Es una bocanada de oxígeno a 11 años de lucha: madre afectada
Cristina Gómez Lima
Periódico La Jornada
Sábado 8 de agosto de 2020, p. 18
Sábado 8 de agosto de 2020, p. 18
Hermosillo, Son., La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició ayer el litigio por el caso del incendio de la guardería ABC que cobró la vida de 49 niños menores de cinco años, a fin de analizar la cantidad de violaciones a los derechos humanos sobre la vida, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial de las víctimas del 5 de junio de 2009 en Hermosillo.
En conferencia de prensa, Patricia Duarte Franco, madre de Andrés Alonso, detalló que los grupos de padres buscan que la CIDH señale la responsabilidad del Estado mexicano en la violación de derechos humanos, al reconocer que ese incendio no fue un evento imprevisible, sino el resultado de fallas estructurales en el sistema de subrogación.
La buena noticia es que así, después de casi seis años, admitió el caso de la guardería ABC, y hoy se inicia un litigio en el sistema interamericano, lo que nos ayudará a empujar también los litigios pendientes dentro de México que están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, externó Duarte Franco.
De resolverse el caso en favor de las familias de la guardería ABC, dijo que el Estado mexicano estará obligado a cumplir las recomendaciones para dar justicia a los afectados. De lo contrario, la CIDH, con sede en Costa Rica, podría emitir una sentencia al gobierno de México hasta que reconozca los daños causados por la impunidad y corrupción de las autoridades, así como las negligencias que propiciaron el incendio.
Esto es una bocanada de oxígeno a 11 años de que hemos estado esperando para que pasara algo relevante en nuestra lucha, ahora México vuelve a estar en la lupa internacional con nuestro caso, añadió la madre de Andrés Alonso.
Por su parte, José Francisco García Quintana, padre de una víctima de la guardería ABC, aclaró que la CIDH investigará al Estado mexicano y no a personas o funcionarios que presuntamente estuvieron involucrados; sin embargo, esta sentencia ayudará a reencausar lo que quedó pendiente o fuera de la ahora extinta Procuraduría General de la República y el Poder Judicial.
