VICTOR BALLINAS
El secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, Edgar Cortez, consideró que el hecho de que lleguen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) casos de violaciones graves a los derechos humanos, como los de San Salvador Atenco, Oaxaca, el acoso contra Lydia Cacho y otros que podrían llegar a ese tribunal, refleja que las instancias de procuración de justicia "están en crisis". Afirmó que es urgente una reforma al sistema de justicia, pero no como la que propuso Felipe Calderón, sino una cuyo eje fundamental sea el respeto a los derechos humanos y al debido proceso.
Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga, destacó que "el gobierno no ha sabido responder a cabalidad sobre las graves violaciones a los derechos humanos del magisterio oaxaqueño y las organizaciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. "Desde el principio denunciamos tortura, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y violación a la presunción de inocencia".
Sostuvo que varios especialistas y el Centro Pro han señalado las deficiencias del sistema judicial mexicano. "Vimos y constatamos en las visitas in situ a Oaxaca que hay gran desconfianza de los afectados para presentar denuncias, porque no creen en el sistema de justicia. Urge una reforma que haga contar a México con un sistema acusatorio y uno inquisitorio como el que se tiene hoy".
A su vez, Edgar Cortez consideró muy positiva la decisión de la Corte, "es una medida necesaria y esperamos que contribuya a esclarecer aún más los hechos y determine responsabilidades, pero aunque tiene una lectura positiva, tiene otra, que las instancias ordinarias para investigar los delitos en el país no funcionan".
Las procuradurías de justicia estatal y la General de la República tenían obligación de investigar qué ocurrió en Oaxaca, pero "no lo han hecho y por eso se recurre a lo extraordinario, a la Corte, y aunque esto es buena noticia, es preocupante que las instancias de justicia en el país no sirvan".
Cortez abundó: "no hay que olvidar que esta facultad de la Corte es extraordinaria, tiene alcances limitados, no logra justicia porque sus conclusiones serán enviadas a las autoridades, en este caso, a la procuraduría estatal o al Congreso, dependiendo de las evidencias; no hay que perder de vista que es un camino largo, pero el problema de fondo es que las instancias encargadas de investigar y procurar justicia no lo están haciendo".
Lo que ocurrió en Oaxaca, insistió, es que la procuraduría fue juez y parte, además de que existe enorme influencia del gobernador, es una instancia cerrada.
Arriaga y Cortez destacaron que, a diferencia de Atenco, donde la Corte consideró que las violaciones a los derechos humanos "estaban probadas y no estaban en duda, en el caso de Oaxaca los ministros consideraron que no dan por hecho que hayan ocurrido esas violaciones, sino que van a investigar si hubo violaciones a los derechos humanos, y aunque es un matiz, esperamos que se corrobore a lo largo de la investigación".
