- La fiscalia especial cuenta con elementos suficientes, aseguran
- De no hacerlo, su actuación sería juzgada por instancias internacionales, advierten
- Anuncian marcha desde ese municipio a la ciudad de México, el 4 de mayo, para recordar primer aniversario
EMIR OLIVARES ALONSO
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia en contra de las Mujeres (Fevim) cuenta con elementos suficientes para consignar ante un juez federal la investigación de la tortura sexual, física y sicológica perpetrada por elementos policiacos en contra de 14 mujeres detenidas durante el operativo en San Salvador Atenco, por lo que de no hacerlo en breve, su actuación sería juzgada por diversas instancias internacionales que han recomendado que esos delitos no queden impunes, aseguraron varias organizaciones sociales.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia en contra de las Mujeres (Fevim) cuenta con elementos suficientes para consignar ante un juez federal la investigación de la tortura sexual, física y sicológica perpetrada por elementos policiacos en contra de 14 mujeres detenidas durante el operativo en San Salvador Atenco, por lo que de no hacerlo en breve, su actuación sería juzgada por diversas instancias internacionales que han recomendado que esos delitos no queden impunes, aseguraron varias organizaciones sociales.
En conferencia de prensa, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, indicaron que ante la serie de pruebas con las que ya cuenta la Fevim, "ahora depende de la voluntad política que se combata la impunidad y se reparen los daños".
En el contexto del Día Internacional de la Mujer, Luisa Pérez, abogada del Centro Prodh y quien conoce las denuncias interpuestas ante la Fevim, explicó que la defensa legal de las mujeres ultrajadas ha aportado elementos suficientes para acreditar quiénes son los responsables materiales e intelectuales de los hechos de tortura en contra de las detenidas durante el operativo del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y Atenco.
La abogada advirtió que el pasado 17 de mayo se presentó la denuncia formal ante la fiscalía, encabezada por Alicia Elena Pérez Duarte, por tortura física, sicológica y sexual que cuerpos policiacos propinaron a las detenidas. Querella que posteriormente fue ratificada por 14 mujeres.
Asimismo, dijo que también se presentaron certificados de inspecciones médicas realizadas a las denunciantes en mayo de 2006, tanto por los médicos legistas del penal de Santiaguito -al que fueron conducidas las detenidas y en el que siete de ellas siguen presas- como por personal de la Fevim; además de certificados de lesiones y fotografías realizadas por los visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Para acreditar el delito de tortura, subrayó, también se presentaron ante la Fevim los peritajes basados en el Protocolo de Estambul que realizaron tanto el CCTI como la CNDH, ambos con conclusiones semejantes: las mujeres "fueron víctimas de tortura física, sexual y sicológica".
Es de destacar que en noviembre de 2006 el Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas recomendó a las autoridades mexicanas que si en el caso de Atenco los actos de maltrato resultan documentados por médicos independientes en apego al Protocolo de Estambul, "este examen será considerado como prueba plena en el juicio"; sin embargo, pese a ese exhorto internacional -denunciaron los conferencistas- la Fevim insiste en realizar nuevos peritajes, lo cual provocaría "estrés y retraumatización" a las víctimas, porque recordarían y volverían a padecer la situación que vivieron.
Luisa Pérez denunció que la Secretaría de Seguridad Pública federal ha negado la información de qué elementos de la Policía Federal Preventiva participaron en el operativo, argumentando que es "información reservada", por lo que existe el riesgo que el juez federal remita el caso a la justicia estatal. Sin embargo, confió en que el juzgador de la federación "sea imparcial" y sancione a los culpables de vulnerar los derechos humanos de las agraviadas.
A 10 meses de los hechos en Atenco, aún hay 31 personas recluidas: tres en el penal El Altiplano, 27 en Santiaguito (siete son mujeres), y uno más en el penal del Molino de las Flores, en Texcoco.
Por su parte, Trinidad Ramírez, del FPDT, informó que esa agrupación realizará diferentes movilizaciones para recordar a las autoridades que el caso aún permanece en la impunidad. Dijo que el próximo 11 de marzo se realizará un acto político y cultural en Atenco; el 3 de mayo habrá más actividades y el 4 de ese mes -al conmemorarse el primer aniversario de los hechos violentos- realizarán una marcha desde ese municipio hasta la ciudad de México.
