Queda demostrada la impunidad generalizada, destaca
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Martes 26 de septiembre de 2017, p. 27
Martes 26 de septiembre de 2017, p. 27
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) enfatizó que la
injustificadalentitud de las investigaciones relacionadas con el caso Ayotzinapa
pone en duda el compromiso del gobierno mexicano con los derechos humanos y el estado de derecho.
A tres años de los hechos, esta organización criticó en un posicionamiento que la administración de Enrique Peña Nieto todavía no pueda proporcionar un relato concluyente de lo que sucedió con los 43 estudiantes desaparecidos, no haya identificado y condenado a los responsables del crimen, y no haya investigado a los funcionarios que manejaron el caso y que pudieron haber obstruido la justicia.
Destacó la necesidad de seguir apoyando a las familias de los estudiantes en su búsqueda de la verdad y la justicia.
Es injustificable que el gobierno mexicano no proporcione respuestas a las familias sobre el paradero de sus seres queridos desaparecidos, dijo Maureen Meyer, coordinadora principal del Programa de México en WOLA.
“La falta de progreso en un caso que el gobierno mexicano ha calificado como ‘la investigación más exhaustiva en la historia de México’, junto con la creciente evidencia de que funcionarios públicos obstruyeron la justicia y obstaculizaron la investigación, ha llegado a demostrar la impunidad generalizada en el problemático sistema de justicia penal del país y la falta de voluntad política del gobierno para investigar y sancionar con credibilidad violaciones de los derechos humanos”.
La integrante de WOLA sostuvo que mientras la teoría principal del gobierno mexicano es que un grupo de la delincuencia organizada mató y quemó a los 43 estudiantes en un basurero, los expertos independientes –entre ellos el grupo creado por la CIDH para dar seguimiento al caso– han encontrado lo contrario.
Meyer remarcó que en México hay, de acuerdo con cifras oficiales, más de 32 mil personas desaparecidas en los años recientes, por lo que subrayó que la obligación del gobierno de Peña Nieto no sólo es investigar el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa,
sino también garantizar la justicia para todas las víctimas desaparecidas y sus familias.
