Elizabeth Velasco C.
Durante un lapso de 10 años, cuando menos, no se conocerá el nombre ni la identidad de los elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) que incursionaron, junto con otros cuerpos policiacos, en las comunidades de Texcoco y Atenco, los días 3 y 4 de mayo, acciones de las que derivaron la muerte de dos jóvenes, abusos sexuales contra 26 mujeres, transgresión de los derechos humanos de al menos 200 personas y la aprehensión de decenas de integrantes del Frente del Pueblo en Defensa de la Tierra.
La confidencialidad del nombre e identidad de los elementos fue ordenada por el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) este miércoles, tras ratificar los alegatos de la PFP, de que difundir esa información "vulneraría la seguridad del personal que participó en el Operativo Atenco 2006", sobre el cual la corporación integró un expediente.
Sin embargo, y con fines estadísticos, el IFAI ordenó a la PFP difundir únicamente el cargo y número exacto de los elementos que acudieron a Texcoco y Atenco, y sobre los cuales -y de otras corporaciones- la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exigió que se procediera penalmente por los abusos sexuales y otras violaciones a las garantías individuales que cometieron.
En alusión a esa información, la PFP justificó así la reserva: "cualquier persona podría atentar contra la seguridad, integridad y vida del mencionado personal, así como de sus familias, dejándolos en absoluto estado indefensión, causando con ello un daño presente y probable".
La clasificación se consigna en el expediente 687/07 del IFAI; en él, la corporación admite que su participación en las acciones de Texcoco y Atenco no fueron hechos aislados, sino que obedecieron a "un solo operativo, ya que fueron labores continuadas, motivo por el cual dicha información se llevó a la reserva bajo el rubro Operativo Atenco 2006".
La respuesta de la PFP derivó de la solicitud de un ciudadano que pidió copias certificadas con los nombres y cargos de los elementos de la PFP asignados a ambos operativos.
El IFAI también consideró que dar acceso a esa información "vulneraría" las capacidades operativas y logísticas de la PFP para garantizar la seguridad pública, "menoscabando con ello su capacidad para preservar y resguardar la vida o salud de las personas; sus estrategias para combatir las acciones delictivas de la delincuencia organizada, y sus capacidades para evitar la comisión de delitos". Esto, en virtud de que los elementos asignados a esas acciones -entre 800 y mil 500, según el IFAI-, participan constantemente en otros operativos en la República Mexicana, e identificarlos los convertiría en víctimas de los grupos criminales.
Cabe destacar que ese conflicto derivó de una lucha de los pueblos de Texcoco y Atenco por la defensa de sus tierras, expropiadas en 2001 por el gobierno de Vicente Fox, con la intención de construir el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Como recordó el propio IFAI, no es la primera vez que confirma la confidencialidad; también lo hizo con los nombres de los elementos de la PFP que participaron en los operativos efectuados en la Cámara de Diputados, en el contexto del sexto y último Informe de gobierno de Vicente Fox.
