DEFENSA TIERRA Y TERRITORIO
C O N S I D E R A N D O:
- Que desde tiempos inmemoriales, los pueblos, naciones, tribus, comunidades y barrios somos quienes hemos vivido, trabajado, protegido y disfrutado de nuestra madre tierra, el territorio y todos los elementos que lo conforman.
- Que desde siempre, pero con más intensidad en la actualidad, intereses de particulares insertos en la lógica del capital buscan despojar nuestra vida y territorio con el propósito de acumular riquezas, acumular poder, intentando adueñarse de nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro consumo, nuestra cultura, saberes, fiestas, tradiciones y, en última instancia, nuestra dignidad.
- Que el mal gobierno, a todos los niveles y ramas, se esfuerza por cumplir los caprichos de estos intereses capitalistas a través de políticas públicas, reformas legales, programas sociales, políticas de seguridad y el uso arbitrario de la ley en directo atropello de los intereses de la población a la cual dice falsamente representar.
Que los pueblos, comunidades, tribus, naciones y barrios que integramos la campaña buscamos recuperar la armonía que sosteníamos en nuestra relación con la Madre Tierra, misma que fue dañada a partir de la entrada de estos proyectos de muerte aunque también, hay que reconocerlo, se ha erosionado a partir de cambios en nuestras propias actividades y patrones de vida. Buscamos restablecer este equilibrio así como la promoción del buen vivir para todas y todos los seres vivos, las culturas y elementos de nuestra Madre Tierra. Los pueblos, luchas, naciones, tribus y comunidades que enfrentamos el embate de estos intereses capitalistas y el gobierno cómplice, buscamos estrechar lazos solidarios para fortalecer nuestra lucha y resiliencia. Por eso creamos la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio, que inició el pasado 10 de abril de 2016. Como parte de las actividades de esta campaña, a cuatro meses del lanzamiento de la misma, las diez regiones que la conforman enviaron representantes a Temacapulín, Jalisco, el sábado 27 y domingo 28 de agosto para sostener la Sexta Asamblea Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio. Aquí fueron representadas las luchas presentes en Sonora, Sinaloa, Durango, Nayarit, Colima, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León. La totalidad de las regiones representadas manifestamos nuestra determinación de continuar en la lucha contra los proyectos de muerte, generando espacios de encuentro como la Asamblea en Temacapulín para fortalecer nuestra unidad y coordinación en este esfuerzo.
Temacapulín es el sitio de una valiente lucha de más de once años en contra del proyecto de represa de El Zapotillo. Las y los integrantes de la Campaña manifestamos que Temacapulín, Acasico y Palmarejo no se encuentran solos. En su lucha encontramos reflejado nuestro propio dolor y rabia por lo cual hacemos propios sus esfuerzos por detener este proyecto de represa y trasvase de cuenca.
Temacapulín es tan solo una entre muchas luchas por la defensa del territorio activas en la región occidente de nuestro país. Esta región, que solidariamente nos ha abierto sus puertas y brazos para recibir a los representantes de las distintas regiones de la campaña, presenta también múltiples luchas por la defensa de la dignidad y el territorio. En el estado de Jalisco, los habitantes de El Salto, Juanacatlán y la Huizachera han emprendido una difícil lucha por evitar que se viertan contaminantes en el Río Santiago. Compañeras y compañeros a ambos lados de la frontera Jalisco-Colima sufren afectaciones tanto a la salud como al medio ambiente por parte de la mina a cielo abierto de Peña Colorada, así como la violencia y asesinatos sistemáticos para imponer este proyecto. El pueblo Náyari enfrenta con dignidad el proyecto de represa conocido como Las Cruces en el Río San Pedro-Mezquital. En Zacualpan, Colima se enfrenta una situación de represión generalizada de la población por la imposición de proyectos mineros. Asimismo el pueblo Wixárika por Conducto del Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta sigue exigiendo la cancelación definitiva de todas y cada una de las concesiones mineras existentes dentro del Área Natural Protegida del territorio sagrado de Wirikuta y su zona de influencia. Por su parte, Cherán, en Michoacán, se ha erigido como ejemplo para los pueblos a partir de la construcción de un gobierno autónomo que le ha permitido defender la vida de sus habitantes y el bosque de su territorio frente al crimen organizado. San Juan Huizontla, en la región de la Sierra-Costa michoacana, enfrenta también la amenaza de la minería de tajo a cielo abierto impulsada por el mismo crimen organizado.
Así como sucede en occidente, a lo largo y ancho de la República Mexicana los pueblos enfrentan proyectos de despojo como son minas –de tajo a cielo abierto, submarina, tumbe y relleno, y pocitos de carbón, entre otras–, represas y trasvases de cuencas, proyectos de generación de electricidad –termonúcleares, hidroeléctricas, termoeléctricas de carbón, combustóleo o ciclo combinado y parques eólicos a gran escala, entre otras), autopistas y carreteras, aeropuertos, puertos marinos, privatización de sistemas de abasto de agua potable, proyectos de desarrollo turístico a gran escala, proyectos inmobiliarios, gentrificación violenta, vertederos tóxicos, incineradoras de basura, explotación de hidrocarburos –pozos convencionales, pozos de fracking, pozos en aguas someras y profundas, gasoductos y oleoductos, refinerías y regasificadoras, entre otros–, biopiratería y bioprospección, privatización de semillas, transgénicos, piratería de conocimientos y saberes, programas de mercantilización de bienes forestales o de captura de carbono (como REDD+), explotación forestal, destrucción de manglares, ganadería industrial intensiva, monocultivos y agrocombustibles, entre otros proyectos de muerte.
A raíz de esta amenaza general, nosotros, como sujetos de derechos colectivos, denunciamos públicamente al Estado mexicano por no ser garante de nuestros derechos sino, por lo contrario, esforzarse por propiciar el despojo por parte de grandes capitales. Atropellando la vida y derechos de los habitantes de este país, el Estado mexicano hace uso arbitrario de las fuerzas de seguridad y la ley para reprimir y criminalizar la protesta de quienes defienden su territorio. En algunas regiones, hace caso omiso de los crímenes perpetrados por grupos paramilitares o del crimen organizado que promueven la violencia en colusión con los intereses de empresas promotoras de megaproyectos de muerte. La situación de violencia generalizada en el país parece ser impulsada con el propósito de acallar las manifestaciones de descontento ante el desgobierno de quienes actualmente detentan el poder en el Estado mexicano. Se han creado policías militarizadas federales (gendarmería) y estatales, así como leyes que avalan auténticos estados de sitio y violaciones de derechos–como la “Ley Eruviel” en el Estado de México o la Ley de Protección de Inversiones de Hidrocarburos a nivel federal–.
La atmósfera de represión ha alcanzado a la Campaña en Defensa de la Madre Tierra desde su origen. Trasel arranque de la campaña el 10 de abril de 2016, se dio la represión de las y los compañeros en Xochicuautla. Derivado del informe de las regionales de la Campaña en esta última asamblea, se resaltan los hechos de alerta acontecidos en Atenco, Coyotepec y San Francisco Magú (Estado de México), Amilcingo (Morelos), San Gregorio, Ranchería Corozal y Salvador Allende (Chiapas) y el espacio del Chanti-Ollin (Ciudad de México). Desde la campaña alertamos a la sociedad mexicana sobre las acciones del gobierno que detenta el poder a todos los niveles Denunciamos el estado de sitio que se busca imponer en nuestros territorios y la violación sistemática de derechos. Un ataque por parte de las empresas, el Estado o el crimen organizado contra uno o una de las nuestras es un ataque en contra de todos y todas las integrantes de la campaña.
México ha ratificado estándares e instrumentos jurídicos internacionales que reconocen nuestros derechos. A partir de sus acciones, el Estado los ha violado sistemáticamente a pesar de presumir su reconocimiento y garantía, tanto al interior como al exterior del país. presume En este sentido el Estado mexicano está incumpliendo una obligación fundamental con respecto a sus habitantes y de cara a la comunidad internacional. En específico nos referimos a la inobservancia de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independientes, entre otras normas de derechos humanos internacionales.
Denunciamos a los capitales que controlan los medios masivos de comunicación que, en colusión con el Estado y los capitales promotores de megaproyectos invisibilizan o desacreditan nuestras luchas, generando una atmósfera propicia para la violencia y represión. Se presenta a los pueblos en defensa del territorio como un obstáculo para el progreso o como foco generador de violencia.
De cara al 20 de noviembre, los representantes reunidos en Temacapulín exigimos:
- La cancelación total y definitiva de todos y cada uno de los proyectos de despojo y desarrollo que violentan a los pueblos
- El cese de la violencia, la represión y la criminalización de las y los defensores del territorio
- Que se anulen las órdenes de aprehensión fabricadas por el Estado en contra de los defensores del territorio
- Que se liberen a los presos políticos y de conciencia
- Que se esclarezcan los crímenes perpetrados por el Estado contra defensores y activistas, incluyendo agresiones, amenazas, asesinatos, secuestros y desapariciones forzadas
- Respeto a los medios libres de comunicación
- Al Estado mexicano que, en el marco de la visita oficial del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas (del 29 de agosto al 7 de septiembre) se visibilice la violación de derechos humanos en nuestros territorios, así como los patrones de actuación contra los pueblos, cometidos por empresas nacionales e internacionales. El Grupo de trabajo visitará Guadalajara, Hermosillo, Ciudad de México y Xochicuautla.
- Respeto al derecho a la libre determinación y autogobierno de las naciones, pueblos, tribus, comunidades, barrios y colectivos sobre nuestras tierras, territorios y bienes naturales y saberes.
- Que comience un proceso de enjuiciamiento popular del Estado mexicano, las empresas y el crimen organizado por sus crímenes en contra de los pueblos.
ATENTAMENTE
CAMPAÑA NACIONAL EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA Y EL TERRITORIO
