Considera fundamentales los videos del Palacio de Justicia, los cuales fueron destruidos
Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
Viernes 8 de septiembre de 2017, p. 9
Viernes 8 de septiembre de 2017, p. 9
La reconstrucción cartográfica e interactiva de los ataques ocurridos en Iguala en contra de los normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, desmiente la versión oficial de lo sucedido con los estudiantes y la manera en que oficiales del Ejército dieron seguimiento puntual a las agresiones, la presencia de al menos cinco patrullas de la Policía Federal, así como del involucramiento de agentes municipales de Huitzuco y Cocula, en coordinación con personal de la policía de Iguala y miembros de Guerreros Unidos.
También revela la importancia que tenían las grabaciones tomadas por cámaras del Palacio de Justicia y que fueron destruidas y con las cuales se habría documentado que entre 12 y 15 estudiantes fueron privados de su libertad y luego desaparecidos frente a esas instalaciones judiciales y no, cómo lo señala la indagatoria de la Procuraduría General de la República (PGR), de que los 43 fueron secuestrados en los ataques ocurridos en el cruce de Juan Álvarez y Periférico.
Los estudios cartográficos revelan que de acuerdo con la ubicación de cada uno de los involucrados, las autoridades militares y policiacas conocieron y siguieron cada uno de los movimientos realizados por los agresores y los normalistas, y en estos casos los elementos castrenses y agentes federales no intervinieron para defender a los estudiantes.
El caso Ayotzinapa, una cartografía de la violencia
Lo anterior se concluye a partir de los peritajes realizados por integrantes de la organización Arquitectura Forense, un grupo independiente que desarrolla su trabajo en la Universidad de Goldsmiths, en Londres, y cuyo estudio se titula El caso Ayotzinapa, una cartografía de la violencia, realizado a partir de diciembre de 2015 y cuyos resultados iniciales fueron presentados en instalaciones del centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro.
El estudio se realizó con base en la comparación de aquellos datos que forman parte tanto de los dos informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), como de los archivos de la investigación de la PGR, y en esta cartografía, cuyos resultados pueden consultarse en la página web.
Además, pone en evidencia las contradicciones que existen entre los testimonios de los estudiantes sobrevivientes a los ataques, la llamada
verdad históricay lo documentado en las indagatorias realizadas por expertos del GIEI y el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Entre las fallas que detectó este peritaje se encuentra lo ocurrido frente del Palacio de Justicia, donde dos autobuses que transportaban estudiantes fueron atacados en múltiples ocasiones por integrantes de las policías municipales de Iguala y Huitzuco en presencia de la Policía Federal, y allí, entre 12 y 15 estudiantes formaron parte del grupo de normalistas desaparecidos. Asimismo, en ese lugar estuvo un camión de la línea Estrella Roja (conocido como el quinto autobús) que la PGR omitió de su investigación original.
Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, señaló que este trabajo demuestra
los grandes vacíos que tiene la investigación oficial, y consideró que el trabajo realizado por los investigadores independientes es la
más acabada reconstrucción visual integralde lo sucedido en Iguala y revela que
el Estado ha sido incapaz de generar una narrativa articulada y veraz.
Durante la conferencia de prensa, Santiago Aguirre informó que de los 170 detenidos que presuntamente estarían relacionados con la desaparición de los normalistas, en realidad solamente 70 enfrentan cargos relacionados con la agresión y desaparición de los normalistas, bajo acusaciones de secuestro, y en ningún caso por homicidio, de tal manera que ni siquiera se han judicializado los peritajes de la presunta incineración de los 43 jóvenes en el basurero de Cocula.
Asimismo, mencionó que los otros 100 detenidos enfrentan acusaciones por delincuencia organizada o bien por delitos contra la salud.
