■ Por un “error” del juzgado no se les había notificado su libertad
René Ramón (Corresponsal)
Nezahualcóyotl, Méx., 16 de junio. Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco fueron citados por el juzgado sexto de distrito a comparecer en torno a los hechos violentos del 3 y 4 de mayo de 2006, por ataques a las vías de comunicación, delito del cual ya fueron absueltos por el juzgado noveno de distrito.
Juan de Dios Hernández Monge, integrante del Colectivo de Abogados Zapatistas, el cual tiene a su cargo la defensa jurídica de 104 de los 207 detenidos hace dos años, aseguró que por “un error administrativo” se le hizo pasar un mal momento y la pérdida del día a los atenquenses.
El litigante explicó que el sábado 14 llegó un escrito a los domicilios de los campesinos de aquella localidad, a quienes se les informó que tenían que presentarse la mañana de este lunes ante el juez Rubén Darío Noguera Gregoire, titular del juzgado sexto federal con sede en Nezahualcóyotl.
Los integrantes del FPDT tenían que comparecer por el delito de ataques a las vías de comunicación, y además actualizar su póliza de fianza, por el delito del cual fueron acusados en 2006 por los gobiernos estatal y federal.
Los integrantes del FPDT tenían que comparecer por el delito de ataques a las vías de comunicación, y además actualizar su póliza de fianza, por el delito del cual fueron acusados en 2006 por los gobiernos estatal y federal.
Hernández Monge criticó el actuar del Consejo de la Judicatura Federal, pues en los expedientes 757/07, 1094/07 y 1095/07, integrados al juzgado noveno de distrito y ratificados por el cuarto tribunal unitario, se decretó la libertad absolutoria de 88 personas acusadas de dicho delito y cuya defensa corrió a cargo del colectivo.
Aunque los atenquenses gozan de libertad definitiva, este lunes acudieron los 29 de 88 personas a quienes les llegó el citatorio. Presentes en las oficinas del juzgado sexto, el personal les informó que se trató de un error administrativo, pues recientemente se le dio el nombramiento al juez Rubén Darío Noguera.
“El juez, nos dijeron, es nuevo y no conoce cómo está el asunto, y el error se lo atribuyeron al secretario de acuerdos”.
El Colectivo de Abogados Zapatistas, a través de Juan de Dios Hernández, demostró la inocencia de los 29 personas citadas y, ahora, demandó se les notifique por escrito que todo se trató de una confusión y que efectivamente el juzgado noveno de distrito los exoneró de dicho delito.
Protesta por el caso de española
La organización internacional de derechos humanos Womens Link Worldwide externó su preocupación por que la respuesta oficial de México en torno a la denuncia que presentó la española Cristina Valls por violación, tortura y abusos sexuales que sufrió en San Salvador Atenco hace dos años por policías estatales y municipales es inexacta y pretende ocultar la responsabilidad de algunos acusados que ocupan cargos de relevancia en el gobierno mexicano.
En un breve comunicado de prensa, la organización puntualizó que el escrito enviado por el gobierno mexicano al magistrado Fernando Grande Marlaska, quien debe decidir en torno a la querella que presentó la agrupación ante la Audiencia Nacional española el pasado mes de enero, sostiene que se pretende relevar de responsabilidad de los hechos ocurridos en mayo de 2006 a Eduardo Medina Mora, actual procurador general de la República; Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal, y a Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México.
Ayer, la organización entregó al juez Grande Marlaska un escrito en el que asentó que la respuesta del gobierno mexicano fue elaborada por la Procuraduría General de la República, cuyo titular es “uno de los principales acusados y responsables de los atropellos cometidos durante los operativos policiacos en Atenco.
Precisó que la autoridad mexicana no informó a Valls ni a su abogada mexicana, Elba Coria, integrante de la organización no gubernamental Sin Fronteras, que desde abril de 2007 se canceló la prohibición a Valls de que regresara a México.
En el escrito del gobierno mexicano también se ignora que el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional solicitaron, el pasado abril, la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso Atenco.
“Teniendo en cuenta la relevancia de los acusados y los antecedentes que denuncian, en México no se dan las mínimas condiciones para un proceso independiente”, señaló la organización.
