de Readaptación Social “Santiaguito”, en Almoloya de Juárez, Estado de México, trascurrieron entre 4 y 5 horas, durante el trayecto fue objeto de golpes, amenazas, tratos crueles y degradantes. El 18 de mayo de 2006, sin orden de autoridad judicial y sin ser procesado por delitos federales, Héctor GALINDO GOCHICOA fue trasladado e ingresado al Centro Federal de Readaptación Social No 1 “Altiplano” a pesar de su calidad de “procesado”, en forma textual el juez dijo. “de tal suerte que únicamente el suscrito fue informado de tal circunstancia ya que fueron realizados los traslados correspondientes, no habiendo sido tomado en consideración nuestra opinión, ignorando quien haya ordenado y/o solicitado tales traslados”.
En fecha 4 de mayo de 2007, se impone, mediante sentencia, la pena de 67 años y medio de prisión, la cual bajo el número de toca 387/2007, fue resuelta en fecha 6 de septiembre de 2007, confirmando la sentencia.
Así mismo recordamos que dos de sus compañeros del FPDT, Ignacio del Valle Medina y Felipe Álvarez Hernández también se encuentran en dicho penal, con sentencias de 112 y 67 años y medio de prisión respectivamente.
Acción solicitada:
Favor escribir a las autoridades mexicanas urgiéndolas a:
Tomar de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de Héctor GALINDO GOCHICOA;
Llevar a cabo una investigación inmediata, completa, exhaustiva e imparcial en torno a las circunstancias de los hechos arriba denunciados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;
Garantizar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por México.

Almoloya: ecos de Guantánamo


Flavio Sosa Villavicencio *

Almoloya es una cárcel guantanamera, los derechos humanos en ese inframundo son asunto secundario, el tiempo transcurre lento, gris...


Sabe a tierra de panteón el tiempo en Almoloya... Isla fría, gigantesca mole de concreto que se lleva cotidianamente sobre la cabeza, más los dolores, más los delitos prefabricados, más los jueces de consigna, más la persecución a la familia, más el olvido... Los gritos, sí los pinches gritos.

En dos ocasiones, mi madre viajó a ese lugar e intentó visitarme, pero ni siquiera con la intervención de la CNDH se le autorizó la visita y no pudo mirar ni conversar con ninguno de sus hijos, anticonstitucionalmente presos.

“De la que no sabemos nada es de la madre del gobierno...” dice un personaje rulfiano; cómo no evocar a Rulfo cuando el imperio del silencio es ruido y música, cuando el frío nos carcome y traga en las celdas y corredores, cuando el paisaje está poblado de muertos. Almoloya: La calavera.

Héctor Galindo e Ignacio del Valle, presos políticos, son objeto de la saña vengadora de una plutocracia que con sonrisas y millones derrochados en propaganda televisiva buscan la silla para continuar en la gerencia de los bisnes.

En Oaxaca en el año 2006, decimos, el magnetismo de la palabra justicia nos convocó; todos gritamos que se vaya, que se largue... Fuera. El grito de todas y todos se escuchó alrededor del mundo. Sin embargo la clase política y los poderes no escucharon. Violaron los derechos humanos, asesinaron, desaparecieron a personas, usaron “todo el poder del estado”, pisotearon la Constitución y las leyes, URO (Ulises Ruiz) acuñó una frase que quedará para la posteridad: “En Oaxaca no pasa nada”.

A dos años de 2006 seguimos exigiendo justicia. Más de 20 los muertos, más de 300 los presos políticos; ante los torturados, los desaparecidos y las exiliadas, la respuesta es el silencio, escandaloso, ofensivo silencio. “En Oaxaca no pasa nada”. Terrorismo de Estado, corrupción galopante, criminal impunidad. “En Oaxaca no pasa nada...”

Héctor Galindo, Ignacio del Valle, los presos políticos del Molino de las Flores, son víctimas de la injusticia, víctimas de una casta poderosa y rapaz. No son delincuentes, son luchadores sociales; se les exhibe como ejemplo de lo que puede suceder a cualquiera que se atreva a desafiar al Estado, sus megaproyectos, sus meganegocios, su modernización.

En Atenco y Oaxaca, ¿cuál justicia? Impunidad, criminal impunidad.

* Flavio Sosa, vocero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, fue detenido en diciembre de 2006 cuando negociaba con el gobierno federal. Estuvo preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano y después en la cárcel regional de San Juan Bautista, Cuicatlán, en Oaxaca. Fue liberado el 20 de abril de 2008.

sábado, septiembre 06, 2008

La Jornada: Carta abierta internacional por Atenco


En consecuencia de las infames sentencias anunciadas el pasado 21 de agosto contra activistas víctimas de las violentas jornadas del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, mujeres y hombres justos de México y el mundo repudiamos el encarcelamiento a inocentes y demandamos:

* Retiro inmediato de las sentencias de 67 años de prisión contra el activista Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, injustamente sancionadas en 2007.
* Retiro inmediato de la sentencia de 45 años de prisión a Ignacio del Valle injustamente emitida el 21 de agosto de 2008.

* Retiro inmediato de la sentencia de 31 años, 10 meses y 15 días de prisión a los activistas Juan Carlos Estrada Romero, Óscar Hernández Pacheco, Narciso Arellano Hernández, Alejandro Pilón Zacate, Jorge Alberto y Román Adán Ordóñez Romero, Pedro Reyes Flores, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera, Édgar Eduardo Morales Reyes y Julio César Espinoza Ramos, injustamente sancionadas el pasado 21 de agosto de 2008.

* Liberación inmediata a todos los presos políticos de Atenco.

* Justicia en los asesinatos de Alexis Benhumea y Francisco Javier Cortés.

¡Basta de impunidad en México!
Ver total de firmas en http://contraimpunidad.blogspot.com/
Colectivo Contraimpunidad; Natalia Castelgrande, Andrea Caraballo, Ana de León, Humberto Robles; Gruppe BASTA; Colectivo de Solidaridad y Acción, adherente a la Zezta Internacional, Münster, Alemania; Elena Poniatowska Amor; Mujeres sin Miedo: Ofelia Medina, Begoña Lecumberri, Carmen Huete, Francesca Guillén, Beatriz Zalce, Selma Beraud, Claudia Aguirre; Nuestras Hijas de Regreso a Casa; Comité Cerezo México; HIJOS México; Red Solidaria Década Contra la Impunidad; Unión Rebelde Zapatista; Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad; La Otra Chilanga, colectivo adherente de la otra campaña, México; Grupo Salud y Conciencia: Estela Zamora, Alma Rivera, Gregoria Santos, Beatriz Cervantes, Gabriela López y Alejandro Peláez; Ifigenia Martínez, Federico Campbell, David Huerta, Rita Guerrero, Gabriel Macotela, Gerardo Bocco, Ricardo Andrade Jardí, Cayo Vicente, Coral Aguirre, Pedro Echeverría V. , Marta Piña, Gilberto López y Rivas, Luisa Huertas, Alejandra Raluy Zierold, Sebastián Liera, Claudio Obregón, Felipe Galván y muchas otras firmas

Sentencias a atenquenses nos afectan a todos


Los de Abajo

Gloria Muñoz Ramírez losylasdeabajo@yahoo.com.mx.
Lograr la libertad de los presos políticos de Atenco es responsabilidad de todos. Si permanecen en prisión, sentenciados por defender la tierra con penas hasta de 112 años (como el caso de Ignacio del Valle), las consecuencias las pagaremos todos los que nos atrevamos a defender nuestros derechos. Las aberrantes sentencias no son sólo contra los 14 luchadores sociales, sino contra todo aquél que se movilice, luche, se manifieste y se defienda de los proyectos neoliberales que lo despojan de lo que le pertenece. Luchar por la libertad de los miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) es luchar por democracia, libertad y justicia; es luchar por un México mejor, por dignidad y por el derecho a vivir con la frente en alto.

Las marchas, plantones, cartas, protestas, conferencias e impugnaciones pacíficas contra los poderes políticos que confabularon en la sentencia no han dejado de expresarse. Por eso y sólo por eso se logró la libertad de cientos de hombres y mujeres detenidos por los sucesos ocurridos en Texcoco y San Salvador Atenco los pasados 3 y 4 de mayo de 2006. Pero falta. Ahora se requiere de mayores esfuerzos y, sobre todo, de mayor conciencia no sólo entre los activistas y personas comprometidas, sino entre otros sectores que con asombrosa indiferencia creen que las injustas penas no los tocan.

A dos semanas de emitidas las condenas la gente de abajo ha empezado a movilizarse. Hay actos y circulan cartas, convocatorias para unificar acciones y propuestas de acuerdos para la defensa colectiva. Esto apenas empieza. Si se tratara de un proceso jurídico la gente de Atenco ya estaría en su casa. Pero se trata de una venganza contra aquellos que se atrevieron a desafiar a los poderes políticos y empresariales. Es momento de demostrar, como se ha hecho en otras ocasiones, que con la organización y lucha social nacional e internacional “podemos alcanzar cualquier sueño, también el de sacar a los presos políticos de los penales de Atenco, de todo México y del mundo…”, porque, como afirma la CGT de España: Nada es definitivo.

(Próximas actividades para exigir la libertad de los presos políticos de Atenco: 8 de septiembre: jornada por la libertad con difusión de carteles. 10 de septiembre: reunión de la Red Nacional Contra la Represión y por la Solidaridad, en el local de Uníos, Dr Carmona y Valle 32, colonia Doctores. 15 de septiembre: Un grito por la libertad, en la explanada de San Salvador Atenco. 23 de septiembre: Marcha del Ángel a Los Pinos. Para firmar una carta: contraimpunida@gmail.com. Más información en atencofpdt.blogspot.com, ezln.org.mx, mujeressinmiedo.blogspot.com/)

viernes, septiembre 05, 2008

Activistas y diputados exigen la renuncia de Soberanes


■ Deplorable, su defensa de los derechos de la mujeres, sostienen
■ La controversia contra la ley del aborto, suficiente para que se vaya

R. Garduño y E. Olivares
Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un revés el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, al declarar constitucional la ley que despenaliza la interrupción del embarazo antes de la semana 12 de gestación, diputados y organizaciones civiles exigieron la renuncia del ombudsman debido a su intervención para que se rechazara esa norma, así como por “su deplorable” labor en la defensa de los derechos de las mujeres.

El coordinador de los diputados del PRD, Javier González Garza, expuso que la intervención de Soberanes al interponer una controversia constitucional contra la ley que despenaliza el aborto en el Distrito Federal es motivo suficiente para que el ombudsman renuncie al cargo.

Acerca de la crítica de Ruth Zavaleta contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, por su supuesta falta de compromiso con la izquierda mexicana, el legislador señaló que “el gobierno de Ebrard emitió leyes para que la mujer decidiera sobre su cuerpo y su embarazo. Pero se lanza un asunto legal con Soberanes al frente, ¡soberana chinga que nos va a poner!, pero pierde, y tan tranquilo. Nada más por ese hecho debería renunciar”.

Asimismo, González Garza defendió al mandatario capitalino: “está en un gobierno de izquierda; que no le guste el estilo a Ruth, está bien. Me parece que Marcelo está en contra de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.

En tanto, ayer al mediodía integrantes de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos entregaron un documento en la oficialía de partes de la CNDH, en el que exigen la dimisión de Soberanes, porque “carece de valentía, calidad moral e información” para defender los derechos de las mujeres, por lo que “si tiene dignidad, debería renunciar”.

Entre las razones que esgrimieron para fundamentar la demanda destacan que la acción de inconstitucionalidad que tramitó ante la SCJN contra la ley referida “fue una afrenta contra las mujeres”, así como su “deplorable” papel y “nulo interés” en casos como los feminicidios en el país y la resolución que dio al caso de la indígena Ernestina Ascención, al concluir que murió por problemas digestivos y no por violación de elementos del Ejército, como se denunció en Zongolica, Veracruz, donde ocurrieron los hechos.

En el documento, que funcionarios de la CNDH se comprometieron a responder, las activistas señalaron que con estas acciones José Luis Soberanes Fernández demuestra “su desprecio por la vida y los derechos de las mujeres, así como su misoginia y ginopia. Las mexicanas consideramos que usted carece de calidad moral para presidir la CNDH. La mitad de la humanidad no es relevante para usted. Es por eso que como un gesto de desagravio a las consideraciones que tiene sobre las mujeres, exigimos renuncie a su cargo”.

Atenco en la UNAM


Por Melchor López

Hizo eco el poder de la palabra, del amor y de la convicción por lajusticia social y por la libertad. Sonó el corazón y el sentimiento. Se escuchó la consigna, “presos políticos libertad”. La voz de líderes de organizaciones populares, de madres y esposas de luchadores populares encarcelados prendió las venas del Ho Chi Minh, nombre del auditorio de la facultad de economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
A esta cita política con la historia contemporánea convocó el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, junto con estudiantes y profesores de la UNAM, como respuesta a la reciente sentencia de 45 años de cárcel (que se suma a la de 67.5 años dictada anteriormente) dada a Ignacio del Valle y de 31 años y medio para 10 presos políticos de San Salvador Atenco que están en el penal del Molino de Flores en Texcoco.

Ho Chi Minh significa "El que ilumina". Así se vio América, hija de Ignacio del Valle. Esa era la imagen de América, destellante, segura para arrojar las frases en un video transmitido durante el evento: “Las sentencias no serán suficientes para doblegarnos”. Sentimiento en mano y una voz que se escucha desde la clandestinidad esta luchadora social afirmó que en su “lucha los mueve el amor, no la misión. Defender la tierra y la cultura no es un delito”.

En su oportunidad Luis Javier Garrido, articulista del diario La Jornada planteó “¿Cómo puede entenderse la realidad de una nación democrática cuando los líderes populares del FPDT son encarcelados?” Enfatizó que un país vive una situación crítica cuando el pueblo acepta este tipo de acciones por parte del gobierno. “El poder político ha mantenido fragmentado al poder popular”. Por ello este foro es un “acto de resistencia. Es una convocatoria a estar unidos para terminar con la impunidad”.

Para Ángel Benhumea, profesor universitario y padre de Alexis, estudiantede la facultad de economía de la UNAM, muerto a consecuencia de la explosión de una bomba de gas lacrimógeno en los hechos de Atenco en 2006,“vivimos ante un Estado terrorista que castiga a todo aquel que lucha”. Pero, preguntó: “¿Qué vamos a hacer? Ya no podemos tener más dispersión en la movilizaciones”.
“Libertad a Héctor Galindo, abogado universitario condenado a 67.5 años depresión. Asesor jurídico del Consejo General de Huelga y de Atenco. Seguimos en pie de lucha a dos años de la brutal represión”, se leía en uno de los carteles que enmarcaban el foro.

“El clima que se ha impuesto es de histeria y de miedo con este gobierno”, afirmó José Enrique González Ruiz, profesor de la UNAM. Es una táctica política que tiene el gobierno impuesto para intentar legitimarse, de la misma manera en que lo hizo Bush con la guerra de Irak, dijo elcatedrático. En otras palabras, lo que se busca es “criminalizar la lucha social”, para ello se necesita “utilizar al ejército en actividades policíacas; convertir en policías federales a soldados, entrenados para aniquilar”. El gobierno lo que pretende es “inhibir la protesta popular”. Por eso es fundamental “condenar a miembros del FPDT”, concluyó.

Carlos Fazio, pensador político explicó: “Las sanciones penales al FPDT son venganza, escarmiento y desnudan el régimen fascistoide. Dejan unalectura jurídica para las luchas populares, dejan jurisprudencia para que otros jueces las puedan considerar como normas”.
El periodista Julio Hernández López, el Astillero, subrayó que “movimientos sociales como los de Atenco o de Oaxaca son disidentes yoposición al Estado del terror”. Y que estas luchas populares “nos danrazón para esperar que hay tiempos mejores”.

Atenquenses exigen frente a la sede de la SCJN excarcelación de Ignacio del Valle

■ Sólo ha luchado en busca de que la población tenga tierra y pueda vivir en paz, afirman

Alfredo Méndez

Protesta ante la sede de la SCJN Foto: Jesús Villaseca

Pobladores de San Salvador Atenco se manifestaron ayer frente a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para protestar por la pena de 40 años de prisión que impuso un juez penal del fuero común al líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle.

Trinidad Ramírez, esposa del dirigente, tomó la palabra para exigir la libertad de su marido, al afirmar que él sólo ha luchado en busca de que la población tenga tierra y pueda vivir en paz.
Además de los pobladores de San Salvador Atenco, participaron en la manifestación miembros del Movimiento Proletario Independiente, académicos de la Universidad de Chapingo y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Alrededor del edificio de la SCJN se cerró la vialidad y se colocó un dispositivo de seguridad con policías federal. La protesta ocurrió mientras los ministros debatieron en el salón de plenos una acción de inconstitucionalidad que reclama la creación de un nuevo municipio en de Jalisco.
A decir de los manifestantes –que gritaron consignas a los ministros que forman parte del Poder Judicial de la Federación (PJF)–, es injusta la sentencia de 40 años de prisión dictada contra Ignacio del Valle. Sin embargo, el juzgador que lo sentenció no forma parte del PJF, ya que es un juez local del estado de México.

Las sentencias

Luis Javier Garrido

El país vive uno de los peores momentos de su historia por las políticas antinacionales y antipopulares del gobierno entreguista de Felipe Calderón.

1. La sentencia de 45 años en contra de Ignacio del Valle, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de San Salvador Atenco –detenido desde hace dos años en el penal de alta seguridad del Altiplano–, pronunciada por el juez penal primero de Texcoco, Alberto Cervantes, el 21 de agosto, que se suma a la sentencia previa de 67 años y seis meses dictada por el mismo juez (lo que le acumula un total de 112 años de prisión), así como la sentencia de 31 años y 10 meses a otros 11 dirigentes del FPDT, todas ellas por los hechos del 4 y 5 de mayo de 2006 en Atenco, constituyen una aberración jurídica que avegüenza lo mismo al Poder Judicial federal que al pueblo de México.
2. ¿A quién puede extrañarle tras esta decisión que los policías culpables de innumerables delitos, incluyendo el de violación, durante su actuación en los operativos de esos días, permanezcan impunes? ¿O que algunos de los luchadores sociales detenidos, como el joven Héctor Galindo, permanezcan incomunicados en celdas de confinamiento, con la complicidad de los visitadores de la CNDH?
3. El “modelo político” neoliberal le ha asignado al Poder Judicial el papel de legitimar las decisiones políticas por muy aberrantes que éstas sean, y esto ha determinado que en el México de “la alternancia” no existan tribunales autónomos y que durante los años del panismo oscuros ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o magistrados y jueces “de consigna” estén ya convalidando decisiones de un poder político que actúa como mandatario de intereses privados, incluso extranjeros, y el caso de Atenco resulta por ello significativo.
4. Las sentencias en contra de los dirigentes del frente parecen ser no sólo una advertencia a los luchadores sociales que se oponen en los países sometidos por los mecanismos de “la globalización” –como es el caso de México– a los grandes intereses trasnacionales, sino que buscan sentar al mismo tiempo un precedente metajurídico para el futuro inmediato, de ahí su carácter monstruoso, pues rebasan cualquier fallo judicial en contra de opositores políticos del periodo del porfiriato o de los peores años del priísmo, como el sexenio diazordacista.
5. La aberración es absoluta asimismo si se considera la naturaleza de las acusaciones en contra de dirigentes campesinos que no cometieron delito alguno y a quienes se les responsabiliza por secuestro y ataques a las vías generales de comunicación. El instrumento utilizado desde los años 40 hasta el diazordacismo fue el delito de disolución social establecido en el artículo 145 del Código Penal, que fue suprimido como consecuencia de un debate abierto por el movimiento estudiantil y popular de 1968 (único punto, por cierto, del pliego petitorio de entonces que aceptó Díaz Ordaz), pero ahora se recurre a cualquier tipo de acusación, incluso de delitos del orden común, insostenible desde la lógica jurídica.
6. La paradoja resulta en consecuencia muy clara: un gobierno ilegítimo, cuyos principales integrantes son verdaderos presuntos delincuentes de Estado, empezando por Felipe Calderón, a quien se ha señalado en los últimos meses no sólo por peculado y tráfico de influencias como por innumerables delitos electorales, que le permitieron usurpar el cargo, y ahora nada menos que por haber cometido el delito de traición a la patria al pretender entregar a compañías extranjeras la industria petrolera nacional –que es de carácter estratégico para el país–, y sobre cuyo jefe de gabinete, el ciudadano español Juan Camilo Mouriño, se han presentado innumerables pruebas de presunta delincuencia organizada, se atreve a acusar de incontables delitos a algunos de los más dignos luchadores sociales de México.
7. Las sentencias no son únicamente “absurdas y abusivas”, como las calificó en agosto la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, al evidenciar la desastrosa situación que hay en México en la materia, agravada por el hecho de no existir un Poder Judicial autónomo. Muestran sobre todo la impunidad del poder político, que quiere vengarse de luchadores sociales que al defender sus tierras frenaron el proyecto trasnacional multimillonario de construcción de un aeropuerto internacional, y que pretende por este acto despótico amedrentar al pueblo ciudadano.
8. Estos fallos judiciales muestran la colusión PAN-PRI en las grandes decisiones de Estado y su objetivo de imponerle al país un modelo económico –y político– transexenal, y por lo mismo son corresponsabilidad, como lo fueron los operativos del 4 y 5 de mayo de 2006, de Calderón y del gobernador priísta mexiquense Enrique Peña Nieto, y no van dirigidos por lo mismo nada más contra una organización social –el FPDT– o contra todo el movimiento social organizado, sino que constituyen una sentencia contra el pueblo de México.
9. Echarlas abajo y lograr la inmediata e incondicional libertad de Ignacio del Valle y de sus compañeros del frente es, por lo mismo, una responsabilidad de todos, más allá de ideologías y de capillas, si no se quiere que las estructuras fascistoides del actual poder político asfixien en poco tiempo todos los espacios de libertad por los que pugna el pueblo de México.
10. El mes patrio de 2008, marcado por la lucha de resistencia en defensa del petróleo, debe ser también de la defensa de los derechos individuales de los mexicanos si no se quiere que el actual gobierno avance en su pretensión de criminalizar a los movimientos sociales.

Exige información sobre reo del penal del Altiplano


El 25 de agosto pasado, cuatro días después de que un juez del estado de México dictara condenas absurdas e inhumanas contra los presos de Atenco, le fue negada la visita a la madre y familiares del abogado Héctor Galindo Gochicoa, recluido en el penal federal del Altiplano, y el día 29, cuando tenía programada su llamada semanal de 10 minutos, Héctor no pudo realizarla.

Rosa Nelly, mamá de Héctor, presupone algún tipo de sanción disciplinaria, pero no ha sido informada de nada por las autoridades del penal. Lo único que a duras penas pudo obtener fue una información del visitador de la CNDH, quien tras hablar con las autoridades le dijo que su hijo había tenido un problema con un custodio y que lo demás era ¡información reservada!
Dado que Héctor siempre ha tenido claridad sobre lo que implica su condición de preso político, ha observado una conducta apegada a las normas desde su reclusión, incluso ante atropellos de la autoridad. Esto es lo que hace suponer que Héctor Galindo pudo haberse resistido a obedecer instrucciones ilegales o injustas, o bien que se le esté hostigando para evitar que haga frente común ante las recientes sentencias de sus compañeros.

Por ello es necesario que la directora del penal informe oficialmente de las causas del presunto castigo a Héctor, así como que lo presente físicamente para comprobar su estado de salud. No queremos suponer que lo estén “guardando” para que se recupere de maltratos físicos mientras la CNDH, encargada plenipotenciaria en México del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (sin participación de las ONG), se reserva información al tiempo que rinde un informe al Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, de visita en México y encabezado por el costarricense Víctor Manuel Rodríguez Rescia.

Rosario Ibarra, senadora de la República

jueves, septiembre 04, 2008

Condena


México, DF. Ante la Suprema Corte, atenquenses se manifestaron por la nueva condena a su líder Ignacio del Valle. Notimex.

Cierran manifestantes avenida Pino Suárez


Protestan integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra contra la sentencia dictada a su líder, Ignacio del Valle

Notimex El Universal Ciudad de México Jueves 04 de septiembre de 2008 12:00 Pobladores de San Salvador Atenco protestan a la puertas del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la sentencia dictada contra el líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle.


Alrededor de cien personas se ubicaron frente al edificio, en avenida Pino Suárez, donde instalaron un autobús con equipo de sonido para los discursos.

La vialidad fue cerrada y en torno al edificio de la Corte se colocó un dispositivo de seguridad con elementos de la Policía Federal para prevenir cualquier riesgo.

Mientras los ministros debaten sobre la creación de un nuevo municipio en Jalisco, los manifestantes a las afueras consideran que es injusta la sentencia de 40 años de prisión dictada contra Ignacio del Valle.

Trinidad Ramírez, esposa del dirigente, tomó la palabra para exigir la libertad de su marido, al afirmar que él sólo ha luchado porque la gente tenga tierra y pueda vivir en paz.

Además de los pobladores de San Salvador Atenco participan en la manifestación miembros del Movimiento Proletario Independiente, académicos de la Universidad de Chapingo y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) .

Calderón castiga más a luchadores sociales que a secuestradores: FPDT


■ Lamenta que se incrementen las penas de cárcel contra activistas de Atenco
■ El frente anuncia campaña de acciones para defender los derechos de los presos políticos

Mariana Norandi

Alrededor de 300 personas se reunieron ayer en el auditorio Ho Chi Minh, de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en apoyo al pueblo de San Salvador Atenco y en rechazo a las sentencias impuestas a sus luchadores sociales.


Trinidad Ramírez, representante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), exigió a las autoridades la liberación inmediata de los presos políticos y que dejen de ser tratados como secuestradores.

“Felipe Calderón quiere establecer la cadena perpetua para secuestradores, sin embargo, en México esa condena ya existe y ha sido aplicada a nuestros compañeros que sin secuestrar a nadie, sólo por defender la tierra, han sido sentenciados a más de 67 años de prisión. Condena que por su edad jamás podrán cumplir.”

El acto contó con la participación de representantes del FPDT y del magisterio, de organizaciones sociales y de derechos humanos, así como con periodistas, artistas, intelectuales, luchadores sociales, académicos, líderes estudiantiles y sindicales, y familiares de presos políticos, quienes se pronunciaron en contra de las nuevas sentencias impuestas a los dirigentes de este movimiento.

Cabe recordar que a diez miembros del FPDT, recluidos en el penal de Molino de Flores, los han sentenciado recientemente a 31 años y 10 meses, mientras que al dirigente de ese movimiento, Ignacio del Valle, recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano y que ya había sido condenado a 67 años, ahora le sumaron 45 años a su sentencia, con lo cual suman 112 años.

La hija de este dirigente, América del Valle, quien se encuentra en una situación de “perseguida política”, envió un video en el que manifestó que los luchadores sociales no son secuestradores y que no habrá sentencia que doblegue la dignidad de los atenquenses.

“Somos luchadores sociales, no secuestradores. Una cosa es que el pueblo exija sus derechos con firmeza y ante el incumplimiento del gobierno y sus autoridades recurra a bloquear carreteras o retener a funcionarios, y otra diametralmente opuesta es secuestrar en toda la extensión de la palabra, para obtener sumas millonarias a costa de la vida y el sufrimiento de una persona y su familia, sea pobre o rica.”

Asimismo, el FPDT dio a conocer su plan de acción para repudiar las sentencias y continuar exigiendo la libertad de los 16 presos políticos que aún continúan encarcelados en diversas prisiones.

El día de hoy, a las 10 de la mañana, llevará a cabo un mitin en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el 15 de septiembre, a las 18 horas, frente al Auditorio Emiliano Zapata de San Salvador Atenco, realizará “el Grito por la libertad”, y el 23 de septiembre, a partir de las 4 de la tarde, marchará del Ángel de la Independencia a Los Pinos.

Entrevista con Trinidad Ramírez Velázquez


ENTREVISTA CON: TRINIDAD RAMÍREZ VELÁZQUEZ

CARGO: ESPOSA DE IGNACIO DEL VALLE.

TEMA: EL JUEZ PRIMERO PENAL RADICADO EN TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, SENTENCIÓ A 45 AÑOS DE PRISIÓN Y UNA MULTA DE 2 MIL 850 DÍAS DE SALARIO MÍNIMO AL LÍDER CAMPESINO IGNACIO DEL VALLE MEDINA POR SU RESPONSABILIDAD EN EL DELITO DE SECUESTRO EQUIPARADO, RELACIONADO CON LOS HECHOS VIOLENTOS, REGISTRADOS EL 4 Y 5 DE MAYO DE 2006 EN TEXCOCO Y SAN SALVADOR ATENCO.

miércoles, septiembre 03, 2008

Caso Atenco: autoridad debió absolver a Patricia Romero


Juez resolvió con grave parcialidad: Prodh

De la Redacción

México DF, 1 sep 08 (CIMAC).- Aunque Patricia Romero Hernández, su padre y su hijo, aprehendidos durante los operativos policíacos de San Salvador Atenco, Estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006, obtuvieron su libertad bajo caución, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) insistió en que su sentencia debió ser absolutoria.

En un comunicado, el Prodh sostuvo lo anterior ya que las detenciones de Patricia y su familia se realizaron en el marco de la actuación del Estado contra un movimiento que planteaba demandas legítimas y mediante un uso excesivo de la fuerza por parte de los policías.

El organismo defensor de los derechos humanos consideró un hecho grave la parcialidad con la que el juez resolvió la causa entablada contra la familia Romero. “Con su actuación confirma la falta de independencia de las instancias de procuración y administración de justicia del Estado de México, donde se ha hecho, en reiteradas ocasiones, un uso faccioso del sistema de justicia frente a las demandas y protestas de la sociedad”.

Por ello, hizo un llamado a la sociedad civil a no dejar de exigir justicia para las víctimas de estos hechos así como la libertad para quienes continúan presos.

El Prodh, coadyuvante en el caso de las mujeres violadas por policías de los tres órdenes de gobierno durante los operativos de 2006, quienes denunciaron ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Violentos contra las Mujeres (Fevimtra), entre ellas Patricia Romero, lamentó que a la fecha las mujeres no hayan obtenido justicia ni se haya consignado a los responsables de estos abusos.

DESISTEN APELAR SENTENCIA

Patricia y su familia permanecieron dos años tres meses en prisión después de que fueron detenidos el 3 de mayo de 2006, en su negocio ubicado en el mercado “Belisario Domínguez” en Texcoco.

María Patricia Romero enfrentó un proceso ante el Juzgado Tercero de lo Penal de Texcoco, Estado de México, acusada de los delitos de lesiones y portación de armas, mientras que su padre, Raúl Romero Macías y su hijo Arturo Sánchez Romero, detenidos también en el operativo de mayo de 2006, fueron acusados de lesiones, ultrajes a la autoridad y portación de arma prohibida.

El 3 de mayo de 2006, María Patricia Romero y sus familiares fueron detenidos y trasladados a la Subprocuraduría de Texcoco, después a la Procuraduría del mismo municipio y finalmente al Centro de Readaptación Social Almoloya de Juárez conocido como “Santiaguito”, en donde personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la revisó a ella y ante quien denunció los hechos de los cuales había sido víctima.

Después de que peritos de la CNDH le aplicaran el protocolo de Estambul, se concluyó que Patricia Romero había sido torturada física y psicológicamente por los policías municipales y estatales, por lo que interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Violentos contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la Procuraduría General de la República (PGR).

El 21 de agosto, el juez tercero de primera instancia en Texcoco, Albino Chávez Hernández dictó la sentencia condenatoria a María Patricia Romero Hernández por los delitos de ultraje y portación de armas sentenciándola a 4 años de prisión, sustituibles por 175 días de salario mínimo, y al pago de una multa de 205 días de salario mínimo.

A Arturo Sánchez Romero (su hijo) por los delitos de lesiones y ultrajes le impuso una multa de 188 días de salario mínimo y una pena de 3 años y 4 meses de prisión, sustituibles por 81 días de salario mínimo; mientras que a su padre, el señor Raúl Romero Macías por los delitos de lesiones y ultraje, una multa de 210 días de salario mínimo y 3 años 8 meses 7días de prisión, sustituibles por 81 días de salario mínimo.

En total, dijo Diana Martínez Medrano a Cimacnoticias (22 agosto 08), establecieron un monto por 53 mil 40 pesos por cada uno.

El viernes 29 de agosto, después del anuncio de su libertad bajo caución, Patricia y su familia tuvieron la oportunidad de apelar la sentencia, ya que el Código Penal del Estado de México establece 5 días para inconformarse con la sentencia, pero decidieron no hacerlo, al igual que el Ministerio Público, ya que ello implicaría permanecer alrededor de cuatro meses más en el penal, mientras la segunda instancia resolvía si era procedente o no.

Mientras tanto, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco ha hecho un llamado a la sociedad civil a manifestarse el próximo 3 de septiembre en el Auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía de la UNAM, contra las sentencias dictadas a Ignacio del Valle, líder de esta organización, y contra otros presos políticos. Exigirán también su libertad inmediata y el castigo a los verdaderos responsables.

08/LGL/GG/CV