■ Ordena el IFAI que presente el parte informativo de operativos
Elizabeth Velasco C.
Elizabeth Velasco C.
El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó a la Policía Federal Preventiva (PFP) que difunda el parte informativo de los operativos efectuados en San Salvador Atenco y Texcoco, estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006, excepto los nombres de los elementos que participaron y de quienes sufrieron el “robo” de cascos, toletes y otro tipo de equipo usado en los actos represivos.
Con esa decisión, el IFAI revocó la reserva que por diez años la PFP había establecido sobre esa información.
En cambio, confirmó la “inexistencia” de los oficios para la entrega-recepción de la gestión de Vicente Fox que supuestamente habrían recibido Juan Camilo Mouriño, entonces jefe de la Oficina de la Presidencia; César Nava, secretario particular del Ejecutivo, y Maximiliano Cortázar, coordinador de comunicación social.
Sin embargo, en la resolución del recurso 239/08 –cuya ponencia tocó a la comisionada María Marván–, se aclara a la Presidencia de la República, a propuesta de Juan Pablo Guerrero, que los informes y el acta de entrega-recepción que se generaron en toda esa entidad del Ejecutivo al tomar posesión Felipe Calderón y su equipo, tienen carácter público y, por tanto, deben difundirse.
Durante el debate del recurso 60/08 sobre el caso Atenco, sobresale el hecho de que la PFP informó a la comisionada Jacqueline Peschard, responsable del proyecto ayer aprobado por unanimidad, que sólo existe un parte informativo del operativo y “no un conjunto de partes”, como se creía.
Dicho informe, según explicó Peschard a sus colegas durante el debate del recurso, contiene seis puntos: nombre de los mandos que encabezaron el operativo (aunque se realizaron dos, el 3 y 4 de mayo); elementos lesionados y nombres; objetos con los que fueron agredidos y lesiones; el nombre de las personas que les “robaron el equipo” de trabajo; detalle de los bienes sustraídos (toletes, cascos, etcétera); referencia sobre un menor que falleció en el operativo, y el número de elementos que participaron.
Peschard indicó que determinó revocar la reserva debido a que dicha información –excepto los nombres de los policías participantes y de los que perdieron el equipo– se difundieron en las recomendaciones que en su momento emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Con respecto a la clasificación de los nombres de los policías lesionados y de quienes sufrieron el robo, señaló que se mantiene la reserva, con el propósito de evitar que se ponga en riesgo la integridad física y la vida de los agentes, datos que no se han difundido.
Sobre el asunto de la Presidencia, Marván señaló que determinó confirmar la inexistencia de los oficios referidos, porque al momento de efectuarse la entrega-recepción se generaron varios documentos, entre ellos el informe y el acta correspondiente, pero ningún oficio dirigido específicamente a Mouriño, Nava y Cortázar.
Los comisionados Guerrero y Alonso Gómez Robledo dijeron que “es ilógico que la Presidencia declare la inexistencia” de esos documentos, y sugirieron que se entregara al solicitante el informe y acta referidos.
Sin embargo, se determinó “reorientar” al solicitante para que especifique qué tipo de documentación requiere, independientemente de la precisión que establece que esos documentos son públicos y cualquier persona puede tener acceso a ellos.
