alejandro gutiérrez
* La ONG entregó un documento de denuncia a la Audiencia Española
Madrid, 17 de junio (apro).- El gobierno de Felipe Calderón pretende “obstaculizar la justicia” en el caso de la represión policial en San Salvador Atenco, ocurrida en mayo de 2006, para “ocultar la responsabilidad de quienes ahora ocupan altos cargos del gobierno”, sostuvo Viviana Waisman, directora ejecutiva de Women’s Link Worldwide (WLW).
Dicha agrupación, que defiende a la española Cristina Valls, una de las extranjeras agraviadas y expulsadas del país después de esos sucesos, dio a conocer que la respuesta que México proporcionó a la justicia española sobre el caso, pretende “ocultar la responsabilidad” que tuvieron en esos hechos muchos de los implicados que hoy “son altos cargos del gobierno”.
Entre otros, citó los nombres del gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, el procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, en aquel tiempo secretario de Seguridad Pública (SSP) federal, y el exdirector de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y actual titular de la SSP, Genaro García Luna. Waisman exteriorizó su deseo de que la buena sintonía que España tuvo hacia México, en la reciente visita del presidente mexicano, “no impida cualquier tipo de colaboración con la querella” sobre la que debe decidir el magistrado español Fernando Grande-Marlaska, juez central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.
Women’s Link, que representa a Cristina Valls en la querella que presentó aquí el pasado 25 de enero, bajo el criterio de justicia universal, entregó hoy un escrito en la Audiencia Nacional para señalar “las inexactitudes” que contiene la respuesta del gobierno de México al magistrado Grande-Marlaska.
Cristina Valls es una de las dos españolas detenidas en San Salvador Atenco, en mayo de 2006, y expulsadas del país. El pasado 25 de enero, interpuso una querella contra las autoridades mexicanas por los delitos de tortura y violación, después de la incursión policiaca que reprimió a los manifestantes, según lograron documentar diversos organismos de derechos humanos internacionales, entre ellos Amnistía Internacional (AI).
El juez Grande-Marlaska hizo una petición de asistencia jurídica a México, solicitando la información sobre los procedimientos judiciales iniciados por el caso Atenco.
Posteriormente, el pasado 11 de junio, en la víspera del inicio de la gira de Calderón por España, la PGR respondió al juez español. Esta respuesta llegó tres meses después de la petición del magistrado. En rueda de prensa, Viviana Waisman y Paloma Soria, abogada de World’s Link, cuestionaron la respuesta mexicana, en principio porque su elaboración estuvo en manos de la Procuraduría General de la República, el ámbito de influencia de Eduardo Medina Mora, uno de los acusados.
El documento de respuesta del gobierno mexicano lleva la firma de José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR.La respuesta fue canalizada a través del agregado legal de la embajada de México en España, Guillermo Valls Esponda.
Además, señalaron que no se responde con claridad sobre el papel que jugaron las altas autoridades implicadas y que fueron denunciadas en la Audiencia Nacional.
La respuesta oficial mexicana señala, por ejemplo, que la fiscalía especial inició una averiguación previa en agravio de las mujeres que fueron detenidas por elementos de distintas corporaciones.
“Dentro de esa indagatoria se recibió la denuncia formal de 17 mujeres, de las que únicamente nueve ratificaron, y entre ellas no se encuentra Cristina Valls, sin embargo, la falta de ratificación no impide que la averiguación previa siga su curso”, dice la respuesta que recibió Grande-Marlaska.
Waisman y Soria recuerdan que luego de la detención, tortura y violación de Cristina Valls, el Instituto Nacional de Migración (INM) la expulsó del país con la prohibición de retornar a México en un periodo de cinco años.
Sin embargo, en la respuesta mexicana se señala que desde abril de 2007 se suprimió la prohibición de regresar a México que pesaba sobre la denunciante desde su expulsión “sin el debido proceso, con lo cual se le impidió denunciar la tortura y violencia sexual de que había sido objeto”.
Sin embargo, “ni la interesada ni la abogada mexicana, Elba Coria, de la organización Sin Fronteras, fueron notificadas de tal cambio”, advierte WLW.
Mientras los representantes legales de Women’s Link presentaban el documento en el juzgado que representa el juez Grande-Marlaska, algunos simpatizantes realizaron una manifestación a un costado de la Audiencia Nacional, la cual fue vigilada por policías de civil y uniformados.
