Oculta responsabilidad de funcionarios públicos
Por Lourdes Godínez Leal
México DF, 17 junio 08 (CIMAC).- En un claro intento de obstaculizar la justicia en España y en México, el Gobierno mexicano dio una respuesta “omisa e imprecisa” a la petición de información hecha en marzo pasado por el juez español Fernando Grande-Marlaska, para conocer los procesos de investigación abiertos sobre las violaciones contra mujeres de Atenco y contra la ciudadana española Cristina Valls, denunció hoy en conferencia de prensa el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
Por su parte, en una conferencia paralela, la organización española Women’s Link Worldwide, representante legal de Cristina Valls y autora de una querella el 25 de enero de este año en la Audiencia Española contra 140 funcionarios mexicanos por el uso de la agresión sexual y la violación como método de tortura contra las mujeres, calificó como una burla la respuesta del Gobierno mexicano al juez español, por lo que le hizo un llamado a la Audiencia para admitir el caso.
Ante la solicitud de información, la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Agregaduría Legal en España, envió al juez un documento, fechado el 10 de junio de 2008, donde se afirma que las autoridades mexicanas “se encuentran investigando las violaciones sexuales cometidas contra 26 mujeres de San Salvador Atenco y Texcoco el 3 y 4 de mayo de 2006”, a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra).
Destaca la PGR que la Fevimtra inició una averiguación previa con motivo de los hechos de San Salvador Atenco y Texcoco del 3 y 4 de mayo de 2006, donde 26 mujeres fueron abusadas y violadas sexualmente por elementos policíacos. Y precisa que la Fevimtra recibió la denuncia de 17 mujeres de las cuales únicamente 9 ratificaron.
“Entre ellas no se encuentra Cristina Valls Fernández –dice la PGR al juez español--, sin embargo la falta de ratificación no impide que la averiguación previa siga su curso”, señala textual el documento.
Asimismo señala que el Instituto Nacional de Migración (INM) informó que Valls no tiene impedimento para regresar a México “en virtud de que al 10 de abril de 2007, se emitió una resolución en la que le impone una restricción de un mes para ingresar nuevamente al país.
Y mostrando “su buena voluntad”, manifiesta que Cristina Valls puede acudir a presentar su denuncia ante los Cónsules de México en España, o ante el Agregado de la PGR en España, a la Fevimtra y ante la Dirección General de Responsabilidades de la Procuraduría de Justicia del Estado de México.
Sin embargo, para Bárbara Italia, otra de las víctimas de violencia sexual durante los operativos del 3 y 4 de mayo, la confianza en la Fevimtra se acabó, ya que las mujeres sólo han recibido “promesas”: primero de Alicia Elena Pérez Duarte y ahora de Guadalupe Morfín, ex fiscal y fiscal, de que consignarán. Han pasado dos años, dice Italia, y pese a contar con todas las pruebas para consignar, no lo han hecho.
“Vamos paso a pasito esperando que en algún momento pueda haber acceso a la justicia. Y si no se puede, hay alternativas internacionales que son vinculantes, entonces ya estaremos en ese momento decidiendo si acudimos o no”, dijo.
IMPRECISIONES
Luis Arriaga y Jaqueline Sáenz, director y abogada del Prodh, hicieron un llamado a la Audiencia Española para que admita el caso de Cristina Valls, y éste no permanezca en la impunidad como ha sucedido en las instancias de justicia mexicanas.
Luis Arriaga, insistió que ante la ineficacia de las autoridades se recurrió a los tribunales internacionales. Cristina Valls Fernández acudió a la Audiencia Española, mientras que 11 de las 26 mujeres violadas sexualmente en Atenco acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con la esperanza para obtener el acceso a la justicia integral.
Los activistas destacaron que en la respuesta al juez Grande-Marlaska, el Gobierno federal “ocultó la responsabilidad” de algunos funcionarios públicos encargados del operativo de mayo de 2006, como Eduardo Medina Mora, actual procurador general de la República (PGR) y ex Secretario de Seguridad Pública, y del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto.
Entre las imprecisiones, destacaron que el Gobierno mexicano informó a Grande-Marlaska que “suprimió” desde abril de 2007 la prohibición a Valls Fernández para entrar a territorio nacional (que era por cinco años) del cual fue expulsada. Según el Prodh, la prohibición se hizo sin el debido proceso, de forma ilegal y con ello se le impidió denunciar la tortura y violencia sexual en nuestro país.
En este sentido, denunciaron que ni la abogada de Cristina Valls en México, Elba Coria, de la organización civil Sin Fronteras, ni el Prodh, han sido notificados de este cambio.
08/LGL/GG
Por Lourdes Godínez Leal
México DF, 17 junio 08 (CIMAC).- En un claro intento de obstaculizar la justicia en España y en México, el Gobierno mexicano dio una respuesta “omisa e imprecisa” a la petición de información hecha en marzo pasado por el juez español Fernando Grande-Marlaska, para conocer los procesos de investigación abiertos sobre las violaciones contra mujeres de Atenco y contra la ciudadana española Cristina Valls, denunció hoy en conferencia de prensa el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
Por su parte, en una conferencia paralela, la organización española Women’s Link Worldwide, representante legal de Cristina Valls y autora de una querella el 25 de enero de este año en la Audiencia Española contra 140 funcionarios mexicanos por el uso de la agresión sexual y la violación como método de tortura contra las mujeres, calificó como una burla la respuesta del Gobierno mexicano al juez español, por lo que le hizo un llamado a la Audiencia para admitir el caso.
Ante la solicitud de información, la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Agregaduría Legal en España, envió al juez un documento, fechado el 10 de junio de 2008, donde se afirma que las autoridades mexicanas “se encuentran investigando las violaciones sexuales cometidas contra 26 mujeres de San Salvador Atenco y Texcoco el 3 y 4 de mayo de 2006”, a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra).
Destaca la PGR que la Fevimtra inició una averiguación previa con motivo de los hechos de San Salvador Atenco y Texcoco del 3 y 4 de mayo de 2006, donde 26 mujeres fueron abusadas y violadas sexualmente por elementos policíacos. Y precisa que la Fevimtra recibió la denuncia de 17 mujeres de las cuales únicamente 9 ratificaron.
“Entre ellas no se encuentra Cristina Valls Fernández –dice la PGR al juez español--, sin embargo la falta de ratificación no impide que la averiguación previa siga su curso”, señala textual el documento.
Asimismo señala que el Instituto Nacional de Migración (INM) informó que Valls no tiene impedimento para regresar a México “en virtud de que al 10 de abril de 2007, se emitió una resolución en la que le impone una restricción de un mes para ingresar nuevamente al país.
Y mostrando “su buena voluntad”, manifiesta que Cristina Valls puede acudir a presentar su denuncia ante los Cónsules de México en España, o ante el Agregado de la PGR en España, a la Fevimtra y ante la Dirección General de Responsabilidades de la Procuraduría de Justicia del Estado de México.
Sin embargo, para Bárbara Italia, otra de las víctimas de violencia sexual durante los operativos del 3 y 4 de mayo, la confianza en la Fevimtra se acabó, ya que las mujeres sólo han recibido “promesas”: primero de Alicia Elena Pérez Duarte y ahora de Guadalupe Morfín, ex fiscal y fiscal, de que consignarán. Han pasado dos años, dice Italia, y pese a contar con todas las pruebas para consignar, no lo han hecho.
“Vamos paso a pasito esperando que en algún momento pueda haber acceso a la justicia. Y si no se puede, hay alternativas internacionales que son vinculantes, entonces ya estaremos en ese momento decidiendo si acudimos o no”, dijo.
IMPRECISIONES
Luis Arriaga y Jaqueline Sáenz, director y abogada del Prodh, hicieron un llamado a la Audiencia Española para que admita el caso de Cristina Valls, y éste no permanezca en la impunidad como ha sucedido en las instancias de justicia mexicanas.
Luis Arriaga, insistió que ante la ineficacia de las autoridades se recurrió a los tribunales internacionales. Cristina Valls Fernández acudió a la Audiencia Española, mientras que 11 de las 26 mujeres violadas sexualmente en Atenco acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con la esperanza para obtener el acceso a la justicia integral.
Los activistas destacaron que en la respuesta al juez Grande-Marlaska, el Gobierno federal “ocultó la responsabilidad” de algunos funcionarios públicos encargados del operativo de mayo de 2006, como Eduardo Medina Mora, actual procurador general de la República (PGR) y ex Secretario de Seguridad Pública, y del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto.
Entre las imprecisiones, destacaron que el Gobierno mexicano informó a Grande-Marlaska que “suprimió” desde abril de 2007 la prohibición a Valls Fernández para entrar a territorio nacional (que era por cinco años) del cual fue expulsada. Según el Prodh, la prohibición se hizo sin el debido proceso, de forma ilegal y con ello se le impidió denunciar la tortura y violencia sexual en nuestro país.
En este sentido, denunciaron que ni la abogada de Cristina Valls en México, Elba Coria, de la organización civil Sin Fronteras, ni el Prodh, han sido notificados de este cambio.
08/LGL/GG
