El pasado 15 de junio, en Nueva York, durante una gira de promoción para la inversión en el Estado de México, el gobernador Enrique Peña Nieto, asumió la responsabilidad del operativo realizado los días 3 y 4 de mayo en San Salvador Atenco. Por lo tanto debe responder por la violación de los derechos humanos y constitucionales de cientos de personas, la aplicación de tortura y por ende, por romper el estado de derecho.
Wilfrido Robledo, jefe de Seguridad Pública mexiquense, siguiendo instrucciones del gobernador, ejecutó dicho operativo aplicando la fuerza bruta: detuvo a más de 200 personas sin las debidas órdenes de aprehensión. La mayoría de los hombres fueron torturados, y a las mujeres se aplicó la tortura sexual y psicológica. Ingresaron al penal de Santiaguito sin haber sido remitidos a un Ministerio Público como obliga la ley.
La sociedad civil ha pedido el SOBRESEIMIENTO de la causa ante el Procurador de Justicia del Estado, Abel Villicaña. También se ha hecho pública la petición a la licenciada María de Lourdes Lozano Mendoza, Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en Toluca, Estado de México, de conceder los AMPAROS que por ley debieran ser otorgados a todas estas personas, dado que el Ministerio Público no acreditó ni el cuerpo del delito y ni la probable responsabilidad de los acusados, ya que nunca individualizó las conductas que en forma genérica atribuye a los acusados.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha señalado en su preinforme la existencia de delitos de Lesa Humanidad en dicho operativo. Organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos han solicitado no sólo la destitución de los mandos policíacos, si no su ejemplar castigo.
Pedimos a usted que tome las medidas necesarias para que Enrique Peña Nieto y sus subalternos involucrados en las acciones del 3 y 4 de mayo, sean sometidos al juicio que corresponde.
Advertimos también que declaraciones como las vertidas por Enrique Peña Nieto entorpecen el conocimiento de la verdad, ya que aseguró que 23 policías habían sido sancionados por los actos ocurridos. El lunes 11 de junio, el Procurador General de Justicia del Estado de México, Abel Villicaña, hizo público que 4 policías serían destituidos y otros 5 sancionados con 90 días de suspensión por causas administrativas. El miércoles 14 de junio, informó que se girarían órdenes de aprehensión contra los 23 policías. Hasta el día en el que el gobernador Peña Nieto hizo sus declaraciones, estas órdenes no habían sido ejecutadas.
Como es de su conocimiento, este operativo cobró la vida de dos jóvenes: Javier Cortés Santiago y Ollin Alexis Benhumea Hernández. Entendemos que Enrique Peña Nieto se responsabiliza también de estas muertes.
Cada día que permanecen en los penales de Almoloya y Santiaguito los injustamente presos, demuestra que en México no hay procuración de justicia y que quienes debieran representarla, protegen y encubren a las “autoridades” responsables. Es necesario y urgente limpiar la sangre que sobre el rostro de nuestro país han vertido funcionarios públicos que olvidan que su deber es servir al pueblo. En vez de esto reprimen de manera criminal a inocentes cuyo único delito es no estar de acuerdo con este sistema de muerte.
Demandamos la inmediata liberación de las presas y los presos de Santiaguito y Almoloya y se sobresean los procesos de los liberados y los aún presos. Asimismo que se someta a juicio a todos los responsables de estos crímenes. Esperamos que antes de que usted termine su administración, haya castigo ejemplar.
Atentamente
Mujeres sin Miedo: Todas Somos Atenco
Ofelia Medina, Begoña Lecumberri, Carmen Huete, Francesca Guillén, Beatriz Zalce y Humberto Robles
Carta publicada en La Jornada, el domingo 18 de junio
(Posteriormente se sumaron a esta carta Marta Aura , Virginia Sánchez Navarro, Giovanna Cavasola y Claudia Aguirre)
