Sus promotores y sus críticos.
UIAE
Luego de violentos conflictos como los de San Salvador Atenco y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), entre diversas organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos ha cobrado fuerza la demanda de libertad para la mayoría de los encarcelados, que esos movimientos reclaman como presos políticos y de conciencia, mediante el impulso de una nueva ley de amnistía. En un comunicado reciente, el propio Ejército Popular Revolucionario (EPR) simpatizó con la propuesta, amén de que mantiene como la causa principal de sus acciones de sabotaje la presunta desaparición de dos de sus miembros.
En este tenor, el 2 de octubre 106 organizaciones sociales y políticas refundaron el Frente Nacional contra la Represión (FNCR), bajo el liderazgo de la hoy senadora Rosario Ibarra, y cuyas tareas principales son: "solicitar amnistía general para todos los presos políticos, la presentación con vida de desaparecidos, la cancelación de órdenes de aprehensión contra luchadores sociales, la abolición de la tortura y de violaciones sexuales de mujeres, y evitar que se criminalice la protesta social y la militarización".
En esta entrega, la UIAE de EL FINANCIERO analiza si es viable una nueva ley de amnistía y, al respecto, identifica a los grupos de poder e interés y otros actores que la promueven, así como de quienes dicen que no se cuenta con las condiciones necesarias para ello. También se presenta el saldo de desaparecidos por sexenio, se exploran las características del problema durante la gestión de Vicente Fox y en el gobierno de Felipe Calderón, y se pasa revista a las diferentes posturas partidistas.
Asimismo, se hace una revisión histórica de las diversas propuestas de amnistía que se han presentado, donde se destaca que esta figura se encuentra prevista desde la Carta Magna de 1824.
Al respecto, hay que recordar que la ley de amnistía promulgada en 1978, bajo el gobierno de José López Portillo, ganó la simpatía de amplios sectores del movimiento democrático, puesto que permitió la liberación de presos, el regreso del exilio y la incorporación de cientos de activistas a la lucha civil. Sin embargo, no resolvió el problema de los desaparecidos políticos. Por ello, en 1979 se fundó el FNCR, que recogió las principales demandas del Comité Pro Defensa y amplió su radio de acción al movimiento sindical, campesino y urbano. La exigencia de esclarecimiento del destino de los desaparecidos políticos ha seguido en pie por años.
