Indagatoria independiente sobre el río San Juan, recomiendan expertos a la PGR

• GIEI: es la única forma de dar credibilidad a la investigación del caso Iguala
• Sostienen última reunión con Arely Gómez
• Hay pruebas que no están en el expediente

Claudia Paz, Carlos Beristain y Francisco Cox, integrantes del GIEI, durante la reunión con la titular de la PGR (centro)Foto tomada del tuit de la procuradora Arely Gómez

Alma E. Muñoz y Gustavo Castillo

 

Periódico La Jornada
Sábado 30 de abril de 2016, p. 5

La única cosa que va a generar credibilidad en las pesquisas de lo ocurrido en el río San Juan, en el municipio de Cocula, es que se indague de forma independiente lo sucedido y se tomen decisiones en torno a la gente (de la Agencia) de Investigación Criminal, de los servicios periciales y la actuación que tuvieron, señaló Carlos Beristain, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) tras reunirse con Arely Gómez, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), instancia a la que, dijo, corresponde decidir si cesa a Tomás Zerón de Lucio, jefe de aquella dependencia.

En lo que constituyó el último encuentro del GIEI con funcionarios de la procuraduría, Beristain –quien asistió con Francisco Cox y Claudia Paz y Paz– explicó que hablaron con Arely Gómez acerca de Tomás Zerón de Lucio y del video en el que se muestra una diligencia realizada en el río San Juan, la cual no ha sido incluida en las indagatorias relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Antes de ingresar a la reunión, el experto señaló a La Jornada que hay evidencias que no están en el expediente y circunstancias anómalas, como las diligencias realizadas el día 28 en el río San Juan. Eso tiene que ser investigado y los hallazgos que allí se dieron también deben ser incorporados para ser evaluados.

Al preguntarle si las diligencias realizadas en el río San Juan, que podrían generar violaciones al debido proceso, podrían hacer que fracasara la investigación del caso Iguala, respondió: no lo sabemos. No podemos saber qué va a pasar. Lo importante es que haya una indagatoria efectiva de esas cuestiones y se asuman las consecuencias que salgan de esa pesquisa.

Tras su encuentro con la titular de la PGR, Beristain dijo respecto de la diligencia practicada el 28 de octubre de 2014: “hemos señalado (a Arely Gómez) la importancia de que se tomen decisiones en ese sentido. Nosotros hemos traído toda la documentación que logramos recabar, también de periodistas que tomaron videos y fotografías, y traemos los originales para dárselos a la procuraduría.

Hemos insistido en la importancia de que se investigue de forma independiente lo sucedido y que se tomen decisiones, señaló el integrante del grupo.

Al preguntarle si solicitaron el cese de Zerón de Lucio, el experto señaló que esa es una decisión que deberá tomar la procuraduría. Eso es parte de lo que la titular va a tener que decidir, no nosotros.

Agregó que durante su visita a la PGR sostuvieron dos encuentros. El primero, con Arely Gómez, para evaluar el trabajo, entregar los mensajes finales y proporcionar varias documentaciones: una con nuestras propuestas para la continuación del trabajo que queda pendiente y la documentación videográfica de la escena del río San Juan.

También dar seguimiento a algunas de las peticiones que hicimos y las respuestas que tuvimos. Ella hará su propia valoración. Para nosotros es muy importante que logramos transmitir un mensaje a la más alta autoridad de la procuraduría sobre lo importante de que haya una respuesta positiva frente a las recomendaciones de nuestro informe.

El segundo encuentro fue una sesión de trabajo con el subprocurador de Derechos Humanos y todo el personal de la unidad encargada del caso Iguala para explicar lo que dice nuestro informe, traerles parte de los informes, entregar las recomendaciones específicas y poder responder a las preguntas.

El expediente sigue abierto

El experto dijo que algo muy importante es que el caso obviamente sigue abierto y que hay numerosas líneas de investigación que no se han agotado; hay mucha tarea por hacer y es muy importante que el equipo tenga claridad y la convicción de esas tareas.

Asimismo, indicó que le señalaron a la titular de la PGR la importancia que tiene seguir las líneas de investigación, y eso va desde los actores (en lo ocurrido en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa), otras fuerzas de seguridad que hay que indagar (si tuvieron participación en esos hechos) y también la documentación que no se ha incorporado en el expediente de ese caso.

49 razones: 7 años de luto y lucha

Ayotzinapa, panteón de EPN; “saquen a Zerón”: GIEI y legisladores

Por: Lilia Arellano / 29 abril, 2016

(29 de abril, 2016. RevoluciónTRESPUNTOCERO).- El gobierno de Enrique Peña Nieto ya no tiene credibilidad en las investigaciones del caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y es totalmente incapaz de responder en donde se encuentran. Muestra dos graves facetas: o es extraordinariamente deficiente, o hay algo bastante más profundo al grado de preferir pagar el precio de perder su credibilidad, de estar expuesto a todo el mundo, para que no se conozca la verdad de los hechos los cuales exponen la más grave crisis de derechos humanos en la historia reciente de este país.

Sacar al director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, de la pesquisa del caso Ayotzinapa, pidieron los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes calificaron de “graves” las declaraciones y la “tergiversación” presentada por el funcionario. Ángela Buitrago, integrante del GIEI, sentenció: “nadie puede investigarse a sí mismo”. También diputados federales de oposición demandaron relevar a Zerón de su cargo y exigieron a la procuradora General de la República, Arely Gómez, dar la cara y explicar que está pasando con el caso Iguala.

El GIEI exigió al gobierno mexicano una investigación profunda, objetiva e imparcial de los hechos del río San Juan y del involucramiento de Zerón, de quien, aceptaron, debería separarse de su responsabilidad en este caso. Lo acusaron de tergiversar los hechos ocurrido en ese sitio, lo cual, subrayaron, resulta “impropio” de un funcionario de alto nivel del gobierno mexicano.

Sus declaraciones, destacaron, sólo ratifican sus afirmaciones en torno a esa diligencia no incluida en el expediente de la investigación del caso Iguala y de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y precisaron: no fueron sólo dos bolsas grandes de plástico las encontradas en el río San Juan, sino cuatro, las cuales no están registradas en el expediente. Tampoco está incluido en el expediente el video mostrado por el funcionario de la PGR.

En un comunicado de dos cuartillas, los expertos indicaron: en el video Zerón aparece en una escena del río San Juan con el detenido Agustín García Reyes. Después se hace un corte donde aparecen elementos de la Secretaria de Marina para indicar que había testigos. En el texto, destacan: “cuado se llevó a Agustín García Reyes, se habría retirado la custodia del lugar, por lo que la aparición de miembros de la Marina corresponde a un momento posterior”. Los integrantes del GIEI también acusaron: el director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR “manipuló” la presencia del secretario ejecutivo de Expertos en Cocula, quien en ese momento se desempeñaba como asesor legal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, quien se dirigió a dicho lugar por indicación del entonces procurador Jesús Murillo Karam.

El secretario ejecutivo del GIEI, aclararon, estaba esperando en el campo de aterrizaje del campo de futbol, el cual se encuentra en el municipio de Cocula y era utilizado por las autoridades como base de operaciones; nunca estuvo en el río San Juan, ni se enteró de la presencia de Agustín García Reyes. El GIEI destacó la necesidad de realizar una investigación imparcial de los hechos señalados: la traída de un imputado a la escena del río San Juan sin ningún registro de la actuación; la referencia a la existencia de cuatro bolsas de las cuales no hay ningún registro; la recolección de evidencias sin seguir los estándares de investigación de la misma, ni registro en el expediente del caso.

También reiteraron su petición: la Agencia de Investigación Criminal debe estar fuera de cualquier procedimiento de investigación para asegurar la imparcialidad de la misma. Así como la importancia de tomar declaración a todos los funcionarios intervinientes en la escena del río San Juan para establecer las circunstancias y las responsabilidades de los hechos. Como hemos asegurado en líneas anteriores… esto apenas comienza.

“ARELY GÓMEZ DEBE DAR LA CARA”

“Ya es hora de que Arely Gómez salga ante la opinión pública” y dé una explicación de por qué ha resultado tan cuestionada la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, aseveró Jesús Zambrano, presidente de la Cámara de Diputados. El perredista señaló: “lo más importante es que la PGR y la titular de la misma, la procuradora Gómez, salga y diga, no mande a segundones a dar la cara, que diga claramente qué fue lo que pasó, en qué situación se encuentra, por qué llegamos a este punto”.

Francisco Martínez Neri, coordinador de la bancada perredista, señaló: la PGR y las autoridades mexicanas están obligadas a acatar las observaciones que formuló el GIEI y esclarecer qué pasó con los normalistas, pues a más de año y medio de ocurridos los hechos sigue sin conocerse la verdad. Ante las acusaciones que ha formulado el GIEI en contra de Zerón, en el sentido de que alteró la escena del crimen y realizó diligencias que no se apegaron a derecho, el funcionario debe ser destituido de su cargo y ser sometido a investigación, consideró Marko Cortés, coordinador del grupo parlamentario del PAN.

Al hacer referencia a dichas acusaciones, manifestó: “fue Tomás Zerón el que obstaculizó el proceso, el que falseó todas las pruebas, el que provocó que gente fuera a declarar sin su abogado y esto es violatorio de los derechos humanos”. El gobierno mexicano ya no tiene credibilidad en las investigaciones que realizó del caso Ayotzinapa. El Estado mexicano es incapaz de responder en dónde están 43 de sus ciudadanos, como lo señaló el historiador Lorenzo Meyer, quien cuestiona: o es extraordinariamente deficiente, o hay algo bastante profundo que prefiere pagar el precio de perder su credibilidad, de estar expuesto a todo el mundo”.

Sólo una pesquisa independiente dará credibilidad en caso Iguala: GIEI

Por Alma Muñoz y Gustavo Castillo

vie, 29 abr 2016 14:26

El GIEI entregó su segundo informe sobre el caso Iguala a la titular de la PGR, Arely Gómez. Imagen tomada del Twitter @ArelyGomezGlz 

Ciudad de México. La “única cosa que va a generar credibilidad en la investigación” de lo ocurrido en el río San Juan, “es que se indague de forma independiente lo sucedido y se tomen decisiones tanto de la gente de (la Agencia) de Investigación Criminal y de los Servicios Periciales y la actuación que tuvieron ese tiempo”, señaló Carlos Beristáin, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) tras un encuentro con Arely Gómez, titular de la Procuraduría General de la República.

Al salir de la sede de la PGR, Beristáin —quien asistió con Francisco Cox y Claudia Paz y Paz, informó que durante el encuentro sí hablaron con la procuradora de Tomás Zerón de Lucio, “obviamente y le hemos señalado la importancia de que se tomen decisiones en ese sentido.

“Nosotros hemos traído toda la documentación que logramos tener, también de periodistas que tomaron esos videos, esas fotografías, y hemos traído los originales para dárselos a la Procuraduría.

“Hemos insistido en la importancia de que se investigue de forma independiente lo sucedido y que se tomen decisiones”, señaló el integrante del GIEI.

Dijo que durante su visita a la PGR sostuvieron dos encuentros, el primer de ellos con Arely Gómez para evaluar el trabajo y darle los mensajes finales y hacerle entrega de varias documentaciones: una con nuestras propuestas para la continuación de todo el trabajo que queda pendiente y la documentación videográfica de la escena del Río San Juan.

“También darle respuesta a algunas de las peticiones últimas que hicimos y las respuestas que tuvimos. Ella hará su propia valoración. Para nosotros es muy importante que transmitimos un mensaje a la más alta autoridad de la procuraduría sobre la importancia de que haya una respuesta positiva frente a las recomendaciones de nuestro informe".

Llega GIEI a PGR para entregar su segundo informe

Por Gustavo Castillo

vie, 29 abr 2016 11:32

Integrantes de GIEI, camino hacia la PGR. Foto Francisco Olvera

Ciudad de México. Hace unos minutos ingresaron los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) a la Procuraduría General de la República (PGR) para entregar su segundo informe de labores en torno a las investigaciones del llamado caso Iguala.

Los especialistas señalaron que corresponderá a la PGR atender sus señalamientos en cuanto a la falta de registro de diligencias realizadas en el río Cocula.

Carlos Beristain señaló que se encontrarán con la procuradora general de la República, Arely Gómez, para entregar el documento el cual dieron a conocer el domingo pasado en una conferencia de prensa.

Entre los expertos que llegaron a la PGR, se encuentran Francisco Cox, Claudia Paz y Paz y Carlos Beristain.

Comunicado de padres y madres Ayotzinapa exigiendo renuncia de Tomás Zerón

Pide GIEI salida de Zerón

Tergiversa la realidad de lo ocurrido en el río San Juan, dice

Claudia Paz y Paz, Alejandro Valencia, Ángela Buitrago (al micrófono), Carlos Beristain y Francisco Cox, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, durante la conferencia de prensaFoto Carlos Ramos Mamahua

José Antonio Román

Periódico La Jornada
Viernes 29 de abril de 2016, p. 3

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acusó a Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de ‘‘tergiversar’’ la realidad de los hechos ocurridos en el río San Juan, y pidieron una indagación ‘‘profunda, objetiva e imparcial’’, para lo cual debe dejar su cargo y ser investigado de manera independiente. ‘‘Nadie puede autoinvestigarse’’.

En una dura réplica al funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR), que la víspera declaró –apoyado con la difusión de un video– que su presencia en el río San Juan, el 28 de octubre de 2014, había sido legal y transparente, e incluso ante funcionarios de Naciones Unidas, los integrantes del GIEI rebatieron categóricamente cada una de sus afirmaciones.

Señalaron que ‘‘tergiversar’’ los hechos y ‘‘manipular’’ la presencia de funcionarios de organismos internacionales resultan actos‘‘impropios’’ de un director de la AIC de México.

Afirmaron que el video presentado está editado, además de que demuestra que el funcionario tiene en su poder material videográfico que no ha sido incorporado a la averiguación del caso Iguala, lo cual es otra gravísima irregularidad que merece ser investigada.

¿Cuatro bolsas?

Los expertos insistieron en que todo material –como el video presentado en la PGR por Zerón– o cualquier otro que se encuentre en posesión de la AIC debe ser proporcionado de forma inmediata a la unidad de investigación del caso Ayotzinapa e incorporado a la averiguación previa 1/2015.

También destacaron que en las recientes declaraciones de Zerón él habla de cuatro bolsas de plástico encontradas ese día 28 de octubre, de las cuales tampoco existe ningún registro.

En conferencia de prensa, primero en la lectura de un texto y después en la ronda de preguntas, el GIEI sostuvo que las declaraciones y el video presentados por el funcionario de la PGR (Zerón) ‘‘ratifican plenamente’’ lo señalado por ellos en su informe sobre la escena del río, de que ninguna de dichas actuaciones se encuentra en el expediente del caso.

Carlos Beristain, uno de los expertos, señaló que lo grave es que la presencia del funcionario y de uno de los principales inculpados en ese lugar tan importante para la investigación –donde presumiblemente fueron encontrados los restos de Alexander Mora Venancio, uno de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos– nunca quedaron registradas en el expediente del caso.

Además, hay que destacar que esa visita se realizó el 28 de octubre de 2014, un día antes de que las diligencias oficiales de la PGR se iniciaran en ese lugar. ‘‘Nadie podría ir a la escena del crimen el día de hoy, pasearse ahí, escoger la evidencia que le parece pertinente o relevante y volver al día siguiente a procesar la escena que el día anterior ya había ido trabajada’’, advirtió Claudia Paz y Paz, otra de las expertas.

Otro punto rebatido del video fue que, de acuerdo con testimonios recogidos, cuando se llevó al inculpado Agustín García Reyes –quien presumiblemente identificó en el lugar las bolsas con los restos óseos– la custodia militar del sitio ya había sido retirada, por lo que la aparición de elementos de la Marina correspondió a otro momento y no como señala el mismo Zerón. Es decir, no hubo testigos de sus acciones.

A esto se añade que cuando el inculpado García Reyes fue llevado a ese lugar ya mostraba lesiones físicas que suponen ‘‘indicios serios de tortura’’, de acuerdo con los informes médicos reportados entre su detención y su declaración preparatoria, con diferencia de apenas cinco horas.

Francisco Cox señaló que ‘‘este comportamiento de la AIC y de Zerón’’ obligan a pensar que junto con esta gravísima irregularidad ‘‘pudiera haber otras más en las que incluso se hubieran desestimado pruebas o evidencias’’ del caso.

‘‘Lejos de aclarar la situación, las explicaciones dadas por Zerón ponen de manifiesto que su comportamiento está en contradicción de los estándares mínimos internacionales en la investigación de los hechos. Por tanto, agravan el problema’’, sostuvo el GIEI, cuyo mandato concluye este sábado 30 de abril.

Separar del cargo al director de la AIC, demandan padres de los 43

Responsabilizan al funcionario de obstruir la justicia

José Antonio Román

 

Periódico La Jornada
Viernes 29 de abril de 2016, p. 5

Los padres y madres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos exigieron al presidente Enrique Peña Nieto y a la procuradora Arely Gómez que Tomás Zerón sea separado de su cargo como director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a fin de que sea investigado por la presunta comisión de delitos relacionados con la obstrucción de la justicia.

También pidieron que el gobierno federal acepte el mecanismo de seguimiento planteado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues hasta ahora las autoridades gubernamentales han sido omisas en el tema, dijeron.

‘‘Denunciamos que a más de una semana de que dicho mecanismo se notificó y estando por concluir el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes –el próximo 30 de abril–, no hemos sido contactados por el gobierno federal para acordar esta opción’’, dicen los familiares de los jóvenes.

En un posicionamiento sobre las recientes declaraciones de Tomás Zerón, dijeron que con esta versión el titular de la AIC ha evidenciado la ‘‘ilegalidad’’ en la que ha incurrido. ‘‘Es falso que la ley le brinde facultades para excarcelar detenidos y trasladarlos a su libre arbitrio. También es mentira que el marco jurídico le permita ordenar acciones que son propias de diligencias formales que deben ser conducidas y ordenadas por el Ministerio Público’’, señalaron.

Advirtieron que la ‘‘salida obligada’’ del grupo de expertos fortalece la desconfianza en las instituciones del gobierno federal, pues los más recientes hallazgos dados a conocer por esa instancia dan cuenta de que incluso frente a una investigación supervisada internacionalmente han existido omisiones y actuaciones tendenciosas hacia la impunidad y contrarias a la verdad.

De igual forma, los familiares solicitaron que la unidad encargada del caso incorpore a la averiguación previa todos los videos y material probatorio que de forma ilegal fue recabada, y que entregue a los padres y madres de familia y a la opinión pública todos esos elementos que se desconocen.

‘‘Es indispensable continuar con la estrecha supervisión internacional sobre nuestro caso hasta que accedamos a la justicia y a la verdad’’, concluyeron los familiares.

Equipo argentino se deslinda de la diligencia efectuada por Zerón

• No tuvimos acceso a ningún documento pericial, aseguran
• Estaban ausentes cuando se localizó la bolsa con fragmentos óseos
• Solicitaron a la PGR la cadena de custodia y sólo les dieron un acta

José Antonio Román

 

Periódico La Jornada
Viernes 29 de abril de 2016, p. 5

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) afirmó que no tuvo conocimiento ni acceso a ningún documento pericial o ministerial sobre las diligencias realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR) –el 28 de octubre de 2014 a la vera del río San Juan– que involucrara la presencia de peritos médicos o antropólogos.

Insistió en que tampoco estuvo presente en el momento del hallazgo de la bolsa donde presumiblemente se encontraron fragmentos óseos, que culminaría con la identificación de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.

El equipo argentino señaló que desde el principio solicitó reiteradamente a la PGR la cadena de custodia correspondiente al hallazgo de dicha bolsa, pero tiempo después sólo le fue entregada un acta emitida por el Ministerio Público donde se señala que el 29 de octubre de 2014 buzos de la Marina le hicieron entrega de dicha bolsa.

En respuesta a las recientes declaraciones del director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, el equipo argentino reconoció que ese día descendieron del basurero de Cocula al río San Juan, pero fueron detenidos sin explicación alguna ‘‘y de manera súbita y violenta’’ por elementos de la PGR que habían establecido un retén.

Relatan que personal de la procuraduría les preguntó expresamente por qué habían bajado ‘‘tan temprano’’ del basurero de Cocula, incluso –dijeron– con un ‘‘lenguaje soez’’ en su contra. También explicaron que tanto ellos como los peritos de la PGR habían acordado no descender del basurero de Cocula de noche, por motivos de seguridad, pues el resto del trayecto hasta Chilpancingo no había otra alternativa que hacerlo de noche.

El equipo argentino ratificó la versión de estos hechos presentada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, sobre que ellos ignoraban la presencia del director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, y del inculpado Agustín García Reyes en la ribera del río San Juan ese día.

En PGR no existe ninguna constancia de la diligencia de 2014 en el río San Juan

Tampoco autorización para que un detenido fuera trasladado a ese sitio

Gustavo Castillo García

 

Periódico La Jornada
Viernes 29 de abril de 2016, p. 4

De la diligencia que realizó el jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, el 28 de octubre de 2014 en el río San Juan, no existe constancia en ninguno de los expedientes desclasificados por la Procuraduría General de la República (PGR), ni tampoco de la autorización otorgada para que un detenido fuera trasladado sin presencia de su abogado defensor ni agentes del Ministerio Público, violando con ello sus garantías individuales y el debido proceso.

Aún más, las constancias ministeriales que obran en el tomo 81 de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/1017/2014 señalan que el 28 de octubre se recolectó una bolsa con restos humanos de las márgenes del río Cocula, no hasta el día 29 de ese mes, como afirmó Zerón de Lucio el pasado miércoles.

Respecto de las investigaciones realizadas en el río San Juan, los registros ministeriales desclasificados por la PGR señalan que Agustín García Reyes, El Chereje, fue detenido el día 27 de octubre por elementos de la Secretaría de Marina con base en información obtenida de pobladores del municipio de Cocula. Estas diligencias son trascendentes para la indagatoria, pues del contenido de la bolsa localizada en el río San Juan procedieron los únicos restos óseos que han dado positivo para la identificación de uno de los 43 normalistas desaparecidos: Alexander Mora Venancio. 

La aprehensión del inculpado se realizó al filo de las 18 horas del 27 de octubre, cuando salía de su casa en el ‘‘poblado Puente del Río San Juan’’. Luego de un reconocimiento médico por parte de un galeno naval fue trasladado a la Ciudad de México, adonde arribaron al filo de las 21 horas.

Los marinos que hicieron la puesta a disposición señalaron que tardaron en llegar a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) debido al tráfico y las manifestaciones realizadas ese día. Por ello, el detenido fue entregado al Ministerio Público Federal a las 23 horas.

Los documentos de la PGR refieren que Agustín García Reyes rindió su declaración ministerial ante la agente del Ministerio Público Yolanda Rosado a las 3 de la mañana del día 28 de octubre. Sin embargo, en los archivos de la indagatoria se menciona que ‘‘el 29 de octubre de 2014, una vez que los que responden a los nombres de Patricio Reyes Landa, El Pato, y Agustín García Reyes, El Chereje, rindieron su declaración ministerial ante esta autoridad ministerial, se trasladó junto con éstos y la defensa oficial a los lugares identificados como río San Juan y basurero municipal de Cocula, Guerrero, lugares en los que se llevó a cabo la diligencia de inspección con fines de reconstrucción de hechos, en los que los indiciados manifestaron y se hizo constar su participación y la mecánica de los hechos en que intervinieron’’.

Oficio y video

El pasado miércoles, Tomás Zerón mostró un oficio y un video que no están dentro de las indagatorias, en el que se menciona que El Chereje fue entregado a elementos de la Policía Federal Ministerial a las 5:53 horas del día 28 de octubre para su custodia, ‘‘a efecto de que se hagan cargo de la guarda y custodia en el área de seguridad de estas instalaciones’’, específicamente en la Seido.

El jefe de la AIC dijo que el 28 de octubre de 2014, ‘‘alrededor de las 13:45 horas, servidores públicos de la institución, junto con el detenido, nos dirigimos en helicóptero a Cocula, Guerrero’’. Sin embargo, no hay constancia de la autorización o solicitud expresa del Ministerio Público Federal para realizar alguna diligencia con el detenido, ni en cuanto al traslado a Cocula.

Asimismo, de manera contradictoria, en los reportes desclasificados por la PGR –se pueden consultar en el tomo 81 de la investigación– se menciona que ‘‘al tener conocimiento de los hechos manifestados por los probables responsables, el 28 de octubre de 2014 se ordenó el traslado del personal de actuaciones y de servicios periciales, con la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense, a los lugares indicados en el río San Juan (…) así como al basurero municipal de Cocula.

‘‘Lugares en los que el agente del Ministerio Público, auxiliado por personal de servicios periciales, logró la recolección de muestras de suelo, elementos balísticos, restos de acelerantes calcinados, así como restos humanos calcinados, tanto en la superficie del fondo del basurero municipal, como en el interior de una bolsa de material de plástico de color negro, misma que fue localizada por elementos de la Marina Armada de México dentro del cauce del río San Juan.’’

Lo establecido en las últimas constancias antes mencionadas también refuta lo declarado el pasado miércoles por Tomás Zerón, de que la bolsa con restos óseos ‘‘fue recabada el 29, día en que tuvo lugar la diligencia ministerial’’, y que la perito responsable marcó equivocadamente la fecha como 28 de octubre.

Desmiente la ONU al jefe de la AIC

José Antonio Román

 

Periódico La Jornada
Viernes 29 de abril de 2016, p. 3

La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos desmintió a Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal, y aseguró que personal de la ONU nunca llegó al río San Juan la tarde del 28 de octubre de 2014, como asegura el funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR).

Por este motivo, agrega, el personal de ONU-DH no fue testigo de las diligencias practicadas por la PGR en la zona, ni tampoco tuvo conocimiento de la presencia de Agustín García Reyes –presunto inculpado en el caso– en el río San Juan, hechos que se conocen apenas ahora con la información proporcionada por el mismo funcionario.

‘‘Por lo anterior, el organismo internacional manifiesta su extrañamiento por la mención de su presencia y papel en actividades de la PGR en las que nunca participó, así como por la innecesaria exposición mediática de la imagen y los nombres de una funcionaria y un ex funcionario de esta oficina’’, dice el comunicado.

El campo de futbol

Explica que la presencia de su personal la tarde (16:10 horas) de ese día fue justamente en el campo de futbol de Cocula –que era la base de las operaciones de los helicópteros de la procuraduría–, y fue para trasladarse de manera inmediata al basurero a fin de documentar supuestos hallazgos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Como precisión, del campo de futbol al río San Juan hay una distancia que se recorre en cinco minutos en vehículo, mientras que el basurero de Cocula está a unos 50-55 minutos.

Por otra parte, la Oficina del Alto Comisionado llamó a focalizar los esfuerzos en el esclarecimiento del paradero de los estudiantes, en la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables, la reparación de las víctimas y la plena implementación de las recomendaciones planteadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y reitera su solidaridad con las víctimas, sus familiares y los defensores de los derechos humanos.

Padres de los 43 exigen la destitución de Tomás Zerón

Por José Antonio Román

jue, 28 abr 2016 18:31

Padres de los 43 marcharon el 26 de abril de 2016, a 19 meses de la desaparición. Foto Cristina Rodríguez 

Ciudad de México. Los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa exigieron al presidente Enrique Peña Nieto y a la procuradora General de la República, Arely Gómez, que Tomás Zerón de Lucio sea separado de su puesto al frente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para que sea investigado por la presunta comisión de delitos relacionados con la obstrucción de la justicia.

Además, exigieron que el gobierno federal acepte el mecanismo de seguimiento que ha planteado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sobre el cual hasta ahora ha asumido una actitud de silencio.

En un posicionamiento respecto a las declaraciones que dio el funcionario de la PGR el día de ayer, señalando que su actuación del 28 de octubre a las orillas del río San Juan fue legal y transparente, los familiares señalaron que con su versión, el titular de la AIC “ha evidenciado la ilegalidad en la que ha incurrido”.

“Es falso que la ley le brinde facultades para ex carcelar detenidos y trasladarlos a su libre arbitrio. Es falso que el marco jurídico le permita ordenar acciones que son propias de diligencias formales que deben ser conducidas y ordenadas por el Ministerio Público”, señalaron.

Además, advirtieron que las “ilegalidades confesadas” por el director en jefe de la AIC confirman que el expediente de averiguación previa iniciado tras la desaparición de los estudiantes no refleja la investigación real, misma que como lo documenta el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó múltiples irregularidades y tuvo siempre un sesgo confirmatorio tendente a sostener a costa de la legalidad y los derechos humanos la llamada “verdad histórica” que todavía defiende el gobierno federal.

En este mismo sentido, afirman que la salida del GIEI por disposición del Estado mexicano fortalece la desconfianza en las instituciones del gobierno federal, pues los últimos hallazgos dados a conocer por el GIEI dan cuenta que incluso frente a una investigación supervisada internacionalmente han existido omisiones y actuaciones tendenciosas hacia la impunidad y contrarias a la verdad.

Por ello, es indispensable continuar con el estrecho monitoreo internacional sobre nuestro caso hasta que accedamos a la justicia y a la verdad.

Los familiares presentan tres exigencias:

1. Que el señor Tomás Zerón sea separado de su cargo a efectos de permitir una investigación sobre la obstrucción a la justicia en esta investigación como lo recomendó el GIEI desde su primer informe;

2. Que la AIC incorpore a la averiguación previa todos los videos y material probatorio que de forma ilegal recabó, y que entregue a los familiares y a la opinión pública esos elementos que desconocemos;

3. Vistas y documentadas las persistentes irregularidades en la investigación, exigimos al presidente Enrique Peña Nieto que el gobierno federal acepte el mecanismo especial de supervisión que ha planteado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sobre el cual el gobierno ha sido omiso en responder. Denunciamos que más de una semana de que dicho mecanismo se notificara y estando por concluir el mandato del GIEI, no hemos sido contactados por el Gobierno Federal para acordar este mecanismo.

Abren investigación por video de Zerón

Por Gustavo Castillo

jue, 28 abr 2016 15:46

Los cinco integrantes del GIEI se reunieron ayer en Tixtla, Guerrero, sede de la normal de Ayotzinapa, con los padres de familias de los 43 estudiantes desaparecidos para entregarles el informe final de sus investigaciones. Foto Sergio Ocampo

Ciudad de México. La Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR) dio vista a la Visitaduría General para que investigue la actuación de los servidores públicos de esa institución con relación a los hechos del 28 de octubre de 2014 en inmediaciones del río San Juan, en Cocula, Guerrero.

Lo anterior luego de que Tomás Zerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, diera a conocer un video en el cual se muestra una diligencia realizada donde se trasladó a Agustín García Reyes, El Chereje, presunto involucrado en la desaparición de los 43 normalistas, a los márgenes del río San Juan donde según se mostró, se localizaron bolsas con fragmentos óseos.

La PGR informó que la vista a la Visitaduría General es “para que en pleno ejercicio de sus atribuciones, proceda a investigar la actuación de los servidores públicos de la institución en estos hechos y, en su caso, finque las responsabilidades correspondientes”.

Asimismo, indicó el Ministerio Público Federal, se dio intervención al Órgano Interno de Control para que dentro del ámbito de sus atribuciones determine si se incurrió en alguno de los supuestos de responsabilidad previstos en el artículo 8 de la Ley de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos.

Desmiente ONU-DH a Zerón

Por José Antonio Román

jue, 28 abr 2016 15:28

Tomas Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, en imagen de archivo. Foto Carlos Ramos Mamahua

Ciudad de México. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desmintió al director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, y aseguró que el personal del organismo nunca llegó al río San Juan el día 28 de octubre de 2014, como lo aseguró el funcionario.

Por este motivo, agrega, ese personal internacional no fue testigo de las diligencias practicadas por la Procuraduría General de la República (PGR) en la zona, ni tuvo conocimiento de la presencia de Agustín García Reyes, presunto inculpado por los hechos de Iguala, y cuya presencia en el lugar apenas se conoce ahora, por la información proporcionada por el mismo funcionario.

“Por lo anterior, la ONU-DH manifiesta su extrañamiento por la mención a su presencia y rol en actividades de la PGR en las que nunca participó, así como por la innecesaria exposición mediática de la imagen y los nombres de una funcionaria y un ex funcionario de esta Oficina”, dice el comunicado del organismo internacional.

Explica que la presencia del personal de la Oficina de México del Alto Comisionado en el campo de futbol de Cocula, donde se establecía la base para las operaciones en helicóptero de la PGR ese día, era para trasladarse de manera inmediata al basurero de Cocula, a fin de documentar hallazgos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

De ese campo de futbol al río Cocula son al menos cinco minutos en vehículo, mientras que al basurero son entre 40 y 50 minutos.

Por otra parte, la Oficina hizo un llamado a focalizar todos los esfuerzos en el esclarecimiento del paradero de los estudiantes; la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables; la reparación de las víctimas, y la plena implementación de las recomendaciones del GIEI.

Astillero: En México no pasa nada

Movimiento 43, desprotegido

 Catálogo de manipulaciones

 Verdugos: historias de militares

Julio Hernández López

SE ENFRENTAN MAESTROS Y POLICÍAS EN MICHOACÁN. Maestros de la CNTE y normalistas se enfrentaron con policías afuera del Centro de Convenciones de Morelia, donde los docentes se manifestaron contra la visita del secretario de Educación, Aurelio Nuño, quien firmó con el gobernador Silvano Aureoles y el líder del SNTE, Juan Díaz de la Torre, el convenio de Educación de Calidad con Equidad. Tras la gresca fueron detenidos 47 mentores y estudiantes, de los cuales consignaron a cuatro por daños en propiedad privadaFoto Ignacio Juárez

C

on la virtual expulsión del país del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es llevada a una situación de distancia práctica respecto al caso de los 43. Las visitas de seguimiento deberán ser acordadas con el gobierno mexicano (que no desea tener más tratos con esa CIDH ni permitir más visitas de enviados suyos) y la comunicación entre esas partes podría quedar reducida al plano epistolar cibernético (una especie de seguimiento Gmail).

2. Habrá de verse si la CIDH realiza algún ejercicio de imaginación jurídica y política para darle más densidad y efectividad al seguimiento que desea realizar, pues de otra manera los familiares de los 43, los abogados y activistas que los apoyan y las organizaciones solidarias con esa lucha quedarán a la intemperie, sin más protección internacional que la buena voluntad a larga distancia de la citada comisión, y en especial de los integrantes de lo que fue el GIEI en México. Es preocupante la posibilidad de que el gobierno peñista decida actuar judicialmente contra figuras representativas del movimiento de los 43, con la intención de precisar que el caso ya se ha cerradoy debe aplicarse la ley contra quienes se oponen a la verdad histórica que sigue sosteniendo la administración federal.

3. Agotadas las vías de la indagación específica que en el lugar de los hechos realizó el GIEI, a los familiares de los 43 (y a la propia CIDH) les quedan opciones jurídicas a presentar ante instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, aunque esos procesos suelen tardar muchos años, y los promoventes deberán cuidar que sus alegatos tengan la contundencia necesaria para no recibir un revés formal que ayude al gobierno mexicano en su estrategia de apuesta al desgaste y a la desmemoria.

4. Dos fueron los puntos críticos de la relación entre el GIEI y el gobierno mexicano: el basurero de Cocula y el interrogatorio a militares presentes en Iguala. Ambos tópicos resultan fundamentales para construir o rechazar la hipótesis de que el gobierno mexicano conoció en detalle lo que pasaba en aquellas horas trágicas y que luego tejió una red de protección judicial, mediática y política en favor de factores que van más allá de lo regional o lo meramente policiaco. El GIEI trató de descoculizarel curso de la investigación realizada pues, siendo tan importante el tema del basurero y la presunta incineración de los estudiantes allí, no es el único aspecto escandaloso en el catálogo de manipulaciones y aberraciones encontradas. Respecto a los militares, hubo quienes en son de amarga broma interna llegaron a proponerse el obtener su naturalización como mexicanos, para así salvar el impedimento categórico establecido por el general Cienfuegos, de que sus soldados no sostendrían diálogo con extranjeros respecto a este expediente.

5. La obscena campaña de difamación contra el GIEI pretende crear confusión y hartazgo sobre el tema. A la luz del segundo y último informe del GIEI se produjeron expresiones internacionales de respaldo a la tarea de los expertos (de manera destacada la de Hillary Clinton, haya sido ésta con la intención política que haya sido), y en el plano nacional se produjeron algunas columnas y comentarios moderadamente favorables a ese grupo interdisciplinario, pero a fin de cuentas en el ámbito local el poder celebra el retiro del GIEI y la vuelta a la terrífica normalidad.

Y 6. A fin de cuentas, no pasa nada en México. El control mediático y político diluye el impacto de revelaciones documentadas que en otros países provocaría renuncias de funcionarios y consignaciones judiciales. En México se inventó una verdad histórica sobre la desaparición de 43 jóvenes; el jefe de una agencia de investigación criminal (el fabricante Tomás Zerón) realizó una muy sospechosa visita secreta a un río donde al otro día se encontraría una bolsa con restos óseos; el gobierno entregó a los investigadores extranjeros un (quinto) autobús distinto al que ellos pretendían revisar; el tráfico de heroína entre Guerrero y Estados Unidos y la protección de autoridades y funcionarios en ese negocio no fue tomada como fuerte hipótesis oficial de trabajo; los principales declarantes sobre los que se sustentó la verdad histórica fueron torturados después de su detención; el gobierno investigado se niega a mantener condiciones operativas y de seguridad para un nuevo periodo de trabajo del GIEI y, sobre todo, no se sabe qué sucedió con 42 jóvenes que continúan desaparecidos (recuérdese que uno de los normalistas ya fue identificado como muerto). Pero en México no pasa nada (bueno, sí suceden cosas en el País de la Simulación: a la hora de cerrar esta columna se preparaba una conferencia de prensa de la PGR, con la participación del fabulador Tomás Zerón).

Denise Dresser y este tecleador presentarán hoy el libro Verdugos, de Ana Lilia Pérez, a las 19:30 horas en Casa Lamm, con entrada libre. El texto lleva por subtítulo Asesinatos brutales y otras historias secretas de militares. Reportaje y crónica que toma como punto de arranque el asesinato brutal de dos adolescentes centroamericanos, Delmer Alexander y José David, a manos de un militar en el noreste mexicano, Verdugos narra otros episodios de desquiciamiento individual e institucional en ese ámbito castrense, lo que se reproduce en el rosario de atropellos de los comandos en las calles, su cooptación por el crimen, (y en) el uso faccioso que el propio gobierno en turno hace de esas fuerzas armadas. Pregunta Ana Lilia Pérez: ¿Qué lleva a los militares a estallidos de violencia, ira u odio incontenibles? La disciplina militar tiene su propia lógica, una lógica por la que se preparan hombres para utilizar armas y matar. Y, mientras el partido Movimiento Ciudadano trata de explicar lo de la venta del padrón electoral en Amazon con algo más que la coartada clásica del hackeo, ¡hasta mañana!

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Investigación de la PGR nos deja sin la posibilidad de conocer la verdad

Resultados con fallas y lagunas, señalan comisión de diputados

Enrique Méndez y Roberto Garduño

 

Periódico La Jornada
Jueves 28 de abril de 2016, p. 12

La comisión especial que investiga la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal rural de Ayotzinapa exigió al gobierno federal dar seguimiento al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Sus conclusiones no pueden ser desoídas por las autoridades de México, porque ya se encuentran en el ámbito de la opinión pública internacional, argumentó la presidenta del grupo de trabajo, Guadalupe Murguía, del PAN.

Por su parte, Aracely Damián (Morena) consideró que el tercer peritaje, dado a conocer por la PGR, manifiesta múltiples contradicciones. Con él la verdad histórica oficial no se ratifica, porque no se llevó a cabo por consenso, y su resultado no sería aceptado por ningún tribunal de derechos humanos, porque carece de sustento científico y no responde a dudas planteadas con anterioridad.

La legisladora Damián recordó que en detrimento de la investigación sólo existe una averiguación previa y con ella la PGR entregará a los mexicanos un resultado con fallas y lagunas, sin la posibilidad de conocer la verdad y sin que se amplíe el espectro de quienes por omisión o acción cometieron el delito.

Para la presidenta de la comisión, Guadalupe Murguía, la crítica de la opinión pública nacional e internacional, suscitada tras la entrega del informe final del GIEI, pone en evidencia las anomalías del sistema de procuración de justicia en México. Nos pone ante la opinión pública internacional en una situación de alto cuestionamiento. Esto no es un asunto menor y creo que corresponderá a la PGR y al gobierno de México dar respuesta.

La representante panista anunció que la comisión dará seguimiento al informe del GIEI, y si bien en su entorno resulta complicado alcanzar unanimidad, ésta se buscará donde haya coincidencias.

Expuso que ante el retiro del GIEI, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tendrá que asumir el trabajo de los expertos internacionales, generar confianza y credibilidad ante los padres de los jóvenes desaparecidos y frente a la opinión pública nacional e internacional.

Normalistas pasaron 40 minutos detenidos en la comandancia de la policía en Iguala

• Expertos pidieron entrevistar a las personas que estaban encerradas esa noche
• Testimonios recogidos en el informe del GIEI señalan el papel de los agentes municipales

Emir Olivares y José Antonio Román

 

Periódico La Jornada
Jueves 28 de abril de 2016, p. 12

Al menos 13 estudiantes del grupo de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa habrían sido llevados en un primer momento, tras su detención, a la comandancia de la policía preventiva municipal de Iguala. Los jóvenes habrían estado en el patio de las instalaciones poco más de media hora, entre las 23 y 23:40, del 26 de septiembre de 2014.

De acuerdo con versiones de policías y testigos, recogidas en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), los estudiantes normalistas fueron sacados de la comandancia por elementos policiacos a bordo de dos patrullas, custodiadas por otras tres unidades.

Vi que llegaron elementos de la policía preventiva a bordo de dos patrullas y subieron en ellas a los muchachos que estaban hincados cuando platicaban con el licenciado Ulises (Bernabé García), juez de barandilla. Ignoro hacia donde se los hayan llevado; todo esto lo vi de reojo, que de ahí ya no me consta nada, declara Hugo Hernández Arias, uno de los policías actualmente procesados.

Además, hay registros de telefonía móvil de agentes municipales de Iguala que los ubican en la zona cercana a la comandancia entre las 23:10 y 23:57 horas de ese día, es decir, que se encontraban en este lugar, o sus inmediaciones, en el mismo lapso en que los estudiantes permanecían en la comandancia.

Entre las patrullas cuyos ocupantes podrían haber estado en este sitio se encuentran la número 20, que conducía Fausto Bruno Heredia, uno de los jefes de la policía municipal de Iguala, y la 18, asignada a Alejandro Tenescalco, otro jefe, actualmente prófugo.

Estas versiones coinciden con las declaraciones hechas por los estudiantes sobrevivientes del ataque en la calles de Juan N. Álvarez y Periférico Norte, quienes narran haber visto la detención de los normalistas que iban en el autobús Estrella de Oro número 1568 y fueron llevados en patrullas de la policía municipal. Esta detención fue reconocida por el jefe de la policía municipal Felipe Flores Velásquez, también prófugo.

Incluso, el GIEI recogió declaraciones de otros testigos, como el de D –identificado así en el informe–, quien declara que eran entre 16 y 17 estudiantes los que habían sido llevados a barandilla; que había uno más herido de gravedad, en el hospital, y otros dos lesionados de bala. Uno amigo que había tenido problemas con un choque en su moto me dijo que sí estaban ahí los chavos, completa su testimonio.

El GIEI señala que desde junio del año pasado ha solicitado a la PGR entrevistar a las seis personas que estaba privadas de la libertad la noche del 26 de esptiembre de 2014, pues desde las celdas se puede ver el patio de la comandancia y, por tanto, son testigos de esos hechos. Estas declaraciones no se han realizado.

Responde la PGR a la acusación de que se sembró evidencia en el río San Juan

• Señala Tomás Zerón errores en el video de Cocula; la diligencia, transparente, dice
• El funcionario no hizo referencia a señalamientos del GIEI de tortura a detenidos

Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGRFoto Yazmín Ortega Cortés

Gustavo Castillo García

 

Periódico La Jornada
Jueves 28 de abril de 2016, p. 11

Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal (ACI), rechazó haber sembrado evidencias en el río Cocula y que las bolsas con fragmentos óseos hayan sido localizadas el día 28 de octubre de 2014, como señaló el Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) al rendir su segundo y último informe del llamado caso Iguala.

Durante un mensaje a los medios de comunicación que duró una hora –sin que aceptara preguntas–, Zerón no hizo ninguna referencia a los señalamientos del GIEI de que al menos 25 detenidos, implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fueron objeto de actos de tortura.

Antes de que hablara Zerón de Lucio, el subprocurador de derechos humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Eber Omar Betanzos, dijo que se solicitó al GIEI el video mostrado durante su segundo informe (en el cual se sostienen los señalamientos de la siembra de evidencia en el río Cocula), pero que el grupo de expertos no ha entregado el material, y dijo que la PGR analizará dicho material para determinar lo conducente.

Zerón de Lucio comenzó justificando que hasta la tarde de ayer –tres días después de que los integrantes del GIEI lo acusaron de sembrar evidencias– se diera una declaración a ese respecto. Dijo que se encontraba en una comisión internacional en Lyon, Francia, porque acudió a la sede de Interpol.

El titular de la AIC señaló que las grabaciones de video mostradas por el GIEI son erróneas, ya que en sus imágenes se menciona que las bolsas con restos fueron encontradas en diciembre de 2014 y no en octubre de ese año como está asentado en el expediente.

Rechazó haber cometido alguna irregularidad y mencionó que la primera diligencia se realizó el 28 de octubre de 2014 y en ella estuvo presente el detenido Agustín García Reyes, y que como responsable de la AIC está obligado a indagar un hecho criminal.

Según Zerón, lo que muestra el video es una de las múltiples visitas que realizó a diversas zonas de Guerrero, entre ellas Iguala, Cocula y Apetlanca.

“Una de las áreas de la AIC es la Policía Federal Ministerial, por lo cual tengo facultades para realizar actos de investigación en auxilio del Ministerio Público. En este contexto, todo el actuar de la policía y un servidor se sustentó legalmente en un mandamiento ministerial de investigación exhaustiva, mediante acuerdo del 25 de octubre de 2014.

“(…) durante sus manifestaciones, García Reyes refirió conocer el sitio donde prendieron fuego a un gran número de personas, así como el lugar en el que arrojaron ocho bolsas que contenían las cenizas de los cuerpos quemados.

Por lo anterior, se procedió a identificar en campo los lugares señalados por García Reyes en su declaración. Este traslado fue parte de un acto de investigación policial, mismo que constituye un acto previo de una diligencia ministerial, la cual se desarrolló al día siguiente.

Para probar sus afirmaciones mostró los planes de vuelo, grabaciones del recorrido con García Reyes, e imágenes de cuando se coordina con personal de la Armada de México para resguardar el sitio donde se habían detectado cuatro bolsas de plástico.

Al dar respuesta a los señalamientos del GIEI, Zerón de Lucio estuvo acompañado por cuatro funcionarios y un perito: Sara Mónica Medina Alegría, directora de la coordinación de servicios periciales; Eber Omar Betanzos Torres, subprocurador de derechos humanos; Vidal Díaz Ochoa, titular del área de inteligencia de la AIC, y Carlos Hugo Castellanos Becerra, director de asuntos jurídicos en la AIC.

Luego, Zerón de Lucio explicó una imagen mostrada por el GIEI en la que se observa que en una de las etiquetas, colocada en una de las bolsas, se puso la fecha de 28 de octubre de 2014: una perito se equivocó, ya que marcó mal la fecha y en lugar de 29 de octubre le puso 28; por ello, dijo, se investigará si tiene alguna responsabilidad, pero señaló que en el expediente las diligencias ministeriales tienen la fecha correcta del hallazgo.

Asimismo, con relación a la fotografía mostrada por el GIEI en la que se aprecia un hueso –que en su versión resultó ser un hueso de ave–, dijo que fue tomada el día 29 de octubre y que ello se demuestra con los metadatos de la imagen.

Sostuvo que su presencia esa fecha y en ese lugar fue legal, a la luz del día, y atestiguada por representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, así como por decenas de periodistas que grabaron ese y seguramente otros videos en las mismas circunstancias de tiempo y lugar.