Javier Flores
E
l informe presentado el pasado 23 de julio por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es una bocanada de aire fresco, un síntoma de salud en una sociedad que parecía condenada a perder toda esperanza de justicia ante uno de los hechos más atroces ocurridos en nuestro país en los años recientes. Al cumplirse 10 meses de la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, y cuando algunos sectores pugnaban por el olvido, el organismo autónomo que preside Luis Raúl González Pérez, interpreta correctamente la dimensión que corresponde a México en diversos órdenes al señalar que ante los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, “(…) no es el momento de callar ni de olvidar”.
El documento de 63 páginas, titulado Estado de la investigación del caso Iguala, presentado el jueves por la CNDH contiene 32 observaciones y propuestas, la mayoría de las cuales (26) están dirigidas a la Procuraduría General de la República (PGR). En ellas se señala, entre otras cosas, la falta de realización de diligencias ministeriales en los niveles locales y federal que se consideran indispensables para establecer los hechos. En otras palabras, se indican faltas o carencias en las indagaciones realizadas hasta ahora por la PGR, lo que ha dado como resultado una investigación incompleta.
No es casual que sea así. Un hecho que hasta ahora ha sido poco analizado es la remoción en febrero de 2015 del licenciado Jesús Murillo Karam como titular de la PGR y el nombramiento en su lugar de la maestra en políticas comparadas Arely Gómez. La figura de Murillo Karam quedó muy desgastada luego de la construcción de una historia, que si bien fue elogiada en los más altos círculos del poder político (los estudiantes fueron asesinados por el crimen organizado, incinerados en un basurero y sus restos arrojados a un río), era evidente que en muchos aspectos carecía de verosimilitud.
El cambio era algo necesario no sólo por los reclamos internos de justicia, sino por una creciente presión internacional. Murillo había llegado a su límite y ya no podía defender más allá de lo que lo había hecho su propia historia. El cambio fue además algo muy positivo pues, en mi opinión, dejaba abierta la posibilidad de ajustar la versión oficial ante nuevas evidencias, sobre todo las provenientes de los estudios de instituciones y organismos nacionales e internacionales involucrados en este caso; como lo ilustra el mencionado documento presentado por la CNDH, en el cual la versión de la PGR aparece claramente como parcial e incompleta, al menos desde la óptica de los derechos humanos.
Pero además de ésta hay otras dimensiones, como la científica, que pronto requerirán de respuestas. Luego del cambio en la PGR, no se ha informado de algún avance en las investigaciones, o se ha caído deliberadamente en el silencio. Por ejemplo, en el caso de los análisis encargados al Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Innsbruck. Han pasado ya varios meses desde que el gran deterioro de las muestras enviadas por la procuraduría –las cuales no permitieron siquiera el análisis del ácido desoxirribonucleico mitocondrial (ADNmt)– obligó al empleo de otras técnicas como la secuenciación masiva en paralelo (MPS, sus siglas en inglés). Las preguntas aquí son: ¿cuáles fueron los resultados de estos análisis? ¿Corresponden con los perfiles genéticos de alguno de los estudiantes desaparecidos?, o todavía peor, ¿los fragmentos de ADN pertenecen a otras personas? La Universidad de Innsbruck ha sido muy clara al señalar:
Los resultados de las investigaciones obtenidas en nuestro instituto se proporcionarán exclusivamente a la autoridad responsable que emitió la orden, es decir, sólo a la PGR. ¿Ya las recibieron?
Otros aspectos ante los cuales también se ha optado por el silencio son las observaciones realizadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). En un comunicado, emitido desde el pasado febrero, este grupo de expertos había señalado fallas graves en la investigación, entre ellas, la ausencia de custodia por un periodo prolongado en el basurero de Cocula, la falta de certeza sobre el origen de las muestras supuestamente recogidas en dicho tiradero y en el río San Juan, la diferencia de los perfiles genéticos de los familiares de los estudiantes desaparecidos enviados a Innsbruck por la PGR y los de la EAAF, las evidencias satelitales sobre múltiples focos de fuego en el basurero en los años recientes y la presencia de restos humanos en ese tiradero que no corresponden con los normalistas.
Algunas de las propuestas de la CNDH tienen también la intención de dar un mayor sustento científico a una investigación que aún no ha concluido. Un país que aspira al desarrollo en todos los órdenes y a una verdadera vida democrática necesita saber la verdad.
