Los padres una de las víctimas del incendio en la guardería ABC rechazan la reciente sentencia de un juez federal mexicano y han elevado el caso a instancias internacionales
México
Casi siete años ha tardado la primera sentencia sobre el caso ABC, el incendio en una guardería de Hermosillo, capital del estado norteño de Sonora, donde 49 niños murieron atrapados entre el fuego y una inmensa bola de negligencias e irregularidades que volvió a retratar la peor cara de México. José Francisco García y Patricia Duarte, los padres de una de las víctimas, sienten que aún no se ha hecho justicia. No están conformes con la absolución de algunos implicados –altos funcionarios y políticos– ni con la duración de las penas, entre 20 y 29 años de cárcel: “menos de un año por cada uno de los niños muertos es una burla”
Su hijo de tres años murió ese mismo viernes cinco de junio de 2009, cuando un incendio en un almacén contiguo, un archivo de la Secretaría de Hacienda Estatal, se expandió a la guardería, que no contaba ni con las mínimas condiciones de seguridad. El fuego avanzó por el techo de lámina altamente inflamable y tóxico mientras los pequeños, de seis meses a cinco años de edad, dormían la siesta. No había extintores y las señales que indicaban la salida de incendios eran un trampantojo, simples letreros colocados en la pared que no conducían a ninguna parte. La guardería se convirtió en una cárcel en llamas.
Los servicios de emergencia no podían entrar y un vecino decidió a la desesperada empotrar su camioneta contra uno de los muros para poder sacar a los niños por el boquete. Los cuidadores consiguieron escapar salvando a unos pocos bebés. Casi un centenar de menores supervivientes quedaron marcados de por vida con pavorosas quemaduras. Cuando encontraron el cadáver del hijo de José y Patricia, más del 60% de su sangre era dióxido de carbono.
La sentencia de un juez federal ha castigado por homicidio culposo y lesiones a 19 de los eslabones que formaban la cadena de negligencias
La guardería dependía de la Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pero el servicio estaba externalizado a una empresa, un modelo de privatización a medias que se disparó durante aquellos años del gobierno panista de Felipe Calderón. “Hacer justicia sería que todas y cada una de las personas que tuvieron algún grado de responsabilidad con la muerte y lesiones de los niños reciban lo que le corresponde”, cuenta el padre en una sala del centro Prodh, la asociación de abogados que les asesora.
La sentencia de un juez federal ha castigado por homicidio culposo y lesiones a 19 de los eslabones que formaban la cadena de negligencias. Desde algunos responsables directos del centro –dos socios y el secretario del consejo de administración– hasta dos funcionarios del IMMS –la jefa del departamento de guarderías y el delegado estatal de Sonora– así como a los responsables de los servicios de seguridad –director de protección civil y el director de bomberos de Hermosillo– que validaron y certificaron que el centro cumplía las normas debidas. Otras tres supervisoras de la zona han quedado libres al ganar amparos.
José y Patricia, que en estos años han logrado sobreponerse al golpe y han convertido su duelo en activismo, se preparan para una larga carrera judicial: “es un primer paso, pero vamos a seguir pidiendo que el delito sea doloso”. Llegarán las apelaciones y están convencidos de que al calificarse el delito como culposo –no hubo intencionalidad directa– las fianzas serán reducidas y ninguno de los condenados pisará la cárcel en los próximos años.
De los 28 inculpados con que arrancó la instrucción, que ha ido incorporando las demandas particulares de muchos de los padres, el reguero de absoluciones ha sido una constante. “Durante todo el proceso la Fiscalía ha favorecido a los y las responsables de la tragedia”, sentencia la madre. Tan solo dos de los cuatro propietarios de la guardería han sido condenados. Una de ellas, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella es la prima de la Margarita Zavala, la actual candidata del PAN y la esposa del entonces presidente Calderón, con quien floreció el modelo de privatización de guarderías. En agosto de 2009 Altagracia recibió un auto de prisión formal, pero jamás pisó la cárcel. En noviembre de 2010 su caso fue sobreseído. Los padres apunta al manto de la impunidad y el nepotismo. “Hubo irregularidades desde un inicio en la apertura de la guardería, favorecidos por la impunidad y la corrupción. El negocio se levantó con un capital de 500.000 pesos y por uno de los cada 100 niños que tenía se llevaban 2.700 pesos al mes”
En su cruzada, que incluye una campaña para lograr una ley sobre guarderías, los padres han apelado también a las instancias internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aún no ha respondido a su demanda donde piden que las responsabilidades políticas se eleven hasta el Gobernador de Sonora y el director del IMSS. “Que el Estado mexicano garantice que no se produzca otra tragedia de esa magnitud. Yo le confíe la vida de mi hijo al Estado y el Estado falló”, repite el padre.
Durante la entrevista, el segundo hijo de Jorge y Patricia ha estado correteando entre las piernas de sus padres. Nació cuatro años después de la tragedia. Se llama Amir Itze, una mezcla entre el árabe y el maya que significa príncipe guerrero regalo de Dios.
