* Miembros de la asamblea y otros personajes demandan que se quite el caso al “conservador” Azuela
* Plantean juicio político contra ministros que actúen parcialmente, como en temas de Atenco y Lydia Cacho
Foro nacional Exigencia de justicia a la SCJN por el caso Oaxaca, realizado ayer en el Club de Periodistas" Foto Jesús Villaseca
Emir Olivares Alonso
Integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y otros personajes exigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que en el análisis de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la movilización social en aquella entidad, se señale a los responsables de esos crímenes.
Integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y otros personajes exigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que en el análisis de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la movilización social en aquella entidad, se señale a los responsables de esos crímenes.
Durante el foro nacional Exigencia de justicia a la SCJN por el caso Oaxaca, los participantes alertaron que los ministros del máximo tribunal del país pueden omitir una vez más señalar a los autores materiales e intelectuales de las violaciones a garantías fundamentales, como hicieron en los casos de San Salvador Atenco y de la periodista Lydia Cacho.
Gilberto Hernández Santiago, de la comisión jurídica de la APPO, informó que los integrantes de la comisión especial creada por la Corte para investigar las transgresiones a las garantías fundamentales en Oaxaca (de mayo de 2006 a enero de 2007) sólo fueron cuatro veces al estado para recabar testimonios de las víctimas.
Recordó que durante el movimiento social ocurrieron más de 20 asesinatos, agresiones sexuales, torturas, detenciones arbitrarias y otros “crímenes de lesa humanidad” de los que constante- mente se ha responsabilizado al gobernador Ulises Ruiz y al ex presidente Vicente Fox, así como a funcionarios de ambos órdenes de gobierno. Agregó que se entregaron a la SCJN elementos necesarios para acreditar la culpabilidad de dichos funcionarios en la comisión de esos crímenes.
El abogado advirtió que si los ministros no señalan a los responsables de estos abusos, “legitimarán la situación de impunidad que se vive en el estado y el país. Vemos que no cumple su papel; puede poner un alto a otros poderes arbitrarios, pero con sus decisiones no hace que se respete la Constitución”.
Durante el foro, en el que participaron personajes como Enrique González Ruiz, Juan de Dios Hernández Monge y Raúl Álvarez Garín, se alertó que el ministro ponente del caso Oaxaca será Mariano Azuela, “personaje con una trayectoria y formación sumamente conservadora y parcial”, por lo que los participantes exigieron que el máximo tribunal designe a otro ministro para elaborar el proyecto del caso.
Asimismo, se informó que diversos sectores sociales llamarán a un juicio político contra los ministros que actúen con parcialidad en este tema y quienes han demostrado no impartir correctamente la justicia en hechos como los de Atenco.
En entrevista previa, la diputada Aleida Alavez indicó que en Oaxaca continúan presentándose asesinatos y otras violaciones a garantías fundamentales, los cuales permanecen en la impunidad.
Demandó a los ministros no autolimitarse y realizar una investigación a fondo en torno al caso Oaxaca para “no enviar mensajes de impunidad” a la nación.
Demandó a los ministros no autolimitarse y realizar una investigación a fondo en torno al caso Oaxaca para “no enviar mensajes de impunidad” a la nación.
La legisladora señaló que cuando la Corte no fincó responsabilidades por los hechos de San Salvador Atenco demostró que “el Estado mexicano está desmembrado. No hay estado de derecho en el país ni quién aplique la justicia; al contrario, se está dando cara abierta a la impunidad”
Recordó que diversos sectores políticos se han manifestado por desaparecer la facultad del órgano de justicia de atraer e investigar casos en los que se hayan cometido violaciones a los derechos humanos, lo que consideró preocupante.
Subrayó que mientras a los luchadores sociales, como a los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra –de Atenco– se les condena a prácticamente a cadena perpetua –hecho que los ministros de la Corte ni siquiera consideraron–, a las autoridades implicadas en delitos contra la ciudadanía no se les toca.
