Indigna impunidad en asesinato de Marisela Escobedo

El 16 de diciembre de 2015 se cumplen 5 años del indignante asesinato de Marisela Escobedo, defensora de derechos humanos que había decidido hacer un plantón al lado de la enigmática Cruz de Clavos frente al Palacio de Gobierno del estado de Chihuahua, por la impunidad en que se encontraba el asesinato de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo.

El 16 de diciembre de 2010, alrededor de las 20:00 horas y ante a los ojos del mundo, un hombre intentó dispararle. Marisela corrió hacia el Palacio de Gobierno y los guardias no abrieron las puertas, lo cual se volvería una práctica común desde que asumió el gobierno local César Duarte. A los pocos segundos, una bala mortal la encontró y la privó de la vida.

Ante la presión nacional e internacional, las autoridades de Chihuahua presentaron a José Enrique Jiménez Zavala (alias el Wicked) como el autor material del homicidio. No obstante, la familia y principalmente el hermano de Marisela –quien le vio el rostro al asesino–, desmintió la participación de éste en el crimen. Cabe recordar que 4 años después, de manera por demás sospechosa, el Wicked fue asesinado en la cárcel, cerrándose así el caso y la posibilidad de conocer la verdad sobre el mismo.

Marisela había caminado por un interminable viacrucis en la exigencia de justicia para su hija Rubí, que con sólo 16 años había sido asesinada por su compañero sentimental, Sergio Rafael Barraza Bocanegra. Al igual que miles de madres que exigen justicia en el caso de sus hijos e hijas, se convirtió en investigadora y, a diferencia de la negligencia de las autoridades, detectó en varias ocasiones el paradero del asesino de Rubí para que lo detuvieran. Inicialmente, ella llevó el caso de Rubí sola, caminando diariamente desde la Fiscalía hasta la Ciudad Judicial. Luego de haberse emitido la injusta sentencia, solicitó al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres que fuera su representante legal y asumiera el juicio de casación correspondiente.

Marisela marchó a la Ciudad de México exigiendo justicia y pidió una reunión con el entonces presidente Felipe Calderón, la cual nunca fue concedida. También marchó a otras ciudades como Zacatecas, en donde de nueva cuenta ella pudo encontrar al asesino de su hija, cosa que no había podido lograr la Fiscalía General de Chihuahua.

El 8 de diciembre Marisela hizo dos declaraciones, una ante el fiscal general y otra ante el comisario de la Policía Federal, en las que dio suficiente información de sus indagatorias, lo cual la puso en alto riesgo. Sorpresivamente, tal información fue suprimida del expediente penal.

A 5 años de su asesinato es imposible borrar los gritos de auxilio cuando corría por su vida. También es imposible borrar los llantos desesperados cuando, en abril de 2010, el tribunal de juicio oral exoneraba a Sergio Barraza, mismos que renunciaron ante la gran indignación desatada en todos los sectores y el asombro de la sociedad. Igualmente es inolvidable recordar que su muerte vino seguida del secuestro y posterior asesinato de su cuñado, la quema del negocio de éste, y de la solicitud de asilo político de sus hijos y nieta, quienes desde Estados Unidos siguen exigiendo justicia para su hermana y su madre, y anhelan volver a su tierra.

Aun cuando se cuenta desde hace 6 años con la histórica sentencia de “Campo Algodonero” y con cientos de recomendaciones de instancias internacionales sobre la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia hacia niñas y mujeres, Chihuahua sigue teniendo impostergables retos: es el segundo estado con mayor número de violaciones sexuales denunciadas, el primero con mayor número de embarazos de adolescentes y el cuarto lugar del país en violencia doméstica. Es el estado cuyas cinco principales ciudades se encuentran entre las 15 peores para ser mujer en México, lo cual se demuestra en el hecho que de los 2 mil 361 feminicidios cometidos desde 1993 a la fecha, el 59 por ciento se haya cometido en los últimos 6 años.

Asimismo, Chihuahua es uno de los estados más autoritarios, corruptos y endeudados de la República Mexicana. El estado se encuentra en el antepenúltimo lugar del índice democrático y carece de división real de poderes. Chihuahua es uno de los estados más riesgosos para las personas defensoras de derechos humanos en México.

En este día conmemoramos la vida de una mujer valiente, comprometida y con inmensurable amor hacia su hija y su familia. Pero también denunciamos la responsabilidad de las autoridades en prevenir y sancionar su cobarde asesinato. Por ello, el 16 de diciembre se llevaron a cabo actos de exigencia de justicia del caso y de cumplimiento de la recomendación 44/2013 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), tanto a las 10:00 horas afuera del Consulado de México en El Paso, Texas, así como a las 18:00 horas en la placa colocada en el lugar donde fuera asesinada en la ciudad de Chihuahua. El primer evento fue organizado por Mexicanos y Mexicanas en el Exilio, mientras que en el segundo participaron activistas sociales de Chihuahua.

Atentamente:

Anali Acosta Navarrete, Arsène van Nierop, Begoña Lecumberri Ustaran, Diana Villalobos Díaz, Édgar Cortez, Eufrosina Rodríguez Trejo, Gabino Gómez Escárcega, Hilda Ruíz Estrada, Humberto Robles de León, Jaime García Chávez, Javier Tovarich, Judith Vázquez Arreola, Lilian Fabiola de la Rosa, Lol Kin Castañeda Badillo, María Luisa Toledo, María Teresa Guerrero Olivares, Mario Antonio Mandujano Sánchez, Ofelia Medina, Rocío Culebro, Silvia Núñez Esquer (Sonora), Teresa Zacarías, Víctor Quintana Silveyra; Acciona, AC; Asociadas por lo Justo, Oficina Regional para México-Mesoamérica; Casa del Migrante de Saltillo; Casa Iskra; Centro de Apoyo al Trabajador, AC; Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua, AC; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, AC; Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, AC; Círculo de Estudios de Género, AC; Colectivo La Gota; Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, AC; El Barzón Chihuahua; El Barzón Nacional; Fátima, IBP; Frente de Consumidores; Fundación Hester; Grupo Feminista 8 de Marzo; Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, AC; Justicia para Nuestras Hijas, AC; Mexicanos en el Exilio; Movimiento Insurgencia Magisterial de la Ciudad de Chihuahua; Movimiento ResISSSTE-CNTE del estado de Chihuahua; Mujeres Artesanas; Mujeres Barzonistas; Mujeres por México en Chihuahua, AC; Observa Ciudadan@; Observatorio para el Acceso a la Información Pública; Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar y los Derechos Humanos, AC; Red por los Derechos de la Infancia en México, AC; Red por la Participación Ciudadana, AC; Sociedad Unida, AC; Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (conformada por 73 organizaciones en 21 estados de la República Mexicana).

Posponen reunión de Osorio Chong con familiares de los 43

Por Fabiola Martínez

mié, 09 dic 2015 21:42

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, durante un evento el pasado 25 de noviembre. Foto Cristina Rodríguez

México, DF. La reunión entre el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y los familiares de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa -desaparecidos en septiembre de 2014- fue pospuesta para la semana entrante.

Aunque la cita estaba programada para llevarse a cabo este jueves en Acapulco, Guerrero, se decidió ampliar el margen debido a que mañana es la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos y, además, para ampliar los informes que se darán a los familiares de los jóvenes.

Funcionarios de la Secretaría de Gobernación dijeron que el encuentro sería el miércoles entrante; ese día será el inicio de una ronda de conversaciones entre altos funcionarios federales y los padres de los jóvenes desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.

Posteriormente, la procuradora general de la República, Arely Gómez, encabezará este tipo de reuniones, también en Acapulco, en cuatro sesiones programadas para el 14 de enero, 18 de febrero, 17 de marzo y 17 de abril, mes en el que concluye la misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

Censuran al Parlamento Europeo por posponer reunión con el GIEI

• Oficina ecuménica de Alemania lo acusa de ceder a presiones de México
• Recibiría un informe sobre Ayotzinapa 
• Califican de vergonzosa su actuación

José Antonio Román

 

Periódico La Jornada
Jueves 10 de diciembre de 2015, p. 3

La Oficina Ecuménica por la Paz y Justicia de Munich, Alemania, reprochó a la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo haber cedido a las presiones diplomáticasdel gobierno mexicano para posponer el encuentro con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el pasado primero de diciembre, donde le presentarían un informe de su trabajo en las investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

En carta dirigida a Elena Valenciano, presidenta de dicha subcomisión, la Oficina Ecuménica calificó de vergonzosa la actuación de esa representación del Parlamento Europeo, al postergar dicho encuentro para algún momento después de la visita que prevén realizar a México algunos de sus integrantes, cuando la lógica indica que lo adecuado habría sido recibirlos antes.

Se destaca que la reunión previa a su viaje habría servido a la subcomisión no sólo para estar bien informada antes de emprender la visita, sino para demostrar públicamente el apoyo al ejemplar trabajo de investigación que el grupo de expertos internacionales estárealizando acerca de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas, el asesinato de seis civiles y la agresión a los demás estudiantes de Ayotzinapa; uno de los casos más nefastos en materia de violación de derechos de la población de un país.

“Señora Valencia, y por extensión a todos sus colegas que han sido cómplices de esta maquinación de la diplomacia mexicana en Bruselas: queremos decirle lo mismo que hemos dicho a los funcionarios de la Comisión Europea: si lo que quieren es defender los negocios de las empresas europeas en México, propiciando con su silencio el llamado ‘buen clima de inversiones’, háganlo, están en su derecho; pero no intenten engañarnos diciendo que les interesa la defensa y promoción de los derechos humanos”, señala la carta.

Además, en el mismo tono la misiva destaca que con esta decisión el Parlamento Europeo se ha alineado con la Comisión Europea y los distintos gobiernos de la región, que desde un principio saludaron las falsas promesas de esclarecimiento de los hechos realizadas por el presidente de México, Enrique Peña Nieto.

¿Acaso se ha cuestionado si después de esto podría usted ver a los ojos a los grandes referentes de la socialdemocracia, como Olof Palme, quienes no dudaron en ponerse de pie para luchar contra las injusticias?, señala la misiva, enviada también con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemora este 10 de diciembre.

Cada informe del GIEI desnuda las mentiras oficiales: expertos

• Investigadores de la UNAM descartan que sea necesario otro peritaje en Cocula
• Exigen a autoridades detallar cómo manejaron las muestras que se recogieron en el basurero
• La estrategia de las autoridades forma parte del intento de desinhibir las movilizaciones sociales

Emir Olivares Alonso

 

Periódico La Jornada
Miércoles 9 de diciembre de 2015, p. 3

Los avances presentados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa confirman que hasta ahora las autoridades federales han mentido en torno a la desaparición de 43 estudiantes de esa normal, pues ya hay demasiadas evidencias de que no pudieron ser incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, señalaron expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Recordaron que unos meses después de los ataques contra los normalistas, los investigadores Jorge Antonio Montemayor, del Instituto de Física de la UNAM, y Pablo Ugalde Vélez, de la unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), presentaron un reporte en el que, con base en pruebas científicas, desmentían la llamada verdad histórica presentada por la Procuraduría General de la República (PGR).

La información dada a conocer por el GIEI, basada en pruebas y estudios meteorológicos, así como en imágenes satelitales de la región durante la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, revela que en varias horas de esos días hubo una lluvia acumulada de 21.8 milímetros en Iguala, y condiciones similares en Cocula.

Al respecto, Montemayor aseguró en entrevista que si bien es posible crear una hoguera en condiciones de lluvia, la cantidad de combustible para incinerar a 43 personas tuvo que haberse elevado en al menos 30 por ciento.

En el reporte que presentó en diciembre junto a su colega Ugalde, realizado con base en la termodinámica, ambos expertos aseguraron que para cremar a 43 personas en un espacio abierto y en condiciones no húmedas se hubieran requerido 30 toneladas de leña o 10 de llantas. Esto hubiera significado el trabajo continuo de entre 15 y 20 personas por más de 14 horas para bajar los cuerpos y los combustibles a la barranca donde la PGR planteó se prendió la hoguera.

Pero –agregó Montemayor– que al darse un terreno mojado por la lluvia acreditada por el GIEI, se necesitarían 42 toneladas de madera y 13 de neumáticos.

Los expertos de la CIDH confirman lo que nosotros ya habíamos dicho. En nuestro informe incluso presentamos información satelital de la NASA, que obtuvimos gracias a unos colegas, que mostraba que en las coordenadas donde se ubica el basurero de Cocula no hubo un incendio en esas fechas; el más cercano se dio a 154 kilómetros de distancia, en un almacén de llantas usadas en Chilapa.

El investigador se pronunció contra la idea de la PGR de hacer un nuevo peritaje en el basurero para definir si hubo o no incendio. Esto debido a que ya hay suficientes elementos para acreditar que no fue así.

Por el contrario, dijo, la PGR tiene que presentar los informes de cómo manejó las muestras que presuntamente se recogieron en ese espacio, si hubo el acompañamiento de personas independientes que verificaran que realmente se levantaron ahí y que no se hayan alterado. También planteó que, pese a que ha pasado más de un año, se puede hacer un estudio científico del suelo donde presumiblemente habrían ejecutado a los normalistas, pues en el terreno debería haber huellas de ADN, se hubiera derramado entre 28 y 56 litros de sangre, que podrían incluso determinar la identidad de los jóvenes.

René Jiménez Ornelas, experto en temas de violencia del Instituto de Investigaciones Sociales, señaló que ya existen varios elementos para aceptar que la llamada “verdad histórica es sólo una mentira que quieren hacer pasar por verdad.

La verdad histórica se cae con evidencias que nos dan los especialistas del GIEI y otros, lo que nos revela que las autoridades no cambian la estrategia de décadas de engañar a los mexicanos. Es esa idea de que afirman una cosa pensando en que nos la tenemos que creer porque es su verdad.

Para el universitario este tipo de métodos está ligado al modelo neoliberal que intenta desinhibir la movilización social, y las mentiras son un factor de control.

El gobierno intenta deslegitimar al GIEI: ONG

José Antonio Román

 

Periódico La Jornada
Miércoles 9 de diciembre de 2015, p. 4

Diversas organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos, nacionales y extranjeras, salieron en defensa del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), al denunciar que hay intentos, desde dentro y fuera del gobierno mexicano, por deslegitimar la presencia y el trabajo de coadyuvancia que ha realizado dicho grupo para dar con la verdad de los hechos ocurridos en Iguala, donde desaparecieron 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

Seguimos preocupados de que, a pesar de varias solicitudes, el GIEI aún no haya podido entrevistar a los soldados del batallón local, quienes estaban conscientes del ataque contra los estudiantes y presentes en algunas escenas del crimen, dicen.

En un pronunciamiento conjunto, organizaciones como Amnistía Internacional, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Robert F. Kennedy Human Rights, Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos, la Fundación para el Debido Proceso, Brigadas Internacionales de Paz, el Centro de Justicia y el Derecho Internacional, Asociadas por lo Justo y Conectas Human Rights, expresaron su pleno apoyo al trabajo realizado por el Grupo de Expertos.

Desde la presentación de sus informes, particularmente en los que cuestiona la versión oficial de que los cuerpos de los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula, las críticas hacia el grupo de expertos se han incrementado, poniendo en duda incluso su calidad de expertos y peritos.

El GIEI derrumba por completo la verdad histórica del caso Ayotzinapa

• Documenta que no hubo incendio en el basurero de Cocula e incluso llovió
• Señala que recibió información incompleta de 11 militares interrogados por el Ministerio Público y que es urgente rentrevistarlos 
• Calcula que en unos meses brindará el informe final

Alejandro Valencia, Carlos Beristain y Ángela Buitrago, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, ofrecieron una conferencia para divulgar los resultados de sus investigaciones, en el salón Digna Ochoa de la sede de la Comisión de Derechos Humanos del DFFoto Carlos Ramos Mamahua

José Antonio Román

 

Periódico La Jornada
Martes 8 de diciembre de 2015, p. 3

Con nuevas evidencias que terminan por echar abajo la verdad histórica sobre el caso Iguala, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) aseguró que no hubo incendio alguno en el basurero de Cocula, Guerrero, donde según el gobierno federal fueron incinerados los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Basado en pruebas y estudios meteorológicos, así como en imágenes satelitales de la región durante la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, se reveló incluso que en varias horas de esos días hubo una lluvia acumulada de 21.8 milímetros en Iguala, y condiciones similares en Cocula.

Al presentar los avances de la segunda parte de su mandato de seis meses, el informe del GIEI señaló también que fue en la última revisión del expediente cuando se percataron de que 11 de los 27 militares del 27 batallón con los cuales han solicitado de manera reiterada e infructuosa poder entrevistarse, ya se presentaron a dar su declaración o a ampliar la misma ante la Procuraduría General de la República (PGR). Pero que no fueron notificados de esta diligencia.

El grupo ya analizó sus palabras; sin embargo, debido a la forma en que se toman las declaraciones, no se sabe qué preguntó el Ministerio Público en tales entrevistas. Sus declaraciones dejan igualmente muchos aspectos claves pendientes de profundizar, pues no se responde ni se evalúan, señala el informe presentado en conferencia por los expertos Ángela Buitrago, Carlos Beristain y Alejandro Valencia.

Por ello, los expertos insistieron en la necesidad de re-entrevistar a todos los militares cuyos nombres se propusieron como testigos claves de diferentes hechos.

Dijeron que el GIEI ya tiene preparado un cuestionario que quiere formular a los 27 militares de su petición inicial.

No obstante, advirtieron que si no están presentes en dichas entrevistas no podrá evaluar la calidad de la información aportada, ni repreguntar sobre la misma, ni profundizar conforme a los estándares internacionales en la investigación de hechos tan graves.

El GIEI destacó que en dichas declaraciones –rendidas el 26 de agosto y el 11 de septiembre reciente– sólo se incorporó una copia Power Point de las fotografías que hace meses el grupo alertó que estaban en poder del 27 batallón, pero que aún no se ha proporcionado un video tomado en la zona de Palacio de Justicia, donde fue detenido y desaparecido el grupo de normalistas.

Ya en la conferencia de prensa, Carlos Beristáin destacó que esa entrevista con los militares es esencial para el esclarecimiento de los hechos, pues se ha documentado que estos elementos de las fuerzas armadas estuvieron presentes en cuatro de los sitios donde se dieron los hechos: antes y después de la llegada de los normalistas; en los lugares donde se dio la agresión contra ellos, la clínica donde trataron de refugiarse los jóvenes tras la agresión, y en el sitio donde apareció muerto el normalista Julio César Mondragón.

En la conferencia, realizada en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF), Ángela Buitrago se refirió al plazo de seis meses previsto para este segundo mandato y si este será suficiente. Ya hemos tomado la decisión de que debe ser necesariamente suficiente, y hemos apuntado todo para que esta segunda etapa inclusive se trabaje con mayor fuerza que en la primera para tratar de dar con el paradero de los muchachos. Esa es nuestra decisión y pretensión, dijo.

Aunque reconoció que en un delito de desaparición forzada se necesita mucho tiempo más para poder terminar, la decisión del GIEI es tratar de dar los mayores elementos posibles como coadyuvantes de la PGR, para que se logre el objetivo final de saber dónde están.

Dividido en tres temas, el informe aborda la constitución del nuevo equipo de la PGR encargado de la investigación, las líneas de pesquisas y búsqueda, y la atención y relación con los familiares de las víctimas.

En el primero, el GIEI informó que trabaja de lleno en las propuestas proporcionadas a la PGR sobre los nuevos escenarios de búsqueda y diligencias, y donde se ejecuta un plan que ya está arrojando nueva información relevante para el caso.

Incluso, sin dar nombres de regiones o estados, citaron que la PGR ha hecho desplazamientos a otros lugares donde busca información y realiza acciones de búsqueda de los normalistas, además de que se ha pedido revisar todas las actuaciones sobre el llamado quinto autobús tomado por los normalistas y que podría tener relaciones con el móvil de los hechos.

Del nuevo peritaje que pretende encargar la PGR sobre el basurero, se dijo que ellos lo consideran innecesario.

Sobre la atención y relación con los familiares, el GIEI señaló la necesidad de que se agilicen los trámites para la prueba del ADN al cuerpo de Julio César Mondragón, por el retraso de trámites judiciales.

La viuda y hermanos de Julio César Mondragón exigieron la agilización de los trámites, pues de lo contrario el cuerpo podría permanecer en cámaras de refrigeración hasta enero próximo.

Peritos argentinos en el basurero de Cocula

GLORIA LETICIA DÍAZ
7 DE DICIEMBRE DE 2015
NACIONAL

Peritos argentinos en el basurero de Cocula. Foto: Germán Canseco

MÉXICO, DF (apro).- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desmintió, una vez más y con evidencias científicas, la “verdad histórica” sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En conferencia de prensa para informar sobre el avance de las indagatorias, ahora a cargo de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Ángela Buitrago, Carlos Beristain y Aljandro Valencia, integrantes del grupo, insistieron en que es innecesaria la realización de un nuevo peritaje en el basurero de Cocula, como lo sostiene la dependencia.

Menos aún, tras la recepción de “un estudio de un centro especializado en meteorología” y de “registros o fotografías satelitales”.

Tras señalar que trabajan con el nuevo equipo de investigación en la selección de expertos, el plan de trabajo y la metodología para un tercer peritaje, los expertos detallaron que a petición suya la PGR solicitó estudios especializados, mismos que se realizaron el pasado 30 de septiembre.

Los análisis concluyeron que “sí llovió en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014 y que no se detectó un incendio en la población de Cocula durante los mismos días”.

Ángela Buitrago apuntó que el estudio fue realizado por una “institución de metodología reconocida”, de la que se reservó el nombre. Con ello, dijo, “está reforzándose el expediente con la garantía de ser una institución muy seria y además fue efectivamente una prueba solicitada por la PGR”.

La exfiscal de Colombia resaltó que la confirmación de que no ocurrió la “verdad histórica” no implica la “absolución” de los presuntos implicados en el caso, en el cual se preserva lo esencial: que “los muchachos fueron tomados el 26 y 27 de septiembre de 2014, llevados por la policía y desaparecidos”.

En todo caso, agregó, el desmoronamiento de la “verdad histórica”, implicaría a “dirigir la iniciativa de búsqueda a otros lugares”. Basta recordar, dijo, que “la multiplicidad de posibilidades de lugares estaba dada en la investigación desde el principio y la multiplicidad de número de estudiantes ultimados o asesinados estaba dada”.

El interrogatorio al 27 Batallón

Carlos Beristain, integrante del Grupo, advirtió que además de esta “prueba científica más” en el expediente “no hay ninguna declaración por parte de ninguno de los inculpados de que ahí hubiera sido llevado un grupo más reducido de normalistas (como lo han dicho algunos funcionarios de la PGR) y eso significaría una quinta versión de los hechos que no tiene nada que ver con las declaraciones y con una investigación seria”.

Sobre la insistencia de interrogar a miembros del 27 Batallón de Infantería del ejército mexicano radicado en Iguala, Beristain apuntó que aunque la PGR consignó la ampliación de declaración de 11 elementos –de los 27 que los expertos le pidieron–, éstas no responden a las interrogantes del GIEI.

El especialista comentó que tras leer las actas ministeriales, “se necesitan profundizar, no sabemos si se preguntaron muchas cosas porque son narrativas de una historia, no se incluyen las preguntas”.

El GIEI, agregó, “no quita el dedo del renglón” para estar presente si se dan los interrogatorios a militares ante agentes ministeriales, considerando que al menos 27 soldados señalados “fueron testigos de hechos ocurridos en al menos cuatro escenarios que son clave para esclarecer los hechos y ojalá den elementos de búsqueda”.

Incluso, comentó que “por lo menos uno” de ellos tomó fotografías y un video de los hechos, aunque nada de eso ha sido incorporado al expediente.

El experto español confirmó también que el GIEI no asistirá a la reunión que sostendrán los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong en Acapulco, programado para este jueves 10 de diciembre.

Los expertos anunciaron que han propuesto algunas diligencias de búsqueda y están en espera de que se realicen las expediciones con base en los resultados de la investigación.

Alejandro Valencia, otro integrante del Grupo, descartó que la nuevas propuestas de búsqueda del GIEI correspondan a las anunciadas por funcionarios federales — como acudir a Puebla y al Estado de México, pues son exploraciones “que se hicieron el año pasado, no son búsquedas recientes”–, sino que forman parte de las 667 búsquedas realizadas por la Policía Federal.

Sin definir los puntos a revisión, Valencia puntualizó que los sitios propuestos por el GIEI obedecen “a líneas de investigación con este nuevo equipo, con quienes hemos acordado que lo que se vaya a realizar sea de manera prudente y obedezca a los indicios y resultados preliminares que arroje la investigación”.

En la conferencia los expertos dieron a conocer que la PGR realizó una reconstrucción de hechos en la carretera a Santa Teresa, donde fue atacado un camión en el que viajaban los integrantes de equipo de futbol “Los Avispones” y murieron tres personas.

Agregó que en la reconstrucción –hecha 14 meses después–, la PGR reportó hallazgos, como casquillos de bala, que pretende integrar en el expediente. Ante ello, el Grupo solicitó que dichos elementos sean procesados de forma independiente, toda vez que en dos exploraciones anteriores no se habían reportado esos elementos y que pudieran corresponder a hechos distintos.

Trabas con cuerpo de un estudiante

Sobre la segunda autopsia realizada el pasado 5 de noviembre al estudiante Julio César Mondragón –a quien le quitaron la piel del rostro–, en la que intervinieron integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), los especialistas del GIEI resaltaron que el cuerpo presentaba “una gran cantidad de traumatismos (…) mucho más de los referidos en la primera autopsia”. Luego, recomendaron agilizar los trámites administrativos de devolución de los restos a sus familiares para inhumarlo.

Presentes en la conferencia, familiares de Mondragón Fontes denunciaron que a pesar de que ya se le realizaron las pruebas más importantes al cadáver, no se le han tomado los restos de ADN, debido a trámites burocráticos de los juzgados Tercero Penal en Tepic, Nayarit, y Primero Penal en Jalancingo, Veracruz.

Marisa Mendoza, viuda del joven estudiante, denunció que tras un mes de que el cuerpo de Julio César permanece en un refrigerador, se corre el riesgo de que la diligencia de toma de muestras sanguíneas para el cotejo de ADN no se realice antes del 18 de diciembre, justo cuando los juzgados federales suspenden labores por las fiestas de fin de año.

Retiran padres de 43 normalistas plantón en Chivatito

Por José Antonio Román 

mar, 01 dic 2015 10:54

Padres de los normalistas desaparecidos levantaron las carpas en las que se plantaron desde el jueves pasado en Chivatito y Reforma. Foto: Jesús Villaseca

México, DF. Al levantar el plantón indefinido que durante casi cinco días mantuvieron en Paseo de la Reforma y Calzada Chivatito, los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa destacaron el compromiso del gobierno federal de reiniciar las pesquisas bajo nuevas líneas de investigación y búsqueda.

En el acto con el cual levantaron dicho plantón, se dijo que durante la reunión de ayer con funcionarios del gobierno federal lo realmente importante es que la supuesta "verdad histórica" del basurero de Cocula ya no es el eje principal de la investigación.

Vidulfo Rosales, abogado y representante de los padres de familia, dijo que esa versión no tiene horizonte ni ofrece verdad y justicia sobre los hechos ocurrido en Iguala, el 26 y 27 de septiembre de hace un año.

Varios de los padres de familia que tomaron la palabra durante el acto señalaron que no hay confianza en más autoridades, pero que los acuerdos tomados con el gobierno federal son un "buen inicio" para retomar la investigación de sus hijos desaparecidos hace más de 14 meses.

La desaparición de los 43 demuestra que no han quedado atrás los crímenes de Estado: Concha

• El religioso recibió el Premio Internacional de Derechos Humanos Emilio F. Mignone
• Necesitamos de la solidaridad del Sur para detener la espiral de violencia y muerte, afirma

De la Redacción

 

Periódico La Jornada
Martes 1º de diciembre de 2015, p. 5

El crimen de lesa de humanidad que representa la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa demuestra que México no ha dejado atrás la etapa de crímenes de Estado que se vivió en décadas pasadas, afirmó Miguel Concha Malo en Buenos Aires, Argentina.

Al recibir el Premio Internacional de Derechos Humanos Emilio F. Mignone, que otorga el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Argentina, el religioso dominico dijo que el drama de las desapariciones forzadas aumenta todavía más por la falta de acceso a la justicia, en la cual la tortura y las detenciones arbitrarias son una práctica permanente.

Hoy México sigue necesitando de las experiencias del Sur para enfrentar esta crisis de derechos humanos. Necesitamos de su solidaridad para detener la espiral de violencia y muerte que parece incontenible, la cual, insisto, en gran parte es propiciada por los intereses geopolíticos imperialistas y por las grandes corporaciones internacionales, pero igualmente por la omisión y falta de cumplimiento de las obligaciones constitucionales que tiene el Estado para con el pueblo mexicano, dijo.

El premio, que reconoce la labor de instituciones y/o personas residentes en el extranjero en favor de los derechos humanos, fue entregado por el canciller Héctor Timerman, en una ceremonia a la que asistieron miembros del gobierno argentino e invitados especiales.

Miguel Concha, colaborador y articulista de esta casa editorial desde su fundación, dijo no poder refutar la afirmación de que México está inmerso en una crisis de derechos humanos, donde se inscribe la tragedia y horror de los hechos de Ayotzinapa.

Se trata de una crisis, añadió, que se caracteriza por una situación extrema de inseguridad y violencia, en medio de desapariciones, tortura, desplazamientos forzados y ejecuciones.

Afirmó que este efecto de la violencia y de violaciones a los derechos fundamentales es especialmente grave y desproporcionado sobre personas en situaciones de pobreza, migrantes, los solicitantes de asilo, los refugiados y desplazados internos, las mujeres, los niños y niñas, los adolescentes y jóvenes, así como las defensoras y defensores de derechos humanos, los periodistas, los pueblos indígenas, las personas de la comunidad lésbico gay.

Sobre su reciente reconocimiento, el también director y fundador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria dijo que es para las luchas latinoamericanas por los derechos humanos, en especial para el pueblo de México. Yo mismo soy parte de las luchas por la liberación de los pueblos, desde la década de los setentas.

La distinción honra la figura y obra de Emilio F. Mignone, abogado, educador y dirigente central en el movimiento de derechos humanos que surgió en Argentina durante la última dictadura militar (1976-1983).

Mignone fundó una de las organizaciones de derechos humanos más importante del país, el Centro de Estudios Legales y Sociales, que actualmente dirige el periodista Horacio Verbitsky.

En la presidencia de la entrega del galardón estuvieron la hija de Mignone, Isabel Mignone; el propio Verbitsky, y el secretario argentino de Derechos Humanos, Martín Fresneda. En el acto destacó la presencia de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y el ex juez español Baltasar Garzón.

Presenta la PGR oficina especial investigadora para el caso Iguala

• La reunión con la procuradora fue positiva; es un buen inicio: padres de los 43
• Acuerdan que el encuentro con el secretario de Gobernación sea el 10 de este mes en Acapulco

Padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, tras la reunión en la PGRFoto María Luisa Severiano

José Antonio Román y Alfredo Méndez

 

Periódico La Jornada
Martes 1º de diciembre de 2015, p. 3

Con la presentación de la Oficina de Investigación del Caso Iguala, la cual ya trabaja en las nuevas líneas de investigación y en la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos, concluyó la reunión entre los padres de las víctimas y normalistas con la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, e integrantes del Grupo Interdisciplinario del Expertos Independientes (GIEI).

En el encuentro, que duró más de tres horas en las instalaciones de la PGR, se acordó ayer para la mañana el levantamiento del plantón indefinido que los padres de los normalistas mantenían desde el pasado jueves sobre la banqueta de Paseo de la Reforma y calzada Chivatito; una entrevista con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el próximo 10 de diciembre en Acapulco, Guerrero, y reuniones quincenales con autoridades de la unidad recién creada, y mensuales con la procuradora Arely Gómez.

Desde el principio, los padres de familia expusieron en la reunión un pliego de cinco puntos, integrado por la creación del nuevo equipo de investigación; que se tomen en cuenta las nuevas líneas de investigación; la búsqueda de los normalistas desaparecidos hace más de 14 meses; la entrevista con los militares del 27 batallón que estuvieron en activo el 26 y 27 de septiembre en la ciudad de Iguala, y la no criminalización de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Al encuentro, que estuvo encabezado por la procuradora general Arely Gómez, asistieron también los subsecretarios de Gobierno y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Luis Enrique Miranda y Roberto Campa, respectivamente, y el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Betanzos. Además, Enrique Galindo, comisionado general de la Policía Federal.

Por parte del GIEI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), participaron Francisco Cox Vial y Ángela Buitrago.

Ahí se informó de la creación de la Oficina de Investigación del Caso Iguala, integrada por un equipo multidisciplinario de abogados, médicos, sicólogos y peritos en diversas materias. Será encabezada por José Aarón Pérez, quien se ha desempeñado en el servicio de procuración de justicia federal desde 1998.

“Este nuevo equipo estará acompañado, monitoreado, supervisado y tendrá la coadyuvancia del grupo de expertos, y orgánicamente estará inserto dentro de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR”, declaró Vidulfo Rosales, abogado y representante de los padres de los normalistas, quien estuvo presente en la reunión.

Respecto de las nuevas líneas de investigación, se informó que la unidad recién creada ya trabaja en varias de ellas, pero que por sigilo de las investigaciones todavía no es recomendable darlas a conocer. Será en una próxima reunión cuando se revelen detalles y eventuales avances. Lo mismo sucede con la búsqueda con vida de los estudiantes.

Sobre las entrevistas a los miembros del Ejército Mexicano que estuvieron en activo la noche y madrugada en que fueron atacados los estudiantes, y que desde un principio el GIE ha solictado que se practiquen y el gobierno ha negado de manera reiterada, se informó que esta nueva unidad especializada ya realizó algunas.

Se aclaró que estas entrevistas se han efectuado sin la presencia de los expertos enviados por la CIDH.

El propio Vidulfo Rosales señaló que en el caso del quinto y último punto, referente a la no criminalización de la Normal Rural de Ayotzinapa, no se pudo transitar mucho, y los padres de los 43 no insistieron, con la intención de que este tema se aborde en la reunión del 10 de diciembre con el secretario Osorio Chong, en Fórum Mundo Imperial, en Acapulco.

Tras la reunión, los padres de familia valoraron que fue positiva, aunque aclararon que ello no significa tener plena confianza en los funcionarios y en el gobierno federal. Aun así, señalaron que es un buen inicio.

Por lo menos, hoy por hoy nosotros logramos llevar el debate y la ruta en otra dirección hacia lo realmente importante, que son las nuevas lineas de investigación, y ya no insistir en el basurero de Cocula. Eso ya no nos ofrece perspectiva de verdad ni de justicia; creo que es atinado hoy día el paso que se anima a dar el gobierno para ir hacia las nuevas líneas de investigación, dijo el abogado Rosales.

La investigación sigue abierta

Por la noche, en un comunicado la PGR informó que de la reunión se lograron importantes acuerdos, como el establecimiento de reuniones de trabajo periódicas, exhaustividad en las nuevas líneas de investigación y en las acciones de búsqueda.

En el encuentro, Arely Gómez reiteró que la investigación del caso sigue abierta y que se desarrolla con la coadyuvancia técnica del GIEI, con lo cual se refrenda el compromiso institucional de que los responsables de estos lamentables hechos sean consignados ante las autoridades federales.

Informó que la nueva oficina comenzó actividades el pasado primero de noviembre.

Mañana se reunirá la titular de la PGR con padres de los 43

• La cita, resultado del plantón cercano a Los Pinos
• Al encuentro no asistirá Osorio Chong, como lo demandan

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes ha trabajado recientemente con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la PGR en nuevas líneas de investigaciónFoto María Luisa Severiano

Fabiola Martínez

 

Periódico La Jornada
Domingo 29 de noviembre de 2015, p. 7

Altos funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República (PGR) se reunirán este lunes con representantes de los familiares del caso Ayotzinapa.

Al encuentro está programada la asistencia de la titular de la PGR, Arely Gómez. Asistirán también integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), indicaron fuentes del gobierno federal.

El GIEI ha trabajado en días recientes con la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR en las nuevas líneas de investigación propuestas por los especialistas sugeridos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para asesorar al Estado mexicano –y evaluar sus indagatorias– a fin de logar la finalidad de clarificar qué ocurrió el 26 de septiembre de 2014 con los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.

La primera averiguación de la PGR indicó que los jóvenes fueron asesinados y sus cuerpos calcinados en el basurero de Cocula, Guerrero; los restos habrían sido arrojados a un río.

Sin embargo, el GIEI estudió el caso y emitió una serie de recomendaciones bajo la premisa de que no era científicamente posible una cremación colectiva en tan pocas horas.

Con lo anterior, funcionarios consultados señalaron que la cita del lunes será con los peritos y no con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, como exige un grupo de familiares que el viernes realizaron un plantón en las inmediaciones de la residencia oficial de Los Pinos.

De manera alterna se conversará acerca de la propuesta de atención a víctimas, entregada en días pasados a los representantes de familiares de los afectados en los hechos de Iguala, Guerrero.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, dijo en ocasión de la presentación del libro De regreso a casa, que la documentación de historias de personas desaparecidas propicia la sensibilización de la sociedad mexicana y a ser generadores de acciones encaminadas a la protección de la dignidad humana.

La historia sobre Alejandra García Andrade, su desaparición y posterior muerte en Ciudad Juárez, Chihuahua, nos refleja lo terrible que puede ser la realidad –agregó Campa– y nos recuerda las dificultades por las que atraviesan los familiares de las víctimas.

El andamiaje institucional debe asumir su posición como garante de los derechos humanos de quienes integran la sociedad, ejerciendo acciones que vaya encaminadas a la solución de problemas estructurales y la atención integral de las víctimas.

Sin avances, la negociación con el gobierno para levantar el plantón

• Exigen padres de los 43 que se considere prioritario continuar la búsqueda
• Demandan diálogo con el titular de Gobernación, no con funcionarios menores; seguirá la protesta cercana a Los Pinos
• Marchan por calles de Polanco; hoy, mitin en el Hemiciclo a Juárez

Familiares de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos marcharon ayer por calles de la ciudad llevando antorchas “que significan la esperanza de que encontramos con vida a nuestros hijos y que habrá castigo para los culpables.Foto María Luisa Severiano

Seguimos en las manifestaciones porque no ha habido justicia para los padres”, dijeronFoto María Luisa Severiano

Arturo Sánchez Jiménez

 

Periódico La Jornada
Domingo 29 de noviembre de 2015, p. 6

Empuñando 43 antorchas, una por cada hijo desaparecidos los padres de los normalistas de Ayotzinapa marcharon anoche por calles de Polanco.

Partieron a las 19 horas del plantón que instalaron desde el jueves en Paseo de la Reforma, a la altura de calzada Chivatito, muy cerca de la residencia oficial de Los Pinos.

Acompañados de manifestantes, los guerrerenses avanzaron por las calles de Arquímedes, Campos Elíseos y Presidente Mazaryk. Los escoltaron decenas de policías de tránsito que intentaban desviar a los vehículos que circulaban por la zona. También hubo presencia de observadores de las comisiones de derechos humanos Nacional y del Distrito Federal.

En esta zona de la ciudad son comunes los restaurantes y tiendas de artículos de lujo. Los comensales detenían sus charlas cuando comenzaban a escuchar los gritos de Vivos se los llevaron, vivos los queremos que coreaba el contingente. Los vecinos se asomaban por las ventanas, los dependientes de las tiendas bajaban apresurados las cortinas y muchos tomaban fotos de la manifestación que alumbraba las calles con la luz de sus antorchas, las cuales significan la esperanza de que encontramos con vida a nuestros hijos y de que habrá castigo a los culpables, dijeron.

“Andamos en las calles –dijo Melitón Ortega, uno de los voceros del movimiento– no porque queramos, sino porque no ha habido justicia para los padres”. La voz de Ortega se escuchó en los amplificadores instalados en una camioneta que encabezaba la movilización. El micrófono fue ocupado más tarde por miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que junto con integrantes de otras organizaciones acompañaron la marcha.

Tras hora y media de caminata, el contingente regresó al plantón, donde fueron proyectados documentales sobre el caso Iguala.

Hoy, a las 11 de la mañana, los padres de los normalistas realizarán un mitin en el Hemiciclo a Juárez, se informó anoche.

Vidulfo Rosales, abogado de los padres de familia, dijo en entrevista que aún no hay avances en la negociación que mantienen con funcionarios del gobierno federal para levantar el plantón. La propuesta del gobierno, comentó, es que una comisión de funcionarios reciba a familiares de los estudiantes desaparecidos hace 14 meses en Iguala e informe de los avances en las investigaciones. La demanda de los padres es que dialogue con ellos el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Rosales agregó que lo prioritario es que la búsqueda de los jóvenes se reanude a la brevedad y que por ello los padres están dispuestos a ser flexibles en esa demanda, siempre y cuando se les informe puntualmente de avances en el nombramiento del fiscal que se hará cargo de las investigaciones y del equipo que retomará la búsqueda. Pero la comisión que han ofrecido para sentarnos a dialogar, no la vamos a aceptar, porque son funcionarios menores. Queremos que esté el secretario porque queremos que haya compromiso político firme del gobierno.

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan sostuvo que nosotros vamos a resistir, vamos a estar aquí hasta que nos reciba el secretario de Gobernación, eso es lo que estamos pidiendo, por ahora,

Vidulfo Rosales comentó que el gobierno les ha dicho que ya hay avances en cuanto a la conformación de la fiscalía, del equipo técnico y del trabajo concreto de algunas líneas de investigación; eso nos lo han informado, que ya están trabajando con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Sostuvo que hay enfriamiento de las relaciones de los padres de los normalistas con el gobierno federal, después del informe general sobre Ayotzinapa del GIEI, en septiembre pasado, y después de la reunión en Washington (el pasado 19 de octubre, un día antes de que se presentara la audiencia por el caso Ayotzinapa ante la CIDH). El enfriamiento, dijo el abogado Rosales, va a tono con la campaña de desprestigio en contra de la escuela normal de Ayotzinapa y con la represión que padecimos el día 11 de este mes.

Hay tensión, añadió, en las relaciones con el gobierno y, producto de ello es esa omisión en la información de lo que va ocurriendo con la indagatoria del caso.

Informó que hoy, en el campamento, continuará la proyección de documentales que explican cuál ha sido la lucha de los padres estos 14 meses. La finalidad es contrarrestar la campaña de desprestigio que hay en contra de la normal rural de Ayotzinapa.

Padres de los 43 realizan “caminata de antorchas” en Polanco para exigir reunión con el Gobierno federal

La “caminata de antorchas” inicio el recorrido desde el plantón ubicado frente a Los Pinos. En el trayecto los padres de los 43 solicitaron una reunión con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Los padres de los normalistas marcharon esta noche en calles del DF. Foto: Twitter @SerapazMexico

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).– Padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, organizaciones y sindicatos realizaron esta noche una caminata con antorchas en calles de Polanco en la Ciudad de México como parte de las acciones para exigir una reunión de trabajo con el Gobierno federal.

La “caminata de antorchas” inició desde el plantón ubicado frente a Los Pinos. En el trayecto los manifestantes solicitaron al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, información sobre los avances en la investigación de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

Ayer, los padres de los normalistas rechazaron sostener una reunión con representantes menores del Gobierno federal y reiteraron que hasta no conseguir una reunión con el Secretario de Gobernación y la Procuradora, Arely Gómez González, no levantarán el plantón que mantienen en la calzada Chivatito, inmediaciones de la Residencia Oficial de Los Pinos.

El subprocurador de derechos humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Eber Omar Betanzos Torres anunció ayer en entrevista radiofónica que ya se conformó la unidad de búsqueda de los normalistas y que se encuentran en plena disposición de dialogar con los padres.

Sin embargo, Vidulfo Rosales, abogado de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero, dijo este día en la movilización que hasta el momento no ha habido ningún acercamiento con las autoridades federales.

Los padres de los normalistas planean realizar mañana domingo un mitin en el Hemiciclo a Juárez y la proyección de documentales desde el plantón que mantienen en Reforma.

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Ayotzinapa: 14 meses sin respuestas

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a conmemoración por los 14 meses de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, coincidió con la instalación de un plantón en esta capital por parte de los padres de familia, quienes demandan la reactivación de las pesquisas en torno al caso, la realización de reuniones con los titulares de la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República (PGR) y el nombramiento de un fiscal para el caso.

Por su parte, la PGR ha informado que se ha comenzado a trabajar, en coordinación con los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en la elaboración de un estudio de dinámica del fuego en torno al incendio ocurrido en el basurero de Cocula, donde, de acuerdo con la verdad histórica del gobierno federal, fueron incinerados los normalistas desaparecidos.

Las demandas planteadas por los familiares de las víctimas y los anuncios de las autoridades ponen en perspectiva el lamentable estatus de las investigaciones en torno al caso: a más de 400 días de los hechos no ha habido avance real en las pesquisas; se desconoce el paradero de los estudiantes y las autoridades han incurrido en una omisión monumental en su deber de procurar justicia y esclarecer los hechos.

Es inevitable vincular este estancamiento con la actitud errática, tardía e indolente que adoptó desde un inicio el Estado mexicano, y concretamente el gobierno federal. Debe recordarse que el involucramiento de la PGR en el asunto no se dio sino varias semanas después del 26 de septiembre de 2014; y que en el curso de sus investigaciones, la procuraduría se empeñó en dar crédito a versiones de los presuntos culpables materiales y desechó los testimonios de los estudiantes sobrevivientes, quienes han sostenido desde un inicio que en la agresión participaron elementos de las policías estatal y Federal, así como integrantes del Ejército.

Posteriormente, la dependencia se empecinó en defender la versión calificada de verdad histórica –la supuesta incineración de los cuerpos de los normalistas en el basurero de Cocula–, pese a que ésta resultó en todo momento poco verosímil y fue rechazada por los familiares de las víctimas, por expertos forenses y por amplios sectores de la sociedad. Finalmente, dicha versión recibió un mentís con el informe presentado por el GIEI, a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El saldo de esta inacción está a la vista: al día de hoy no se conoce el paradero de los desaparecidos; se multiplica y acumula el agravio contra las víctimas y sus familias, y se ha generado un sentir de desconfianza generalizada en las instituciones que en sí mismo representa un obstáculo para el esclarecimiento pleno de los hechos.

Para colmo, la incapacidad gubernamental se ha traducido en un margen de maniobra para nuevas agresiones en contra de los familiares de Ayotzinapa y su entorno social de apoyo, como el ataque registrado anteayer en Tixtla, Guerrero, donde un grupo armado asesinó a cuatro policías comunitarios.

A 14 meses de la desaparición de los normalistas, la persistencia en las demandas de esclarecimiento y justicia es sintomática del extravío que padecen las instituciones de justicia en el país, pero no por eso los reclamos son menos atendibles: se deben redirigir los esfuerzos institucionales hacia una acción de esclarecimiento y justicia efectivos en torno al caso. Hasta ahora, la incapacidad del Estado para hacer justicia en este episodio es una de las determinantes de la crisis política en la que se encuentra sumido el país, y sin el esclarecimiento de lo ocurrido aquella noche en Iguala resulta impensable el restablecimiento de la normalidad institucional.

Hay 300 familias víctimas del caso Ayotzinapa: CEAV

Faltan 43

Campamento en Reforma y ChivatitoFoto Guillermo Sologuren

Alma E. Muñoz

 

Periódico La Jornada
Sábado 28 de noviembre de 2015, p. 2

El titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín, aseguró que tienen registradas a 300 familias como víctimas directas e indirectas del caso Ayotzinapa, pero que la cifra puede crecer.

El GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH) ha hablado de 700, habría que ver si esas familias pueden presentarse para que podamos incluirlas, señaló en entrevista.

Tras recibir un reconocimiento de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Personas Violadas, Rochín admitió que los familiares de los 43 normalistas desaparecidos han rechazado la ayuda, pero adelantó que al menos 50 personas que resultaron afectadas en los hechos de Iguala hace 14 meses serán apoyadas.

Entre heridos y fallecidos, forman parte de cuatro familias que recibirán la reparación integral, dos de ellas seguramente este año y el resto en el primer semestre de 2016.

Jaime Rochín resaltó que el caso Ayotzinapa es una de las violaciones más graves a derechos humanos que se han cometido en los últimos años en el país, pero el Estado mexicano, por conducto de la CEAV, está dispuesto a asumir su responsabilidad en este tema.

Recordó que entre los afectados no sólo hay normalistas, también, por ejemplo, jugadores del equipo de futbol (Los Avispones) y familiares de una señora que iba en un taxi...

El funcionario planteó que los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, con toda razón, dudan de todo lo que sea Estado y empiezan a acercarse, pero exigen pruebas de confiabilidad y nosotros queremos dárselas.

Apuntó que hay buenas expectativas para que podamos apoyarlos. Eso no implicaría, aclaró, que renuncien a sus causas, a su lucha, ni que dejen de exigir la investigación. Tampoco que se limite su libertad de expresión ni su derecho a la justicia y a la verdad.

Resaltó que podrían exigir reparación del daño por desaparición de personas, aun cuando (los estudiantes) aparezcan vivos y en buen estado, que eso sería lo ideal para todo mundo.

Mencionó que el caso de Ayotzinapa requiere un diagnóstico integral del daño. La CNDH nos ha pedido que se haga todo un diagnóstico comunitario y asumiremos esa responsabilidad.

El titular de la CEAV también mencionó, en otro tema, que para el caso de Tlatlaya, estado de México, se contabilizan cinco reparaciones concluidas de por lo menos 14 que la CNDH declaró como víctimas de muerte por causa arbitraria.