La valentía, fuerza y solidaridad son características de Trinidad Ramírez, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco en el Estado de México.
Hombres y mujeres de trabajo como Trini, nos has enseñado por más de una década que la dignidad no tiene precio. El dolor que sabiamente convirtieron en rabia y coraje en defensa de la vida ha hecho eco. Sus ojos son ojos de esperanza, los gritos de “La tierra no se vende, se ama y se defiende” han traspasado fronteras, para hacer saber que Atenco no está solo. De pie y con total firmeza en México y el mundo miles de personas repudian la brutal y cobarde represión de aquel mayo de 2006 y tienen sus ojos puestos ahí, para evitar cualquier nuevo intento de agresión.
La lucha de doña Trini y del FPDT se forjó en octubre de 2001 luego de que el entonces presidente de México Vicente Fox hiciera pública la expropiación de 5 mil hectáreas de terrenos agrícolas ubicados en Texcoco para la construcción de un nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
Conocer el intento de despojo, saber que sus tierras estaban siendo valuadas en 7 pesos el metro cuadrado y la búsqueda de la compra amañada de sus tierras, hizo que las y los comuneros se organizaran conformando el Frente que hasta el día de hoy continúa la defensa de la tierra.
La movilización social y la protesta en las calles con los machetes firmes, fue y sigue siendo uno de los símbolos de la lucha en Atenco, lucha en la que las mujeres han ejercido un papel fundamental.
Represión
Si bien el 2 de agosto de 2002 el gobierno foxista dio a conocer la suspensión definitiva del proyecto aeroportuario, cuatro años después el avasallamiento y la represión se hicieron presentes el 3 y 4 de mayo de 2006. En esa fecha alrededor de 3000 policías municipales, estatales y federales golpearon brutalmente a integrantes del FPDT quienes habían acudido al mercado de Texcoco en respaldo de campesinos/as que fueron desalojados del Mercado Belisario Domínguez al acudir a vender las flores que eran el sostén de su economía.
El pueblo de San Salvador Atenco fue objeto de diversas violaciones a sus derechos humanos: agresiones físicas y verbales; decenas de cateos ilegales; 217 detenciones arbitrarias, entre quienes se encontraban menores de edad, 47 mujeres, periodistas, observadores de derechos humanos.
La tortura, agresiones sexuales en contra de 27 mujeres, la deportación de cinco personas extranjeras, el asesino de los jóvenes Alexis Benhumea y Javier Cortés y el exilio, fueron también una realidad.
Trini tuvo que sortear en ese entonces la detención arbitraria de sus compañeros de organización y la de su esposo Ignacio del Valle, uno de los líderes del FPDT, quien fue enviado a un penal de máxima seguridad, acusado de secuestro equiparado y quien había sido sentenciado a 112 años de prisión.
Sobre Trini pesaba también el exilio de su hija América del Valle Ramírez, joven estudiante y líder en defensa de la vida y la tierra, quien tuvo conocimiento de las órdenes de aprehensión en su contra que la obligaron a permanecer en el exilio durante cuatro años.
En aquel mayo rojo al menos 47 mujeres fueron torturadas física y psicológicamente, además de haber sido encarceladas, fueron objeto de agresiones físicas, verbales y sexuales: golpes, insultos con lenguaje sexista y machista, desnudez forzada, tocamientos en los senos y genitales, ridiculización de su sexualidad y violación sexual.
Las mujeres agredidas fueron amenazadas de muerte si denunciaban dichas violaciones; las mantuvieron incomunicadas y no recibieron la atención médica necesaria.
El uso extremo de la fuerza pública a través del operativo coordinado por el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de México, encabezado en ese entonces por Enrique Peña Nieto, tuvo la participación de 700 elementos de la desaparecida Policía Federal Preventiva y de 1815 agentes municipales y estatales.
El operativo derivó en violaciones a los derechos humanos reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)[1] el 12 de febrero de 2009 y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a través de la Recomendación 38/2006 donde acreditó las agresiones sexuales, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Frente a los hechos ocurridos en Atenco, el papel de los medios de comunicación obedeció a los intereses de la clase política que pretendían catalogar lo ocurrido como la detención de “secuestradores”, “homicidas” y “delincuentes”. Si bien el sesgo informativo generó polarización en un primer momento, pronto se conocería el objetivo de reprimir y fabricar culpables para desarticular al movimiento surgido en defensa de la tierra y contra la construcción del nuevo aeropuerto.
Atenco a 10 años
A lo largo de 10 años, la impunidad prevalece, lo mismo que la exigencia de justicia. Sólo 21 policías estatales fueron consignados por el delito menor de “abuso de autoridad” por las agresiones sexuales ocurridas; ningún funcionario de altos mandos renunció por la barbarie perpetrada.
Con la mirada y exigencia sostenida, 11 de las mujeres que fueron torturadas y agredidas sexualmente, continúan la búsqueda de justicia ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través del caso Mariana Selvas Gómez y otras contra México. Asimismo, continúan las campañas contra la tortura sexual para romper el silencio, reivindicar que el cuerpo de la mujeres no es un botín de guerra y ejercer la defensa de su cuerpo como el primero de sus territorios.
Nuevo embate
Diez años después de haber ocurrido los hechos, y ahora con Enrique Peña Nieto al frente del Gobierno Federal, surgen nuevas agresiones contra el FPDT e intentos de imponer la construcción del nuevo aeropuerto.
En diciembre de 2015 el gobernador actual del Estado de México Eruviel Avila envió al Congreso estatal una iniciativa de ley, la cual fue aprobada el 17 de marzo de 2016 como: Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública, con la que se pretende legalizar acciones represivas por parte de grupos policiales en manifestaciones y actos de protesta civil, avalando “la aplicación lícita de técnicas, tácticas y métodos de sometimiento sobre las personas”.
La ley aprobada contempla en los artículos 7 y 8 hacer uso de la fuerza pública con el objetivo de “controlar, repeler o neutralizar la resistencia ‘ilícita’ de una persona”, incluyendo el uso de armas letales y “empleando la fuerza en el control de multitudes y disturbios públicos, para restablecer el orden y la paz social”.
Esta nueva embestida afectaría no sólo al movimiento en defensa de la tierra en Atenco y Texcoco sino a los diversos movimientos en defensa de la tierra y el territorio que actualmente ejercen su derecho en comunidades como Xochicuautla, Tecamac, San Francisco Magú, Coyotepec, entre otros, y a las y los mexicanos en general, pues en este sexenio se ha fomentado la implementación de este tipo de leyes que buscan deslindar responsabilidades, legalizar el uso desproporcionado de la fuerza contra la población civil, violando las garantías individuales, como la Ley Bala en Chiapas o Puebla, las cuales fueron revocadas luego de la presión social.
Actualmente la SCJN admitió a trámite tres acciones de incostitucionalidad promovidas ante el máximo órgano de justicia en nuestro país, para que revise la constitucionalidad de la llamada Ley Atenco o Ley Eruviel. Cabe mencionar que la CNDH ha manifestado que dicha ley es contraria a los derechos fundamentales de las personas pues restringe la libertad de reunión, asociación y libertad de expresión, entre otros.
Un mes después de la aprobación de la ley, el 11 abril de 2016 militares hicieron presencia en el Ejido de Atenco escoltando a un grupo de personas que llevaban material de medición topográfica hacia donde se pretende concluir el nuevo aeropuerto.
Ante las viejas prácticas que forman parte del actuar del gobierno, el derecho a la vida, a la integridad personal y a la libre manifestación se pretenden convertir en un delito. En nombre de “cumplir y hacer cumplir las leyes para mantener el Estado de Derecho” se legisla no para garantizar los derechos humanos sino los intereses depredadores de empresas y políticos que buscan imponer la construcción de megaproyectos, a costa del despojo, de la eliminación de la economía comunitaria, del rompimiento del tejido social, la alteración de la naturaleza y la salud de sus habitantes, entre muchos otros grandes impactos que de manera negativa afectarían directamente a las y los pobladores.
Ante ello, la cohesión social y la articulación siguen siendo fundamentales. Como doña Trini lo ha transmitido en decenas de espacios públicos, la defensa de los recursos naturales es una lucha que nos toca a todas y todos: “por nosotros y por las futuras generaciones”.
Miles de personas en el mundo hemos escuchado y acudido al llamado para continuar la exigencia del respeto al derecho de los pueblos. Organizarse, caminar y construir juntas/os con fuerza y dignidad, es una de las enseñanzas que Trinidad Ramírez, transgresora en defensa de la tierra, nos ha impregnado desde Atenco: el pueblo en resistencia.
