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a Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló ayer en un comunicado que ninguna de las 26 observaciones y propuestas que turnó en agosto pasado a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la investigación del caso Iguala ha sido plenamente atendida. En muchos casos, afirmó, la procuraduría recurrió a subterfugios como la mención de diligencias no vinculadas a los planteamientos específicos, y no aportó documentos que fundamentaran algunos de sus posicionamientos. Tras señalar que de las 26 observaciones y propuestas dos fueron
atendidas parcialmente; una
atendida parcialmente con avance mínimo; tres están
en vías de atención, y 20 más
no fueron atendidas, la institución de derechos humanos califica de
insuficiente e imprecisala respuesta de la PGR.
En su respuesta, la dependencia que dirige Arely Gómez indicó que en breve turnará a la CNDH un segundo documento, en el que informará de los avances en la investigación del ataque la noche del 26 de septiembre a estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, hecho atroz que dejó saldo de seis muertos –tres de ellos, normalistas– varios heridos y 43 jóvenes desaparecidos, y sigue cimbrando la conciencia nacional y gravitando de manera negativa en la credibilidad del gobierno federal. Además de las propuestas y observaciones que fueron turnadas por la CNDH, la máxima instancia de procuración de justicia del país tiene también pendiente el cumplimiento de los exhortos formulados en septiembre pasado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Algunos de los puntos señalados por ambas instancias son coincidentes, pero las observaciones de ambas marcan, en conjunto, las pautas para una investigación radicalmente distinta de la realizada por el anterior responsable de la PGR, Jesús Murillo Karam, la cual no sólo adolece de inconsistencias y fallas técnicas manifiestas sino que desemboca en una versión –la supuesta ejecución e incineración en el basurero de Cocula de los jóvenes desaparecidos, la cual fue llamada
verdad históricapor el propio Murillo Karam– que no resiste la prueba de los cuestionamientos y que ha agudizado el descrédito de la procuraduría federal.
A la obligación de esclarecer plenamente las atrocidades perpetradas en Iguala en septiembre de 2014, castigar a los responsables y reparar el daño a las víctimas, se ha sumado la necesidad de deslindar responsabilidades por las múltiples irregularidades cometidas en el desarrollo de la investigación misma.
Las recomendaciones de la CNDH y del GIEI constituyen un mapa de ruta para que la PGR pueda proceder en ambos sentidos y restañar la gravísima erosión institucional provocada por varios meses de extravíos y conductas improcedentes que van desde la tardanza en atraer el caso hasta la negativa a permitir que los expertos internacionales entrevisten a elementos del 27 batallón de infantería que podrían aportar información relevante sobre la agresión del 26 de septiembre del año pasado.
En suma, el pleno acatamiento a los señalamientos referidos no sólo facilitaría a las autoridades ministeriales el cumplimiento de sus obligaciones legales sino que le permitiría remontar el descrédito en que se encuentra. No hay razón, en consecuencia, para subterfugios, resistencias ni actitudes remisas.
Es necesario que la PGR dé muestra fehaciente de voluntad política para enmendar sus propios errores y avanzar en el esclarecimiento real del trágico episodio. En tanto no ocurra, el crimen atroz de Iguala seguirá envenenado el quehacer político y social del país.
