LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN
A LA OPINION PÚBLICA.
Las agresiones por parte de grupos civiles armados de corte paramilitar a las comunidades del municipio de Magdalena Aldama se han convertido en una imparable rutina de terror, despojo y sufrimiento sobre todo para niñas, niños, mujeres, ancianas y ancianos empobrecidos en este municipio. El día 17 de Julio de 2020, Luciana Lunes Pérez de 12 años de la comunidad de Coco’, se encontraba en el telar de cintura trabajando cuando a eso de las 13:30 horas, escucho los disparos dirigidos a su comunidad provenientes de Nech’en, del lado de Santa Martha del municipio de Chenalhó, se resguardo con su familia al interior de su vivienda pero una bala se alojó en la parte baja de su mejilla derecha y otra atravesó su hombro también derecho. En el dispensario médico de Aldama Luciana recibió los primeros auxilios y posteriormente fue trasladada al hospital de las culturas en donde la madrugada del 18 de julio, le fue extraída la bala alojada en su mejilla por lo que fue dada de alta a eso de las 12:55 de este mismo día.
En el Hospital de las Culturas no hay medicamentos para la intervención quirúrgica, por lo cual estos fueron requeridos a los familiares, como es común, los servidores públicos de las instituciones en este caso de salud, nieguen a las personas “indígenas” ser asistidos y acompañados por alguien de su confianza, una traductora de su comunidad que facilite la comunicación, acompañe y prevenga cualquier intento de tergiversar los testimonios de las víctimas por parte de los ministerios públicos, por lo que necesario requerir a distintas instancias de derechos humanos y autoridades responsables para que después de por lo menos tres horas se permitiera el acceso de la traductora comunitaria.
Sin recursos económicos, sin haber ingerido alimentos y sin protección alguna para protegerse del frio, los 5 familiares de Luciana pasaron la noche en vela y bajo las estrellas y junto a otras personas de comunidades de los Altos de Chiapas que al carecer de servicios de salud adecuados en sus localidades viajan a San Cristóbal con sus enfermos graves con la esperanza de salvarles la vida. En un espacio abierto e inhóspito de un Hospital COVID 19, Hospital de las culturas, en la plaza aledaña, sin agua potable disponible, ni sistema sanitario y dormitorios porque no se cuenta con un refugio digno, al que el Estado está obligado a proporcionar a cambio de la carencia de un buen sistema de salud comunitario pernoctan hombres mujeres y niñas. Solamente los grupos de religiosos evangélicos les venden un vaso de “atole” a cambio de dos horas de discurso intimidante en el nombre de dios.
Al mismo tiempo que Luciana estaba en espera de ser intervenida quirúrgicamente, nos enteramos del caso del niño Damián Alfonso de 3 años, procedente de Magdalena Aldama quien fue ingresado el 17 de junio con peritonitis, crisis convulsiva y desnutrición severa. Su diagnóstico: Choque séptico por perforación intestinal, en estado grave y con riesgo de falla orgánica múltiple; los familiares han tenido que comprar todos los medicamentos y manifiestan que han gastado un promedio de $50,000.00 (cincuenta mil pesos) en tan largo proceso de enfermedad del pequeño Damián Alfonso. Esto es una prueba más de la violencia racista del sistema social que explota, discrimina, desprecia y excluye a los pueblos originarios empobrecidos y marginalizadas de Chiapas.
El caso de Luciana Lunes Pérez nos recuerda que otros jóvenes: Juan Lunes Santiz, de 19 años, herido de bala en el pie el 22 de mayo de 2019 (hermano de Luciana); Alonzo Gómez Hernández de 17 años y José Antonio Gómez Hernández de 11 años, asesinados el 2 de abril del mismo 2018; Juan de Jesús Pérez Santis, de 12 años de edad herido de bala el día 05 de octubre de 2018, cuando se encontraba en su casa, en la comunidad de Coco’; Raymundo Luna Pérez de 17 años quien fue orillado por las amenazas y el terror inminente de muerte a ingerir insecticida, agonizando 15 días sin recibir atención médica; El 11 de abril de 2019, el señor José Guadalupe, fue alcanzado por las balas del grupo armado y quedo parapléjico, su esposa la señora María López Ruiz es el único sostén de la familia que cuenta con 3 hijos: uno de 14 años, otro de nueve años y el más pequeño de 3 años.
En este historial de agravios hacia niños y niñas en Aldama no debemos olvidar a los huérfanos del señor Marcelino Gómez López que murió de un paro cardiaco cuando fue avisado de que hombres armados llegarían a matar a su familia, dejando a tres niños huérfanos; en el caso de Samuel Luna Girón asesinado el 18 de octubre de 2018 quedaron huérfanos dos niñas y tres niños.
Estos niños y niñas son víctimas directas de una compleja situación de violencia estructural en la que los actores visibles desde 2016, son los grupos civiles armados de corte paramilitar (herederos de los perpetradores de la masacre de Acteal), actúan con toda impunidad desde el territorio de Santa Martha, municipio de Chenalhó, pero son la continuidad de la guerra de baja intensidad implementada desde 1994, con el Levantamiento Zapatista en Chiapas.
Bajo el discurso de “confrontación” por una disputa agraria por 60 hectáreas entre los Bienes Comunales Manuel Utrilla, (Santa Martha) y el municipio de Magdalena Aldama, desde hace más de 40 años se oculta la torpeza e incapacidad del Estado mexicano para resolver conforme a derechos el conflicto.
En el año 2000, los efectos del programa contrainsurgente el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), fue que al certificar las tierras de Santa Martha contemplo una porción, de Aldama en el plano de esta comunidad, esto a pesar de las resoluciones del Tribunal Agrario que reconocen la tierra para Aldama como derecho ancestral. Por eso afirmamos que el estado mexicano es responsable de este conflicto agrario.
También podemos ver, la alianza clara del Estado con los grupos fácticos (narcotráfico, tráfico de armas y órganos, y todo tipo de delincuencia organizada) que hasta la fecha gozan de impunidad, es por eso que las agresiones de grupos de civiles armados de corte paramilitar lejos de detenerse se incrementan y mantienen en un clima de terror a la población de Magdalena Aldama. Este sostenimiento de la violencia e impunidad tiene fines contrainsurgentes en toda la región de los altos, destinados a doblegar la resistencia de las comunidades autónomas zapatistas instaladas en esta zona de conflicto y para mantener el control territorial de los partidos políticos en las comunidades de los Altos, evitando su vinculación a la lucha zapatista. Solamente así, tiene explicación la OMISION del Estado en sus responsabilidades constitucionales y de derecho internacional para detener esta violencia. Es claro que todos los niños, las niñas, adolescentes y mujeres junto con sus familias y comunidades en estos territorios son víctimas directas de las políticas neoliberales contrainsurgentes, erráticas, racistas y sexistas que violan sistemáticamente los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos originarios (derechos económicos, sociales y culturales)
El día 21 de julio de 2020, la CNDH recogió en la comunidad de Xuxch’en, lugar del nuevo desplazamiento de la familia de María Luciana Lunes Pérez el testimonio de la agresión armada, esto forma parte del registro que este organismo lleva de los eventos que suman múltiples violaciones de Derechos Humanos: el Derecho a la vida y a la integridad personal; Violación al derecho a la seguridad Pública; el derecho al acceso a la justicia; violaciones al derecho a la educación y desplazamiento forzado interno. Derechos violados por las distintas autoridades estatales y municipales, lo que se manifiesta en la Recomendación No. 71/2019 emitida del 23 de septiembre de 2019 a la cual el Gobierno del Estado no ha dado cumplimiento. La CNDH, promovió medidas cautelares a las comunidades de Xuxchen, Coco, Tabak, San pedro Cotzilnam, Yeton, Chivit, Tzelejpitobil de Aldama, las más atacadas en la línea divisoria de los territorios en conflicto; también han solicitado medidas la CEDH, incluso la CIDH, pero tampoco tienen cabal cumplimiento.
Denunciamos la violación de los derechos específicos de niñas, niños y mujeres consagrados en la Convención de los Derechos de los niños y niñas en la Ley General de Derechos de niñas, niños y adolescentes; los derechos de las mujeres en la CEDAW y por tanto de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia así como en la legislación contra el Desplazamiento forzado Interno que obliga a aplicar el Modelo Integral de Atención a Víctimas para proporcionar atención, asistencia, protección y reparación integral de daños, así como la Legislación Vigente sobre pueblos Originarios que nos rige.
Pero es el caso que a la fecha ni siquiera existe reconocimiento oficial del desplazamiento forzado interno en Aldama, ni el registro oficial de las víctimas por parte de las autoridades responsables. La Ley General de Víctimas prevé que las personas en tal situación recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante.
Peso a esto, María Luciana Lunes, ella y sus ocho hermanos, permanecieron durmiendo en el piso de un pequeño cuarto que sus tíos prestaron a la familia en Xuxchen, hasta que recibieron apoyo de colchonetas y cobijas de una organización de la sociedad civil de Palenque Chiapas, aunque aún permanece sin recibir atención médica adecuada en su condición de lesionada de bala por parte de las autoridades municipales y estatales, y en ese abandono se encuentra toda la población desplaza de manera forzada y todas las víctimas de la agresión armada desde 2016.
Ante la actitud omisa y discriminatoria de las autoridades Estatales, federales y municipales EXIGIMOS SU INMEDIATA INTERVENCIÓN desde sus respectivas competencias y desde todos los ámbitos de gobierno, organismos e instituciones públicas para que actúen conforme a sus obligaciones y en observancia de las leyes nacionales e internacionales para:
1. Brindar la atención médica y psicológica urgente y especializada, educación y asistencia social a María Luciana Lunes Pérez y su familia como víctima directa y víctimas indirectas de esta agresión paramilitar ocurrida el 17 de julio de 2020. Así como todos los niños, niñas y adolescentes lesionad@s por arma de fuego con anterioridad.
2. Que se reconozca la situación de víctima a María Luciana Lunes Pérez y a todos los niños y niñas y adolescentes afectad@s por el conflicto de acuerdo con los principios del desplazamiento forzado interno y a traves de la observancia del derecho nacional e internacional en su condición de niñ@s pertenecientes a pueblos originarios, haciendo prevalecer siempre el principio del “Interés Superior del niño, niña y Adolescente”.
3. Que todos los niños, niñas y adolescentes víctimas de agresiones de los grupos civiles de corte Paramilitar lesionados por armas de fuego o en situación de orfandad, cuyos padres fueron asesinados en este conflicto, sean incluidos de inmediato en el catálogo nacional de víctimas a traves de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas CEAV. Para la reparación integral de los daños con un enfoque sistémico, psicosocial, de derechos humanos, de género, diferencial y especializado para la recuperación del proyecto de vida de las personas.
4. Que a todos los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a las comunidades del municipio de Magdalena Aldama Chiapas y de las demás comunidades de la zona de conflicto, se les reconozca y garanticen sus derechos humanos, en particular se prevenga toda causa de desplazamiento forzado y la violencia paramilitar, se implementen las medidas necesarias para el goce de sus derechos a la salud, educación, alimentación adecuada, y asistencia social.
5. Que el Estado Mexicano en sus tres órdenes de gobierno lleven a cabo una estrategia efectiva y apegada a las leyes para desarticular, desarmar, detener y sancionar a los grupos civiles armados de corte paramilitar que actúan con impunidad en el Municipio de Chenalhó (sector Santa Martha)
6. Que las instancias agrarias y los gobiernos estatal y federal hagan efectivos de manera legal y justa los derechos agrarios y bienes jurídicos colectivos en Magdalena Aldama, para terminar con más de 40 años de impunidad y violencia.
7. Que se dicte inmediata Libertad al C. Cristóbal Santiz Jiménez, representante de la Comisión Permanente de los 115 comuneros despojados de 60 has. en Magdalena Aldama. Cristóbal Santiz fue detenido arbitrariamente y encarcelado en el CERSS No 14 “El Amate” desde el 14 de marzo de 2020 por delitos construidos por la Fiscalía General del Estado y autoridades de Chenalhó, preso político y rehén del Estado.
San Cristóbal de las casas, Chiapas, 4 de Agosto de 2020
FIRMANTES:
Colectivo “Voz Pueblo”, Colectivo Feminista “Casa de Apoyo a la Mujer” de Palenque, Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente, Melel Xojobal A.C., Red Latinoamericana de investigación y Reflexión con Niñas, Niños y Jóvenes (REIR), Chantik Taj Tajinkutik A.C., Mercedes Olivera Bustamante, Dora Julieta Hernández Gómez, Mercedes Ozuna Salazar, Jorge Alejandro Vázquez Carpizo, Guadalupe Reyes Vallejo, Itzel Rodríguez Mortellaro, José Avilés Arriola S.J., Berta Elena Juárez Badillo.
