Reclaman a Rice que Washington use acuerdos bilaterales
EMIR OLIVARES ALONSO
Congresistas de Estados Unidos enviaron una carta a la secretaria de Estado de ese país, Condoleezza Rice, en la que le exigen que con base en los acuerdos bilaterales -comerciales, migratorios y de seguridad- entre México y esa nación, urja al gobierno de Felipe Calderón a resarcir la "deplorable situación" de los derechos humanos en México.
Los demócratas Jan Schakowsky, Jim McGovern e Hidal Solís, así como el republicano Raúl Grijalva, piden a Rice "actuar rápidamente" para que el gobierno mexicano enfrente el empeoramiento de esa situación y asegure la protección de los derechos humanos de todos los mexicanos.
Los legisladores también hacen patente su preocupación por las "acciones opresivas y la militarización de la política civil bajo la administración de Felipe Calderón".
Debido a la "situación degenerante en el ámbito de los derechos humanos tan sólo del otro lado de nuestra frontera sur", los legisladores exhortan a Rice que solicite al mandatario mexicano investigar "seriamente" los asesinatos, maltratos, torturas, violación y acoso sexual cometidos por elementos policiacos en Guadalajara, Atenco y Oaxaca; además de que cumpla con las recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los organismos internacionales, como los comités de la ONU Contra la Tortura y para la Eliminación de la Discriminación Contra las Mujeres, en relación con esos casos.
Piden que Rice exija a Calderón presentar su plan de trabajo sobre la situación de los derechos humanos en el país; amén de que la policía y el Ejército mexicanos "dejen de practicar la tortura".
Otras de las peticiones de los congresistas es que se exija al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, garantizar una investigación "rápida e imparcial del asesinato de Brad Will y que se identifique y enjuicie a los responsables de su muerte, así como que se nombre un fiscal independiente con el poder de investigar y enjuiciar a los policías acusados de tortura, acoso sexual, maltrato, y asesinatos".
También exigen que Calderón tome las medidas necesarias para restablecer el estado de derecho y el pleno respeto a las garantías fundamentales en Oaxaca; y que garantice la integridad física, sicológica y el derecho al debido proceso de quienes aún están detenidos a raíz del conflicto en ese estado.
En la misiva advierten que en mayo de 2004, durante tercera cumbre de mandatarios de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, realizada en Guadalajara, la policía detuvo a más de 100 manifestantes luego de un enfrentamiento. Agregan que pese a que la CNDH documentó 73 casos de detenciones ilegales, 55 casos de trato cruel y degradante, 73 detenidos incomunicados y 19 casos de tortura, el entonces gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, rechazó las recomendaciones presentadas y aún así hoy ocupa el cargo de secretario de Gobernación.
Critican que tras los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco, el entonces secretario de Seguridad Pública federal, Medina Mora, rechazara las recomendaciones de la CNDH y ahora funja como procurador general de la República, luego de que se documentó que policías bajo su mando causaron la muerte de dos jóvenes, infligieran tratos crueles a 239 personas, violaran al menos a 26 mujeres y catearan de manera violenta y sin orden de registro decenas de hogares. Expresan que mientras varias personas siguen detenidas a casi un año de los hechos, "ningún policía ha sido procesado por las violaciones de derechos humanos que se cometieron".
En el caso de Oaxaca, aseguran los congresistas, policías y grupos paramilitares durante las administraciones de Vicente Fox y Ulises Ruiz, presidente y gobernador del estado, respectivamente, "mataron a 20 manifestantes y detuvieron a varias personas arbitrariamente, además de que torturaron, maltrataron y abusaron sexualmente de docenas de las personas detenidas".
