■ Luis Arriaga afirma que algunos sectores los consideran enemigos del sistema legal
■ Admite que en la era Fox se lograron avances, aunque no se convirtieron en políticas públicas
■ Admite que en la era Fox se lograron avances, aunque no se convirtieron en políticas públicas
Víctor Ballinas
El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Luis Arriaga Valenzuela, sostiene que uno de los obstáculos que enfrentan todavía los defensores es que “una parte de la sociedad considera que en nuestra causa defendemos a delincuentes y en el Estado hay agentes o actores que nos consideran un estorbo para el cumplimiento de sus funciones, y nos califican como enemigos”.
El Centro Prodh, destaca Arriaga Valenzuela, surgió en 1988 en un contexto complicado, cuando Carlos Salinas de Gortari asumió la Presidencia en medio de fuertes acusaciones de fraude, además de que en los últimos años de la década de los 80 existía un clima de represión por parte del Estado en contra de los activistas sociales, dirigentes eclesiales, líderes políticos y en contra de organizaciones y comunidades que reclamaban atención a sus demandas.
Antes, señala el director del Centro Prodh, en 1987, se creó un comité de derechos humanos organizado por la Compañía de Jesús, en el que un conjunto de sacerdotes consideró que había que atender las violaciones a los derechos humanos que eran crecientes y cotidianas, por lo que, desde el principio se planteó el objetivo de la defensa, promoción e incidencia en la vigencia y el respeto de las garantías básicas.
Con la llegada de Salinas de Gortari a la Presidencia de la República y en un contexto de dificultades para alcanzar las transformaciones por el camino electoral, muchos buscaron otras vías de participación y optaron por crear organizaciones no gubernamentales dedicadas a defender la dignidad de las personas, se empezó a generar una cultura más especializada y efectiva de defensa de los derechos civiles y políticos, detrás de la cual estaba la situación de la desigualdad que afecta a numerosos sectores de la sociedad, y que sigue siendo vigente.
En estos 20 años de vida del Centro Prodh, “hemos tenido casos emblemáticos, como el de la defensa de 19 presos zapatistas detenidos en 1995, cuando el entonces presidente Ernesto Zedillo anunció que se habían girado instrucciones para la detención de los dirigentes del EZLN. Unos fueron arrestados en Yanga, y en Orizaba, Veracruz; otros en el estado de México.
“El Centro Prodh asumió su defensa en febrero de 1995. Hicimos campaña nacional e internacional en defensa de esos detenidos y logramos su liberación. Pero no se logró una salida dialogada para ese conflicto que en 1994 puso de relieve la miseria, la muerte, el hambre, la falta de acceso a derechos fundamentales, como son la educación, alimentación, salud, a gran parte de los mexicanos, pero sobre todo, a los indígenas”.
Otro ejemplo, recuerda Arriaga Valenzuela, más en el contexto de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), fue el caso de los campesinos ecologistas de Petatlán, Guerrero, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, quienes fueron detenidos y torturados por militares en 1999, y estuvieron privados de su libertad 30 meses. Iniciamos campañas a escala nacional e internacional abogando por su defensa y, en 2001, en el gobierno de Vicente Fox, fueron liberados, pero no se les reconoció su inocencia y tampoco se investigó a los militares que los torturaron. Este caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que ya va muy avanzado”.
En la lucha por la defensa de los derechos humanos, dice el director del Centro Prodh, en 1995 se inició una campaña de hostigamiento contra integrantes de este centro. “Recibíamos amenazas, recados, llamadas telefónicas, inclusive ingresaron a las oficinas. Considero que es necesario que sigamos exigiendo que todas las personas que realizan actividades de defensa seamos reconocidos y protegidos por el Estado”.
Más casos: “el Nadia Zepeda, joven estudiante que fue detenida en 2003 y violada por uno de los policías que la detuvo sin ningún mandato judicial. Enfrentó un proceso penal plagado de irregularidades. Fue liberada en agosto de 2005. También está el caso de las mujeres violadas en San Salvador Atenco, por policías el 3 y 4 de mayo de 2006. Este centro lleva la defensa de 11 de las 26 mujeres ultrajadas”. Estos, abundó el director del Centro Prodh, son sólo unos de los muchos casos que “defendemos”.
–¿Cuál fue la experiencia de las organizaciones no gubernamentales (ONG) durante el gobierno de Fox?
–Se intentó tener espacios de interlocusión con el Estado. Era importante hacer aportaciones a partir de las experiencias que teníamos, sobre todo, en dotar de contenidos concretos a las políticas públicas. Nos pareció importante participar en la elaboración del Diagnóstico Nacional de Derechos Humanos en el 2002. Muchas de las recomendaciones son vigentes, y el Estado tendría que retomarlas para formular políticas en favor de los derechos humanos.
–¿Las ONG le creyeron al gobierno de Fox?
–Parece que así fue, en parte, pero algunas organizaciones apostamos a construir. El tema de los derechos humanos nunca había sido prioritario para ningún gobierno, y al encontrarnos con estas propuestas gubernamentales decidimos aportar a la construcción de políticas públicas que fueran acompañadas de programas y presupuestos.
–¿Se avanzó en esa etapa?
–Sí, hubo un avance importante. México se abrió al escrutinio internacional y realizó un trabajo importante de ratificación de tratados internacionales de defensa de los derechos humanos y aunque el Senado los ratificó, no se tradujeron en políticas públicas.
El Centro Prodh, dice su director, retomó en 2007 su perfil, su identidad en la defensa de los derechos humanos.
