El GIEI, Tomás Zerón y la trama de Iguala

Carlos Fazio/II

P

rofesional, metódico, riguroso y sin utilizar adjetivos; contrastando los testimonios y las contradicciones de los autoinculpados, sometidos a malos tratos y torturas en los que se sustenta la teoría oficial sobre el presunto asesinato e incineración de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el basurero de Cocula, y siempre apegado a los hechos incluidos en los expedientes confeccionados por los investigadores de la Procuraduría General de la República para fragmentar y entorpecer el caso Iguala, el demoledor informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) volvió a exhibir la catadura moral del sistema político mexicano y desmontó una vez más la verdad histórica del ex fiscal de la Nación Jesús Murillo Karam y de su principal operador y comparsa, Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Llegados a México como coadyuvantes en la investigación y tácitamente expulsados del país el 30 de abril, al expirar su segundo mandato, los miembros del GIEI, Alejandro Valencia, Ángela Buitrago, Carlos Beristain, Claudia Paz y Francisco Cox, aportaron un elemento clave sobre el trágico hecho criminal: una serie de fotografías y un video grabado por los periodistas gráficos freelance Daniel Villa y José Manuel Jiménez, el 28 de octubre de 2014, en el río San Juan, que vinieron a develar una singular diligencia extraoficial –además de anticonstitucional e ilegal– protagonizada por el jefe de la AIC, el hombre del trabajo sucio y los montajes en la PGR.

En las imágenes captadas por Villa y Jiménez, que los peritos del GIEI confrontaron con las de otros dos periodistas gráficos y con toda la documentación de fotografía y video existente en el expediente de la PGR 001/2015, se muestra que Tomás Zerón tuvo bajo su control la escena del río San Juan. Sin facultades constitucionales para practicar esa diligencia, se ve a Zerón resguardado por un cerco de seguridad perimetral de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y sin la presencia del Ministerio Público, bajo cuya conducción y mando debió haber actuado.

Zerón estuvo acompañado por funcionarios del área de Servicios Periciales de la PGR y del presunto auto-inculpado Agustín García Reyes, detenido por la Marina y torturado al vapor la tarde-noche del 27 de octubre de 2014, a partir de una llamada supuestamente anónima que la PGR habría recibido el día anterior, donde se advertía que los 43 desaparecidos de Ayotzinapa habían sido asesinados e incinerados en el basurero y sus cenizas arrojadas luego al río.

Después de haber confesado que habían arrojado al lecho del río ocho bolsas con las cenizas y restos humanos de los estudiantes, García Reyes, quien no contó con asistencia legal, en franca violación del debido proceso, guió a Zerón al lugar del hecho. Un día después (29 de octubre de 2014), en el mismo lugar y exactamente en las mismas coordenadas donde se había registrado el traslado y la ilegal reconstrucción de hechos, un buzo de la Semar encontró una bolsa de donde se extrajo –según la verdad histórica de Murillo Karam– el único resto óseo que a la postre, mediante el análisis de ADN nuclear en los laboratorios de genética de la Universidad de Innsbruck, sirvió para identificar como perteneciente al normalista Alexander Mora. Sin más pruebas, la PGR concluyó que el resto de los desaparecidos corrieron la misma suerte.

En respuesta a los graves señalamientos del GIEI, el 27 de abril, Tomás Zerón declaró ante los medios que su presencia en el lugar fue un acto de investigación policial, que constituye un acto previo de una diligencia ministerial. Si bien la historia oficial señaló que el descubrimiento se hizo el 29 de octubre y que los testigos-inculpados fueron llevados posteriormente para reconstruir la secuencia de hechos, la evidencia muestra que el día anterior se llevó a cabo una preparación de dicho escenario, sin que existiera ningún registro de hechos en el expediente de la averiguación previa (ver informe del GIEI, página 285).

La cuestión grave, como consignó Magdalena Gómez en La Jornada, es que en el video exhibido por el GIEI y las imágenes fotográficas publicadas en los medios de difusión el 28 de octubre ya aparecían bolsas con características similares a la hallada hacia las 8:50 de la mañana del día siguiente por un supuesto buzo de la Marina. Una impresión fotográfica captada a las 15:36 del 28 de octubre exhibe a dos individuos (en apariencia un marino y un perito de la PGR) mientras observan dos bolsas depositadas sobre el barro seco a orillas del río San Juan (no en el agua): una negra con restos carbonizados y una blanca cuyo contenido no pudo verse.

El GIEI nunca afirmó que esas bolsas fueran sembradas. Concluyó que la presencia en el lugar del jefe de la AIC el 28 de octubre de 2014 no se encuentra registrada en la investigación; que no encontraron en el expediente ningún documento que muestre las condiciones legales y el registro de custodia para el traslado del detenido (Agustín García Reyes) al río San Juan; que la toma de evidencias del cauce del río por el subdirector de Servicios Periciales tampoco quedó reportada y no se encuentra en el expediente un análisis de la evidencia recogida. Sí consigna que los miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense se negaron a firmar la cadena de custodia el día 29, porque cuando llegaron al lugar los restos ya se hallaban sobre una lona y eran analizados por peritos de la PGR.

Al presentar el informe, un experto del GIEI dijo que les llamó la atención que una organización criminal (Guerreros unidos) que presuntamente había adoptado el sofisticado modus operandi y sin antecedentes de convertir en cenizas a los normalistas, para que no pudieran ser identificados ni siquiera con pruebas de ADN –similar a la calcinación que se logra en un horno crematorio–, fueran después a arrojar las bolsas al río San Juan… ¡en un área visible desde varias casas del lugar y a plena luz del día!