Gustavo Castillo García
Integrantes del Frente Popular en Defensa de la Tierra (FPDT) demandaron a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que cumplan con la obligación de garantizar una pronta procuración e impartición de justicia.
Encabezados por María Trinidad Ramírez, integrantes del FPDT y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) realizaron una marcha en la ciudad de México, en demanda de la libertad de los 27 habitantes de San Salvador Atenco que aún se encuentran detenidos, 23 de ellos en la cárcel de Molino de Flores, en Texcoco, mientras el resto está en la prisión de máxima seguridad de El Altiplano (antes La Palma), en el municipio de Almoloya de Juárez, estado de México.
Trinidad Ramírez y un grupo de vecinos de San Salvador Atenco trataron inicialmente de dialogar con funcionarios de la PGR, pero de acuerdo con la dirigente y esposa de Ignacio del Valle, líder del FPDT (preso en El Altiplano), la dependencia sigue en su intento de minimizar el caso.
“Fuimos tratados de la peor manera; en lugar de escuchar nuestros argumentos que demuestran que algunos de los funcionarios de esa dependencia están actuando bajo consigna para que nuestros compañeros sigan en la cárcel, en lugar de reconocer su inocencia de los cargos que se les imputan, nos enviaron a entregar nuestro escrito a la oficialía de partes”, sostuvo la dirigente.
Luego de varios minutos de protesta frente a la sede de la PGR, el contingente marchó hasta la SCJN; sin embargo, durante su traslado a esa institución del Poder Judicial, los manifestantes se quejaron de la actitud de los policías capitalinos, ya que los cientos de granaderos que fueron movilizados para vigilar la marcha trataron de obligarlos a liberar al menos uno de los cuatro carriles de la avenida Paseo de la Reforma.
En algunos momentos hubo roces entre uniformados y manifestantes, pero fue el abogado Juan de Dios Hernández quien convenció a los mandos policiacos de que era mejor permitir que la marcha avanzara por todos los carriles, pues se corría el riesgo de un accidente. Luego de esta negociación también se logró que los granaderos fueran alejados del contingente para evitar cualquier enfrentamiento.
Una vez en la sede de la SCJN, los integrantes del FPDT buscaron un encuentro con el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia; sin embargo, será hasta el próximo 4 de diciembre cuando puedan plantearle al magistrado que el gobierno federal –por conducto de la PGR– y los jueces de distrito “están administrando el asunto, pues a pesar de que ya se concedió un amparo para que sean liberados siete de los 13 detenidos, la PGR interpuso un recurso de revisión.
“En el caso de los jueces, han retardado las notificaciones de su sentencia hasta por un mes”, indicó Trinidad Ramírez.
