"Seguiremos de tercos" hasta llevar el caso ABC a la CoIDH, aseguran padres

• En el país impera la impunidad, dicen
• En un año más de 60 bebés han muerto en guarderías y estancias infantiles de México, aseguran

▲ Patricia Duarte Franco y José Francisco García Quintana, en entrevista para La Jornada.Foto Sanjuana Martínez

Sanjuana Martínez

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada
Domingo 5 de agosto de 2018, p. 8

Patricia Duarte Franco ha vuelto a sonreír. En los pasados nueve años ha dedicado su vida a buscar justicia y a evitar que la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, vuelva a ocurrir, pero su esperanza se ha renovado con la llegada de sus dos hijos y la posibilidad de encontrar en el sistema interamericano de derechos humanos la justicia que el Estado mexicano les ha negado.

Su hijo Andrés Alonso fue uno de los 49 bebés que perdieron la vida en el incendio y está empeñada en guardar su legado: A él no lo mataron el incendio o el humo, sino la corrupción de los gobiernos de México. Lo mataron las adjudicaciones directas en favor de los allegados a las cúpulas del poder económico y político.

Su esposo, José Francisco García Quintana, añade: ¿Por qué seguimos luchando? ¿Por qué seguimos exigiendo justicia? Para que no mueran tus niños. Este es el mejor legado de nuestro hijo: evitar que sigan muriendo menores en las guarderías y estancias. Este año han muerto más de 60 niños; esto no debe seguir así.

CIDH, la esperanza

Patricia y José Francisco se toman de la mano amorosamente cuando recuerdan el difícil camino que han caminado juntos en la búsqueda de la justicia que, aseguran, les ha sido denegada en este país.

Su lucha continúa en las instancias mexicanas, aunque ya en el último eslabón: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha retomado el caso luego de que el segundo tribunal colegiado en materias penal y administrativa del quinto circuito demandó que los magistrados atrajeran el caso para dar resolución final al proceso penal contra 19 personas encontradas culpables de homicidio culposo, aunque los padres señalan a otros que no han sido aún procesados, como el ex gobernador Eduardo Bours, Carla Rochín o Marcia Gómez del Campo.

Sin embargo, después de cuatro meses, el máximo tribunal no ha tomado una decisión: Jurídicamente estamos intentando en las instancias del país y que la SCJN tome el caso del amparo. El colegiado se declaró incompetente y no lo resolvió, y pidió a la Corte atraer el caso. Ya es el último paso en el país, donde han imperado la impunidad y la corrupción, expresó Patricia.

Hace varios años, Patricia y José Francisco, junto a otras dos familias del Movimiento 5 de Junio, interpusieron una demanda ante la CIDH: Ya pidió cuentas al Estado mexicano, que respondió solicitando a la CIDH que no tome el caso porque, según el gobierno, han cumplido con todo. (Es) mentira: argumentan que nos han dado muchos apoyos a los papás. Hay que decir que después de lo que hicieron con nuestros hijos nos provocaron muchos problemas de salud y nos han atendido porque es obligación de ellos por lo que provocaron. Es un derecho y no tenemos por qué agradecerlo.

Comenta que el Estado mexicano también respondió señalando que aquí no se han agotado las instancias: Pero estamos a más de nueve años esperando a que la SCJN vuelva a discutir el caso y emita su decisión. No creo que llegue la justicia aquí en México. La ventaja que tenemos es ir a las instancias internacionales. Vamos a seguir de tercos, de necios, hasta que la CIDH tome el caso y lo pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Nos urge una sentencia histórica vinculante y que obligue al Estado mexicano a hacer bien las cosas.

Sin referentes

José Francisco recuerda que en el sistema interamericano no existen antecedentes de casos como el de la guardería ABC: Hay referentes en cuanto a incendios en otros contextos, pero no en uno donde hay corrupción y adjudicaciones directas en estancias infantiles, todavía hoy llamadas guarderías en nuestra Constitución.

Asegura: “Estamos impulsando esto no sólo en México, sino a escala de sistema latinoamericano en la Organización de Estados Americanos (OEA) y la CIDH, que una vez que lo admita –como esperamos– pase a la CoIDH para dictar una sentencia vinculante que deberá cumplir el Estado mexicano”.

Es lamentable, señala, que el Estado mexicano no esté respetando los tratados internacionales que ha firmado y no muestra interés en proteger a la primera infancia con el eje rector de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, mejor conocida como ley 5 de junio, reactiva a la tragedia e impulsada en el Senado en 2010, pero que lamentablemente no es debidamente aplicada.

Todavía El estado mexicano no ha mostrado el menor interés. Hay retraso en la armonización legislativa; faltan cuatro entidades federativas para armonizar primero la ley, luego que el Ejecutivo de cada estado haga su reglamento a fin de tener las cuestiones técnicas para exigir su aplicación.

Asegura que en el año reciente han muerto más de 60 bebés en guarderías y estancias infantiles: Lamentablemente, es la falta de interés político. De nada nos sirven esta ley y su objetivo, que es proteger a nuestra niñez, si el Estado mexicano no le da la importancia y no le asigna los recursos económicos. Es un tema pendiente, el Estado no le da importancia.

–¿Qué falta para que la ley 5 de junio se aplique?

–Primero, en el aspecto administrativo y legislativo, armonizarla en todos los estados, que los Ejecutivos (locales) publiquen su reglamento y que se involucren las organizaciones civiles. Sólo en Sonora hay participación de la sociedad y en los demás estados todo es vertical, con instituciones del Estado y, por consiguiente, con opacidad y sin rendición de cuentas. Estos consejos deberían estar integrados con las secretarías de Salud y de Educación y la sociedad civil”.

La subrogación, el problema

Duarte Franco señala que esto demuestra la impunidad existente en México e insiste en el problema de fondo: la subrogación de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual –sostiene– debería terminar.

Es anticonstitucional y es escandaloso, porque todas son adjudicaciones directas. En la lista de beneficiados están políticos y sus familiares o amigos: (Vicente) Fox, (Felipe) Calderón, (Margarita) Zavala y muchos más. Es el negocio de ellos. Ni siquiera tienen el perfil para operar las estancias infantiles. Son contadores, abogados, administradores; para ellos es un negocio muy lucrativo.

Señala: Es obligación del Estado mexicano vigilar y aplicar la ley; se están muriendo niños, están pasando casos muy seguido.

Explica que solicita al gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ser sensible hacia la primera infancia: Es urgente que López Obrador revise el sistema de subrogación de guarderías. Siento mucha impotencia, coraje, rabia, pero eso, en lugar de detenerme, me da más empuje para seguir luchando.