Alma E. Muñoz Los obispos Raúl Vera y Samuel Ruiz consideraron que México es “un país en conflictividad creciente, alimentada por el gobierno”, y exhortaron a la ciudadanía a organizarse para exigir justicia y compartir la lucha por los derechos humanos.
A las instancias gubernamentales les pidieron, en tanto, asumir su responsabilidad ante millones de mexicanos que “padecen la injusticia y sufren con la impunidad de sus detractores”, y aplicar justicia en los casos de Acteal, Oaxaca, Pasta de Conchos, Atenco, La Parota y demás regiones en conflicto en nuestro país, mediante la reparación del daño y castigo a sus responsables.
También, que sean liberados presos políticos y procesados sus detractores; se entreguen con vida a los desaparecidos; se investiguen los siniestros en Tabasco, el Golfo de México y Chiapas, y se finquen las responsabilidades que correspondan por la “imprevisión del gobierno, las pérdidas materiales y sobre todo las pérdidas humanas”.
