Ofelia Medina llama a respetar los acuerdos de San Andrés

La actriz Ofelia Medinay el elenco de Cada quien su Frida llevaron ayer un espectáculo gratis a Acteal, Chiapas, en solidaridad con los deudos tras la matanza de indígenas tzotziles, ocurrida hace 21 años.Foto Elio Henríquez

Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada
Lunes 17 de junio de 2019, p. 12

Acteal, Chis., Los que luchan bien saben gozar y deben de gozar, aseguró la actriz Ofelia Medina, quien ofreció este domingo junto con el elenco de la obra de teatro Cada quien su Frida un concierto a los pobladores de Acteal, donde hace 21 años fueron masacrados 45 indígenas tzotziles.

Con este concierto va implícita la exigencia de que se haga justicia en Acteal y en México; que se vuelva a los diálogos de San Andrés porque es la única manera de resolver el conflicto armado en Chiapas, afirmó en entrevista.

Estamos contentos de haberles venido a cantar, dijo a los asistentes, miembros de la Organización Sociedad Civil Las Abejas, antes de comenzar la gala ayer pasadas las 13:30 horas, con la canción La Valentina.

La velada empezó después de que los pobladores participaron en la celebración religiosa dominical en la ermita de Acteal. Ya iniciada la música, integrantes del elenco de Cada quien su Frida y la propia Ofelia bailaron con algunos habitantes, la mayoría niñas.

La actriz explicó que la compañía teatral fue a Acteal a cantar gratuitamente para los pobladores, a quienes además regalaron frutas, para celebrarlos a ellos. Sólo celebrar. Los que luchan bien saben gozar. ¡Viva la vida!, vamos a cantar, los que luchan deben de gozar.

Recordó que prevalece la exigencia de que se haga justicia en Acteal y en otras latitudes deMéxico; que se vuelva al diálogo pues la única manera de resolver esto (el conflicto armado) es volver al diálogo. Sólo se hizo una mesa (de derechos y cultura indígenas) y los acuerdos alcanzados ni siquiera se respetan. Entonces, están buscando por otros lados cuando la solución está ahí: volver al diálogo. Los zapatistas son una fuerza beligerante que declaró la guerra. Lo natural es que siga el diálogo.

Medina recordó que mediante el Fideicomiso para la salud de los niños indígenas de México, fundado en 1990 por ella y por el pintor oaxaqueño Francisco Toledo, desde 1994 apoya a pobladores de comunidades originarias con el programa de nutrición y recuperación del amaranto para la dieta diaria.

"Cada quien su Frida" Acteal

"Cada quien su Frida" se presenta en Acteal. La actriz Ofelia Medina y el elenco de "Cada quien su Frida" presentaron el pasado 16 de junio, un concierto a los pobladores de Acteal, lugar donde hace 21 años fueron masacrados 45 indígenas tzotziles. Durante el concierto, el elenco se sumo a la a exigencia de que se haga justicia en Acteal y en México.

ABC 10 años - Buenos Aires, Argentina

La muerte de los hijos

Hoy pedimos verdad y justicia para las mamás, papas y familias de la Guarderia ABC, Hermosillo, Sonora, México a 10 años de su conmemoración.

La historia 
El 5 de Junio de 2009 la guardería infantil ABC se incendió y fallecieron 49 bebés , niños y niñas y tantos otros quedaron severamente lastimados.
Llevar a tu hijo a la guardería y que no regrese nunca más
Fue negligencia. Fue el estado.

Hoy un 5 de junio de 2009 asesinaron a 49 bebés , niños y niñas por desidia y corrupción.
Llevar a tu hijo a la guardería y encontrarte con una tragedia, un incendio, gritos confusión , la morgue. SIN PALABRAS.
Fue Negligencia. Fue el estado.

En el caso de Guardería ABC además del dolor constante quedó la lucha de sus familiares y se organizo el Movimiento 5 de Junio que consiguió la ley general de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil " Ley 5 de Junio"
Pero no se implementa adecuadamente y los bebes, niños y niñas siguen muriendo en espacios que deberían cuidarlos
Esta problemática no solo se vive en México, es común en todo latinoamerica, porque ya sabemos que lugar ocupan los niños en el interés político.

Nuestro aporte
Tengo el inmenso honor que Julio Cesar Marquez yPatty Duarte Franco nos acompañen en nuestro congreso y ojalá pudiésemos invitar a todos los papás y mamás.
Tengo el inmenso honor que un dramaturgo comoHumberto Robles nos haya cedido los derechos de la obra " Nosotros Somos los culpables" a propósito de la tragedia y que la estrenemos en el Congreso.

Hoy desde Argentina los acompañamos en su marcha y en su dolor desde aquí no cesaremos de trabajar para que la infancia entre en la agenda de los estados.

Verdad y justicia para cada niño y cada niña.

#JusticiaABC

Guardería ABC: 10 años sin justicia

E

l 5 de junio de 2009 un incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, que pertenecía al sistema de casas cuna subrogadas a particulares por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mató a 49 bebés y niños y dejó a otros 106 con heridas, tan graves en algunos casos que los afectados han debido someterse a decenas de intervenciones quirúrgicas, en tanto que madres y padres de las víctimas han debido recibir atención sicológica desde entonces, lo cual no ha impedido que se mantengan en la lucha por el esclarecimiento y la justicia.

El presidente municipal de Hermosillo era Ernesto Gándara, la entidad del noroeste era gobernada por Eduardo Bours Castelo, el fallecido Juan Molinar Horcasitas había dirigido el IMSS desde el primero de diciembre de 2006 (dejó el cargo tres meses antes de la tragedia) y Felipe Calderón Hinojosa era el titular del Ejecutivo federal. Por añadidura, una de las socias principales del negocio era Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima por lados distintos de la esposa de Calderón, Margarita Zavala, y de la cónyuge de Bours, Lourdes Laborín.

Desde 2003 el IMSS relajó los requisitos para subrogar estancias infantiles a particulares, lo que llevó a una proliferación de estas empresas. Un año más tarde, la Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que en las guarderías que dan servicio a los derechohabientes del IMSS hay un desorden generalizado en el otorgamiento de contratos, operación y vigilancia. Esa instancia estableció que el siniestro se inició en una bodega contigua a la guardería (en realidad, la bodega y la estancia infantil compartían una misma edificación) donde la Secretaría de Hacienda estatal almacenaba gran cantidad de documentos. Posteriormente se sabría que ni las autoridades municipales ni las estatales ni la federal verificaron las condiciones de seguridad del establecimiento, que carecía de las más elementales: extintores, salida de emergencia y personal suficiente para el cuidado de los pequeños.

En medio de una confrontación verbal entre los gobiernos federal y de Sonora, una veintena de empleados y funcionarios menores fueron perseguidos y encarcelados, en lo que constituyó una evidente maniobra de encubrimiento a los responsables principales. Sólo algunos de los dueños de la guardería fueron detenidos durante unos meses, y excarcelados antes del fin de 2009. Ante las negativas de la Procuraduría General de la República a emprender acción penal en contra de éstos, los padres y madres de las víctimas acudieron a la SCJN, donde un proyecto de resolución estableció la responsabilidad de Bours, Molinar Horcasitas y su sucesor, Daniel Karam, y otros altos funcionarios, pero fue desechado por el pleno de ese organismo. En el curso de las pesquisas surgió, además, la posibilidad de que el incendio hubiese sido intencional, e iniciado por un chofer del gobierno de Sonora de nombre Carlos López Meza, asesinado a mediados de 2013.

Independientemente de si hubo o no un acto doloso en el origen de la tragedia, es claro que las autoridades de los tres niveles de gobierno incurrieron en omisiones de consecuencias catastróficas y que durante los siguientes tres años y medio del gobierno calderonista y los seis del peñista hubo, por parte del poder público, el designio de impedir el esclarecimiento de los hechos y de encubrir a los responsables. En ningún otro episodio como el de la guardería ABC se expresa de manera tan clara el carácter criminal de las privatizaciones corruptas de bienes y servicios públicos operadas durante 36 años ni los agravios irreparables causados a la sociedad por ese modelo político-económico.

Además, el caso de la estancia infantil sonorense exhibe con crudeza la cadena de complicidades y encubrimientos que recorrió los sexenios anteriores. Tan pesada y sórdida ha sido esa cadena que ayer se cumplieron 10 años de la tragedia y los familiares de los niños muertos y heridos y la sociedad en su conjunto siguen a la espera de justicia. Es claro que el tiempo se ha agotado y que hoy debe reiniciarse una doble investigación –por el inconmensurable dolor causado y por el encubrimiento de sus responsables– y llevarse hasta sus últimas consecuencias.

Comunicado a 10 Años de Tragedia en Guardería ABC

Justicia ABC - Marcha solemne: 10 años de impunidad

Marcha este 5 de junio, 18:00 hrs. Plaza Emiliana de Zubeldía, Hermosillo, Sonora

#10AñosSinJusticia
#ABCNuncaMás

Justicia Para Tefany

Ciudad de México, 20 de Mayo de 2019

JUEZ FEDERAL NEGÓ EL AMPARO AL PROFESOR DEL COLEGIO WILLIAMS QUE ABUSÓ SEXUALMENTE DE NUESTRA HIJA TEFANY DE 3 AÑOS DE EDAD

Amigos y familia que apoyan a Tefany, les compartimos que nos acaban de notificar la sentencia de 13 de mayo de 2019, dictada por la Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Penal en la Ciudad de México Sandra Leticia Robledo Magaña, del Poder Judicial de la Federación, en la cual, le NEGÓ EL AMPARO al profesor del COLEGIO WILLIAMS que abusó sexualmente de nuestra hija Tefany.

La Juez Federal resolvió que son infundados los argumentos de la defensa del profesor y le negó el amparo respecto de la resolución de 8 de febrero de 2019, en la que el Magistrado Jorge Guerrero Meléndez del TSJCDMX, en apelación, le confirmó por segunda ocasión el AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO por el delito de abuso sexual agravado cometido en contra de Tefany. Este era el segundo amparo promovido por el profesor y el último que podía promover contra su vinculación a proceso.

Agradecemos a la Juez Federal del Poder Judicial de la Federación, pues esta sentencia en la que se negó el amparo, le permite a Tefany acceder a un juicio en contra del profesor por el delito que cometió en su contra, en donde esperamos que sea sentenciado y no quede en la impunidad su delito.

Por otro lado, también está próximo a resolverse por Magistrados del Poder Judicial de la Federación, el recurso de revisión que promovió el COLEGIO WILLIAMS en contra de la sentencia dictada por el Juez Federal Agustin Tello Espindola, Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la CDMX, en la que concedió el AMPARO a nuestra hija Tefany en contra de autoridades de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, que en su investigación, no respetaron el interés superior del menor y los derechos humanos de Tefany. En su momento les compartiremos el resultado de la sentencia que se dicte en este recurso de revisión.

Les pedimos como siempre a todos su ayuda, con oraciones a los que así nos han acompañado en esta lucha, compartiendo que seguimos en el proceso, luchando para que nuestra niña reciba Justicia y que la persona que la agredió sexualmente sea castigada por las autoridades.

Muchas gracias de corazón a todos por su apoyo, palabras de ánimo, solidaridad y por no dejarnos solos en esta lucha.

Reciban un fuerte abrazo y muchas Bendiciones para todos ustedes.

Juan Gabriel Salas Galindo y Xochitl Almendra Hernandez Torres.
Papás de Tefany

#JusticiaParaTefany

VIII Marcha de la Dignidad Nacional

Atenco: Mayo Rojo

Represión en Atenco, 13 años de impunidad

La lucha por la justicia no ha terminado

Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada
Sábado 4 de mayo de 2019, p. 13

San Salvador Atenco, Méx., Al conmemorar 13 años de la represión y toma del poblado de San Salvador Atenco por fuerzas federales y estatales, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) exigieron al gobierno federal castigo a los autores intelectuales, entre ellos el ex presidente, Enrique Peña Nieto, por los asesinatos de Alexis Benhumea y Javier Cortés, así como de las agresiones sexuales contra las mu- jeres ocurridas en mayo de 2006.

El gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador debe cumplir con la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por las agresiones sexuales a nuestras compañeras, y brinde castigo ejemplar a todos los involucrados, dijo María Trinidad Ramírez, dirigente del FPDT.

Este viernes los campesinos se congregaron en la explanada principal de Atenco donde participaron en una misa celebrada por el párroco Juan José Castorena Jaramillo. Los atenquenses pidieron justicia porque a 13 años de la represión de los días 3 y 4 de mayo de 2006, ninguno de los autores ha sido castigado.

A 13 años no vemos justicia y no han cumplido con esa justicia que hemos pedido. Tenemos la razón y tenemos que lograr que este gobierno ponga tras la rejas a quienes ordenaron la represión como Enrique Peña Nieto, Eduardo Medina Mora, Wilfrido Robledo y Nazario Gutiérrez (ex alcalde de Texcoco), dijeron.

Hoy el turno es para López Obrador, él debe hacer que el Estado mexicano cumpla con un castigo ejemplar. Si se dice Presidente de la Cuarta Transformación debe cumplir, no podría haberla si no hay justicia para Atenco, para las mujeres que fueron violadas, para los que fueron asesinados y para todo un pueblo que fue agraviado, expresó Trinidad Ramírez.

Durante la misa, el padre Juan José Castorena Jaramillo hizo un llamado a los pobladores a tener conciencia y no olvidar lo vivido en estos años de lucha. No nos vamos a cansar ni a callar voces, porque la lucha no ha terminado aquí; pareciera que terminó porque ya no se va hacer el aeropuerto, no es así, porque ¿qué va pasar con las tierras? Un pueblo que olvida su historia puede cometer el mismo error, manifestó.

Víctimas: no aceptaremos justicia simbólica sobre Atenco

Fernando Camacho Servín

Trece años después de los actos de violencia y tortura sexual que padecieron de policías federales y estatales en San Salvador Atenco, las mujeres sobrevivientes de esos hechos tienen la herida fresca en la memoria y una forma de sanar ha sido ayudar a quienes han padecido lo mismo que ellas. Foto Jesús Villaseca

Viernes 3 de mayo de 2019. Trece años después de los actos de violencia y tortura sexual que padecieron de policías federales y estatales en San Salvador Atenco, estado de México, las mujeres sobrevivientes de esos hechos tienen la herida fresca en la memoria y una forma de sanar ha sido ayudar a quienes han padecido lo mismo que ellas, así como exigir que los responsables de esos actos no queden sin castigo.

En entrevista con La Jornada, Italia Méndez, Ana María Velasco, Cristina Sánchez y Yolanda Muñoz narraron cómo fue trastocada su vida por las agresiones cometidas los días 3 y 4 de mayo de 2006, pero también dejaron clara su voluntad de seguir luchando para que se cumpla la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) contra el Estado mexicano por este caso.

Aunque ya pasaron 13 años, a muchas de las mujeres que vivieron las agresiones en Atenco les sigue provocando angustia y miedo ver grupos de policías o militares. Otras más padecen depresión, continúan sufriendo los señalamientos de quienes las estigmatizan sin saber lo que vivieron o perdieron la sencilla alegría de ir a fiestas y bailar.

Pese a todo, dicen que valió la pena el arduo camino andado desde que denunciaron por primera vez ante las instancias judiciales del país, donde encontraron insensibilidad y revictimización, hasta el momento de acudir a la justicia interamericana, la cual dictó sentencia contra el Estado mexicano el 21 de diciembre de 2018.

Llegar a la CIDH es un gran logro y un triunfo, porque en México no hay acceso a la justicia. Es el caminar de años, y lograr esto es sembrar un antecedente para que no haya una repetición (de las agresiones y la tortura sexual) con otras compañeras de lucha, dice Yolanda Muñoz, quien aún recuerda las voces de los policías que amenazaban con quemarla y matarla.

Aunque afirma que las mujeres sobrevivientes le han dado un voto de confianza al nuevo gobierno para que demuestre su voluntad de cumplir con la sentencia en todos sus términos, enfatiza que no se conformarán con actos simbólicos que no lleguen al fondo del problema. Queremos justicia, porque así otras personas pueden tener una garantía de que no les pase lo mismo.

Para Italia Méndez, la lucha emprendida por las sobrevivientes ha significado el triunfo de discutir y hacer visible el tema de la tortura sexual, pero también de enfatizar que mientras no se investigue y sancione a todos los involucrados en la cadena de mando de esos delitos –incluido el Presidente de la República– este flagelo seguirá ocurriendo en México.

Una labor paralela a la de exigir justicia para sí mismas y superar las secuelas físicas y sicológicas de la tortura ha sido la de ayudar a otras víctimas de los mismos abusos.

Afrontar la vida ha sido una tarea muy complicada que ha implicado la construcción de redes de apoyo. Ahora nos dedicamos a hacer visible el tema de la tortura sexual y nos hemos convertido en defensoras. Trabajar con sobrevivientes de tortura quema la piel y el recuerdo, pero sabemos que nuestro camino es este, señala.

A su vez, las abogadas Stephanie Brewer y Sofía de Robina, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, resaltaron la importancia de las medidas de no repetición que incluye la sentencia de la CIDH, entre ellas establecer un observatorio independiente que supervise la actuación de las policías y fortalecer al organismo encargado de investigar casos de tortura sexual.

Señalaron que si bien el tema de la supervisión externa no está contemplado para la Guardia Nacional, en la elaboración de las leyes secundarias se puede incluir este punto.

Mujeres víctimas de Atenco exigen se cumpla sentencia de la Coridh

A 13 años de la represión

Apoyan a quienes han padecido el mismo flagelo como forma de sanar sus propias heridas // Muchas viven con miedo a la policía y sufren depresión

Fernando Camacho Servín

 

Periódico La Jornada
Viernes 3 de mayo de 2019, p. 3

Trece años después de los actos de violencia y tortura sexual que padecieron de policías federales y estatales en San Salvador Atenco, estado de México, las mujeres sobrevivientes de esos hechos tienen la herida fresca en la memoria y una forma de sanar ha sido ayudar a quienes han padecido lo mismo que ellas, así como exigir que los responsables de esos actos no queden sin castigo.

En entrevista con La Jornada, Italia Méndez, Ana María Velasco, Cristina Sánchez y Yolanda Muñoz narraron cómo fue trastocada su vida por las agresiones cometidas los días 3 y 4 de mayo de 2006, pero también dejaron clara su voluntad de seguir luchando para que se cumpla la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) contra el Estado mexicano por este caso.

Aunque ya pasaron 13 años, a muchas de las mujeres que vivieron las agresiones en Atenco les sigue provocando angustia y miedo ver grupos de policías o militares. Otras más padecen depresión, continúan sufriendo los señalamientos de quienes las estigmatizan sin saber lo que vivieron o perdieron la sencilla alegría de ir a fiestas y bailar.

Pese a todo, dicen que valió la pena el arduo camino andado desde que denunciaron por primera vez ante las instancias judiciales del país, donde encontraron insensibilidad y revictimización, hasta el momento de acudir a la justicia interamericana, la cual dictó sentencia contra el Estado mexicano el 21 de diciembre de 2018.

Llegar a la CIDH es un gran logro y un triunfo, porque en México no hay acceso a la justicia. Es el caminar de años, y lograr esto es sembrar un antecedente para que no haya una repetición (de las agresiones y la tortura sexual) con otras compañeras de lucha, dice Yolanda Muñoz, quien aún recuerda las voces de los policías que amenazaban con quemarla y matarla.

Aunque afirma que las mujeres sobrevivientes le han dado un voto de confianza al nuevo gobierno para que demuestre su voluntad de cumplir con la sentencia en todos sus términos, enfatiza que no se conformarán con actos simbólicos que no lleguen al fondo del problema. Queremos justicia, porque así otras personas pueden tener una garantía de que no les pase lo mismo.

Para Italia Méndez, la lucha emprendida por las sobrevivientes ha significado el triunfo de discutir y hacer visible el tema de la tortura sexual, pero también de enfatizar que mientras no se investigue y sancione a todos los involucrados en la cadena de mando de esos delitos –incluido el Presidente de la República– este flagelo seguirá ocurriendo en México.

Una labor paralela a la de exigir justicia para sí mismas y superar las secuelas físicas y sicológicas de la tortura ha sido la de ayudar a otras víctimas de los mismos abusos.

Afrontar la vida ha sido una tarea muy complicada que ha implicado la construcción de redes de apoyo. Ahora nos dedicamos a hacer visible el tema de la tortura sexual y nos hemos convertido en defensoras. Trabajar con sobrevivientes de tortura quema la piel y el recuerdo, pero sabemos que nuestro camino es este, señala.

A su vez, las abogadas Stephanie Brewer y Sofía de Robina, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, resaltaron la importancia de las medidas de no repetición que incluye la sentencia de la CIDH, entre ellas establecer un observatorio independiente que supervise la actuación de las policías y fortalecer al organismo encargado de investigar casos de tortura sexual.

Señalaron que si bien el tema de la supervisión externa no está contemplado para la Guardia Nacional, en la elaboración de las leyes secundarias se puede incluir este punto.

Abril, mes de los niños: Justicia ABC

El caso de Ayotzinapa y 40,000 personas desaparecidas

Atenco: sentencia histórica

P

or conducto del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, el gobierno federal se comprometió ayer a cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las 11 mujeres víctimas de tortura sexual durante el asalto contra la comunidad de San Salvador Atenco efectuado el 3 y 4 de mayo de 2006. De acuerdo con la resolución del tribunal, el Estado mexicano es responsable de graves violaciones a los derechos humanos, que van desde detenciones ilegales y arbitrarias hasta la referida tortura física, sicológica y sexual.

De especial trascendencia resulta que, además de las insoslayables medidas de no repetición y atención a la salud de las afectadas, la sentencia vinculante establezca la obligación del Estado de profundizar la indagatoria penal en lo que respecta a la cadena de mando a cargo de los operativos que tuvieron lugar en la población mexiquense.

Con este acatamiento, el gobierno federal deberá llevar sus pesquisas hasta los más altos mandos de las corporaciones policiales involucradas: el entonces presidente, Vicente Fox Quesada, y el a la sazón gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto. Además deberá indagarse el papel desempeñado por el ministro de la Suprema Corte y entonces secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina-Mora, por quien era comisionado de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP), general brigadier Eduardo Alejandro Martínez Aduna, y por el ex comisionado de la misma corporación y entonces encargado de la Agencia de Seguridad Estatal, Wilfrido Robledo Madrid, así como de cualquier otro que resulte responsable.

La singular importancia de este punto radica en que, como han denunciado las víctimas y corroborado las evidencias disponibles, los atroces abusos perpetrados en Atenco no derivaron de decisiones espontáneas ni extralimitaciones personales de los agentes policiacos, sino que formaron parte de una estrategia deliberada de control y amedrentamiento que requirió una planificación centralizada y obliga a investigar quién dictó las órdenes recibidas y ejecutadas por los elementos de seguridad. Si se demuestra que los ataques sexuales contra las 11 mujeres fueron perpetrados bajo consigna, la responsabilidad de los mencionados remitiría no sólo a lo que les atañe por los actos cometidos durante la sanguinaria jornada, sino también al encubrimiento posterior que les permitió evadir el castigo durante dos sexenios.

A contrapelo de la impunidad sostenida por las pasadas administraciones, la sentencia del tribunal internacional y la voluntad de las autoridades actuales para acatarla suponen una oportunidad y una esperanza de que se haga justicia a 13 años de uno de los atropellos a los derechos humanos más emblemáticos en la historia reciente de México. En efecto, por la gravedad de los actos cometidos, por la responsabilidad directa o indirecta de las más altas figuras del poder público y por la impunidad que hasta ahora ha cubierto a los perpetradores, Atenco se inscribe en la estela de episodios como los suscitados en Tlatelolco, Acteal, Tlatlaya o Iguala y, como ocurre con todos ellos, la exigencia de esclarecimiento y justicia no tiene que ver con alguna suerte de revisionismo histórico, sino con el imperativo de garantizar que este tipo de tragedias no se repita nunca más.

Cumplirá el gobierno sentencia en beneficio de mujeres de Atenco

Emir Olivares Alonso

Durante la sentencia de la CorteIDH sobre el caso de las mujeres torturadas sexualmente en Atenco, en imagen del 24 de enero pasado. Foto Jesús Villaseca

Ciudad de México. El gobierno federal se comprometió a cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por el caso de las mujeres víctimas de tortura sexual durante los operativos en San Salvador Atenco, estado de México, en 2006.

Este medio día, en la Secretaría de Gobernación (SG), se instalaron formalmente las mesas para la implementación del fallo. Este tribunal internacional resolvió que el Estado mexicano es responsable por las graves violaciones a derechos humanos cometidas contra 11 mujeres que sufrieron detenciones ilegales y arbitrarias; tortura física, psicológica y sexual; y falta de acceso a la justicia, entre otras, en el marco de los operativos desplegados los días 3 y 4 de mayo de ese año en Texcoco y Atenco.

El encuentro fue encabezado por el subsecretario de Derechos Humanos de la SG, Alejandro Encinas Rodríguez, y participaron algunas de las víctimas y representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), quienes las han acompañado en todo el proceso. Ahí, el funcionario federal expresó el compromiso de la administración de Andrés Manuel López Obrador de cumplir cabalmente la sentencia (que consta de nueve puntos) y a no revictimizar a las agraviadas.

Entre los primeros acuerdos alcanzados destaca que se comenzará por atender los puntos relacionados con la investigación penal (incluyéndola profundización en la cadena de mando), medidas de no repetición y atención de salud.

Bárbara Italia Méndez, una de las 11 víctimas, señaló al finalizar la reunión que si bien esta administración federal muestra disposición para atender su exigencia de justicia, esperan que los compromisos se materialicen en hechos concretos.

Stephanie Erin Brewer, coordinadora del Área Internacional del Prodh, enfatizó que la sentencia de la CorteIDH es vinculante, por lo que el Estado está obligado a cumplirla. Por ello, existe esperanza que las 11 mujeres puedan acceder, tras casi 13 años de espera, a la justicia.

Comunicado de prensa respecto a visita del Presidente López Obrador a Hermosillo, Sonora

Acciones: ¡Samir Vive!

Apoyen de acuerdo a las formas y condiciones de cada quien. Estas son las acciones que hasta ahora están programadas:

1. Marcha de Huexca a Cuautla, Morelos. 9 am
2. Marcha del Calvario al Zocalo de Cuernavaca. 9 am
3. Marcha del Angel de la Independencia al Zócalo, Cd. Mx. 4 pm
4. Concentración en Zócalo de Puebla. 11 am
5. Toma de oficinas de la CFE en Huajuapan, Oaxaca. 9 am
6. Toma de oficinas de la CFE en Matías Romero, Oaxaca
7. Protesta en Palacio Nacional, Cd. Mx. 7:30 am

Acciones: Justicia para Samir

Cancelación del PIM

Agua Sí, Termo No