Hubo resistencia oficial para crear el mecanismo de seguimiento planteado por la CIDH
Familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, a su llegada a la cancilleríaFoto Roberto García Ortiz
José Antonio Román y Georgina Saldierna
Periódico La Jornada
Jueves 7 de julio de 2016, p. 7
Jueves 7 de julio de 2016, p. 7
Los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos se levantaron ayer de la mesa de negociación instalada en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), molestos por la resistencia gubernamental a aceptar los términos para crear el mecanismo de seguimiento del caso Iguala, planteado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esto se interpretó como un rompimiento del diálogo con el gobierno; sin embargo, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, Miguel Ruiz Cabañas, rechazó que haya una fractura, y prueba de ello, aseguró, es que la tarde de este jueves los familiares de los jóvenes se reunirán con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Tras una reunión ‘‘ríspida y muy complicada’’ de poco más de dos horas en la SRE, los padres y madres de los 43 normalistas decidieron retirarse de la mesa e instalarse en plantón permanente frente a las instalaciones de la dependencia.
Incluso, los paterfamilias y su abogado, Vidulfo Rosales, acusaron de manera directa a la SRE de ‘‘entorpecer’’ la concreción de este mecanismo, que daría seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como a las medidas cautelares emitidas por la CIDH. ‘‘No hay voluntad política’’, dijo el representante legal.
Las diferencias sustanciales con el Estado mexicano son, entre otras, el rechazo gubernamental a que un ‘‘equipo técnico operativo’’ de este esquema permanezca en México el tiempo que sea necesario, y el ‘‘acceso pleno’’ a la información del caso, limitándolo solamente a la contenida en los expedientes.
Desde hace unos días, la Comisión Interamericana envió una resolución al Estado mexicano en la que establece algunos mínimos que debe tener este mecanismo, como el hecho de que esté integrado por dos comisionados; que se pueda visitar el país cada dos meses, con duración de cinco días, y se tenga ‘‘acceso pleno’’ a la información, además de dotarlo de un ‘‘equipo mínimo técnico operativo’’, integrado al menos por dos personas, y que permanezca el tiempo que sea necesario.
El plazo de 15 días que tenía el Estado mexicano para responder a esta resolución de la CIDH venció este mismo miércoles.
Vidulfo Rosales señaló que en reuniones previas, tanto en Washington como en México, se había avanzado más. Dijo que los argumentos de la cancillería son básicamente de carácter técnico y ‘‘muy ambiguos’’, en el sentido de que el acceso a la información del caso es una decisión que compete a la Procuraduría General de la República.
Al igual que los padres y el abogado, el subsecretario Ruiz Cabañas ofreció por separado su versión del encuentro. Rechazó de entrada que se hayan roto las pláticas con los familiares y aseguró que sólo son ‘‘diferencias de matiz’’ las que existen entre las partes para establecer el modelo para dar seguimiento a las recomendaciones del GIEI.
El subsecretario agregó que ya hay acuerdos muy importantes sobre lo que será el citado esquema y confió en que durante una próxima reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se puedan resolver los pendientes.
Cuestión de palabras
El funcionario evitó aclarar en qué consisten los diferendos y sólo dijo que se trata de términos, de palabras que en una reunión de redacción se pueden resolver. Ruiz Cabañas expresó su confianza en que antes de concluir julio pueda tenerse el mecanismo, aunque puntualizó que ello no depende ni del gobierno ni de los padres de familia, sino de la CIDH.
A la pregunta de por qué ha tardado tanto en crearse dicha estructura, respondió que los tiempos los ha marcado la comisión. No ha sido el gobierno el que los ha manejado, enfatizó.
Recordó incluso que el presidente el organismo multilateral pidió tiempo para consultar a los otros comisionados sobre el mecanismo de seguimiento.
A su vez, Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, coincidió con el funcionario en que no están frente a un contexto de ruptura. ‘‘Se puede hablar de que no avanzamos como esperábamos y se sigue en el proceso’’, señaló.
