Su abogada critica la posición de la Fiscalía española, que recomendó no admitir la querella porque se está investigando en México
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
La ciudadana española Cristina Valls y la organización Women's Link Worldwide, que denunciaron el pasado 25 de enero a 140 policías mexicanos por tortura, abusos sexuales y violación durante su detención en Salvador de Atenco (Estado de México) en mayo de 2006, presentaron hoy un escrito ante el Juzgado Central de Instrucción nº3 de la Audiencia Nacional para denunciar la "inexactitud" de la respuesta de las autoridades mexicanas al juez español que instruye el caso, Fernando Grande-Marlaska.
El juez había pedido el pasado 3 de marzo a la Procuraduría General de la República información sobre el caso de Cristina Valls, arrestada durante las protestas campesinas entre el 3 y el 5 de mayo de 2006 en las localidades mexiquenses de Texcoco y Salvador de Atenco y que tuvieron como resultado la detención de más de 200 personas. Entre ellas había 47 mujeres que alegaron haber sufrido abusos sexuales, torturas y violaciones durante su traslado al Centro de Prevención y Readaptación Santiaguito.
"Entendemos que el Gobierno mexicano está obstaculizando el acceso a la justicia de Cristina Valls y de todos los mexicanos que han pedido una apertura del proceso", señaló la directora ejecutiva de Women's Link Worldwide, Viviana Waisman, poco antes de presentar el escrito de denuncia ante la Audiencia Naiconal. "Llevábamos más de tres meses esperando una respuesta, pero su contenido nos tiene muy preocupadas", añadió.
Women's Link Worldwide considera que es "un escrito plagado de inexactitudes que tratan de tapar la responsabilidad de personas que ocupan altos cargos" como el actual titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, que cuando sucedieron los hechos era Secretario de Seguridad Pública, o el Gobernador de México, Enrique Peña Nieto.
"El deber de Grande-Marlaska es investigar los hechos porque no hay indicios de que se esté investigando en el país donde ocurrieron, como señala la Constitución Española", denunció Waisman, quien añadió que esperaba que las buenas relaciones entre España y México mostradas durante la visita del presidente mexicano, Felipe Calderón, no impidiesen ningún tipo de colaboración respecto a esta querella.
Once mujeres mexicanas violadas y torturadas en Atenco, junto con el Centro Pro Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), acudieron el pasado mes de abril ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir su intervención en el caso. "Si las chicas mexicanas han tenido que ir a Washington a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir su intervención en el caso, no era buena idea que yo acudiese a México", señaló Valls.
En su escrito de respuesta al juez español, la PGR alegó que el caso está siendo investigado desde el 11 de mayo de 2006 y que habían recibido a seis de las víctimas para informarles sobre las investigaciones. "El día que las recibieron fue el mismo que se presentó la querella en Washington y había una manifestación con medios de comunicación presentes en la puerta del edificio", aseguró Waisman.
CRITICAS A LA FISCALIA
La abogada de Valls, Paloma Soria, recordó que ninguna persona había sido condenada por los hechos y señaló que "sólo se han impuesto sanciones administrativas a dos policías".
Además, Soria criticó que la Fiscalía española haya recomendado la no admisión de la querella porque entiende que se está investigando en México. "Estamos muy descontentos con la postura adoptada por la Fiscalía de la Audiencia nacional", indicó Waisman.
Por otra parte, Soria aseguró que la respuesta de la PGR al juez Grande-Marlaska indica que la prohibición de regresar a México que pesaba sobre Valls había sido suprimida en abril de 2007 "sin que ella, ni su abogada en Mexico, Elba Coria, de la ONG sin fronteras, fueran informadas". Valls había sido deportada y tenía prohibido volver a México en cinco años, por esa razón presentó la querella ante la Audiencia Nacional en España.
El llamado 'caso Atenco' había sido denunciado por varias organizaciones, como Amnistía Internacional, y por 96 congresistas estadounidenses que enviaron una carta al gobierno mexicano el mes pasado por la impunidad que ha rodeado a estos hechos.
