jue, 26 may 2016 14:24
Ciudad de México. Los representantes legales de la empresa Estrella Roja se negaron a proporcionar hoy la información que solicitaron los diputados integrantes de la Comisión Especial que indaga la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
En una reunión privada, la abogada Susana Monterrubio Santana, incluso rechazó referirse al autobús 3278, que había sido tomado por 14 normalistas del que el Grupo Interdisciliplinario de Expertos Independientes (GIEI) se refirió como el quinto camión. El GIEI citó que éste y otros autobuses serían utilizados para el trasiego de droga para Estados Unidos.
Monterrubio Santana señaló que ese autobús es operado por Estrella Roja de Cuautla y que ella sólo representa a Estrella Roja del Sur, e insistió en que se trata de dos empresas distintas.
La representante legal incluso en un momento amagó con levantarse de la mesa. “Se están burlando de mí, les dijo a los diputados, que comenzaron a cuestionar las condiciones laborales de los choferes. Esto, después de que Monterrubio Santana afirmó que los estudiantes en Guerrero practican “el secuestro” de autobuses y ello afecta a los conductores que no reciben un salario ni prestaciones, y únicamente reciben ingresos “por ruta”.
La presidenta de la comisión, Guadalupe Murguía (PAN) había aceptado las condiciones que Estrella Roja puso para que la reunión se desarrollara en privado en la Cámara de Diputados, y aún así la abogada rechazó responder si antes del 26 de septiembre de 2014, los autobuses de la compañía habían sido tomados por estudiantes de Ayotzinapa o bien, si alguna de sus unidades han sido decomisadas por la Procuraduría General de la República (PGR) por estar relacionadas en investigaciones de delitos contra la salud.
La diputada Araceli Damián González (Morena) abandonó la reunión ante el tono en el que se dirigió a los legisladores la abogada de Estrella Roja. “Afirmó que no estaba obligada a darnos ninguna información y no pudimos siquiera preguntarle la información que vincula a esa empresa con el presunto traslado de droga a Estados Unidos”, dijo la legisladora.
Mientras, Murguía entregó a los diputados de la comisión especial un documento de trabajo que ofrece una relatoría de la agresión a los estudiantes. En ese texto la legisladora del PAN refirió que para la PGR no existen indicios para determinar alguna probable responsabilidad de ninguna autoridad estatal, federal o de otro ámbito, distinta a el ex alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca o a su esposa María de los Ángeles Pineda, el ex director de la policía municipal, Felipe Flores Velázquez y los policías municipales ya detenidos.
