P
or conducto del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, el gobierno federal se comprometió ayer a cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las 11 mujeres víctimas de tortura sexual durante el asalto contra la comunidad de San Salvador Atenco efectuado el 3 y 4 de mayo de 2006. De acuerdo con la resolución del tribunal, el Estado mexicano es responsable de graves violaciones a los derechos humanos, que van desde detenciones ilegales y arbitrarias hasta la referida tortura física, sicológica y sexual.
De especial trascendencia resulta que, además de las insoslayables medidas de no repetición y atención a la salud de las afectadas, la sentencia vinculante establezca la obligación del Estado de profundizar la indagatoria penal en lo que respecta a la cadena de mando a cargo de los operativos que tuvieron lugar en la población mexiquense.
Con este acatamiento, el gobierno federal deberá llevar sus pesquisas hasta los más altos mandos de las corporaciones policiales involucradas: el entonces presidente, Vicente Fox Quesada, y el a la sazón gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto. Además deberá indagarse el papel desempeñado por el ministro de la Suprema Corte y entonces secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina-Mora, por quien era comisionado de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP), general brigadier Eduardo Alejandro Martínez Aduna, y por el ex comisionado de la misma corporación y entonces encargado de la Agencia de Seguridad Estatal, Wilfrido Robledo Madrid, así como de cualquier otro que resulte responsable.
La singular importancia de este punto radica en que, como han denunciado las víctimas y corroborado las evidencias disponibles, los atroces abusos perpetrados en Atenco no derivaron de decisiones espontáneas ni extralimitaciones personales de los agentes policiacos, sino que formaron parte de una estrategia deliberada de control y amedrentamiento que requirió una planificación centralizada y obliga a investigar quién dictó las órdenes recibidas y ejecutadas por los elementos de seguridad. Si se demuestra que los ataques sexuales contra las 11 mujeres fueron perpetrados bajo consigna, la responsabilidad de los mencionados remitiría no sólo a lo que les atañe por los actos cometidos durante la sanguinaria jornada, sino también al encubrimiento posterior que les permitió evadir el castigo durante dos sexenios.
A contrapelo de la impunidad sostenida por las pasadas administraciones, la sentencia del tribunal internacional y la voluntad de las autoridades actuales para acatarla suponen una oportunidad y una esperanza de que se haga justicia a 13 años de uno de los atropellos a los derechos humanos más emblemáticos en la historia reciente de México. En efecto, por la gravedad de los actos cometidos, por la responsabilidad directa o indirecta de las más altas figuras del poder público y por la impunidad que hasta ahora ha cubierto a los perpetradores, Atenco se inscribe en la estela de episodios como los suscitados en Tlatelolco, Acteal, Tlatlaya o Iguala y, como ocurre con todos ellos, la exigencia de esclarecimiento y justicia no tiene que ver con alguna suerte de revisionismo histórico, sino con el imperativo de garantizar que este tipo de tragedias no se repita nunca más.
