domingo, febrero 15, 2009

Impunidad y ceguera

Pisar la cárcel es una de las experiencias más temidas por todas las personas adultas. En este país es difícil imaginar que un delito se encuentre en unión disoluble con su respectiva pena y eventual prisión. El pensamiento de las y los mexicanos se concentra en pedir a la Virgen de Guadalupe no caer jamás en el momento y lugar inadecuados que configuren circunstancias propicias para encontrarse en medio de un problema legal con destino al centro penitenciario.
Desde la infancia, en este país violento es común que madres y padres incongruentes permitamos determinada conducta en las personitas que formamos, cuando a la vuelta de la esquina les soltamos un grito ranchero o un golpe por la misma acción que inicialmente permitimos.La cultura de la impunidad se encuentra tan arraigada en nuestro inconsciente colectivo, que vemos normal que cualquier empresa, gobernante o religión cometa atropellos y al rato se le vea circulando como si nada hubiera sucedido, y del otro lado de la banqueta, la víctima resignada y marcada para siempre, con una certeza de que la justicia se encuentra lejos.
En este país de contrastes y surrealismo, es muy probable que usted conozca al menos una persona que, sin ser culpable, logró zafarse de prisión luego de huir de su lugar de residencia y dejar su vida toda. Cuántas personas saben de haber metido cuarta velocidad luego de haber atropellado a un inocente que salió de la nada en medio de la carretera. Cuántas arrepentidas por haberse quedado a enfrentar los hechos para luego lamentar no haber huido.Y es que, inocentes y culpables, todos tienen buenas razones para evadir, no la justicia, sino un sistema que no garantiza compensación de daños, rehabilitación de mentes criminales o reinserción a la sociedad en un contexto digno.
Así las cosas, desde décadas atrás es que seguimos educando a las nuevas generaciones, porque los problemas con dificultad se resuelven en los tribunales. La justicia en México se entiende, en la mayoría de los casos, como una fórmula equivalente al poder adquisitivo y político de cada persona: entre más poder, más justicia, y viceversa.
Por eso no nos extraña lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a los lamentabilísimos sucesos de Atenco en el 2006. No es que la SCJN no sirva para nada, simplemente se encuentra inmersa en la misma dinámica de alto umbral a la impunidad que a todas y todos afecta de distintos modos. Aunque claro, esto no es para presumirse de ningún modo.Hace dos años, cuando los hechos se encontraban recientes, leíamos testimonios como estos dos que a continuación reproducimos:
Testimonio uno: “Me insultaron, me manosearon todo lo que quisieron… A las mujeres nos daban toletazos en pechos y nalgas… Nos taparon la cabeza y nos hicieron pasar entre dos hileras de policías que nos pateaban. Nos separaron a hombres de mujeres. Ahí vi a una policía y me dije ‘gracias, al fin’. Pero ella apenas me vio dijo: ‘déjenme a esta perra’, y me empezó a golpear con las manos en los oídos… Yo tenía moretones en pechos, espalda, hombros, dedos, muslos y piernas. Se recomendó hacerme una radiografía, pues me costaba respirar, cosa que en ningún momento se realizó. La enfermera que tomaba nota y el médico actuaban con total indiferencia hacia mi persona y las lesiones que presentaba…”.
Testimonio dos: “Tirado en posición fetal, me cubrí la cara y la cabeza con mis brazos y piernas. Y ellos al grito de ¡te vamos a matar hijo de la chingada!, me propinaron una brutal golpiza que me provocó múltiples heridas en la cabeza con gran sangrado, una fractura en el cúbito de la mano izquierda, dos fracturas en el dedo meñique y anular de la mano derecha...”.
En torno a esto de la impunidad, pedimos, amable público, tenga a bien leer los dos anteriores párrafos como si se tratara de usted en cualquier lugar del país (incluso pensando que usted nada más pasaba por cierta calle), donde se supone que la Constitución nos garantiza ciertos derechos básicos.
Además, pedimos que lo lea imaginando que las torturas cometidas en contra de usted se fueron hasta la SCJN, quien determinó exonerar al gobernador de la entidad imaginaria; al actual procurador general de la República, a los altos mandos policiacos federales y estatales, a los mandos que planearon el operativo, y a los funcionarios de alto nivel que elaboraron la estrategia de las acciones.
El saldo es lo que ya conocemos: Los señalamientos de abuso de la fuerza policial, tortura, tentativa de homicidio y ataques sexuales quedaron en la impunidad: seis policías procesados (ninguno en prisión), 26 denuncias por abuso sexual y un elemento investigado por actos libidinosos. Del otro lado (o sea, del lado de las víctimas), 170 personas fueron procesadas penalmente y trece de ellas condenadas a decenas de años de prisión. Dos jóvenes fallecieron.
Y como nos parece obvia la presencia de la impunidad en este que sería el escenario extremo, pero también en el ámbito escolar y cualquier otro que usted proponga, dejamos el asunto hasta aquí.Por último, y ahora que la determinación de la SCJN nos ha refrescado la memoria, hemos recordado otro fenómeno interesante. Como vivimos en una sociedad polarizada donde unos se desgañitan denunciando las injusticias y otros se persignan jurando que no existen, traemos a colación este enfrentamiento social entre los que se indignaron por lo ocurrido en Atenco y los que decían que no era para tanto.
Una raya indeleble se dibujó entre ambos bandos. Aquellas personas ciegas que pensaron que se trataba de un grupo de alborotadores (como muchos le siguen llamando a las y los ejidatarios de Atenco y demás gente que se levanta en el “ya basta”) sin oficio ni beneficio, y que opinó que fue muy bueno que la fuerza pública les haya “dado su merecido”, aún cuando no se tomaron la molestia de leer un renglón sobre lo sucedido, se tendrán que tragar todas sus ironías y su ceguera social ante lo que la SCJN sí reconoció como graves violaciones a los derechos humanos. Surrealista México donde, a pesar de lo anterior, sigue habiendo personas que creen lo contrario.

sábado, febrero 14, 2009

Legítimo el uso de la fuerza pública en Atenco: Peña Nieto

Cínicas declaraciones de un delincuente llamado Peña Nieto que gracias al vergonzoso fallo de la SCJN goza de absoluta impunidad.




El gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, acompañó a Leonel Godoy, en su primer informe de gobierno. (2009-02-14) Foto: Raúl López Mendoza

Hacer valer la atribución que tiene el estado mexicano para actuar en el uso legítimo de la fuerza pública, es para el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, uno de los puntos más importantes a destacar en el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso Atenco.
Durante su estadía en tierras michoacanas para asistir al primer informe que rindiera el gobernador Leonel Godoy Rangel, Peña Nieto en entrevista breve respondió los cuestionamientos de la prensa sobre el fallo de la Corte acerca de los abusos de poder registrados en Atenco.

Tras señalar que a propósito del fallo de la Corte ya había emitido su posición al respecto, Peña Nieto celebró que el Poder Judicial haya esclarecido los hechos a partir de una investigación sobre lo sucedido en Atenco.

“Lo importante es hacer valer la atribución que tiene el Estado Mexicano para actuar con el uso legitimo de la fuerza pública cuando se irrumpa con violencia el orden social.“Queda claro que en Atenco se actuó en el legitimo uso de la fuerza pública”, subrayó al tiempo que puntualizó que dicho uso debe ser siempre conrespeto a los derechos humanos, a la legalidad y haciendo valer y preservando la paz social”.

Peña Nieto señaló que su gobierno ha reconocido que se cometieron “algunas irregularidades e arbitrariedades, que caen dentro de la conducta individual de algunos elementos de seguridad pública”, y aseguró que esos casos están siendo revisados, realizándose los procesos necesarios y las sanciones administrativas e incluso proceso penales correspondientes.

En otro orden de ideas, cuestionado sobre la grabación hecha pública en donde el secretario de comunicaciones Luis Téllez asegura que el expresidente Carlos Salinas de Gortari se robó fondos públicos, Peña Nieto señaló que las filtraciones ocurren casualmente siempre que está realizándose un proceso electoral, “yo espero que se haga una investigación de fondo para ver de dónde vienen estas filtraciones al margen de los contenidos”.

Sobre lo dicho por Luis Téllez en la grabación, el mandatario mexiquense apuntó que cada quien dé la explicación que considere pertinente sobre dichos contenidos, “yo creo que hay que indagar y dar con los responsables de las filtraciones de conversaciones que fueron grabadas en la ilegalidad, porque eso puede enturbiar un proceso electoral”.

Peña Nieto, Libre de culpas


Si Enrique Peña Nieto ha librado las responsabilidades sobre sus acciones durante los hechos de Atenco ahora puede hacer todo lo que quiera. Peña Nieto ha salido fortalecido y pasa a la lista de de gobernadores que han sido beneficiados con impunidad además de un antecedente jurídico que podría exculpar a cualquier otro gobernador que pudiera ejecutar represiones sociales similares. Esta absolución de responsabilidades es también un guiño para que el gobernador Peña Nieto pueda seguir jugando con el patrimonio de la humanidad, instalando sus ridículas luces en el sitio arqueológico de Teotihuacán.

No esperemos que Calderón esta vez arengue contra Peña nieto ni a favor de deponerlo como lo hizo con Mario Marín, cuando Calderón era candidato. Más bien el discurso se desviará sobre el fortalecimiento de las instituciones, pero sobre todo, del estado de derecho.Esta pantomima de impartición de justicia va completamente a tono con la política de la negación, donde el catastrofismo está prohibido, dónde las abusos no existen ni han sucedido. Peña Nieto ha salido fortalecido y ha brincado un obstáculo en su carrera presidencial, ahora tendrá que luchar contra las facciones priístas que no simpatizan con él ni con el poderoso grupo Atlacomulco que ha reinado en el Estado de México desde siempre. Esta absolución de los responsables de crímenes contra la sociedad refleja la actitud de la corte de justicia para no entrometerse con aquellos que aspiran a cargos importantes, limpiando el camino electoral para así lograr apoyo condicionado para el gobierno federal de facto en un momento en que este se desmorona.
Atenco significó para la historia de México la confirmación de que este continúa siendo manejado por la mano brutal de caciques, prepotentes y tiranos que no toleran la manifestación social como demanda ante las fallas de un sistema diseñado para ser servil con el poder. Los muertos de Atenco, los detenidos y encarcelados a perpetuidad han sido presa de escarnio nuevamente; esta vez las macanas, balas, escudos han sido reemplazados por las togas de los magistrados.

Es obvio que las cortesías del estado simulado también se dan, sobre todo, entre las instituciones que lo componen.

Atenco y la Tremenda Corta


Por Dontriana

Solo 3 años para resolver que nada ha cambiado en el país de la impunidad, allí donde los militares tienen al pueblo del cuello, si lo duda pregunte a los que están hoy comprando puertas tiradas a patadas. Y como no hay alegrías sin esfuerzo la corte usa el famoso caso Atenco, famoso por ser tema internacional de la impunidad, para darle a las fuerzas del "orden" el respaldo necesario para llevar a cabo su esforzada tarea de imponer el estado policial que jamás se habían atrevido ni los hijos putativos del 68, con el ex agente de la CIA, "lipeco" Echeverría, el asesino favorito de la historia mexicana, usado para que los actuales uniformados que violan derechos no parezcan tan criminales.

Atenco se convierte en el picaporte que faltaba para entrar de lleno en el sueño derechista de la impunidad oficial, se le ha dado a los policías y militares de la PFP el poder de allanar los cuerpos y las casas sin temer alguna molesta legislación que luego los pueda poner tras las rejas por asesinar, claro cuidando de borrar evidencias, al fine que la corte ha demostrado que las declaraciones juradas poco sirven cuando se quiere dejar el uniforme policíaco impecable. Atenco se ha convertido en el nuevo referente de la mano dura que la derecha soñó por décadas para llevar a este país a ser un sitio de "leyes".

El problema es que los detentadores del poder ante el pueblo son policías que la misma "autoridad superior" ha dicho que no tienen la menor confiabilidad, curioso axioma, defender uniformados a los que ningún político de medio pelo daría las llaves de su casa, según el mismo PELELE ha declarado a los medios. ¿Pero quién necesita llaves cuando una patada tira las puertas? Lo que ha despertado en el norte del país protestas contra la presencia de los soldados, que son la burla de los malandros, que como Pedro por su casa hacen de las balas el nuevo éxito grupero más sonado en las calles de Chihuahua.

Chihuahua, mi querido Chihuahua, tan rebosante de políticos vanos, como las nueces viejas de Delicias y de demagogia y deseos de "sacrificarse por el erario". Un par de burlones políticos del PRIAN, como son Gustavo Madero y Cesar Duarte, quienes hoy andan tras la gubernatura de un estado INGOBERNABLE según dicen, entonces ¿para qué quieren la silla estatal? ¿Acaso ese par de mequetrefes tienen la receta mágica para devolver la paz social al estado? ¿Porque debemos esperar a que tengan el presupuesto estatal para confesar la solución? Madero famoso por su torpe labia cuando esta en el debate político (Chihuahua región de encuentro..... Un muerto por aquí otro muerto por allá dijo burlándose de la situación). Mientras Duarte un gris político que anda cantando que es hora de legislar sobre el estado de excepción y la limitación de las garantías individuales, vaya político de altura, ya vemos cual es su plan de acción si llega a la gubernatura.

Duras criticas ha levantado la Suprema Corta, entre ellas las del padre Miguel Concha quien comenta que el Tribunal se niega, se resiste a ejercer sus facultades de investigación y solo busca traducir los recovecos legaloides, salir a que les dé el sol a esos sotanudos símiles de cuervos es mas difícil que sacar los cuerpos de los caídos en la guerra sucia que siguen ocultos ante la burla del ejercito represor mexicano. Guardias dentro de la sala con pasamontañas es vergonzoso, dice el sacerdote que se ha distinguido por apoyar a los lesionados en sus derechos a través del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, que estoy seguro multiplicara en estos tiempos su labor, tras la Patente de Corzo que acaban de recibir las autoridades, que como perros de caza, están en las calles ejerciendo la potestad de la violencia como Atenco ha confirmado.

¿Quién ordeno reprimir y atentar contra la integridad de los compañeros de Atenco? Aparentemente fueron fantasmas ¿quién disparo? Aparentemente un fantasma. La República aparente es lo que vivimos, ya es una República con una economía de compadres, ahora es una República simulada, ahora más que nunca Kafka y el surrealismo mágico latinoamericano son la norma oficial de sobrevivencia en este sitio donde las leyes son papel mojado....por las lagrimas de los abusados. Suave Patria con los oligarcas que desde todos los ángulos te manosean, mientras millones buscan entre la basura para sobrevivir.

Carta Blanca a las agencias de la ley, que importa si el mismo favorito de los pinos, García Luna y sus huestes incontrolables cierran colonias enteras cuando están apoyando operativos, que importa si policías entran a las casas y revuelven todo buscando a un fugitivo, que importa si detienen a decenas de ciudadanos que "pasaban por allí", para traducir leyes obsoletas y "ambiguas" están los zopilotes de la ley, ya esta lista la Suprema Corta para salvar la honra de gobernantes que piden limitar garantías, como Reyez Baeza en Chihuahua ¿Para qué tanto estado de derecho si solo estorba cuando el garrotazo esta en el aire? Que importa si solo unos meses antes García Luna declaro que los policías eran poco confiables, aceptando sin decirlo que la corrupción era el estilo de vida de la mayoría de los uniformados del país y eso que García Luna no tiene ninguna confiabilidad ante las acusaciones periodísticas. Góngora Pimentel lo dijo así: "Es verdaderamente terrible que los ciudadanos estemos a expensas del ánimo de desquite de los policías y los gobernantes".

El mensaje a los ciudadanos es claro, si se atreven a protestar contra el estado de facto mexicano, tenemos todas las armas necesarias como son represión, persecución, balas, bombas lacrimógenas, y la más peligrosa de todos una runfla de traductores de la ley que nos defenderán ante las acusaciones de los ciudadanos. Les faltan prestaciones a los policías, lo sé, pero qué más da si ya tienen a su propio buffet de abogados, y es el más caro del mundo y que solo en Diciembre recibieron 3 millones de pesos en prestaciones por cabeza.

La Corte exculpó a Peña Nieto en caso Atenco por presidenciable: AMLO


El gobernador mexiquense es el precandidato presidencial de la mafia de la política y Televisa, acusa.

La Jornada On Line Publicado: 13/02/2009 19:24

México, DF. Andrés Manuel López Obrador acusó que ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidieron exonerar al gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, de cualquier responsabilidad en el caso Atenco por tratarse del precandidato presidencial de la mafia de la política y de la empresa Televisa.

En gira por el municipio Banámichi, Sonora, López Obrador expuso que la mayoría de los habitantes de San Salvador Atenco tenía esperanzas de que se impartiera justicia por golpear y torturar por igual a hombres y mujeres de la localidad en mayo de 2006.
“Se cometió una gran injusticia, hubo violaciones a los derechos humanos y el asunto se llevó a la Corte, porque había la esperanza de que se impartiría justicia”, manifestó el ex candidato presidencial.

Sin embargo, dijo, “los ministros, en su mayoría, resolvieron darle impunidad a Peña Nieto”, porque “lo están proyectando los de la mafia de la política, lo están lanzando hacia adelante, es el candidato (presidencial) de la mafia de la política y de Televisa”.

El mexiquense, Barbie masculino candidato de Televisa, dice AMLO


■ “Protegido por la mafia, su único atributo es su copete”

Rosa Elvira Vargas (Enviada)

Banámichi, Son., 13 de febrero. En el caso Atenco, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvieron dar impunidad al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, antes que hacer justicia, denunció Andrés Manuel López Obrador.

Actuaron de ese modo –afirmó– porque el mexiquense “es ahora al que están proyectando los de la mafia política; es el candidato de Televisa. Están fabricando una especie de Barbie masculino. Es otro muñeco, un pelele cuyo único atributo es su copete.
“¡Claro que lo protegen, y por eso no hubo justicia!”, frente a la esperanza que mantenían algunas personas de que se actuara para sancionar el uso de la policía en Atenco –mayo de 2006–, donde “se golpeó, se torturó y se violaron los derechos humanos de esa población”, señaló el ex candidato presidencial.

Con indignación frente al fallo que se logró con el voto mayoritario de los ministros, recordó que cuando después del fraude electoral él dijo: “al diablo con sus instituciones” y se hizo “todo un escándalo, estábamos hablando con la verdad.

“¿Qué sucede en México, que todas las instituciones están tomadas, secuestradas, al servicio de la mafia de la política, de unos cuantos, y no hay justicia para la mayoría ni apego a la legalidad, no se respeta la Constitución, se castiga al que no tiene con qué comprobar su inocencia, al que no tiene influencias ni agarraderas?”, preguntó.

Defendió entonces el movimiento que encabeza, porque “ya no queremos esta clase política corrupta, ladrona”, a la cual, además, ubicó en todos sus discursos como beneficiaria del modelo económico “irracional” y carente de resultados positivos, que insiste en mantener vigente el “gobierno usurpador”.

Ese modelo –añadió – ha permitido que se enriquezcan unos cuantos, y por eso el país es el cuarto productor de millonarios y tiene al segundo hombre más rico del mundo, “lo que no estaría del todo mal si no hubiera también tanto pobre.

“¡Esa es la política absurda que debe cambiarse!”, exclamó una y otra vez en los municipios de Bacoachi, Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi y Baviácora, donde refrendó su convocatoria a manifestarse el próximo martes frente a la Cámara de Diputados para exigir la aplicación de un plan anticrisis mediante los 200 mil millones de pesos que se lograrían con un ajuste al presupuesto federal si se disminuyen los sueldos de la alta burocracia, así como otros “privilegios”. Apuntó que ese dinero serviría también para evitar la gran mortandad de empresas medianas y pequeñas que sobrevendrá con el “huracán” de la crisis, y podría utilizarse para apoyar el campo y reducir los precios del gas y de la gasolina.

En la región sierra centro de Sonora, cuyas interminables extensiones semidesérticas han sido escenario de la violencia derivada del narcotráfico, López Obrador insistió en que si no cambia el modelo económico “ya no se va a poder vivir en el país. No sólo habrá más pobreza e inseguridad, también más violencia”.

El mexicano no es malo por naturaleza; quienes delinquen –resaltó– son “fruto podrido” de las políticas que se han venido imponiendo. “¿Qué esperábamos, que después de 26 años sin crecimiento económico y sin generar empleos no hubiera inseguridad y violencia?”, preguntó.

Sin embargo, una vez más criticó las medidas anticrimen aplicadas por Felipe Calderón, quien –dijo– “le dio un balazo al avispero” y por eso se ha disparado la criminalidad. Se refirió también a lo ocurrido el pasado jueves en Monterrey, donde “grupos de jóvenes taparon las calles y, según los reportes, están al servicio de la delincuencia organizada, ya en un abierto desafío a la autoridad”.

Ante los sonorenses que, como él, son muy afectos al beisbol, López Obrador se quejó de la “apabullante” transmisión de partidos de futbol en la televisión. Por eso, y como sabía que quienes acudieron al mitin le entenderían, presumió: “así como me ven, ando bateando como 400 de porcentaje”.

Peña Nieto, en franco declive de popularidad


El Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, firmó un convenio millonario con varias empresas de comunicaciones para el manejo “adecuado” de su imagen a los pocos meses de asumir el poder, con la finalidad de engrandecer la obra pública que se desarrolla en su estado y posesionarlo como el candidato presidencial del PRI en 1012. Sin embargo, en las últimas semanas el descenso de popularidad del joven gobernante ha hecho que los “cerebros” de su departamento de prensa trabajen horas extras pues hay que limpiar las “basuritas” que están tomando grandes proporciones en el caso de la violación a las garantías individuales de los habitantes de San Salvador Atenco y en donde el mandatario mexiquense aparece como culpable directo de haber ordenado el uso excesivo y criminal de la fuerza pública ante indefensos ciudadanos.

Peña Nieto se ha cansado de rechazar que la represión en San Salvador Atenco ocurrida hace dos años sea un error. Por el contrario, trata de justificar lo injustificable al asegurar que volvería a actuar de la misma forma si se diera el caso de restablecer el orden y la paz social.

Estas declaraciones han traído como respuesta críticas internacionales en materia de derechos humanos, inclusive de 96 diputados estadounidenses, lo cual ha prendido focos rojos al interior del partido.

Por si fuera poco, el joven político se ha dedicado más en las últimas semanas a recorrer el país y el extranjero con su última conquista, olvidando sus deberes tanto de gobernante como de padre, lo cual ha despertado un descontento en sus gobernados. Empresarios como Emilio Azcárraga Jean, Carlos Slim y otros poderosos están de manera disimulada poniendo sana distancia con Peña Nieto, quien estamos seguros pronto tendrá una estrategia para salir al paso de las descalificaciones. Por lo pronto ha hecho circular el rumor de que finalizó su “noviazgo” con la Gaviota, lo cual ha despertado el morbo entre la prensa del corazón y espectáculos, sobre todo ahora que se avecina el 14 de febrero, generando con esto desviar la atención del caso de San Salvador Atenco. Lo dicho, a perversos nadie les gana a los jóvenes políticos mexiquenses.

viernes, febrero 13, 2009

Rifa de Doña Magdalena García Durán


Estimados compañeroas:

Este Domingo 15 de febrero, realizaremos la rifa del bordado de la compañera Magdalena García Durán.

La rifa será en el zócalo de la Cd. de México a partir de las 4:00 pm.

Estaremos donde esta la escultura de la Fundación de la Gran Tenochtitlán (la nopalera y un águila devorando la serpiente) sobre Pino Suárez, entre las calles de Corregidora y Venustiano Carranza.

Todavía nos quedan boletos.

Si ustedes desean adquirir uno o varios boletos, pueden contactarse con nosotras a mujeresyla6a@yahoo.com.mx, o directamente con Doña Magdalena García Durán Doña Magdalena se encontrará hoy viernes, mañana Sábado 14 de febrero y el Domingo 15, en el Zócalo, ahí donde se ubica la escultura de la nopalera, desde las 10:00 am hasta las 8:30 pm.

El costo del boleto es de $50.00 pesos. Si lo desean pueden también hacer el depósito en la siguiente cuenta: Banco: SCOTIA BANK Cuenta no. 2697939 a nombre de Raquel Vázquez Y escribirnos a mujeresyla6@yahoo.com.mx, para indicarnos en que sucursal hicieron el depósito, el día y el monto del mismo, para poder asignarles sus boletos.

Si desean ver algunos de los trabajos y escuchar las palabras de Magdalena contándonos lo que su trabajo significa para ella y el porque de esta rifa, pueden verlo aquí. Les damos las gracias por su apoyo y les deseamos mucha suerte en la rifa.

Mujeres y la Sexta DF-Edomex
Abajo y a la Izquierda con Todo el Corazón

Correo: mujeresyla6a@ yahoo.com. mx

Vergonzosa decisión de la SCJN, sostiene la senadora Rosario Ibarra


■ No quiso ejercer sus facultades y señalar culpables: Miguel Concha

Víctor Ballinas

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra de Piedra, aseveró ayer que con la decisión de la Suprema Corte en el caso Atenco, el máximo tribunal del país “está quedando mal, se desprestigia y niega la justicia a las víctimas”.

Entrevistada al término de la reunión que sostuvieron senadores de PRD y PT con maestros de la dirigencia democrática del SNTE, Ibarra dijo: “Me parece vergonzoso que los ministros hayan tomado esa decisión. Uno confía en ellos porque tienen prestigio y son respetables, pero es tremendo lo que sucedió. Eso de que no dejaran entrar a los afectados de Atenco y que hubiera uniformados con pasamontañas dentro del recinto de la Corte, según relatan algunos medios, es penoso”.
Por su parte, el presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el sacerdote Miguel Concha Malo, consideró que la determinación de la SCJN “es lamentable en el caso de que no quiso ejercer sus facultades y señalar a los responsables de más alto rango que planearon y ordenaron los operativos policiacos en San Salvador Atenco. Es decir, no quiso manifestarse en contra de las autoridades federales y estatales”.

Es lamentable, insistió, en que la Suprema Corte no se haya atrevido a señalar a Enrique Peña Nieto, al actual procurador Eduardo Medina Mora, a Miguel Ángel Yunes y a Wilfrido Robledo como los que diseñaron, operaron y ordenaron los operativos en el estado de México.

A su vez, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga, lamentó que los ministros no hayan asumido sus facultades, como ocurrió en el caso Aguas Blancas. “El Centro Pro va a seguir adelante ante las instancias internacionales solicitando justicia integral para las víctimas de Atenco, para las mujeres violadas, por las torturas y las ejecuciones”, dijo.

Agregó: “Si bien es cierto que los ministros no quisieron señalar responsabilidades directas, tampoco se deslindaron y por ello pidieron que se investigue, porque, a más de tres años de ocurridas las violaciones a los derechos humanos, la tortura, las violaciones sexuales, las detenciones arbitrarias, no se ha indagado ni se ha llevado a los responsables ante la justicia”.

Por su parte, el presidente de la Liga Mexicana de la Defensa de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez, sostuvo que la decisión de la Corte “se quedó corta y con su fallo se da la posibilidad al Estado para que vuelva a utilizar su cinismo arrogante, porque ya hemos visto que es incapaz de sancionarse a sí mismo”.

FPDT: Boletín de Prensa

FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA

BOLETÍN DE PRENSA

México, Distrito Federal, 12 de febrero de 2009.

El día de hoy 12 de Febrero de 2009, después de 4 días de sesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se da el fallo sobre el “caso Atenco”.

Los Ministros de la SCJN tuvieron entre sus manos la oportunidad histórica de hacer justicia a un pueblo donde se violaron de manera grave los derechos Humanos y las garantías individuales”. Sin embargo, con la resolución de la Suprema Corte no se responsabiliza al gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto, Eduardo Medina Mora, Miguel Ángel Yunes, entre otros, por lo qué quien pierde es el pueblo de México, porque su resolución sólo otorga impunidad a los represores. La violación grave a los derechos humanos no se trato de una acción particular de los policías sino de una acción represiva como parte de una estrategia de estado.

Por lo que el fallo viene a legitimar la instauración de un estado policiaco, tal como lo vemos en el uso recurrente del ejercito mexicano y de las fuerza publicas en la llamada lucha contra el crimen, así como en la confrontación con el movimiento social, utilizando estrategias de contrainsurgencia para controlar a la población y querer exterminar a las organizaciones como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en Atenco.

Con este fallo queda patente que la represión no es más que un castigo para el pueblo de Atenco, por nuestra lucha de tierra, justicia y libertad. Cualquier reparación del daño no es suficiente, la única que aceptamos es la justicia y el castigo a los responsables, el FPDT sigue vivo y afirma que con esta resolución se muestra una ves más que la justicia solo es para los dueños del poder y el dinero, que resulta más importante para los ministros responder a sus intereses políticos y económicos que la justicia para los agraviados del país.

Esta resolución es indignante porque que deja el precedente de impunidad para Ulises Ruíz, mandando un mensaje claro para resolver de la misma forma el caso Oaxaca, cuyas muertes fueron 27 y los abusos sexuales se produjeron tanto a hombres como mujeres. ¿Qué argumentos “inteligentes” y frases “dicharacheras” emitirán los ministros para Oaxaca?, ¿acaso resolverán de acuerdo a la justicia o solamente montaran un teatro para exculpar a Ulises Ruíz?

Para nosotros Peña Nieto, Miguel Ángel Yunes y Eduardo Medina Mora se suman a la larga lista de personajes represores que han quedado impunes mediante los fallos de la SCJN, como son Luis Echeverría, Gustavo Díaz Ordaz, Mario Marín y Rubén Figueroa. Con este fallo se demuestra la inutilidad de este órgano de gobierno y la limitada capacidad reflexiva de sus ministros que la integran, esta Corte no es “suprema ni de justicia”, es un órgano que se burla de las victimas y de la historia de México, así como también, podemos afirmar que con esta resolución se comete una grave violación más a los derechos fundamentales al pueblo de Atenco: con la denegación de justicia. La SCJN no nos detendrá, nosotros seguiremos luchando por la libertad de los trece rehenes políticos y tres perseguidos por Enrique Peña Nieto, por la tierra y la justicia para Atenco.

Ampliar investigaciones, penoso colofón de la Corte sobre Atenco

■ Se consumó el carpetazo del máximo tribunal sin que altos funcionarios sean molestados
■ Sólo se emitirán “lineamientos y consideraciones” a las autoridades correspondientes
■ Exhortan ministros a aprobar leyes y reglamentos que normen el uso de la fuerza pública

Jesús Aranda


Pobladores de San Salvador Atenco manifestaron su inconformidad y fueron desalojados Foto: José Antonio López

Una vez que exoneró (por ocho votos contra tres) al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto; al actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, y a los altos mandos policiacos federales y estatales de la violación grave de garantías ocurrida en mayo de 2006 en San Salvador Atenco, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) terminó por emitir “lineamientos y consideraciones” a las instancias correspondientes para que amplíen las investigaciones sobre abuso de autoridad y agresiones sexuales.

También quedaron libres de culpa los mandos que planearon el operativo, Ardelio Vargas Fosado, entonces coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo, y el almirante Wilfrido Robledo Madrid, quien dirigía la Agencia Estatal de Seguridad, así como otros funcionarios de alto nivel que elaboraron la estrategia de las acciones en Atenco.

Así, sólo los policías ejecutores de las lesiones y agresiones sexuales, sus jefes inmediatos y comandantes sectoriales fueron señalados como los responsables de violar los derechos humanos.
Los ministros exhortaron a los congresos y ejecutivos, federal y de las entidades del país, a aprobar leyes, reglamentos y protocolos para normar el uso de la fuerza pública, además de proponerles que adopten medidas administrativas y políticas públicas para hacer más aficientes y profesionales los cuerpos policiacos.

En el catálogo de buenas intenciones, los juzgadores reconocieron que las víctimas tienen derecho a obtener la reparación del daño por parte del Estado mexicano, pero no precisaron la forma de lograrlo, como tampoco convocaron abiertamente al gobierno a asumir dicha responsabilidad.

A diferencia de las anteriores sesiones, la de ayer fue muy atropellada y apresurada; en sólo tres horas se votaron los puntos pendientes e incluso en temas en los que no había total claridad se acordó que las diferencias fueran subsanadas por el ministro instructor, cuando elabore el documento definitivo de la decisión.

Al dar por finalizado el asunto, el ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia resaltó la importancia de la resolución para el país y aclaró que ésta será entregada a los congresos federal y estatales, al gobierno del estado de México, a las procuradurías General de la República y de los estados, entre otras autoridades; la Corte busca con ello que el uso de la fuerza pública tenga un fundamento que la legitime, que la sociedad cuente con los “límites y referentes” que garantizan su protección en contra de abusos y excesos, “que bajo ninguna circunstancia son admisibles”.

Ante la comisión de ciudadanos de San Salvador Atenco, encabezada por Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle (líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, FPDT, quien se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano), lo mismo que secretarios y funcionarios que colmaron el salón de sesiones, impidiendo así el acceso a los medios de comunicación, Ortiz Mayagoitia subrayó que el trabajo desarrollado por la Corte “no tiene por objeto desalentar el uso de la fuerza pública so pretexto de temores de quienes deban tomar esas difíciles decisiones”.

Al conocerse el fallo, la indignación de los representantes del FPDT presentes en el salón estalló. El tono de voz comenzó a subir en la medida que eran desalojados por el personal de seguridad, que los copó de inmediato. Gritos de “¡ministros corruptos, asesinan la justicia!”, “¡estamos de pie, no nos han vencido!”, “¡Atenco vive, la lucha sigue!” y “libertad a los presos!”, retumbaban en los pasillos. Su demanda de justicia no había sido escuchada en el máximo tribunal.

Al inicio de la sesión, Salvador Aguirre Anguiano, Sergio Valls, Margarita Luna, Fernando Franco, Olga Sánchez Cordero, Mariano Azuela, José Ramón Cossío y Ortiz Mayagoitia determinaron que no había elementos para inculpar a ningún alto funcionario ni a los jefes policiacos. En todo caso, señalaron que hubo agentes que violaron la ley, y que éstos tenían que responder por sus hechos de manera individual, mientras que sus superiores directos fueron señalados por permitir los abusos.

Esta misma mayoría se opuso al informe de Gudiño que enumeraba a todos los funcionarios involucrados –desde Peña Nieto hasta los policías que pudieron ser identificados–, pero que no fincaba responsabilidades; en cambio, consideraron que era mejor señalar con nombre y cargo a los que violaron garantías, aunque fueran policías y mandos operativos únicamente.

Genaro David Góngora, Juan N. Silva Meza y José de Jesús Gudiño Pelayo dijeron que, en todo caso, todos los funcionarios involucrados tenían un grado de responsabilidad. El más directo fue Góngora, quien censuró que ni Peña Nieto ni Medina Mora, como máximos responsables, tomaran las medidas correctivas para frenar los abusos.

“Era muy sencillo advertir los excesos que se estaban cometiendo, bastaba con prender la televisión para ver las imágenes”. Agregó que tampoco investigaron cabalmente las denuncias de abuso de autoridad ni las agresiones sexuales a 31 mujeres que fueron detenidas.

Cuando se leían los resolutivos, Góngora reflexionó en voz alta: “El hoy procurador debe seguir investigando los hechos de sus subordinados cuando fue secretario de Seguridad Pública federal. Hacer investigaciones a estas alturas parece casi imposible; el dios Cronos, junto con otras personas y otros factores, han dispersado las evidencias, pero en fin, eso ya será problema del procurador”, ironizó.

El ministro Aguirre, pozolero de la justicia: epitafio de atenquenses

■ Uno a uno “desestimó asesinatos, golpizas, torturas y violaciones”
■ Satisfechos, asesores de Peña Nieto; miembros del FPDT, a la calle

Blanche Petrich


Protesta de integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, al término de la sesión de la Corte Foto: José Antonio López

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, declaró ayer a mediodía, con un gran gesto, el fin de la sesión del pleno: cuatro días, poco más de 20 horas de debates jurisconsultos que concluyeron que, si bien hubo “violaciones graves a las garantías individuales” en mayo de 2006 en San Salvador Atenco, ningún funcionario de alto o medido nivel, ni del estado de México ni del gobierno federal, fue responsable de estos hechos que provocaron la muerte de dos jóvenes, agresiones sexuales de policías contra una treintena de mujeres arrestadas, centenares de detenciones arbitrarias y torturas.

En los asientos de las primeras filas del recinto de plenos se ponen de pie seis hombres bien trajeados, muy sonrientes. Vienen del área jurídica del gobernador Enrique Peña Nieto.
En las últimas filas, los representantes de las víctimas tardan en asimilar el trago amargo. Sólo unos segundos. De pronto, irrumpen sus gritos indignados: “¡Ministros, corruptos, asesinan la justicia!”, “¡Peña Nieto ordenó y ejecutó la represión!” Una de las mujeres saca la manta de su bolso. Un agente de seguridad intenta arrebatársela. Trinidad del Valle –esposa del dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), sentenciado a 112 años de cárcel– detiene con fuerza el brazo del oficial: “¡Déjala!” Y los atenquenses despliegan sus mantas, gritan hasta desgañitarse, bajan la escalinata de la Corte en una pequeña marcha indignada y se desahogan dos horas más en la explanada. Total, ya nadie los escucha.

Tres años de investigaciones de la SCJN sobre los hechos de Atenco, contenidas en las 900 cuartillas del dictamen del ministro José de Jesús Gudiño, se habían ido diluyendo, en particular cada vez que tomaba la palabra el ministro Sergio Aguirre Anguiano. El documento, con descripciones que resultaban tan dolorosas que el ministro Genaro Góngora confesó que con frecuencia tenía que detener su lectura, a nadie más le quitaría el sueño. Se había convertido ya en papel mojado.

¿Violaciones graves en Atenco? Aguirre, juez de militancia panista, emitió el único voto negativo. ¿Determinar cuáles policías, de los que llevaban armas calibre 38 mm, dispararon contra el adolescente Javier Cortés? Inaceptable para Aguirre. “La bala pudo haber salido del arsenal de los atacantes subversivos.”

¿Fincar responsabilidades por la muerte del joven Alexis Benhumea entre los agentes que dispararon gases lacrimógenos a corta distancia? Tronaba el magistrado bajo su toga: “¿Cómo se puede atribuir a la policía la muerte de ese muchacho? ¡Qué barbaridad!”

¿Dar crédito a la palabra de las mujeres que rindieron testimonio de agresiones sexuales y violaciones tumultuarias por agentes de seguridad pública mexiquenses durante su traslado al penal de Santiaguito?

Aguirre arremete contra testimonios de las víctimas, que ya están bajo la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “Con soltura, declaran algunas señoras que fueron objeto material de diversos manipuleos atentatorios a su libertad sexual. Pero resulta que todos los dictámenes médicos no nos conducen a eso. Incluso hay filmaciones muy dramáticas de una señora, de perfil, mostrando una gran cantidad de hematomas en su anatomía. ¿Y quien nos dice que éstos no se produjeron en la contienda?”

A los ojos de los manifestantes que desde el lunes se mantienen en plantón ante la gran puerta de bronce de la Suprema Corte, cerrada y resguardada por la policía antimotines, el abogado se ha ganado su epitafio en un féretro de cartón. “El magistrado Aguirre se quemó las pestañas estudiando para convertirse en el pozolero de la justicia.”

Distantes están ya las palabras del ministro Góngora, solitarias en su representación de las víctimas: “Atenco –había dicho– fue un acto de venganza. Es verdaderamente terrible que los ciudadanos estemos a expensas del ánimo de desquite de los policías y los gobernantes.”

Inútil su esfuerzo. Fue la ministra Margarita Luna quien colocó el último clavo de la impunidad, cuando deslindó de toda responsabilidad, citándolos por nombre y apellido, al actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, ex secretario de Seguridad Pública; al gobernador Peña Nieto; al ex comisionado de la policía estatal en esas fechas, Wilfredo Robledo Madrid, a Miguel Ángel Yunes, ex delegado del Cisen, y a Ardelio Vargas, de la Policía Federal Preventiva, entre otros.

Suprema Corte - El Fisgón


Noticia - Helguera


jueves, febrero 12, 2009

UNA VERGÜENZA


Es una vergüenza que la mayoria de los ministros de la Suprema Corte de (in)Justicia de la Nación exonere a los responsables de los crímenes y violaciones cometidos en Atenco, entre ellos a Peña Nieto y a Medina Mora.

Con esta decisión, la Corte fomenta la IMPUNIDAD.

Y junto a estos represores hay que sumar a los que continúan impunes por otros tantos crímenes:
Ulises Ruiz, Mario Marín, Francisco Barrio Terrazas, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari, Luis Echeverría, Vicente Fox, Felipe Calderón y un largo, larguísimo etcétera.

La Corte exonera y exculpa a estos criminales.

El pueblo los condena.
Mujeres sin Miedo

Enviará la Corte pronunciamiento a autoridades por caso Atenco


Los ministros coincidieron en que la opinión sobre el caso serviría como criterio orientador. Notimex

Ciudad de México.-- La Suprema Corte de Justicia de la Nación finalizó, después de siete sesiones, la discusión del caso de las violaciones a garantías individuales durante los hechos violentos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México.

Luego de que resolvió deslindar a los altos funcionarios, como el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, y el actual titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, el pleno del alto tribunal determinó hacer un "pronunciamiento" sobre los actos que constituyeron una violación grave de derechos humanos.

El presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, dijo que el pronunciamiento se remitirá a las autoridades competentes, para que en el ejercicio de sus atribuciones, si así lo estiman necesario, complementen las investigaciones legales, y que podrían derivar en responsabilidades, civiles, penales, políticas o administrativas.

De igual manera, el pronunciamiento acerca de que sí existieron de corporaciones policiacas en el conflicto derivado del desalojo de comerciantes de flores del mercado "Belisario Domínguez" en Texcoco, se hará llegar al Congreso de la Unión y al Congreso mexiquense, para que en su caso se legisle sobre los límites de la fuerza pública.

Los ministros coincidieron en que la opinión que la Corte emitió sobre el caso serviría como "criterio orientador" que tiene como objetivo que se agoten todas las indagatorias y proceso penales iniciados por esos sucesos.

Olga Sánchez Cordero señaló que la SCJN ha establecido cuáles son las garantías individuales que se violaron de forma grave, y que no se puede soslayar que "existe la obligación del Estado de hacer justicia y reparar el daño", garantías que fueron afectadas por la actuación de sus agentes.

El máximo tribunal del país rechazó adjudicar participación en estas violaciones a las corporaciones policíacas federales y locales en su conjunto, pues señalaron que se deben individualizar las responsabilidades, lo que deben llevar a cabo los titulares de estos cuerpos.

Las opiniones de la Corte, que no obligan a las autoridades a tomar acciones contra los involucrados, se enviarán a los titulares de la Policía Federal Preventiva, de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México y de la Policía Municipal, así como a las procuradurías General de la República y mexiquense.

De igual manera, los ministros aprobaron que este pronunciamiento se haga llegar al presidente de la República, Felipe Calderón, al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, así como a la Dirección de Asuntos Internos de la PFP y la Contraloría Interna de la Secretaría General de Gobierno estatal.

Además se enviará copia al Congreso de la Unión, al Congreso estatal y al Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el que participan los gobernadores de los estados, a fin de que se impulse el diseño de leyes y el establecimiento de criterios sobre el uso de la fuerza pública.

En un mensaje final Ortiz Mayagoitia destacó que esta resolución es de futura trascendencia para México para que los órganos del Estado cuenten con los elementos veraces para tomar las decisiones que a cada uno le corresponden, lo que dio "utilidad práctica al uso de la facultad de investigación" del alto tribunal.

Recalcó que los ministros han establecido referentes y criterios que deben ser útiles para la autoridad y la sociedad, y que no es determinación obligatoria que resulte vinculante para una instancia pública, ni para intervención en la policía, sino criterios "desde y para el Estado mexicano".

Llamó a los poderes legislativos a normar el ejercicio de la fuerza pública y la forma en que las corporaciones se deben relacionar con la sociedad, "no para desalentar el uso de la fuerza pública so pretexto de temores de quienes deban tomar esas decisiones ante hechos que ante ninguna circunstancia son admisibles".

El ministro presidente de la SCJN dijo que por el contrario, estos criterios deben ser útiles para que haya condiciones de certeza jurídica y mejorar la relación entre seguridad y convivencia.

Define Corte el jueves a responsables de abusos en Atenco

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fijarán a partir de un formulario sus posturas sobre la responsabilidad de autoridades en presuntas violaciones graves en los hechos de Texcoco y San Salvador Atenco, estado de México.
A propuesta del ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, se elaboró una serie de preguntas para que en la sesión de mañana los integrantes del alto tribunal definan hasta qué nivel pudieran señalarse como responsables a las autoridades federales y estatales.
Detalló que ese formulario delimitará "qué autoridades o agentes de la autoridad provocaron los hechos y quiénes pudiendo evitarlo por razones de competencia, ejercicio, mando o de presencia en el lugar de los hechos, pudieron evitarlos y no lo hicieron".
Al proponer una metodología para poder señalar a funcionarios responsables, dijo que se deben tomar en cuenta "las jerarquías y la cadena de mandos que autorizaron el uso de la fuerza pública".
Al hacer referencia a una reunión que tuvieron autoridades federales y estatales, entre ellos el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, y el entonces secretario de Seguridad Pública Federal, Eduardo Medina-Mora, subrayó que se debe tomar en cuenta a "los que transmitieron las estrategias a los mandos policiacos".
Ortiz Mayagoitia apuntó que se deben considerar las instrucciones que dieron los mandos sobre los cuerpos policiacos y "los que siendo tropa cometieron abusos", así como a quienes supervisaron la ejecución de los operativos.
Expuso que coincide con el concepto de "responsabilidad del mando", como lo expuso el ministro Genaro Góngora, pero subrayó que no sólo por el hecho de ser mandos, sino por no haber impedido el abuso, pues el uso de la fuerza "fue legítimo y justificado, el abuso no".
De igual manera, enfatizó que decir que en la mencionada reunión "hubo una estratega de estado para vengarse" no tiene sustento jurídico, y que "llegar hasta allá es muy grave", al hacer referencia a la propuesta de Góngora de responsabilizar de forma directa a Peña Nieto y Medina Mora.
Aunque la mayoría de los ministros se ha pronunciado por no responsabilizar de primera cuenta a los altos funcionarios, el formulario establece que los ministros deberán distinguir entre las autoridades que ordenaron el uso de la fuerza pública y las que la ejecutaron.
De igual forma, los ministros deberán determinar, entre otros puntos, si se pueden fincar participaciones individuales y concretas en algunos eventos, y si la respuesta es afirmativa deberán precisar en cuáles de ellos.También deberán determinar si sólo los elementos de las policías federales, de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) mexiquense, y municipal, ejecutaron los hechos constitutivos de violaciones graves de garantías "en todo aquello que no pueda determinarse con nombres y personas concretas".

Analizan el caso Atenco Corresponsales

Señalan que el veredicto que emita la SCJN dará oportunidad de generar parámetros para que la autoridad pueda responder sin presiones

El Financiero en línea

Guadalajara, 12 de febrero.- El veredicto que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso Atenco dará oportunidad de generar parámetros para que la autoridad pueda responder “sin presiones, ante amenazas que pongan en riesgo la seguridad nacional, señaló el subsecretario de Gobernación, Abraham González Uyeda.

Luego de reunirse en esta ciudad a puerta cerrada con integrantes de la cúpula industrial, González Uyeda dijo que el Estado no puede ser sometido, ni se debe evitar su intervención en caso necesario, utilizando los derechos humanos como pretexto, pues “la acción tardía de la autoridad genera peores consecuencias”.

Indicó que si la autoridad aplaza la solución de los problemas “porque está titubeante ante ver si se violan o no los derechos humanos de las personas, llega tarde ya cuando las consecuencias pueden ser fatales. Debe haber un momento donde la autoridad tenga la libertad y la seguridad de que está actuando conforme a derecho”.

Ante manifestaciones o movilizaciones que pongan en riesgo la seguridad o violenten los derechos de terceros, la autoridad debe tener posibilidad de actuar, “es momento en que México tenga claridad en esto. No se puede estar viviendo con fantasmas y la autoridad debe ejercer la defensa, el derecho de los ciudadanos.

Si bien la autoridad debe ser respetuosa y avalar las manifestaciones justas, también es cierto que debe proteger los derechos de terceros”, insistió el subtitular de la Secretaría de Gobernación.

Elecciones Aunque trascendió que González Uyeda podría renunciar a su cargo en la Subsecretaría de Gobernación para emprender un proyecto político en Jalisco (posiblemente una candidatura plurinominal por el PAN), ni el funcionario, ni el dirigente de los industriales, Francisco Javier Gutiérrez Treviño, confirmaron dicha información.

Mientras el líder de los industriales dijo que durante la reunión los empresarios plantearon inquietudes sobre la falta de resultados en materia económica y de seguridad, González Uyeda dijo que durante el encuentro habló sobre los avances en la lucha contra el crimen organizado.

Asimismo y dado que las elecciones del mes de julio serán las primeras enmarcadas en el contexto de una guerra de Estado contra el crimen organizado, González Uyeda no descartó que algunos grupos pudieran tratar de desestabilizar políticamente al país, aunque resaltó que el gobierno y el Estado mexicano están preparados para garantizar “una fiesta democrática”.

Incluso, para apoyar a los partidos políticos interesados en evitar la infiltración de dinero sucio en las campañas o candidatos de dudoso origen, la Secretaría de Gobernación cuenta con herramientas de control de confianza, las cuales se pueden aplicar “sólo a petición” de las organizaciones políticas, para verificar la trayectoria de algún aspirante, precisó González Uyeda. (Con información de Gabriela Chávez/Finsat/CFE)

Ejidatarios de Atenco lamentan fallo de la Corte

Expresan desacuerdo con la SCJN, cuyo fallo no señala como responsables de los abusos que se cometieron el 3 y 4 de mayo del 2006 al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y al procurador Eduardo Medina Mora



El gobernador del estado de México y el titular de la PGR fueron exonerados de los hechos de mayo de 2006 (Foto: Archivo )

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco lamentó la decisión que tomaron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al no señalar como responsables de los abusos que se cometieron el 3 y 4 de mayo del 2006 al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y al actual procurador de la República, Eduardo Medina Mora.Al conocer la decisión oficial de los magistrados de que tampoco se señalarán como responsables a otros funcionarios federales y estatales que ordenaron los operativos en Texcoco y San Salvador Atenco, Heriberto Salas Amat, uno de los líderes del FPDT, advirtió que la determinación "abre la puerta a la impunidad en México".
Esa decisión, dijo, es una clara señal que se envía a la sociedad de que cualquier gobernante puede reprimir a las organizaciones sociales sin recibir castigo.Heriberto Salas, quien es uno de los vínculos que tiene el FPDT con organismos internacionales, criticó al sistema de justicia que existe en México que sólo protege intereses políticos y económicos.
"Es difícil que haya justicia en México porque los ministros teniendo las pruebas de los abusos que se cometieron contra las mujeres, ancianos y niños el 3 y 4 de mayo no hayan señalado a los culpables de la represión que sufrió el pueblo de Atenco", acusó.
Para la sociedad, aseguró, es claro quienes son los responsables de las violaciones a las garantías individuales que sufrieron los que estuvieron en los enfrentamientos y en la ocupación de la fuerza pública en San Salvador Atenco."Enrique Peña Nieto, Eduardo Medina Mora, Wilfredo Robledo - ex titular de la Agencia de Seguridad Estatal- Nazario Gutiérrez- ex alcalde interino de Texcoco- y Miguel Ángel Yunes- ex titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública- son los verdaderos culpables de los hechos violentos", afirmó.
Los ministros, expresó, son juez y parte y sólo se dedican a proteger a Peña Nieto, quien es uno de los presidenciables para el 2012, por lo que no pueden tocar intereses económicos y políticos, manifestó.Salas Amat anticipó que el FPDT al no encontrar la justicia que esperaban en México, recurrirá a organismos internacionales para que conozcan cómo se trato el asunto en el país.
Las movilizaciones, advirtió, no pararán y por el contrario aumentarán "porque el gobierno federal pretende reactivar el proyecto aeroportuario en la región de Texcoco porque ya está comprando tierras a los ejidatarios de la zona y no permitiremos que se salga con la suya", puntualizó.
Notas relacionadas:

SCJN exonera a Peña Nieto y Medina de abusos en Atenco

La responsabilidad será atribuida exclusivamente a los policías que cometieron los atropellos y, en los casos que corresponda, a los mandos inmediatos que lo permitieron, resolvió el pleno.


México, DF. Por ocho votos contra tres, los ministros de la SCJN deslindaron a Enrique Peña Nieto y Eduardo Medina Mora de toda responsabilidad en los abusos de Atenco. Notimex

Jesús Aranda y La Jornada On Line

México, DF. En la sesión de este jueves, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación exoneró al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y al entonces secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora, de la violación grave de garantías en San Salvador Atenco, estado de México.

Por ocho votos contra tres, los ministros deslindaron también de responsabilidad a los altos mandos policíacos que planearon el operativo en la comunidad mexiquense, concretamente, a Ardelio Vargas Fosado, quien fungía como coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo y el almirante Wilfrido Robledo Madrid, quien era director de la Agencia de Seguridad del estado de México.

La mayoría resolvió, de tal manera, que la atribución de responsabilidades por la violaciones de derechos humanos recaerá exclusivamente en los policías que cometieron los abusos y, en su caso, en los mandos inmediatos que lo permitieron.

Por otra parte, el pleno discute la posibilidad de que el Estado indemnice a las víctimas y que se exhorte a las autoridades correspondientes, para continuar con las investigaciones de abuso de autoridad y de agresiones sexuales y castigar a los culpables.

Los ministros debieron emitir sus votos a ocho preguntas planteadas al concluir el análisis de ayer miércoles enfocadas a precisar los criterios para determinar quienes, cuándo y cómo se dio origen al abuso de la fuerza pública en el municipio mexiquense.

Para ello, se pronunciaron a favor de solicitar a las autoridades ampliar las investigaciones sobre los hechos con el fin de fincar posibles responsabilidades individuales y no de manera genérica o a nivel de instituciones, toda vez que, por unanimidad, consideraron que sí es posible abordarlo.

No así, de manera diferenciada ocho contra tres ministros consideraron que no podría atribuírsele responsabilidad por la represión policiaca a las autoridades federales y estatales, reunidas el 3 de mayo, entre ellas el gobernador mexiquense, Enrique Peña y el ex titular de la SSP, Eduardo Medina Mora, pese a que estas autorizaron la aplicación del operativo.

En el mismo sentido siete ministros se pronunciaron en contra de considerar que tales autoridades reunidas tuvieron participación en los actos de agresión contra los civiles. Tres ministros votaron en sentido contrario, entre ellos Genaro Góngora, Jesús Gudiño Pelayo y Juan Silva Mesa. Solamente el ministro José Ramón Cossío consideró pertinente recomendar una ampliación de la indagatoria para conocer con precisión qué fue lo que se determinó en dicha reunión y solo así deslindar responsabilidades.