L
a conmemoración por los 14 meses de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, coincidió con la instalación de un plantón en esta capital por parte de los padres de familia, quienes demandan la reactivación de las pesquisas en torno al caso, la realización de reuniones con los titulares de la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República (PGR) y el nombramiento de un fiscal para el caso.
Por su parte, la PGR ha informado que se ha comenzado a trabajar, en coordinación con los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en la elaboración de un estudio de dinámica del fuego en torno al incendio ocurrido en el basurero de Cocula, donde, de acuerdo con la
verdad históricadel gobierno federal, fueron incinerados los normalistas desaparecidos.
Las demandas planteadas por los familiares de las víctimas y los anuncios de las autoridades ponen en perspectiva el lamentable estatus de las investigaciones en torno al caso: a más de 400 días de los hechos no ha habido avance real en las pesquisas; se desconoce el paradero de los estudiantes y las autoridades han incurrido en una omisión monumental en su deber de procurar justicia y esclarecer los hechos.
Es inevitable vincular este estancamiento con la actitud errática, tardía e indolente que adoptó desde un inicio el Estado mexicano, y concretamente el gobierno federal. Debe recordarse que el involucramiento de la PGR en el asunto no se dio sino varias semanas después del 26 de septiembre de 2014; y que en el curso de sus investigaciones, la procuraduría se empeñó en dar crédito a versiones de los presuntos culpables materiales y desechó los testimonios de los estudiantes sobrevivientes, quienes han sostenido desde un inicio que en la agresión participaron elementos de las policías estatal y Federal, así como integrantes del Ejército.
Posteriormente, la dependencia se empecinó en defender la versión calificada de
verdad histórica–la supuesta incineración de los cuerpos de los normalistas en el basurero de Cocula–, pese a que ésta resultó en todo momento poco verosímil y fue rechazada por los familiares de las víctimas, por expertos forenses y por amplios sectores de la sociedad. Finalmente, dicha versión recibió un mentís con el informe presentado por el GIEI, a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El saldo de esta inacción está a la vista: al día de hoy no se conoce el paradero de los desaparecidos; se multiplica y acumula el agravio contra las víctimas y sus familias, y se ha generado un sentir de desconfianza generalizada en las instituciones que en sí mismo representa un obstáculo para el esclarecimiento pleno de los hechos.
Para colmo, la incapacidad gubernamental se ha traducido en un margen de maniobra para nuevas agresiones en contra de los familiares de Ayotzinapa y su entorno social de apoyo, como el ataque registrado anteayer en Tixtla, Guerrero, donde un grupo armado asesinó a cuatro policías comunitarios.
A 14 meses de la desaparición de los normalistas, la persistencia en las demandas de esclarecimiento y justicia es sintomática del extravío que padecen las instituciones de justicia en el país, pero no por eso los reclamos son menos atendibles: se deben redirigir los esfuerzos institucionales hacia una acción de esclarecimiento y justicia efectivos en torno al caso. Hasta ahora, la incapacidad del Estado para hacer justicia en este episodio es una de las determinantes de la crisis política en la que se encuentra sumido el país, y sin el esclarecimiento de lo ocurrido aquella noche en Iguala resulta impensable el restablecimiento de la normalidad institucional.
