A
yer se cumplieron cuatro años de la atrocidad perpetrada en Iguala en contra de estudiantes normalistas de Ayotzinapa por una perversa alianza de policías y delincuentes organizados. Tres de los jóvenes fueron asesinados, 43 aún continúan desaparecidos y 17 resultaron heridos, además de otras seis personas que perdieron la vida por las balas indiscriminadas de los atacantes; el trágico episodio dista mucho de estar plenamente esclarecido y la investigación oficial exhibe múltiples fallas e inconsistencias. El caso marcó el prematuro declive político de la administración que está por concluir y es, sin lugar a dudas, uno de los principales asuntos pendientes que deja el sexenio. Adicionalmente, la desaparición de los 43 normalistas colocó a México en el centro de las miradas mundiales y deterioró gravemente la imagen internacional del país y de su gobierno.
De alguna manera los desaparecidos de Iguala se han vuelto emblemáticos de las decenas de miles de ausentes que han dejado la violencia y los enfrentamientos multiplicados en el contexto de la estrategia de seguridad y combate a la delincuencia impuesta hace 12 años y seguida hasta ahora con pocos cambios; de la connivencia de autoridades de distintos niveles con grupos de la criminalidad organizada, y de la inoperancia y falta de voluntad que afecta a las instituciones de procuración de justicia, las cuales han incurrido, del 26 de septiembre de 2014 a la fecha, en extravíos inadmisibles, omisiones inexplicables e irregularidades múltiples, como lo han documentado los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a nuestro país para coadyuvar con las investigaciones, por el Equipo Argentino de Antropología Forense, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por diversas organizaciones humanitarias de México y del extranjero.
Mención aparte amerita el inagotable tesón de las madres, padres y familiares de los muchachos desaparecidos en el afán de llegar a la verdad de lo ocurrido en Iguala aquella noche de septiembre, conocer el paradero de los 43 y lograr una justicia efectiva.
Ayer, en el contexto del cuarto aniversario de la tragedia, padres y madres de los normalistas ausentes se reunieron con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el que habrá de ser subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. El gobierno que empezará el primero de diciembre se comprometió con ellos a establecer una Comisión de la Verdad –con o sin fallo judicial que la instaure–, abrir de nuevo las puertas de la nación al GIEI y a otras misiones internacionales y a desplegar el esfuerzo gubernamental para el pleno esclarecimiento de lo ocurrido y procurar justicia. Al término de la reunión, los padres manifestaron su satisfacción por el encuentro y se dijeron esperanzados ante la perspectiva que les planteó el presidente electo.
Sin duda, el esclarecimiento puntual de la atrocidad de Iguala representa para la próxima administración un desafío de primer orden, y de su desempeño ante este caso dependerá, en buena medida, el que logre preservar e incluso incrementar su credibilidad y su respaldo social. Pero, más allá de esa consideración, la verdad, la justicia y la reparación del daño en el caso de Iguala constituyen imperativos morales y políticos para todo el país, porque son la única manera de garantizar que un episodio tan vergonzoso, doloroso e inadmisible no vuelva a ocurrir en México nunca más.
