Zósimo Camacho / David Cilia, fotos
Tras huelgas de hambre, ayunos y vejaciones en el penal de Santiaguito, los detenidos en San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo, cumplen cuatro meses en prisión. Varios de ellos ni siquiera estuvieron en el lugar de los hechos donde ocurrieron los delitos que se les imputan. Mientras, ni un solo policía ha sido sometido a proceso por las violaciones sexuales y actos de tortura ejercida contra los miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
Los 29 detenidos en San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo pasado cumplen cuatro meses tras las rejas. La violencia con la que fueron apresados, la tortura que padecieron y las violaciones sexuales de que fueron objeto varias mujeres, han sido ampliamente documentadas por medios de comunicación y organismos nacionales e internacionales no gubernamentales de defensa de los Derechos Humanos.
Incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, después de elaborar un amplio informe sobre los hechos de principios de mayo en el poblado mexiquense, concluyó que en el lugar se habían cometido delitos de lesa humanidad. También se ha acreditado que varios de los detenidos no estuvieron en los sitios en donde se realizaron los hechos que se les imputan.Sin embargo, han permanecido privados de su libertad mientras los tortuosos procesos jurídicos a los que están sometidos avanzan lentamente. Su defensa jurídica ganó un “amparo para efectos” el pasado 14 de agosto. Paradójicamente, con ello los presos se encuentran en el mismo punto que cuando ingresaron al penal. Tienen la esperanza de quedar libres en los próximos días toda vez que, “reiniciado” el proceso, su defensa podrá aportar pruebas de descargo que en los días posteriores a su detención no le permitieron las autoridades.
En contraste, ni un solo policía ha pisado la cárcel por las vejaciones cometidas contra ciudadanos inermes, ya que los uniformados sólo están acusados de delitos no graves como “comisión de actos libidinosos” —por obligar a una mujer a hacer sexo oral, la única “falta” de tipo sexual que las autoridades conceden que “pudo haber ocurrido”— y “abuso de autoridad” —por las golpizas contra campesinos, trabajadores, profesionistas “y animales”, algunas de las cuales se transmitieron por televisión—.
El caso de los Selvas
Tras huelgas de hambre, ayunos y vejaciones en el penal de Santiaguito, los detenidos en San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo, cumplen cuatro meses en prisión. Varios de ellos ni siquiera estuvieron en el lugar de los hechos donde ocurrieron los delitos que se les imputan. Mientras, ni un solo policía ha sido sometido a proceso por las violaciones sexuales y actos de tortura ejercida contra los miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la TierraLos 29 detenidos en San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo pasado cumplen cuatro meses tras las rejas. La violencia con la que fueron apresados, la tortura que padecieron y las violaciones sexuales de que fueron objeto varias mujeres, han sido ampliamente documentadas por medios de comunicación y organismos nacionales e internacionales no gubernamentales de defensa de los Derechos Humanos.
Incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, después de elaborar un amplio informe sobre los hechos de principios de mayo en el poblado mexiquense, concluyó que en el lugar se habían cometido delitos de lesa humanidad. También se ha acreditado que varios de los detenidos no estuvieron en los sitios en donde se realizaron los hechos que se les imputan.Sin embargo, han permanecido privados de su libertad mientras los tortuosos procesos jurídicos a los que están sometidos avanzan lentamente. Su defensa jurídica ganó un “amparo para efectos” el pasado 14 de agosto. Paradójicamente, con ello los presos se encuentran en el mismo punto que cuando ingresaron al penal. Tienen la esperanza de quedar libres en los próximos días toda vez que, “reiniciado” el proceso, su defensa podrá aportar pruebas de descargo que en los días posteriores a su detención no le permitieron las autoridades.
En contraste, ni un solo policía ha pisado la cárcel por las vejaciones cometidas contra ciudadanos inermes, ya que los uniformados sólo están acusados de delitos no graves como “comisión de actos libidinosos” —por obligar a una mujer a hacer sexo oral, la única “falta” de tipo sexual que las autoridades conceden que “pudo haber ocurrido”— y “abuso de autoridad” —por las golpizas contra campesinos, trabajadores, profesionistas “y animales”, algunas de las cuales se transmitieron por televisión—.
El caso de los Selvas
El médico Guillermo Selvas y su hija Mariana Selvas Gómez fueron integrantes de la “Karavana” que acompañó al Delegado Zero desde que inicio su recorrido en los montes chiapanecos el primero de enero de este año. En varias ocasiones, durante el periplo, se unía a ellos Rosalba Gómez, esposa de Guillermo y madre de Mariana.
La familia no sólo brindaba servicio médico a los integrantes de la “Karavana” y la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, incluyendo al subcomandante Marcos, sino a los niños, trabajadores, campesino y amas de casa de las comunidades a las que llegaba La Otra Campaña.
Guillermo Selvas milita en la izquierda desde su juventud. Ha formado parte de brigadas de salubridad que recorren las zonas con los mayores índices de desnutrición y enfermedades de primer nivel. Antes de ser apresado, encabezaba un colectivo promotor de salud que trabajaba en las paupérrimas comunidades de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Querétaro, Veracruz y Michoacán, entre otros estados. Mariana es estudiante de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y asiste a su padre en el servicio médico.
Los Selvas fueron apresados y golpeados en San Salvador Atenco el 4 de mayo en las inmediaciones de la casa donde se encontraba herido en el cráneo e inconciente Alexis Benhumea, estudiante de la Facultad de Economía de la UNAM y de la Academia de la Danza del INBA, quien moriría días más tarde a consecuencia de la explosión cerca del rostro de una granada de gas lacrimógeno.
Guillermo Selvas milita en la izquierda desde su juventud. Ha formado parte de brigadas de salubridad que recorren las zonas con los mayores índices de desnutrición y enfermedades de primer nivel. Antes de ser apresado, encabezaba un colectivo promotor de salud que trabajaba en las paupérrimas comunidades de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Querétaro, Veracruz y Michoacán, entre otros estados. Mariana es estudiante de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y asiste a su padre en el servicio médico.
Los Selvas fueron apresados y golpeados en San Salvador Atenco el 4 de mayo en las inmediaciones de la casa donde se encontraba herido en el cráneo e inconciente Alexis Benhumea, estudiante de la Facultad de Economía de la UNAM y de la Academia de la Danza del INBA, quien moriría días más tarde a consecuencia de la explosión cerca del rostro de una granada de gas lacrimógeno.
Guillermo Selvas había tratado de auxiliarlo pero, al percatarse de la gravedad del traumatismo, decidió salir a pedir el auxilio de una ambulancia. Fue entonces cuando los policías lo golpearon. Mariana trató de auxiliar a su padre y también fue detenida y, durante el traslado al penal, torturada sexualmente. “Guillermo ya está muy desesperado. Él es el sostén de la casa y le preocupa que ya no haya dinero. Ya casi nos acabamos nuestros ahorros”, dice Rosalba Gómez desde el plantón que familiares de los presos e integrantes de los colectivos de La Otra Campaña mantienen también desde hace cuatro meses en las inmediaciones del penal.
Algunos días los “plantonistas” superan apenas la docena; otros, son centenas los que pernoctan, protestan y lanzan gritos de apoyo a los procesados.De acuerdo con la causa penal 96/2006, 22 personas están acusadas de “secuestro equiparado”. Nueve de ellas también lo están por “ataque a las vías de comunicación”. Tres más están acusadas sólo de este último delito. Los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo Cochicoa se encuentran presos en el Estado de México en el penal de máxima seguridad La Palma, ahora conocido como el Centro Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano.
Algunos días los “plantonistas” superan apenas la docena; otros, son centenas los que pernoctan, protestan y lanzan gritos de apoyo a los procesados.De acuerdo con la causa penal 96/2006, 22 personas están acusadas de “secuestro equiparado”. Nueve de ellas también lo están por “ataque a las vías de comunicación”. Tres más están acusadas sólo de este último delito. Los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo Cochicoa se encuentran presos en el Estado de México en el penal de máxima seguridad La Palma, ahora conocido como el Centro Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano.
Guillermo y Mariana Selvas están acusados tanto de secuestro equiparado como de ataque a las vías de comunicación. Amigos y familiares han logrado recabar fotos donde los acusados aparecen en mítines y otras actividades de La Otra Campaña realizadas precisamente a la misma hora en que ocurrieron los hechos que les imputan.“Con ello, se comprueba que era materialmente imposible que Mariana y Guillermo participaran en los supuestos delitos que les imputan, a menos que tuvieran el don de la ubicuidad”, dice con ironía el abogado Juan de Dios Hernández Monge, quien tiene a su cargo la defensa jurídica de la mayoría de los procesados por los hechos en Atenco.
La defensa legal de los detenidos en el poblado mexiquense, todos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona e integrantes de La Otra Campaña, interpuso los amparos 555/2006 y 556/2006 contra los delitos de secuestro equiparado y ataque a las vías de comunicación, respectivamente. Después de dilaciones legaloides, la resolución del juez primero de distrito en materia de amparos de Toluca, Willy Vega, fue favorable para los acusados pero “sólo para efectos”.
Hernández Monge explica que: “Es una práctica de los órganos jurisdiccionales en México utilizar una figura llamada 'amparo para efectos'. Eso fue lo que concedió el juez de distrito. Y con ello se violenta el artículo 80 de la Ley de Amparo. En teoría, cuando alguien es beneficiado con una resolución de amparo, se supone que el efecto es restituir al o los quejosos en el goce y disfrute de las garantías que han sido violadas.
“En este caso -agrega- se han violado, entre otras, las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales y el amparo debió haber sido para restituirles el goce de esas garantías. No fue así y el efecto es que declara nulo de pleno derecho el auto de formal prisión del 10 de mayo de 2006. Y el juez primero de distrito ordena al juez de Santiaguito que dicte una nueva resolución en libertad de resolución. Es decir, que el juez de Santiaguito tiene la posibilidad de dictar un nuevo auto de formal prisión o un auto de libertad por falta de méritos para procesar.”
Al inquirirle al abogado sobre la posibilidad de que los presos sean puestos en libertad, toda vez que ahora sí tendrán la oportunidad de presentar elementos de descargo, Juan de Dios Hernández dice: “Si habláramos desde el punto de vista técnico jurídico y en aras de la justicia, sin duda que habrían de ser puestos en libertad absolutoria”. Sin embargo, el litigante considera que en este caso han pesado más los elementos políticos, pues sus defendidos son adherentes a La Otra Campaña.
Los impunes
En contraparte, ningún policía ha sido detenido por los hechos de violencia ocurridos en San salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006. Y es que ni siquiera se les fincaron responsabilidades por violación sexual, ni tortura, ni allanamiento de morada. “Han tratado de minimizar la situación, acusando primero a algunos policías de abuso de autoridad; como si la tortura, los homicidios, el robo y la lesiones no hubieran ocurrido. Y a otros los acusaron de actos libidinosos. Dicen que no hay violación sexual porque 'solamente' obligaron a una mujer a hacer sexo oral a los policías. Y para ellos esto no es violación ni parte de la tortura. Se pretende hacer pasar como un hecho aislado”, dice Juan de Dios Hernández.
Para el abogado, las autoridades federales y estatales están tratando de “tejer un manto de impunidad” a favor de los agresores. Explica que está establecido en el Protocolo de Estambul, derivado de Estatuto de Roma, que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por el mismo evento. Y, al acusar a los policías de delitos menores, los están poniendo a salvo de futuras investigaciones.“En el futuro seguramente van a decir: 'sí existió tortura, y violaciones sexuales. ¡Qué terrible! ¡Qué condenable! Pero qué crees: como los juzgué por abuso de autoridad o actos libidinosos ya no puedo juzgarlos ahora por tortura'.”
“En este caso -agrega- se han violado, entre otras, las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales y el amparo debió haber sido para restituirles el goce de esas garantías. No fue así y el efecto es que declara nulo de pleno derecho el auto de formal prisión del 10 de mayo de 2006. Y el juez primero de distrito ordena al juez de Santiaguito que dicte una nueva resolución en libertad de resolución. Es decir, que el juez de Santiaguito tiene la posibilidad de dictar un nuevo auto de formal prisión o un auto de libertad por falta de méritos para procesar.”
Al inquirirle al abogado sobre la posibilidad de que los presos sean puestos en libertad, toda vez que ahora sí tendrán la oportunidad de presentar elementos de descargo, Juan de Dios Hernández dice: “Si habláramos desde el punto de vista técnico jurídico y en aras de la justicia, sin duda que habrían de ser puestos en libertad absolutoria”. Sin embargo, el litigante considera que en este caso han pesado más los elementos políticos, pues sus defendidos son adherentes a La Otra Campaña.
Los impunes
En contraparte, ningún policía ha sido detenido por los hechos de violencia ocurridos en San salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006. Y es que ni siquiera se les fincaron responsabilidades por violación sexual, ni tortura, ni allanamiento de morada. “Han tratado de minimizar la situación, acusando primero a algunos policías de abuso de autoridad; como si la tortura, los homicidios, el robo y la lesiones no hubieran ocurrido. Y a otros los acusaron de actos libidinosos. Dicen que no hay violación sexual porque 'solamente' obligaron a una mujer a hacer sexo oral a los policías. Y para ellos esto no es violación ni parte de la tortura. Se pretende hacer pasar como un hecho aislado”, dice Juan de Dios Hernández.
Para el abogado, las autoridades federales y estatales están tratando de “tejer un manto de impunidad” a favor de los agresores. Explica que está establecido en el Protocolo de Estambul, derivado de Estatuto de Roma, que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por el mismo evento. Y, al acusar a los policías de delitos menores, los están poniendo a salvo de futuras investigaciones.“En el futuro seguramente van a decir: 'sí existió tortura, y violaciones sexuales. ¡Qué terrible! ¡Qué condenable! Pero qué crees: como los juzgué por abuso de autoridad o actos libidinosos ya no puedo juzgarlos ahora por tortura'.”
